Un cable revelado por WikiLeaks muestra que Estados Unidos manejaba tres factores a través de los cuales el Gobierno de Evo Morales podría vincularlos con el caso Terrorismo, entre ellos la relación con Hugo Achá, uno de los acusados en el caso y refugiado en el país del norte, denunció el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
El cable está fechado el 8 de junio de 2009 bajo el rótulo de secreto, aseguró el ministro al dar lectura al documento enviado desde la legación diplomática en La Paz al departamento de Estado en Washington. “El gobierno estadounidense aún no ha sido acusado de participar directamente en la supuesta célula terrorista en Santa Cruz”, prevé parte del reporte.
Añade, según la lectura de Quintana: “Sin embargo hay varios factores que pueden inducir al gobierno boliviano a contactarnos con los sospechosos grupos extremistas en Santa Cruz. La petición de asilo político del supuesto terrorista Hugo Achá y su esposa, director de Human Rights Foundation, la asignación de asistencia de USAID a una organización boliviana de la cual se sospecha de financiar a una célula terrorista en Santa Cruz, y un papel implícito del gobierno estadounidense basado en la afirmación del gobierno boliviano de que el líder de la célula organizaba reuniones y tenía contactos en Washington”.
La Policía desarticuló en abril de 2009 el supuesto grupo irregular en un operativo que acabó con la vida de tres de cinco de sus miembros, entre ellos el líder Eduardo Rózsa. La investigación terminó vinculando al caso a la dirigencia cívica, política y empresarial cruceña, por lo que acusados como Achá o Branko Marinkovic huyeron de Bolivia.
En el informe sobre el caso Terrorismo de la comisión legislativa multipartidaria, Achá es identificado como la persona que brindó apoyo económico a Rózsa y que recibía respaldo financiero de instancias como Uno América. Se conocer que Achá está en el país del norte.
Quintana aseguró que Washington, para neutralizar cualquier nexo, encargó al periodista Carlos Valverde, a quien acusó de agente encubierto, escribir un libro sobre lo sucedido para vincular al Gobierno con la organización irregular.
“En este contexto, lo que Estados Unidos pretendía era disipar cualquier duda, cualquier sospecha de que el gobierno de Estados Unidos estaría vinculado al caso del separatismo…Lo cierto que Achá, director de Human Rights Foundation, financiado por Estados Unidos y que había pedido plata a los Estados Unidos, se paseaba por los pasillos de la embajada”, afirmó.