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Wednesday 8 May 2024 | Actualizado a 12:39 PM

Vinculan a Zapata con personal del Ministerio de la Presidencia

La Fiscalía emitió órdenes de aprehensión contra dos funcionarios que ayudaron a la expareja del Presidente. Gabriela Zapata será sometida hoy a una audiencia cautelar.

/ 28 de febrero de 2016 / 04:06

La pesquisa desplegada sobre la actividad de Gabriela Zapata Montaño, expareja del presidente Evo Morales, permitió establecer que ésta tuvo nexos con dos funcionarios del Ministerio de la Presidencia, un director y un administrativo, contra quienes se emitió órdenes de aprehensión.

“Entiendo que se ha hecho una investigación y un sumario interno en el propio Ministerio de la Presidencia, por eso se presenta también esta querella. Supuestamente facilitaron bienes e infraestructura del Estado para que la señora Zapata pueda ejercitar ciertos actos que van precisamente con los tipos penales por los que la estamos imputando”, dijo el fiscal General, Ramiro Guerrero. Esas dos personas son Cristina Choque y Jimmy Morales, según reportó la agencia ABI.

El 3 de febrero, el periodista Carlos Valverde denunció que se cometió el delito de tráfico de influencias entre el Mandatario y Zapata, quien hasta la pasada semana fue gerente Comercial de la empresa china CAMC, una firma que se adjudicó siete contratos del Estado, por más de $us 500 millones, en rubros de producción de litio, azúcar y líneas férreas, entre otros. Además, indicó que la pareja tuvo un hijo.   

Dos días después, el Presidente admitió que hubo esa relación. “A Gabriela Zapata la conocí en 2005, es verdad que fue mi pareja por dos o tres años, en 2007 tuvimos un bebé y lamentablemente, por nuestra mala suerte, ha fallecido. Luego tuvimos problemas y desde ese momento nos distanciamos”. A raíz de ese alejamiento, el Jefe del Estado negó que haya tráfico de influencias. Posteriormente, desde el Gobierno, se señaló que se trataba de una guerra sucia para perjudicar al oficialismo, con miras al referéndum del 21 de febrero.

A raíz del incumplimiento del contrato de construcción del ferrocarril Bulo Bulo-Montero, el Tribunal Constitucional Plurinacional ordenó que se ejecute la boleta de garantía de la china CAMC a favor del Estado, por un monto de Bs 158 millones.

Las investigaciones continuaron. Al margen del trabajo de la Fiscalía, la Asamblea Legislativa creó una comisión para investigar este caso.

El viernes, a las 10.00, sorpresivamente, la Policía arrestó a Zapata, en respuesta a una solicitud el Ministerio de Transparencia para investigar a la expareja del Presidente. A las 18.00, el Ministerio de la Presidencia presentó una denuncia formal en contra de Zapata y de dos de sus funcionarios.

Al ser consultado sobre los dos funcionarios implicados, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que el Ejecutivo cumplirá una labor imparcial. “Puede estar involucrado quien esté involucrado, el Gobierno no va a proteger ni encubrir absolutamente a nadie, así lo hizo siempre”, advirtió y citó a los casos de Santos Ramírez, de extorsión y a alcaldes afines al oficialismo que fueron encarcelados. Resaltó que el querellante fue el titular de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

El diputado opositor Wilson Santamaría, de Unidad Demócrata (UD), sostuvo que esta investigación debe continuar y que se debe indagar cuál era el grado de implicancia de los dos funcionarios públicos, además de establecer si son cómplices en el delito de enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía la imputa por tres delitos

En Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales y exgerente de la empresa china CAMC, fue imputada ayer por el Ministerio Público por tres delitos: legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad. Se fijó para hoy su audiencia cautelar.

El jefe del Ministerio Público, Ramiro Guerrero, dio a conocer la imputación en contra de Zapata, quien permanece aprehendida en celdas judiciales desde la madrugada de ayer.

“(Hay) movimientos sospechosos de cuentas bancarias, de depósitos que ha realizado. Tenemos un informe de la Asfi, unas cartas que (Zapata) ha enviado con el título de doctora a la Aduana Nacional y a otras instancias”, dijo el Fiscal General.

Guerrero señaló que esos movimientos bancarios significaban el manejo de sumas importantes de dinero que van desde los $us 10.000 hasta los $us 100.000. Agregó que ya se solicitó la información respectiva a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) para llegar a establecer el patrimonio actual de Zapata.

Según lo estipulado en la Ley 004 de Lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, si Zapata es hallada culpable de cometer uno o los tres delitos por los cuales se le imputó, será pasible a recibir una condena mínima de tres años y una máxima de 10 años.

El abogado de Zapata, Wálter Zuleta, anunció que la audiencia cautelar de su defendida fue fijada para las 15.00 de hoy. En este acto procesal, el juez debe determinar la situación de la exgerente de CAMC.

Una familiar dice que reciben amenazas

Tras las declaraciones que hizo durante el mediodía de ayer, en sentido de que el hijo del presidente Evo Morales y Gabriela Zapata está vivo, Pilar Guzmán, quien afirmó ser tía de Zapata, indicó que su sobrina recibió amenazas “de todo” y que a ella le dijeron una serie de cosas.

“Ella (Zapata) siente que está en peligro y yo también. Ella está prácticamente amenazada de todo. A mí también ya me han dicho una serie de cosas”, declaró Guzmán a este diario.

Tanto la tía como la hermana menor de Zapata denunciaron ayer que sufren una serie de controles por parte de policías y que se sienten hostigadas. Indicaron que tanto para el ingreso como para la salida del domicilio de Zapata son requisadas.

Ambas lamentaron que el control policial desplegado en la casa de la exgerente de la empresa china CAMC impida movilizarse con libertad y normalidad a una niña de 4 años que vive en el domicilio. Señalaron que la niñera no puede sacar de la vivienda a la menor, precisamente por la vigilancia que hay.

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En 9 días aumentan 11 casos de coronavirus en Palmasola y ya suman 36

La cifra de reos que padecen COVID-19 sube a 36. En el penal cruceño hay 103 privados de libertad aislados por sospecha de estar contagiados por el virus

/ 25 de mayo de 2020 / 19:56

En nueve días, el número de internos del penal de Palmasola que padecen coronavirus (COVID-19) aumentó de 25 a 36, según informó este lunes el director general de Régimen Penitenciario, Clemente Silva. En el recinto penitenciario hay otros 103 privados de libertad que están aislados bajo sospecha de portar la enfermedad.

Un informe emitido desde el Ministerio de Gobierno precisa que, de los 103 privados de libertad aislados, 50 se encuentran en la denominada Casa Blanca, 33 están en la Guardería y 20 en el Centro de Apoyo Integral Pedagógico (CAIP).

Al margen de ellos, 18 reclusos que estaban hospitalizados por coronavirus obtuvieron su alta respectiva. Hay cerca de 70 pruebas de laboratorio que están en curso para definir si es que hay más reos que estén infectados por el virus.

El penal de Palmasola, el más poblado del país, es el único recinto penitenciario del país que tiene reclusos que padecen COVID-19.

En esa cárcel cruceña, todos los policías, personal administrativo, bolsas y paquetes, antes de ingresar son fumigados, paralelamente se realiza el desinfectado de todos los pabellones y ambientes, se informa desde el Ministerio de Gobierno.

Hasta ahora seis internos del penal de Palmasola fallecieron desde hace tres semanas. Se confirmó que tres de ellos perdieron la vida por causa del coronavirus. Aún falta establecer la causa de los otros tres decesos.

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Comisión del Senado vuelve a postergar análisis del proyecto de ley de condonación parcial de alquileres

La asambleísta Sonia Chiri afirmó que el tema es complejo. Hay sectores que hicieron llegar sus observaciones a la Comisión de Planificación y Finanzas, las mismas que son analizadas

/ 22 de mayo de 2020 / 16:30

El tratamiento del proyecto de ley de condonación parcial de alquileres se complica en la Asamblea. La Comisión de Planificación y Finanzas del Senado postergó de nuevo el tratamiento de esta norma, esta vez hasta la próxima semana, luego de que esta instancia recibió cartas de sectores que emitieron sus observaciones a la normativa, informó este viernes la senadora Sonia Chiri.

El proyecto de ley fue aprobado a fines de abril por la Cámara de Diputados y ordena principalmente la condonación del 50% de los alquileres, entre el 15 de marzo y el tiempo que dure la emergencia sanitaria por el coronavirus, siendo que el restante 50% sea reprogramado en cuotas amortizables. Este beneficio deberá llegar a aquellas personas que no tengan un sueldo fijo del sector público o privado.

Chiri, senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó que el proyecto de ley es complejo, debido a que tiene que ver con contratos privados, el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y con autonomías. Por ese motivo ya se suspendió su tratamiento en dos oportunidades, el lunes y martes de esta semana.

La asambleaísta prevé que este tema podrá ser tratado hasta el viernes de la próxima semana, con la emisión de su respectivo informe.

Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, la norma fue rechazada por representantes de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y de la Asociación de Propietarios de Bienes Inmuebles de La Paz (Aprobin), por considerar que vulnera la Constitución Política del Estado y por “ser un robo”.

“Si una normativa no funciona de nada sirve aprobar, debemos aprobarla en la comisión y luego pasará al pleno del Senado para que allí también lo analicen”, sostuvo Chiri.

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Ascensos: Senado resta validez a documento entregado por las FFAA, espera propuesta del Ejecutivo

Eva Copa dice que la documentación presentada por el general Orellana será remitida a la Comisión de Defensa

/ 21 de mayo de 2020 / 23:56

Para la Cámara de Senadores no tiene validez el documento con las modificaciones a la nómina de ascensos de generales y vicealmirantes de las Fuerzas Armadas (FFAA) que fue entregado, este jueves, por su comandante en jefe, Sergio Orellana. La instancia legislativa informó que esperará que el Ejecutivo remita el documento con las enmiendas.

“La nota que ha llegado hoy a nuestro despacho, (dejado por Orellana), será remitida a la comisión (de Defensa), como corresponde, pero seguiremos esperando la nota del Ejecutivo para que esto (ascensos en las FFAA) pueda ser tratado”, indicó la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, en una conferencia de prensa.

Cerca del mediodía, el Comandante en Jefe de las FFAA, vestido con traje de campaña (camuflado), se presentó en la Asamblea Legislativa para entregar el documento con las «subsanaciones» a las observaciones realizadas por la Cámara Alta a la nómina de asensos. Allí conminó al Senado ratificar la propuesta en el lapso de una semana, de lo contrario que se regirán conforme a su normativa y darán curso a los ascensos.

Al respecto, Copa calificó la visita de Orellana como sorpresiva porque no había ninguna coordinación previa, “esperamos que esto no vuelva a pasar, pues tiene que haber una coordinación para que ellos hagan su ingreso a la Asamblea y respetar la independencia de las instituciones como corresponde”.

Citó el artículo 172, numeral 19, de la Constitución Política del Estado que establece que los asensos pueden ser propuestos únicamente por la presidenta o presidente del país y no así por algún miembro de las FFAA. Que según el artículo 160, numeral 8 de la Carta Magna, son atribuciones del Senado ratificar los ascensos a propuesta del Ejecutivo; y que de acuerdo con el artículo 168, inciso c, del reglamento del Senado, el pleno puede ratificar los ascensos o devolver los antecedentes al Ejecutivo para que cumpla o subsane las sugerencias.

Sostuvo que se cumplió con la normativa y que se seguirá en la misma línea, por lo que la Cámara Alta no trabajará bajo presión o ultimátums.

En una  entrevista con Bolivia TV, , Orellana afirmó que no tenía conocimiento de que se debía pedir permiso para ingresar a una institución pública, “nosotros solo hemos ingresado para dejar una correspondencia, el uniforme es el que habitualmente usamos, cualquier otra aseveración carece de fundamento”.

Esta situación fue criticada por el expresidente Evo Morales, quien, a través de su cuenta de Twitter calificó como “inédito y altamente preocupante” el hecho y que Orellana haya conminado a la Asamblea Legislativa a que ratifique en una semana el ascenso a generales y vicealmirantes de las FFAA. “Es inédito y altamente preocupante que un comandante en jefe de las FFAA se presente, en uniforme de campaña, para imponer plazos a la Asamblea Legislativa, incluso sobrepasando autoridad del Órgano Ejecutivo; y luego declare a la prensa congregada en Plaza Murillo”, escribió.

La acción de jefes militares también fue criticada por el expresidente Eduardo Rodríguez. «Inaceptable intolerancia, una muestra más de la necesidad de abrir diálogos sin exclusiones ni cálculos electorales para avanzar en la transformación del Estado frente a las crisis», escribió.

El viceministro de Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, informó a radio Panamericana, que una vez recibida las observaciones a los ascensos de parte del Senado, se remitió al Ministerio de Defensa para que las FFAA subsanen las mismas; y este jueves, ya se presentaron a la Cámara Alta, “ahora estamos a la espera de que sesionen y puedan ratificar la nómina”.

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La Asamblea creará comisiones para investigar irregularidades en empresas estatales y compra de respiradores

La sesión fue convocada para las 09.00. El expresidente Evo Morales pidió el fin de semana formar una comisión mixta de asambleístas para indagar irregularidades en empresas públicas

/ 21 de mayo de 2020 / 21:25

La Asamblea Legislativa Plurinacional fue convocada a sesionar este viernes con el objetivo de conformar dos comisiones especiales mixtas para investigar manejos irregulares de empresas públicas del nivel central del Estado y el presunto sobreprecio en la compra de 170 respiradores artificiales por parte del Ministerio de Salud.

La vigésima quinta sesión de la Asamblea fue convocada para las 09.00 en el hemiciclo de la Cámara de Diputados.

La intención de crear las comisiones de asambleístas para la labor de fiscalización coincide con el pedido que hizo el expresidente Evo Morales el 17 de mayo, a través de su cuenta de Twitter, cuando escribió: “es responsabilidad de la Asamblea Legislativa conformar Comisión Mixta para investigar, al menos, 35 casos de corrupción del gobierno de facto en 6 meses de gestión, según reporta la prensa, sobre todo en casos de YPFB, ENTEL y BOA, empresas estratégicas que van a la quiebra”.

El senador Edwin Rodríguez, de Unidad Demócrata (UD), dijo que solicitará ser parte de la comisión especial que investigará la compra irregular de 170 respiradores, acción de presunta corrupción que criticó duramente.

El lunes de esta semana estalló el escándalo por la compra de los 170 respiradores de industria española con un presunto sobreprecio de $us 20.000 por cada uno de esos equipos. Por este caso fueron aprehendidos el ahora exministro de Salud, Marcelo Navajas, ahora exministro de Salud, y otros funcionarios de su cartera.

Además, en los últimos meses se denunció hechos de corrupción que habrían protagonizado Elio Montes, ahora exgerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), y Herland Soliz, expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

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Vicepresidente del Senado advierte que la Asamblea no autorizó crédito del BID para compra de respiradores

Omar Aguilar pidió un informe escrito al Ejecutivo. El BID indicó que “redireccionó” recursos por $us 82 millones para la lucha contra el coronavirus. Aguilar indica que se vulneró el artículo 322 de la CPE

/ 21 de mayo de 2020 / 19:05

A la serie de irregularidades que de descubren en la adquisición irregular de 170 respiradores por parte del Ministerio de Salud se suma otra, la Asamblea, según el vicepresidente del Senado, Omar Aguilar, no aprobó ninguna norma para el uso de un crédito internacional, en este caso del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la compra de esos equipos.

Por ese motivo, Aguilar, senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), solicitó un informe escrito al Órgano Ejecutivo para que explique qué recursos económicos fueron utilizados para la adquisición de dichos equipos.

El lunes de esta semana estalló el escándalo por la compra de los respiradores de industria española con un presunto sobreprecio de $us 20.000 por cada uno de esos equipos. Por este caso fueron aprehendidos el ahora exministro de Salud, Marcelo Navajas, ahora exministro de Salud, y otros funcionarios de su cartera.

Aguilar indicó que desde que asumió la presidenta transitoria Jeanine Áñez, no se aprobó ningún crédito del BID, por lo que no se explica de dónde salieron los recursos destinados a los respiradores.

No obstante, el 14 de mayo, en una nota de prensa difundida desde el BID, se indica que este organismo “redireccionó, como parte de su estrategia de respuesta rápida frente al COVID-19, recursos por hasta $us 82 millones para provisión de equipamiento médico y adquisición de insumos a utilizar en la lucha contra la pandemia en Bolivia. La adquisición de los respiradores con un costo aproximado de $us 5 millones, se realiza con cargo a dichos recursos”.

Este diario conoció que la “redirección” de recursos citada significa el uso de dinero de anteriores créditos para destinarlos a la emergencia por la pandemia.

Sin embargo, Aguilar cuestionó este “redireccionamiento” porque, según dice, vulnera el artículo 322 de la Constitución Política del Estado que en su numeral I estipula “La Asamblea Legislativa Plurinacional autorizará la contratación de deuda pública cuando se demuestre la capacidad de generar ingresos para cubrir el capital y los intereses, y se justifiquen técnicamente las condiciones más ventajosas en las tasas, los plazos, los montos y otras circunstancias” y en su numeral II complementa “la deuda pública no incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y garantizadas expresamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional”.

En una página virtual del BID se indica que en 2019 el Estado boliviano aprobó dos proyectos entre agosto y noviembre, uno por $us 456.062 y el otro de cooperación técnica.

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