El Gobierno pidió a Guadalupe Cárdenas, exdirigente de esposas de policías, presentar pruebas de sus acusaciones en contra del presidente Evo Morales y algunos ministros, difundidas por redes sociales, y solicitó a la Justicia una sanción dura en su contra.
El martes, el juez 7º de Instrucción en lo Penal, Iván Córdova, envió al penal de Obrajes a Cárdenas, tras una audiencia cautelar, acusada de cometer los delitos de sedición e instigación pública a delinquir.
La denuncia en contra de la exdirigente la interpuso el Ministerio de Gobierno en enero, debido a un video que Cárdenas compartió en las redes sociales para pedir a los policías salir a las calles. En febrero salió otro material similar. En los audiovisuales, la exdirigente emitió adjetivos en contra del Mandatario, ministros y jefes policiales; los acusó de tener vínculos con el narcotráfico y cometer actos de corrupción, incluso sugirió la incautación de los bienes de éstos.
“La señora Cárdenas está en la obligación de presentar ante la Justicia las pruebas que ella dice tener. Nosotros vamos a actuar con absoluta rigurosidad y exigiremos a las autoridades jurisdiccionales que se actúe con estricto apego a la legalidad y que se sancione drásticamente para sentar un precedente contra una persona que anda insultando al Presidente, calumniando y profiriendo amenazas”, sentenció el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
La autoridad sostuvo que Cárdenas incurrió en los delitos de sedición, ya que convocó públicamente a la institución policial a desacatar su rol y su misión en el Estado, e instigación pública a delinquir, entre otros ilícitos de orden público. También aseguró que hay delitos del área privada que cometió Cárdenas como injuria, daño a la imagen y calumnia, entre otros.
Romero, al margen de la justificación de la detención de Cárdenas, denunció, junto a su colega de Defensa, Reymi Ferreira, en el Palacio de Gobierno, que se difundió una “amenaza de muerte” contra el Presidente en las redes sociales. “(José Manuel Terrazas Granier) hace pública una serie de insultos, adjetivos, acusaciones con palabras irreproducibles. Lamento que algunas personas recurran a eso con fines políticos”.
Tres años de cárcel
Si Guadalupe Cárdenas fuera declarada culpable, la pena máxima que obtendría sería tres años de cárcel. El artículo 123 del Código Penal establece que la sedición será sancionada “con reclusión de uno a tres años los que sin desconocer la autoridad del Gobierno legalmente constituido, se alzaren públicamente y en abierta hostilidad, para deponer a algún funcionario o empleado público, impedir su posesión u oponerse al cumplimiento de leyes, decretos o resoluciones judiciales o administrativas, ejercer algún acto de odio o de venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de los particulares o trastornar o turbar de cualquier otro modo el orden público”.
El artículo 130 establece que la instigación pública a delinquir “será sancionada con reclusión de un mes a un año. Si la instigación se refiere a un delito contra la seguridad del Estado, la función pública o la economía nacional, la pena aplicable será de tres meses a dos años”.