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Thursday 28 Mar 2024 | Actualizado a 16:40 PM

Dictan 6 años de cárcel para 12 acusados en el caso 24 de Mayo

Justicia. Los sentenciados apelarán el fallo y aún no entrarán a la cárcel

/ 3 de marzo de 2016 / 07:40

La Justicia condenó ayer a 6 años de cárcel a 12 exdirigentes del Comité Interinstitucional de la Capitalidad Plena por el caso 24 de Mayo. Los sentenciados rechazaron el fallo por considerarlo injusto y político. Anunciaron la apelación del fallo.

En una hora inusual, a las 03.40, el Tribunal de Sentencia de Padilla, localidad ubicada a 180 kilómetros de Sucre, emitió su sentencia contra 13 exautoridades y exdirigentes universitarios por el caso 24 de Mayo, referido a la agresión que sufrieron campesinos en Sucre cuando se aprestaban a participar de un acto con el presidente Evo Morales.

Cerca de 18 campesinos fueron golpeados y despojados parcialmente de su ropa por grupos cívicos. Además fueron obligados a arrodillarse en la plaza 25 de Mayo y a quemar banderas del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Los sentenciados por asociación delictuosa son: Jaime Barrón, expresidente del Comité Interinstitucional; Jhon Cava, expresidente del Comité Cívico; Savina Cuéllar, exprefecta de Chuquisaca; Fidel Herrera, expresidente del Concejo; Aydée Nava, exalcaldesa de Sucre;  Epifania Terrazas, exdirectora del Sedeges; Jamil Pillco, exdirigente universitario; Antonio Jesús, exejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL); Álvaro Ríos, exejecutivo de la FUL y Franz Quispe, exdirigente universitario.

Penas. El tribunal también determinó para  Flavio Huallpa Flores la sentencia de 3 años de prisión como coautor del delito de fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas asfixiantes, mientras que los universitarios Christian Flores y Juan Carlos Zambrana fueron sentenciados a 6 años, 3 meses y 3 días de prisión por ser coautores de la comisión del delito de lesiones graves y Rodrigo Anzaldo se constituyó en el único absuelto del proceso.

El presidente del Tribunal de Sentencia, Offman Padilla, al momento de leer el fallo, estableció que los condenados deberán cumplir su pena, que se contabiliza desde ayer y que se extenderá hasta marzo de 2022, en el penal de San Roque de Sucre. Los argumentos completos del fallo se harán conocer el lunes, a las 18.00, en otra audiencia en Padilla.

De acuerdo con la explicación del abogado penalista, Arturo Yáñez, los acusados, una vez notificados con la sentencia completa, tienen 15 días para presentar su apelación. Luego de ese tiempo, el caso pasa a manos de una de las salas plenas del Tribunal Departamental de Justicia, en calidad de revisión, para que declare admisible o inadmisible. Después, el proceso llega a la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia, instancia que, finalmente, da la última palabra.

Yáñez explicó que mientras la sentencia no esté ejecutoriada y se agoten todas las instancias legales de defensa que tienen los  sentenciados, no podrán ingresar al penal de San Roque para cumplir su pena, aunque el Ministerio Público sí puede pedir una audiencia de medidas cautelares. Los abogados defensores Jaime Tapia, Ariel Coronado y Adrián Zárate, anunciaron que apelarán el fallo porque consideran que éste es político e injusto.

En esa misma lógica, los sentenciados como Nava, Cava y Cuéllar aseguraron que nunca les demostraron su participación en los hechos denunciados. Por ello, dijeron que el fallo es injusto. Al respecto, el dirigente campesino Estanislao Yarhui y el principal acusador, Ángel Vallejos, también señalaron que la sentencia es injusta, pero, en este caso, consideraron que fue benevolente porque la sanción debió ser más dura.

Vejaciones en 2008

Abusos

El 24 de mayo de 2008, campesinos viajaron a Sucre para recibir una dotación de ambulancias del presidente Evo Morales, en el estadio Patria, como parte de los festejos por el aniversario de Chuquisaca, pero no lograron entrar a la ciudad porque fueron retenidos y golpeados por agrupaciones cívicas.

Proceso

La Fiscalía instauró un juicio penal por los delitos de asociación delictuosa, sedición, coacción y lesiones gravísimas y lesiones graves contra 13 exautoridades y exdirigentes regionales.

Paco dice que aún hay racismo

ABI

La ministra de Comunicación, Marianela Paco, advirtió que, pese a la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Padilla, Chuquisaca, en el caso 24 de Mayo, la violencia y racismo continúan. La autoridad recordó con videos los hechos de violencia suscitados en 2008, en la plaza 25 de Mayo de Sucre.

“Después de ocho años quiero decirle al país que ese racismo y esa violencia racista todavía está vigente, sus promotores están y lo denuncio  porque eso se ha evidenciado”, dijo la autoridad.

Al referirse al fallo, el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, aseguró que la sentencia sirve de parámetro para saber que la Ley de Lucha contra el Racismo y Discriminación es efectiva. Cárdenas remarcó también que lo importante es que la gente sepa que hay leyes que respetar y que el racismo y la discriminación no van a pasar por alto en el país.

La oposición y el oficialismo discrepan

Williams Farfán

Luego de conocerse la sentencia emitida por la Justicia en el caso 24 de Mayo, de seis años de cárcel para 12 acusados, oficialistas y opositores valoran al fallo de manera distinta. Los primeros aseguran que es un precedente para que no se cometan más delitos de racismo. Los segundos califican al proceso judicial de político.

El presidente del Comité de Ministerio Público de la Cámara de Diputados, Juan Cala, del Movimiento Al Socialismo (MAS), celebró la sentencia en contra de las personas acusadas y advirtió que en el país ya no se permitirán actos de discriminación y racismo porque hay una ley que ampara a los bolivianos en general.

“Con esto se sentó un importante precedente para que no se vuelvan a cometer este tipo de delitos y abusos en contra de los indígenas o campesinos”, dijo Cala. El diputado Elmar Callejas (MAS), aseguró que con este fallo se hizo justicia a las víctimas de racismo. “Aunque tarde, desde nuestro punto de vista, vemos que se ha hecho justicia”, dijo a la ABI.

Arturo Murillo, senador de Unidad Demócrata (UD), rechazó el fallo porque, a su criterio, desde el inicio del proceso se vio que era político y solo en contra de los opositores, ya que no hay sanciones para las personas implicadas y que son del oficialismo. “La Justicia actúa a pedido del Gobierno y dan sentencia a su solicitud, todo esto lo vimos en los últimos años, por eso no hay duda de que el fallo es político”, reclamó. La condena “es injusta, es una persecución implacable del MAS contra líderes que trabajaron con su pueblo por el No”, dijo la diputada Khatia Romero, del Movimiento Demócrata Social.

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Congreso del MAS arcista no cumple con tres requisitos y tiene dos días para enmendar observaciones

Las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral.

Por Boris Góngora

/ 28 de marzo de 2024 / 16:37

Ante la solicitud del acompañamiento y fiscalización al Congreso Nacional Ordinario del partido de Gobierno, a realizarse del 3 al 5 de mayo en la ciudad de El Alto, La Paz, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó a los ejecutivos de las tres organizaciones matrices fundadoras del Movimiento Al Socialismo (MAS) que deberán subsanar en un plazo de dos días tres requisitos observados.

“En aplicación del procedimiento establecido en el Reglamento para la Supervisión a Organizaciones Políticas… Secretaría de Cámara del Tribunal Supremo Electoral Revisó el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el artículo 8 de dicho reglamento, a fin de verificar la procedencia de la solicitud; y producto de esta labor de revisión» se tiene lo siguiente.

Entre las observaciones del Órgano Electoral se señala que “la solicitud de supervisión la suscriben Lucio Quispe, Esteban Alavi y Guillermina Kuna», empero «de acuerdo con los antecedentes que cursan en el TSE, ninguno de ellos figura entre los dirigentes nacionales del MAS registrados mediante resolución TSE-RSP-JUR 05/2017. Tampoco figuran los delegados políticos nacionales, los cuales son Diego Jiménez y Nelvin Siñani”.

Indica también que la solicitud “no adjunta la nómina de representantes que conducirán el Congreso Nacional, acreditados por la instancia interna del partido”.

Lea más: El congreso del MAS arcista elegirá a su nueva directiva y al candidato para las primarias

Menciona que “la convocatoria no acredita el cumplimiento del artículo 13 del Estatuto Orgánico del MAS que dispone que será emitida por la Dirección Nacional, previo consenso con las organizaciones matrices nacionales. No presentan publicación de la Convocatoria en medios de comunicación. No señalan los requisitos de participación según estatuto. No señalan los requisitos para la postulación a cargos a elegir. No señalan la modalidad de elección”.

En marzo, el Pacto de Unidad afín al presidente Luis Arce definió que en mayo se realice el Congreso Ordinario del MAS-IPSP en la ciudad de El Alto. Evento programado en el coliseo Héroes del Pacífico.

De acuerdo con el número de acreditados, las direcciones departamentales del MAS deberán registrarse con 80 delegados. Las organizaciones sociales fundadoras del partido: (CSUTCB, CSCIB y Bartolinas) con 200 delegados cada una, la Central Obrera Boliviana (COB) con 20 y otras confederaciones y federaciones nacionales, con entre 100 y 50 delegados.

Desde la Dirección Nacional del MAS evista rechazaron la legalidad de esa convocatoria y aseguraron que los dirigentes arcistas usaron el membrete y el sello falsificado del instrumento político para realizar trámites, uno en la Sala Constitucional Primer y otro ante el TSE.

La directiva paralela arcista celebró este jueves el 29 aniversario del MAS en la plaza San Francisco en medio de una crisis interna que surgió por los liderazgos que representan al exmandatario y actual jefe del partido Evo Morales y el presidente Luis Arce.

El bloque evista también convocó a la celebración del MAS por su aniversario para el sábado 30 en el municipio de Yapacaní, Santa Cruz.

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Detención domiciliaria y arraigo para jesuitas Recolons y Alaix por caso de pederastia clerical

Los exprovinciales de la Compañía de Jesús fueron imputados por el delito de encubrimiento al cura pederasta Alfonso Pedrajas (+), quien abusó sexualmente a 85 menores de edad.

La justicia dictó detención domiciliaria y arraigo para los exprovinciales Marcos Recolons y Ramón Alaix, acusados por encubrimiento.

Por Rosío Flores

/ 28 de marzo de 2024 / 15:28

En una audiencia de medidas cautelares, la Justicia dictó detención domiciliaria y arraigo para los jesuitas Marcos Recolons y Ramón Alaix, acusados por del delito de encubrimiento en un caso de pederastia clerical.

Ambos acusados encubrieron los delitos sexuales cometidos por el cura pederasta Alfonso Pedrajas (+). El cura abusó sexualmente a 85 menores de edad, la mayoría del colegio Juan XIII de Cochabamba, del que era director.

El dictamen sucede luego de una investigación que comenzó al develarse el diario del cura Pedrajas. El también conocido como “Pica”, detalló los abusos que cometía contra sus víctimas.

Estos escritos fueron hallados por Fernando Pedrajas, sobrino del cura pederasta, quien entregó el diario al medio de comunicación español El País.

Tanto Recolons como Alaix aparecen en las memorias de Pedrajas como dos de los siete altos cargos de la Compañía de Jesús. Éstos le ayudaron a eludir las denuncias de sus víctimas. “Tenían la obligación de controlar el funcionamiento de cada una de las obras jesuitas. Más aún en la que tenían bajo su cuidado y protección a niños y adolescentes en evidente estado de vulnerabilidad”, dice una parte del documento de imputación de la Fiscalía.

La jueza que celebró la audiencia tomó en cuenta los argumentos del Ministerio Público por “peligro de fuga”, “peligro efectivo para las víctimas” y por posible “obstaculización judicial”.

Lea también: Se celebra en reserva la audiencia cautelar de Recolons y Alaix por pederastia clerical

El diario del cura pederasta Pedrajas es instrumento de prueba fundamental para la Fiscalía. Su “autenticidad está respaldada por los testimonios de las víctimas y el trabajo de investigación realizado en España”, cita otra parte del documento de imputación.

VÍCTIMAS

A través del exjesuita Pedro Lima, las víctimas de Pedrajas señalaron que la determinación de la Justicia es importante porque es un paso para continuar con el proceso.

“Es un paso importante para las víctimas, porque además es la primera vez en Bolivia que se pone en el banquillo de los acusados a sacerdotes. Es una esperanza para que los demás sacerdotes implicados también reciban sanciones”, dijo Lima a La Razón.

El miércoles, a través de un comunicado, la Compañía de Jesús, de la que Alaix y Recolons fueron provinciales, adelantó que respetará la decisión judicial.

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De ocho implicados en el caso Golpe de Estado I, cinco están prófugos

Los otros tres, Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, se encuentran bajo detención preventiva en cárceles de La Paz y Potosí, respectivamente.

Por Daniel Zenteno

/ 28 de marzo de 2024 / 15:10

El caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos previos a la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019, ya tiene tribunal para el juicio, el mismo que condenó a 10 años de prisión a la exmandataria Jeanine Añez en 2022, a raíz del caso Golpe de Estado II.

El juicio, de acuerdo con el abogado de la parte denunciante, Jorge Nina, debería comenzar en un mes. Sin embargo, cinco de los implicados se encuentran prófugos.

Los prófugos son el exministro de Defensa Luis Fernando López; los excomandantes de las Fuerzas Armadas William Kaliman y Sergio Orellana; el excomandante de la Policía Yuri Calderón, y el exinspector de las Fuerzas Armadas Jorge Fernández Toranzo.

En detención preventiva se encuentran la expresidenta Jeanine Añez los exlíderes cívicos de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y de Potosí Marco Pumari.

Golpe de Estado I

En 2020 la entonces diputada Lidia Patty denunció el caso, que investiga los hechos precedentes a la renuncia de Morales.

El caso se desató en 2019 luego de las fallidas elecciones generales del 20 de octubre. Entonces, la oposición consideró un “fraude electoral” los comisiones.

Camacho, entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, propició las protestas a través de multitudinarios cabildos en Santa Cruz. Entonces, como admitió luego, pactó con la Policía y las Fuerzas Armadas su respaldo a las movilizaciones.

Sugirió la sucesión de la decana del Tribunal Supremo de Justicia, planteó una “junta de notables” e irrumpió junto a Pumari, y el abogado Eduardo León, el Palacio Quemado.

Las investigaciones establecieron que destinó desde su cuenta en el Banco Ganadero al menos $us 7,8 millones para costear a los movilizados pasajes, hoteles y seguridad en La Paz, a través de personal del Comité pro Santa Cruz.

Quien operó ante las Fuerzas Armadas fue López, que se reunió con Kaliman antes de que el Alto Mando militar sugiriera, el 10 de noviembre, la renuncia de Morales.

Entonces, Áñez era segunda vicepresidente de la Cámara de Senadores. Su nombre apareció, como posible sucesora de Morales, en la reunión extralegislativa de la Universidad Católica, en La Paz.

El 12 de noviembre se proclamó presidente del Estado en sendos actos en la Asamblea Legislativa, en la que, primero, asumió la presidente del Senado. No hubo sesión oficial ni quorum; tampoco asistió la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Por esas acciones, Áñez fue sentenciada en junio de 2022 a 10 años de prisión en un segundo caso, Golpe de Estado II, por incumplimiento de deberes en contra de la Constitución.

En tanto, Pumari protagonizó la toma, y posterior, quema del edificio del Tribunal Electoral Departamental de Potosí. También se movilizó en La Paz junto a Camacho, al punto de pasar desapercibidos vestidos de policías y resguardados por patrullas policiales.

Prófugos

Luego de tres años de investigación, la Fiscalía presentó en diciembre de 2023 la acusación formal para llevar a juicio a los ochos citados. El principal acusado es Camacho (el caso es foliando como “Luis Fernando Camacho y otros”), junto con Kaliman, López y Calderón, procesados como autores; mientras los demás están en calidad de cómplices.

No se sabe dónde se encuentra Kaliman. Orellana partió presuntamente a Colombia.

López y Calderón se refugiaron inicialmente en Brasil, pero, ante el cambio en la coyuntura del país vecino, tuvieron que salir hacia Paraguay recientemente.

El paradero de los otros se desconoce.

Nina también confirmó que el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción Primero de La Paz, el mismo que sentenció a 10 años de prisión a Añez por el caso Golpe de Estado II, estará a cargo del caso.

El martes, cuando se conoció al tribunal encargado del caso, Añez protestó que se la vuelva a juzgar por los mismos hechos.

Puede leer: Añez cuestiona que el Tribunal que la sentenció a 10 años sea el mismo en el caso Golpe I

De acuerdo con Nina, el caso podría comenzar en un mes con el juicio oral de los implicados. Debido a que el delito por el que se los acusa es terrorismo, la pena para Camacho, López, Kaliman y Calderón, por ser autores, podría ser de 20 años, y 10 años para los cómplices.

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FFAA y Policía no confirmaron aún su asistencia en la procesión de Semana Santa

Pese a que Bolivia es un Estado laico, la Ley 1538 ordena que las Fuerzas Armadas y Policía participen de la procesión de Viernes Santo en La Paz.

La procesión se realiza el Viernes Santo. Foto: Archivo La Razón.

/ 28 de marzo de 2024 / 14:05

El secretario de Culturas de la Alcaldía, Rodney Miranda, informó que aún no fue confirmada la asistencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana en la procesión de Semana Santa en La Paz.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, afirmó que hubo una reunión el miércoles entre las Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, Ministerio de Defensa, Gobernación, Iglesia Católica y el Ministerio de Culturas para organizar la fiesta religiosa.

El funcionario municipal aseguró que, por mandato de la Ley 1538 y la Ley Municipal 517, la Alcaldía de La Paz tiene que disponer el acompañamiento de la banda municipal Eduardo Caba a la procesión del Viernes Santo. 

“La banda municipal Eduardo Caba tiene que encabezar la procesión”, explicó.

La Ley 1538 declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia a la procesión religiosa de la Semana Santa de la ciudad de La Paz, como expresión espiritual y celebración religiosa que congrega a la población católica, revalorizando las prácticas, técnicas y conocimientos tradicionales, transmitidos de generación en generación.

En su artículo 4, establece que el Órgano Ejecutivo podrá disponer que las bandas del Ejército, la Policía Boliviana y los escoltas especiales acompañen la procesión del Santo Sepulcro del Viernes Santo y las imágenes de personajes de la Iglesia Católica, para lo cual se emitirán Ordenes de Guarniciones Militares y Policiales.

Sin embargo, el artículo 4 de la Constitución establece que el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Es decir, Bolivia es una Estado laico.

Miranda afirmó que, si bien Bolivia es un Estado laico, por Constitución, el 78% de la población boliviana profesa la religión católica y en La Paz, dos tercios de la población son católicos. “La procesión con o sin la FFAA seguirá manteniendo su carácter por la fe de la gente”.

Por su parte, el periodista Julio Peñaloza afirmó que la declaración es una “contradicción flagrante” a la Constitución de 2009.

Consideró que en la procesión de Semana Santa se juntarán las mismas instituciones que en 2019 propiciaron los conflictos políticos: Iglesia Católica, Policía y Fuerzas Armadas.

“Esto tiene un contenido altamente político”, observó.

“Los curas católicos hacen política y la hacen bien. Han conseguido esto”, reclamó.

La senadora arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Virginia Velasco fue proyectista de la Ley 1538 con el argumento de que los bolivianos son católicos y profesan el catolicismo.

Peñaloza lamentó que Velasco haya sido “ingenua” al impulsar la norma que establece la participación de fuerzas del orden en la fiesta religiosa. “La han agarrado en curva a la senadora”.

En su criterio, la Asamblea Legislativa tomó un papel “poco riguroso” al aprobar la declaratoria de patrimonio. “Hay una jerarquía eclesiástica muy poderosa que tiene una capacidad de injerencia política muy grande” en el país.

Al reclamar la declaratoria de Patrimonio, recordó el duro caso Pedrajas que estalló en 2023, luego de la publicación del diario el país, en el cual se reveló que el cura jesuita Alfonso Pedrajas abusos sexuales a más de 85 menores de edad, en su mayoría, del colegio Juan XXIII en Cochabamba.

“Ésta es la Iglesia Católica de abusadores de niños, de violadores, de pederastas y de encubridores”, sentenció.

Los sacerdotes Marcos Recolons y Ramón Alaix, otrora provinciales de la Compañía de Jesús en Bolivia, comparecen este jueves ante una jueza luego de que la Fiscalía de Cochabamba presenta la imputación formal en su contra.

El delito por los que se los acusa es de encubrimiento vinculado al delito de abuso deshonesto cometido por el cura pederasta Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009.

Peñaloza contó que Alaix era considerado “un pan de dios” y un hombre muy importante; mientras que el cura Recolons fue el segundo hombre más importante mundialmente en la orden de los jesuitas.

“Son curas poderosos, son curas que forman parte del poder de la Iglesia Católica y a ese lugar se le confiere un rol privilegiado dentro del Estado Plurinacional”, lamentó.

El caso Pedrajas fue descubierto por el sobrino del sacerdote, Fernando, quien, al conocer el contenido de sus memorias, envió el documento de 383 páginas al diario español El País.

El 30 de abril de 2023, el periódico publicó detalles del documento. En él Pedrajas confiesa que abusó sexualmente de unos 85 niños, especialmente el colegio Juan XIII de Cochabamba.

Lea también: El escándalo Alfonso Pedrajas: Seis décadas de abuso de poder y encubrimiento

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El ministro Del Castillo asegura que el MAS pertenece a organizaciones sociales

El pasado 19 de marzo, el Pacto de Unidad que apoya al presidente Luis Arce invitó a “festejar en unidad” los 29 años del MAS en la plaza San Francisco, en La Paz, este jueves 28.

Por Daniel Zenteno

/ 28 de marzo de 2024 / 14:03

Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, se refirió a la situación de crisis del Movimiento Al Socialismo (MAS), cuya división entre el ala arcista y evista se evidencia con los festejos separados del 29° aniversario de ese instrumento político.

“Nosotros no consideramos que exista un paralelismo. Las organizaciones sociales, la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, los Interculturales, las Bartolina Sisa, cansados en aquella época, decidieron crear su propio partido político (…)”, afirmó.

“Por tanto, el dueño del MAS no es una persona, son las organizaciones”, dijo el miércoles Del Castillo en conferencia de prensa.

Festejos

El pasado 19 de marzo, el Pacto de Unidad que apoya al presidente Luis Arce invitó a “festejar en unidad” los 29 años del MAS en la plaza San Francisco, en La Paz, este jueves 28.

Sin embargo, el ala evista desconoció esta invitación y anunció su acto propio para el 30 de marzo en Yapacaní, Santa Cruz. Además, denunció que el ala arcista se toma facultades que, de acuerdo al estatuto del partido, no le corresponde. Como la realización de congresos y eventos nacionales.

Inclusive, a causa de esta celebración, el arcismo tuvo que adelantar festejos en Santa Cruz. Festejaron el aniversario del partido el pasado martes en Warnes.

En el ala evista se hace constante énfasis en que el expresidente Evo Morales, líder del MAS, es el único con la facultad de convocar eventos o congresos nacionales. Todo lo que no provenga de una orden suya es calificado como ilegítimo o “trucho”.

A causa de esto, en el oficialismo se denuncia que Morales intenta apropiarse del instrumento político.

“En su momento, han ido nombrando representantes legales para que ministren ese nuevo partido”, argumentó el ministro.

Puede leer: Arce dice que el congreso convocado por el Pacto de Unidad debe cuidar la ‘wawa’, el MAS

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