La defensa de Cristina Choque y Jimmy Morales, detenidos por su relación con Gabriela Zapata, acusada de usar oficinas y vehículos del Estado para hacer negocios, pidió la entrega de los libros de registro de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia a la Fiscalía.
Según las investigaciones preliminares de la Fiscalía, en Gestión Social, cuya encargada era Choque, se hicieron reuniones privadas para “favorecer a terceros”. Esas visitas fueron registradas en esos documentos y fueron uno de los principales elementos que se usaron para hacer las imputaciones contra Zapata, Choque y Morales.
Sin embargo, el abogado Marco Guía, defensor de Morales, exencargado de almacenes de la Unidad de Gestión Social, afirmó que esos libros no están en el cuaderno de investigaciones, por lo que solicitó al fiscal del caso, Edwin Blanco, pedir el “secuestro” de esa documentación o solicitar una verificación a esa entidad para determinar el paradero de ese material.
Proceso. “Lo que se busca es verificar si los libros están en esa cartera de Estado o con el sumariante; de ser así, el fiscal del caso tiene las facultades para ordenar el secuestro de esos documentos (…), vamos a insistir mediante memorial para que se realice la inspección y se haga el secuestro de los libros”, explicó el jurista.
El 22 de febrero, la Unidad de Gestión Jurídica inició a Choque un “proceso sumario” administrativo por “mal uso de bienes del Estado”. La investigación tiene un plazo legal de 30 días para definir su culpabilidad o no. En caso de ser hallada culpable, su caso debe pasar a la Justicia Ordinaria. No obstante, el 2 de marzo la Fiscalía solicitó su detención.
El martes, en rueda de prensa, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que esos registros no desaparecieron y explicó que cuando se inició el “sumario administrativo” contra Choque, “los jueces sumariantes intervinieron la Unidad de Gestión Social y se quedaron con los libros de registro” de visitas.
“Esas son las evidencias más objetivas que se tiene (…), son las pruebas más fehacientes que va a tener el Ministerio Público, entregadas por el Ministerio de la Presidencia para su querella criminal (…), gracias a esos documentos se hizo la imputación”, indicó la autoridad de Estado.
Empero, ayer, el abogado Guía señaló que si la Fiscalía no tenía esa documentación para hacer la imputación, entonces, hubo un “vacío jurídico” para sustentar la acción judicial. “Por ello es que tachamos de injusta la detención contra mi defendido”.
Gabriela Zapata, entonces gerente de la firma china CAMC y expareja de Evo Morales, fue acusada de gestionar contratos entre empresarios y el Estado, haciéndose pasar por funcionaria estatal. Ahora es procesada por legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias, en grado de complicidad.
Choque fue acusada de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y uso indebido de bienes del Estado; mientras que Morales fue detenido preventivamente tras ser imputado por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes.
Por su parte, Mauricio Chiri, abogado de Cristina Choque, afirmó que “lastimosamente no hemos conocido esos libros, no nos los proporcionaron y, por ende, no podemos conocer quiénes han entrado a esa Unidad y a quiénes deberíamos haber citado para que vengan a declarar; no podemos hacer uso de ese medio de defensa”, sostuvo la jurista. El jueves, la exjefa de la Unidad de Gestión Social relató a La Razón que su labor era dar asistencia en salud, educación y apoyo a familias pobres, y que “en mi posición no tomaba decisiones sobre contratos”.
Choque defiende su trabajo
Vivencia
Cristina Choque guarda detención en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes. Tiene una hija de tres años, a la que no ve, y una bebé de seis meses a la que a diario se la llevan para que la amamante.
Norma
Su abogado, Mauricio Chiri, explicó que por esa situación no puede ser despedida, pese al proceso administrativo que le inició el Ministerio de la Presidencia, que dura 30 días. Dijo que el artículo 48 de la Constitución garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo hasta que la hija o el hijo cumpla un año.
Zapata declaró ante juez de la niñez
El Juzgado 2° de la Niñez y Adolescencia convocó ayer a declarar a Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, en el marco de un proceso que le inició el Mandatario, el 3 de marzo, por presunta violencia psicológica para que ella presente al hijo que tuvieron en 2007.
En febrero, Morales reconoció su paternidad, pero aseguró que el niño falleció hace ocho años y que desde entonces no tuvo ninguna relación con Zapata. Empero, días después, familiares de la expareja afirmaron que el pequeño está con vida. Ante esa duda, el Mandatario planteó la causa para que se conozca la verdad.
Ayer, Zapata compareció en juzgados, pero el caso fue declarado en reserva, por lo que se desconoce los pormenores de la audiencia. “No podemos decir nada. Me van a hacer sacar del caso. Es disposición judicial”, dijo Wálter Zuleta, abogado de la mujer, quien retornó al Centro de Orientación Femenina (COF) en medio de un fuerte resguardo policial, reportó la red Erbol.
La expareja de Morales está recluida hace dos semanas, acusada de gestionar contratos entre el Estado y CAMC en las oficinas de la Unidad de Gestión Social, dependiente del Ministerio de la Presidencia. En las redes sociales ayer circularon fotos del ministro del área, Juan Ramón Quintana, y el exseleccionado Leonardo Fernández, quien en otras imágenes también aparece con Zapata en oficinas públicas.
La autoridad señaló que esas fotografías no lo comprometen con la indagación, pero que si la Fiscalía o la comisión legislativa lo convocan, asistirá. “No gozo de inmunidad, no soy impune a nada, si a mí me convocan, estaré puntualmente donde se me convoque”, enfatizó el ministro.