La pesquisa desplegada sobre la actividad de Gabriela Zapata Montaño, expareja del presidente Evo Morales, permitió establecer que ésta tuvo nexos con dos funcionarios del Ministerio de la Presidencia, un director y un administrativo, contra quienes se emitió órdenes de aprehensión.
“Entiendo que se ha hecho una investigación y un sumario interno en el propio Ministerio de la Presidencia, por eso se presenta también esta querella. Supuestamente facilitaron bienes e infraestructura del Estado para que la señora Zapata pueda ejercitar ciertos actos que van precisamente con los tipos penales por los que la estamos imputando”, dijo el fiscal General, Ramiro Guerrero. Esas dos personas son Cristina Choque y Jimmy Morales, según reportó la agencia ABI.
El 3 de febrero, el periodista Carlos Valverde denunció que se cometió el delito de tráfico de influencias entre el Mandatario y Zapata, quien hasta la pasada semana fue gerente Comercial de la empresa china CAMC, una firma que se adjudicó siete contratos del Estado, por más de $us 500 millones, en rubros de producción de litio, azúcar y líneas férreas, entre otros. Además, indicó que la pareja tuvo un hijo.
Dos días después, el Presidente admitió que hubo esa relación. “A Gabriela Zapata la conocí en 2005, es verdad que fue mi pareja por dos o tres años, en 2007 tuvimos un bebé y lamentablemente, por nuestra mala suerte, ha fallecido. Luego tuvimos problemas y desde ese momento nos distanciamos”. A raíz de ese alejamiento, el Jefe del Estado negó que haya tráfico de influencias. Posteriormente, desde el Gobierno, se señaló que se trataba de una guerra sucia para perjudicar al oficialismo, con miras al referéndum del 21 de febrero.
A raíz del incumplimiento del contrato de construcción del ferrocarril Bulo Bulo-Montero, el Tribunal Constitucional Plurinacional ordenó que se ejecute la boleta de garantía de la china CAMC a favor del Estado, por un monto de Bs 158 millones.
Las investigaciones continuaron. Al margen del trabajo de la Fiscalía, la Asamblea Legislativa creó una comisión para investigar este caso.
El viernes, a las 10.00, sorpresivamente, la Policía arrestó a Zapata, en respuesta a una solicitud el Ministerio de Transparencia para investigar a la expareja del Presidente. A las 18.00, el Ministerio de la Presidencia presentó una denuncia formal en contra de Zapata y de dos de sus funcionarios.
Al ser consultado sobre los dos funcionarios implicados, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que el Ejecutivo cumplirá una labor imparcial. “Puede estar involucrado quien esté involucrado, el Gobierno no va a proteger ni encubrir absolutamente a nadie, así lo hizo siempre”, advirtió y citó a los casos de Santos Ramírez, de extorsión y a alcaldes afines al oficialismo que fueron encarcelados. Resaltó que el querellante fue el titular de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
El diputado opositor Wilson Santamaría, de Unidad Demócrata (UD), sostuvo que esta investigación debe continuar y que se debe indagar cuál era el grado de implicancia de los dos funcionarios públicos, además de establecer si son cómplices en el delito de enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía la imputa por tres delitos
En Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales y exgerente de la empresa china CAMC, fue imputada ayer por el Ministerio Público por tres delitos: legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad. Se fijó para hoy su audiencia cautelar.
El jefe del Ministerio Público, Ramiro Guerrero, dio a conocer la imputación en contra de Zapata, quien permanece aprehendida en celdas judiciales desde la madrugada de ayer.
“(Hay) movimientos sospechosos de cuentas bancarias, de depósitos que ha realizado. Tenemos un informe de la Asfi, unas cartas que (Zapata) ha enviado con el título de doctora a la Aduana Nacional y a otras instancias”, dijo el Fiscal General.
Guerrero señaló que esos movimientos bancarios significaban el manejo de sumas importantes de dinero que van desde los $us 10.000 hasta los $us 100.000. Agregó que ya se solicitó la información respectiva a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) para llegar a establecer el patrimonio actual de Zapata.
Según lo estipulado en la Ley 004 de Lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, si Zapata es hallada culpable de cometer uno o los tres delitos por los cuales se le imputó, será pasible a recibir una condena mínima de tres años y una máxima de 10 años.
El abogado de Zapata, Wálter Zuleta, anunció que la audiencia cautelar de su defendida fue fijada para las 15.00 de hoy. En este acto procesal, el juez debe determinar la situación de la exgerente de CAMC.
Una familiar dice que reciben amenazas
Tras las declaraciones que hizo durante el mediodía de ayer, en sentido de que el hijo del presidente Evo Morales y Gabriela Zapata está vivo, Pilar Guzmán, quien afirmó ser tía de Zapata, indicó que su sobrina recibió amenazas “de todo” y que a ella le dijeron una serie de cosas.
“Ella (Zapata) siente que está en peligro y yo también. Ella está prácticamente amenazada de todo. A mí también ya me han dicho una serie de cosas”, declaró Guzmán a este diario.
Tanto la tía como la hermana menor de Zapata denunciaron ayer que sufren una serie de controles por parte de policías y que se sienten hostigadas. Indicaron que tanto para el ingreso como para la salida del domicilio de Zapata son requisadas.
Ambas lamentaron que el control policial desplegado en la casa de la exgerente de la empresa china CAMC impida movilizarse con libertad y normalidad a una niña de 4 años que vive en el domicilio. Señalaron que la niñera no puede sacar de la vivienda a la menor, precisamente por la vigilancia que hay.