La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, afirmó ayer que las contrataciones directas no son ilegales y puso como ejemplo los contratos de las gobernaciones y alcaldías del oficialismo y oposición, que llegaron a 1.047.
“La oposición también utiliza el mecanismo de contratación directa en sus gobiernos departamentales y municipales, lo ha hecho 1.047 veces, para caminos, escuelas, desayuno escolar, para un sinnúmero de temas que han tenido que administrar en estos gobiernos locales”, explicó en conferencia de prensa.
Montaño y el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, brindaron un informe que detalla que la Alcaldía de El Alto firmó 266 contrataciones directas en 2015, en tanto que la Gobernación de Santa Cruz, de Rubén Costas, firmó 157 contratos directos, mientras que la municipalidad de La Paz, con Luis Revilla, firmó 143. Esos datos fueron presentados por ambas autoridades en respuesta a las afirmaciones de algunos opositores que pretenden establecer como una causal de la comisión de un delito o tráfico de influencias el solo hecho de hacer una contratación directa.
“Las contrataciones directas o por excepción son parte de la normativa vigente, que da la posibilidad de hacerlo. ¿Qué se ha hecho en el último tiempo?, decir que si se hace contratación directa hay corrupción, entonces deberíamos decir que todos estos gobiernos municipales y departamentales han cometido hechos de corrupción, y eso sería falso”, puntualizó.