Ferreira: Zapata usó el nombre de su hijo para influir en 5 entidades
Investigación. El Gobierno asegura que el hijo de Morales y Zapata no está vivo
El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, reveló que Gabriela Zapata, exgerente de la firma china CAMC, usó el certificado de nacimiento del hijo que tuvo con el presidente Evo Morales para influir en al menos cinco entidades, entre ministerios, embajadas, empresas estatales y casas de juego.
La autoridad aseguró que se trata de información oficial que ahora está en manos del Ministerio Público, que investiga a la expareja del Mandatario y a otras dos personas más, quienes actualmente guardan detención preventiva. El Gobierno, a través de Ferreira, ratificó que el hijo de la pareja falleció.
“Visitó empresas del Estado, a empresarios privados, a unos dos ministros, embajadas y casas de juego; eso no implica culpabilidad ni responsabilidad, lo que sí se está investigando es que a raíz de esas visitas se ha hecho algún favor, se tomó alguna decisión administrativa o eso condujo a la suscripción de algún contrato”, explicó sin identificar a personas ni entidades.
Proceso. En febrero, el presentador Carlos Valverde denunció “tráfico de influencias” por la existencia de un hijo entre Morales y Zapata. Poco después, el Presidente admitió su paternidad, pero que el niño falleció y que desde 2007 no vio a la que fue su pareja.
Empero, la pasada semana, Pilar Guzmán, tía de Zapata, reveló que el niño está vivo y anunció que lo presentarán a través de medios de comunicación internacional. Ferreira negó ese extremo y aseveró que la defensa de Zapata carece de pruebas para demostrar ello. “Solo entregaron un certificado de nacimiento y nada más (…), la oposición, que llama mentiroso al Presidente, caerá en su propia trampa porque ese niño no aparecerá”, manifestó.
La expareja del Presidente fue exgerente comercial de CAMC, que firmó con el Estado nueve contratos de construcción por algo más de $us 500 millones. Desde el domingo, guarda detención en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes, acusada por legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad.
Un día después fue apresada y remitida al mismo penal Cristina Choque, directora de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social, del Ministerio de la Presidencia, debido a que Zapata (según la Fiscalía) usó esas oficinas para tramitar la firma de contratos y obtener “réditos económicos”, haciéndose pasar por funcionaria estatal.
El lunes, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó que esos hechos ya eran investigados por el Gobierno desde el año pasado y, ayer, Ferreira sostuvo que desde enero se tuvo la certeza de que Zapata “operó en esos espacios” y “para demostrar que era funcionaria, recurría al inmueble de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social, ubicada en la avenida Arce de La Paz, con la complicidad de otras personas”.
El jueves, Zapata pidió desde la cárcel, una pesquisa a todos los implicados en el caso. “Ojalá harían la investigación con otras personas, como lo hicieron conmigo”, dijo a La Razón. Al respecto, el Ministro de Defensa enfatizó que si bien “algunos pudieron ser engañados por Zapata”, se debe investigar a todos los implicados de manera transparente, sin importar el cargo o la relación con el Gobierno.
Hay tres procesados
Enjuiciados
La primera detenida fue Gabriela Zapata. Le siguió Cristina Choque, de la Unidad de Apoyo a la Gestión Social. Luego, el encargado de almacenes de esa entidad, Jimmy Morales, por incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes.
Juez prohíbe presentar al hijo del Presidente
El Juzgado Segundo de la Niñez y Adolescencia de La Paz prohibió el jueves, a través de una resolución judicial, que Gabriela Zapata muestre imágenes o presente al hijo que tuvo con el presidente Evo Morales, en virtud al Código de la Niña, Niño y Adolescente, que restringe la obtención o difusión de imágenes, así como la divulgación de la identidad de todos los menores de edad.
Ese día, el abogado de Zapata, Wálter Zuleta, había advertido a La Razón, respecto a la presentación del recurso por parte de los apoderados legales del Mandatario y, horas después, el juzgado paceño dio curso a la solicitud.
La disposición judicial prohíbe que Zapata y su tía, Pilar Guzmán, o cualquier persona que esté al cuidado del pequeño, bajo ninguna circunstancia, lo exponga en público, registren su imagen en cámaras de filmación y lo presenten ante algún organismo nacional o internacional. Previo a ese recurso, el miércoles, el Presidente se querelló contra su expareja por presunta violencia psicológica cometida contra su hijo. La acción judicial fue procedente poco después de que Guzmán reveló que el hijo de Morales y Zapata está vivo y que “pronto” se lo presentará a través de medios de comunicación internacional.
Sugieren citar a Embajador de China
Rubén Ariñez
Opositores que forman parte de la comisión mixta del Legislativo que investiga los contratos que rubricó el Estado con la firma china CAMC, abren la posibilidad de convocar al embajador de China en el país, Wu Yuanshan, para que explique la situación legal y administrativa de este consorcio estatal.
“Sabemos que la CAMC es una subsidiaria de la estatal Eximbank (Exportaciones e Importaciones) de China, es el banco que nos presta a los bolivianos. Por eso, el embajador chino tiene la obligación de estar para poder responder a esto”, indicó la diputada Norma Piérola, del opositor Partido Demócrata Cristiano (PDC).
Para el oficialista Víctor Borda, vicepresidente de Diputados, primero es pertinente revisar los documentos, para luego establecer la nómina de las autoridades estatales y otros particulares —como el embajador chino— que comparezcan ante la comisión para brindar su informe.
Pesquisa. “La empresa proponente tiene que acreditar la existencia de una persona jurídica ideal, si está vigente acá su normatividad jurídica y otros documentos”, explicó Borda, quien consideró que sería un despropósito porque, advirtió, se podría generar “un conflicto diplomático”. No obstante, el oficialista aseguró que “la comisión puede convocar a quien lo requiera”.
Piérola sostuvo que para establecer la verdad de este caso, se debe investigar “absoluto todo”. Un criterio que va en la línea del oficialismo que pidió al Ejecutivo un reporte de otros proyectos que no estén consignados en la investigación. “Hemos pedido a los ministros que informen si existen otros proyectos”, dijo Borda quien anticipó que la comisión revisará los procesos de calificación y adjudicación de los proyectos.
