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Contraloría pide información a CAMC y Comisión legislativa recurrirá a la Fiscalía

La Contraloría del Estado pidió a la china CAMC información sobre los contratos firmados con el Estado para compararla con la entregada por ministerios, mientras que la Comisión Multipartidaria recurrirá a la Fiscalía para mayor información que ayude en la investigación de tráfico de influencias.

“La Contraloría siempre cruza información. La misma información que se les ha pedido a los ministerios, se ha pedido a CAMC para que nos remita absolutamente toda la información sobre los contratos”, informó el contralor General del Estado, Gabriel Herbas.

La Contraloría inició el trabajo luego de que el presidente Evo Morales le enviara una carta pidiendo indague la relación contractual para comprobar o descartar un tráfico de influencias denunciado a partir de su relación sentimental con Gabriela Zapata, su expareja.

Herbas solicitó información a los ministerios de Obras Públicas, Minería e Hidrocarburos, como a la firma extranjera de los contratos que superan los $us 500 millones.

Morales también pidió al Legislativo investigar. Una Comisión Multipartidaria inició la indagación con la recopilación de datos y la decisión de solicitar a la Fiscalía información que apoye en el trabajo en curso.

“Pediremos al Ministerio Público que nos informe si tiene elementos dentro de la investigación que  realiza, que puedan aportar a nuestra indagación. Esta colaboración se hará dentro de la independencia de órganos, pero dentro de la coordinación”, explicó la diputada y presidenta de la Comisión Mixta de Investigación de Contratos del Estado con la Empresa CAMC, Susana Rivero.

La legisladora explicó que la primera documentación a ser analizada será la que fue enviada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Adelantó que el trabajo concluirá si no se encuentran deficiencias en los procesos analizados, caso contrario se abrirá causas a todas aquellas personas que participaron en la contratación.

Zapata fue enviada a la cárcel tras verificarse usó con fines privados bienes del Estado, oficinas de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia. Cristina Choque, exdirectora de Gestión Social, y  Jimmy Morales, chofer de la unidad, también fueron remitidos a la cárcel.