La Justicia condenó ayer a 6 años de cárcel a 12 exdirigentes del Comité Interinstitucional de la Capitalidad Plena por el caso 24 de Mayo. Los sentenciados rechazaron el fallo por considerarlo injusto y político. Anunciaron la apelación del fallo.
En una hora inusual, a las 03.40, el Tribunal de Sentencia de Padilla, localidad ubicada a 180 kilómetros de Sucre, emitió su sentencia contra 13 exautoridades y exdirigentes universitarios por el caso 24 de Mayo, referido a la agresión que sufrieron campesinos en Sucre cuando se aprestaban a participar de un acto con el presidente Evo Morales.
Cerca de 18 campesinos fueron golpeados y despojados parcialmente de su ropa por grupos cívicos. Además fueron obligados a arrodillarse en la plaza 25 de Mayo y a quemar banderas del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Los sentenciados por asociación delictuosa son: Jaime Barrón, expresidente del Comité Interinstitucional; Jhon Cava, expresidente del Comité Cívico; Savina Cuéllar, exprefecta de Chuquisaca; Fidel Herrera, expresidente del Concejo; Aydée Nava, exalcaldesa de Sucre; Epifania Terrazas, exdirectora del Sedeges; Jamil Pillco, exdirigente universitario; Antonio Jesús, exejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL); Álvaro Ríos, exejecutivo de la FUL y Franz Quispe, exdirigente universitario.
Penas. El tribunal también determinó para Flavio Huallpa Flores la sentencia de 3 años de prisión como coautor del delito de fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas asfixiantes, mientras que los universitarios Christian Flores y Juan Carlos Zambrana fueron sentenciados a 6 años, 3 meses y 3 días de prisión por ser coautores de la comisión del delito de lesiones graves y Rodrigo Anzaldo se constituyó en el único absuelto del proceso.
El presidente del Tribunal de Sentencia, Offman Padilla, al momento de leer el fallo, estableció que los condenados deberán cumplir su pena, que se contabiliza desde ayer y que se extenderá hasta marzo de 2022, en el penal de San Roque de Sucre. Los argumentos completos del fallo se harán conocer el lunes, a las 18.00, en otra audiencia en Padilla.
De acuerdo con la explicación del abogado penalista, Arturo Yáñez, los acusados, una vez notificados con la sentencia completa, tienen 15 días para presentar su apelación. Luego de ese tiempo, el caso pasa a manos de una de las salas plenas del Tribunal Departamental de Justicia, en calidad de revisión, para que declare admisible o inadmisible. Después, el proceso llega a la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia, instancia que, finalmente, da la última palabra.
Yáñez explicó que mientras la sentencia no esté ejecutoriada y se agoten todas las instancias legales de defensa que tienen los sentenciados, no podrán ingresar al penal de San Roque para cumplir su pena, aunque el Ministerio Público sí puede pedir una audiencia de medidas cautelares. Los abogados defensores Jaime Tapia, Ariel Coronado y Adrián Zárate, anunciaron que apelarán el fallo porque consideran que éste es político e injusto.
En esa misma lógica, los sentenciados como Nava, Cava y Cuéllar aseguraron que nunca les demostraron su participación en los hechos denunciados. Por ello, dijeron que el fallo es injusto. Al respecto, el dirigente campesino Estanislao Yarhui y el principal acusador, Ángel Vallejos, también señalaron que la sentencia es injusta, pero, en este caso, consideraron que fue benevolente porque la sanción debió ser más dura.
Vejaciones en 2008
Abusos
El 24 de mayo de 2008, campesinos viajaron a Sucre para recibir una dotación de ambulancias del presidente Evo Morales, en el estadio Patria, como parte de los festejos por el aniversario de Chuquisaca, pero no lograron entrar a la ciudad porque fueron retenidos y golpeados por agrupaciones cívicas.
Proceso
La Fiscalía instauró un juicio penal por los delitos de asociación delictuosa, sedición, coacción y lesiones gravísimas y lesiones graves contra 13 exautoridades y exdirigentes regionales.
Paco dice que aún hay racismo
ABI
La ministra de Comunicación, Marianela Paco, advirtió que, pese a la sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia de Padilla, Chuquisaca, en el caso 24 de Mayo, la violencia y racismo continúan. La autoridad recordó con videos los hechos de violencia suscitados en 2008, en la plaza 25 de Mayo de Sucre.
“Después de ocho años quiero decirle al país que ese racismo y esa violencia racista todavía está vigente, sus promotores están y lo denuncio porque eso se ha evidenciado”, dijo la autoridad.
Al referirse al fallo, el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, aseguró que la sentencia sirve de parámetro para saber que la Ley de Lucha contra el Racismo y Discriminación es efectiva. Cárdenas remarcó también que lo importante es que la gente sepa que hay leyes que respetar y que el racismo y la discriminación no van a pasar por alto en el país.
La oposición y el oficialismo discrepan
Williams Farfán
Luego de conocerse la sentencia emitida por la Justicia en el caso 24 de Mayo, de seis años de cárcel para 12 acusados, oficialistas y opositores valoran al fallo de manera distinta. Los primeros aseguran que es un precedente para que no se cometan más delitos de racismo. Los segundos califican al proceso judicial de político.
El presidente del Comité de Ministerio Público de la Cámara de Diputados, Juan Cala, del Movimiento Al Socialismo (MAS), celebró la sentencia en contra de las personas acusadas y advirtió que en el país ya no se permitirán actos de discriminación y racismo porque hay una ley que ampara a los bolivianos en general.
“Con esto se sentó un importante precedente para que no se vuelvan a cometer este tipo de delitos y abusos en contra de los indígenas o campesinos”, dijo Cala. El diputado Elmar Callejas (MAS), aseguró que con este fallo se hizo justicia a las víctimas de racismo. “Aunque tarde, desde nuestro punto de vista, vemos que se ha hecho justicia”, dijo a la ABI.
Arturo Murillo, senador de Unidad Demócrata (UD), rechazó el fallo porque, a su criterio, desde el inicio del proceso se vio que era político y solo en contra de los opositores, ya que no hay sanciones para las personas implicadas y que son del oficialismo. “La Justicia actúa a pedido del Gobierno y dan sentencia a su solicitud, todo esto lo vimos en los últimos años, por eso no hay duda de que el fallo es político”, reclamó. La condena “es injusta, es una persecución implacable del MAS contra líderes que trabajaron con su pueblo por el No”, dijo la diputada Khatia Romero, del Movimiento Demócrata Social.