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Thursday 28 Mar 2024 | Actualizado a 19:41 PM

Comisión revisará contrato con Comibol

La comisión legislativa que investiga los contratos suscritos entre el Estado y la firma china CAMC, donde trabajaba Gabriela Zapata (expareja del presidente Evo Morales), comenzará a revisar desde mañana el acuerdo con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para la construcción de la Planta Industrial de Sales de Potasio en Uyuni, departamento de Potosí.

Por L. Mealla

/ 15 de marzo de 2016 / 11:45

La comisión legislativa que investiga los contratos suscritos entre el Estado y la firma china CAMC, donde trabajaba Gabriela Zapata (expareja del presidente Evo Morales), comenzará a revisar desde mañana el acuerdo con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para la construcción de la Planta Industrial de Sales de Potasio en Uyuni, departamento de Potosí.

El objetivo es verificar irregularidades en la firma de los contratos, ante un presunto tráfico de influencias.

Proceso. “Se verificará toda la documentación (…), ahí vamos a ver cómo se hizo la invitación directa, los procedimientos y se va a corroborar con la respectiva inspección, prevista para el jueves”, explicó el diputado Víctor Borda, miembro de esa comisión.

Se trata de la segunda tarea que realizará esa comisión desde que inició sus actividades en febrero. La pasada semana comenzó con la revisión del contrato suscrito con YPFB, que adquirió de la CAMC equipos de perforación. La diputada Susana Rivero (MAS), presidenta de esa instancia, detalló que tras la inspección se determinó que los equipos son modernos y están en funcionamiento.

Rivero agregó que se habilitó horas extraordinarias los fines de semana para que los miembros de la comisión revisen la documentación, que será controlada por planillas de asistencia.

Empero, el senador opositor Óscar Ortiz (UD) denunció que Rivero instruyó no dar copias de esa documentación a los legisladores para realizar el análisis. “Además, de los 112 documentos que debían entregarnos del caso YPFB, solo nos dieron 55”, reclamó.

El vicepresidente Álvaro García Linera reiteró ayer que CAMC no podrá adjudicarse contratos con el Estado durante cuatro años.

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José A. Gonzales: En el plazo más corto se aprobarán las designaciones

El presidente del Senado prefiere no hablar de fechas para elegir  a las nuevas autoridades, pero afirma que las prioridades serán la Contraloría y la Aduana, y que en virtud de esos procesos se hará un cronograma para designar al resto de los funcionarios titulares.

Por L. Mealla

/ 10 de abril de 2016 / 04:00

— ¿A qué se debe el retraso en resolver los interinatos?

— Hay ternas que deben ser debatidas específicamente por Diputados o el Senado y en algunos casos, como el Contralor, por el pleno de la Asamblea. Tuvimos una agenda muy apretada con otras prioridades y esto ha hecho que volquemos la atención a otros temas. Tras elegir al Defensor, vamos a avanzar en otras designaciones que requiere una coordinación.

— ¿Con quién se debe coordinar? ¿Cuál será el siguiente paso para la institucionalización de entidades del Estado?

— Esta semana, la Cámara de Diputados verá el tema de los directores de la Aduana, que es un tema pendiente. Es preciso coordinar la labor con el presidente nato de la Asamblea, Álvaro García Linera, por lo que vamos a poner empeño para tratar de avanzar, en el más corto plazo posible, con las designaciones pendientes y acabar con los interinatos.    

— ¿Cuáles son los cargos prioritarios por designar?

— Todos los cargos son importantes, no hay un orden establecido, pero por un tema de tiempos sin duda el interinato más largo es el de la Contraloría y vamos a tratar de avanzar también sobre ese tema con la mayor premura. El otro tema es la Aduana, donde ya hay avances.

— ¿En qué tiempo se podría resolver los 11 interinatos?

— Es complicado calcular una fecha exacta y fijarse un plazo porque cada procedimiento tiene su trámite, con procesos que pueden durar 30 días y en otros casos algunos días más para definir las ternas. Más bien, el compromiso es hacerlo lo más pronto posible y de la forma más ordenada que se pueda, considerando que se deben establecer los respectivos cronogramas.     

— ¿Se precisa un reglamento para cada designación?

— Sí, aunque en el caso del Defensor del Pueblo tiene su propia ley para la selección y designación, que debe hacer la Asamblea por dos tercios de voto; empero, en el resto de las designaciones tenemos que elaborar reglamentos para, al final, tener las ternas de las que el Presidente elegirá a las nuevas autoridades. El proceso toma bastante tiempo y debemos cumplir con convocatorias públicas, hacer la selección de los postulantes, además de valorar sus méritos y entrevistarlos.

— Para la oposición, los interinatos dañan la institucionalidad democrática del país…

— Es importante cumplir la norma, que establece que deben ser autoridades titulares quienes conduzcan estas instituciones, pero ahora no significa que esas entidades estén en una situación de descalabro o corrupción, en absoluto, las instituciones han funcionado muy bien; lo que no quiere decir que esté bien que se mantengan los interinatos, son cosas diferentes. Tenemos que avanzar en estas designaciones para que la institucionalidad y la normativa se respeten, y que las entidades sigan trabajando con total normalidad, con sus titulares.  

— ¿Hay una estrategia para hacer las designaciones?

— Está pendiente una reunión de coordinación con el presidente nato de la Asamblea y con la presidenta de Diputados (Gabriela Montaño) para poder avanzar en el proceso, que por las características no se podrá hacer convocatorias simultáneas, eso será difícil y complicado. Se avanzará una por una en las designaciones, que deben ser trabajadas en las comisiones.

— ¿Tras elegir al nuevo Contralor y a la presidencia de la Aduana, qué sigue?

— Resolviendo esos dos temas, en el medio seguramente nos vamos a reunir y se irá definiendo un cronograma en el que tengamos una suerte de priorización para las nuevas designaciones de las autoridades.     

Perfil

Nombre: José Alberto Gonzales

Nació: 08-01-1962

Profesión: Periodista

Cargo: Presidente del Senado

Carrera

Fue secretario privado de Evo Morales (2006), fungió de cónsul general en Argentina (2009) y embajador en Brasil (2010).

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Comisión revisará contrato con Comibol

La comisión legislativa que investiga los contratos suscritos entre el Estado y la firma china CAMC, donde trabajaba Gabriela Zapata (expareja del presidente Evo Morales), comenzará a revisar desde mañana el acuerdo con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para la construcción de la Planta Industrial de Sales de Potasio en Uyuni, departamento de Potosí.

Por L. Mealla

/ 15 de marzo de 2016 / 11:45

La comisión legislativa que investiga los contratos suscritos entre el Estado y la firma china CAMC, donde trabajaba Gabriela Zapata (expareja del presidente Evo Morales), comenzará a revisar desde mañana el acuerdo con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) para la construcción de la Planta Industrial de Sales de Potasio en Uyuni, departamento de Potosí.

El objetivo es verificar irregularidades en la firma de los contratos, ante un presunto tráfico de influencias.

Proceso. “Se verificará toda la documentación (…), ahí vamos a ver cómo se hizo la invitación directa, los procedimientos y se va a corroborar con la respectiva inspección, prevista para el jueves”, explicó el diputado Víctor Borda, miembro de esa comisión.

Se trata de la segunda tarea que realizará esa comisión desde que inició sus actividades en febrero. La pasada semana comenzó con la revisión del contrato suscrito con YPFB, que adquirió de la CAMC equipos de perforación. La diputada Susana Rivero (MAS), presidenta de esa instancia, detalló que tras la inspección se determinó que los equipos son modernos y están en funcionamiento.

Rivero agregó que se habilitó horas extraordinarias los fines de semana para que los miembros de la comisión revisen la documentación, que será controlada por planillas de asistencia.

Empero, el senador opositor Óscar Ortiz (UD) denunció que Rivero instruyó no dar copias de esa documentación a los legisladores para realizar el análisis. “Además, de los 112 documentos que debían entregarnos del caso YPFB, solo nos dieron 55”, reclamó.

El vicepresidente Álvaro García Linera reiteró ayer que CAMC no podrá adjudicarse contratos con el Estado durante cuatro años.

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Antonio Costas: ‘La ley refleja un estilo de votación muy antiguo’

El vicepresidente del TSE anunció, en virtud a una modificación de la normativa electoral, que se deben implementar sistemas modernos para el voto y el cómputo.

Por L. Mealla

/ 6 de marzo de 2016 / 04:00

— ¿La transmisión rápida de actas es la base para un conteo rápido oficial del TSE?

— Más que conteo rápido, es un sistema de transmisión rápida de resultados electorales preliminares, que es la idea que tenemos y dar la información durante el primer día. Dimos esos datos a las 20.00 casi coincidiendo con las estadísticas que presentaban los medios, que básicamente era estadístico; el nuestro, era contra acta de mesa, preliminar pero oficial.

— Este sistema no está en la ley ¿es prioridad el implementarlo?

— Es una herramienta muy útil que nos puede dar frutos, dar grandes resultados y hay una decisión de la Sala Plena de empezar a implementarla formalmente, vamos a discutir las modificaciones  a la ley que no nos limite. Hemos visto el voto en el exterior donde habían 10 personas y votaron seis, entonces, hay que empezar a racionalizar los gastos cambiando los sistemas de votación, no quiero decir porque voten pocos les quitemos la oportunidad de votar. Hagamos que las personas puedan tener otras formas de votación y la Ley 026 de Régimen Electoral es muy antigua, refleja un estilo de votación antiguo, de hace muchos años.

— ¿Implementar un voto electrónico en el exterior?

— Vamos a ver qué solución damos, deberíamos liberar esa regulación de la ley y permitir que el Órgano Electoral analice y gradualmente vaya implementando sistemas más modernos que nos permitan totalizar, tal vez no el voto electrónico puro como tal, pero tal vez sistemas híbridos que nos permitan hacer identificación y contabilización de los votos en el recinto. Debemos prepararnos pronto porque ya se viene la elección judicial,  en 2017, para entonces vamos a tener el padrón integrado al sistema de registro civil, además de auditado este año.

— ¿Qué elementos más deberían ser cambiados en la norma?

— Queremos que se analice el retirar el formato actual respecto a lo que es la papeleta, el cómputo, la publicación de resultados, que eso lo regula el Órgano Electoral; que se fortalezca más la protección del voto ciudadano, que se mantenga el principio de preclusión. Además, que en algún momento deje de haber ánforas de cartón y podamos usar sobres de plástico duro, por ejemplo.

— ¿Qué otras reformas?

— Hay personas que dicen “yo vivo en España y cómo puede ser que esté habilitado en el padrón”; la normativa electora actual es tan protectiva que si una persona no votó una vez, pero aún no se realizó un evento nacional, no se la depura, y en ese transcurso de tiempo esa persona que se va al exterior, no declara su nuevo domicilio y sigue habilitada.

— ¿Qué hacer en esos casos?

— Entonces, vamos a tener que proponer dentro las reformas una inhabilitación preventiva, de tal manera que la persona se rehabilite cuando vaya a votar de nuevo, ahí estará su registro, no estará habilitado para votar y se rehabilitará biométricamente desde donde vaya a votar y eso se lo hará por internet; además, vamos a empezar a multar a quienes declaren mal su domicilio, sanción que señala la norma actual, que vamos a comenzar a aplicar.

— Esto implica modernizar los equipos y el sistema informático que usa el TSE…

— Tenemos que desarrollar una política agresiva y vamos a pedir apoyo de la cooperación (internacional) para renovar (los equipos), además, vamos a hacer el registro permanente; a fines de marzo vamos a reanudar el registro permanente en el país y vamos a avanzar para que el cambio de domicilio se pueda hacer a través del internet, tenemos que abaratar los costos del empadronamiento, de todo el operativo electoral que estaba pensado para los años 90.

— Se habló de regular las redes sociales, incluso ya hay iniciativas en el Legislativo, tras el referéndum constitucional, ¿qué opina al respecto?

— Las redes sociales son un derecho humano, es un don de la tecnología. Del análisis de la información que cursó en las redes sociales, mi conclusión es: frustración, porque a raíz de información no verificada se ha desinformado, se ha creado una psicosis. Entonces, quienes siempre vamos a proponer que las redes sean un elemento importante para que los ciudadanos también tengan la información, también vamos a proponer y trabajar en que exista una ética, una autorregulación eficiente.

Perfil

Nombre: Antonio Costas Sitic

Profesión: Ingeniero de Sistemas

Cargo: Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Trayectoria

Fue presidente de la extinta Corte Nacional Electoral (CNE) entre 2009 y 2010. Puso en marcha el Padrón Biométrico y fue el primer director del Servicio General de Identificación Personal (Segip). Antes fungió como catedrático y analista. Tiene una maestría en base de datos, multimedia y redes. En 2015, fue designado como vocal electoral por el Legislativo.

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Antonio Costas: ‘La ley refleja un estilo de votación muy antiguo’

El vicepresidente del TSE anunció, en virtud a una modificación de la normativa electoral, que se deben implementar sistemas modernos para el voto y el cómputo.

Por L. Mealla

/ 6 de marzo de 2016 / 04:00

— ¿La transmisión rápida de actas es la base para un conteo rápido oficial del TSE?

— Más que conteo rápido, es un sistema de transmisión rápida de resultados electorales preliminares, que es la idea que tenemos y dar la información durante el primer día. Dimos esos datos a las 20.00 casi coincidiendo con las estadísticas que presentaban los medios, que básicamente era estadístico; el nuestro, era contra acta de mesa, preliminar pero oficial.

— Este sistema no está en la ley ¿es prioridad el implementarlo?

— Es una herramienta muy útil que nos puede dar frutos, dar grandes resultados y hay una decisión de la Sala Plena de empezar a implementarla formalmente, vamos a discutir las modificaciones  a la ley que no nos limite. Hemos visto el voto en el exterior donde habían 10 personas y votaron seis, entonces, hay que empezar a racionalizar los gastos cambiando los sistemas de votación, no quiero decir porque voten pocos les quitemos la oportunidad de votar. Hagamos que las personas puedan tener otras formas de votación y la Ley 026 de Régimen Electoral es muy antigua, refleja un estilo de votación antiguo, de hace muchos años.

— ¿Implementar un voto electrónico en el exterior?

— Vamos a ver qué solución damos, deberíamos liberar esa regulación de la ley y permitir que el Órgano Electoral analice y gradualmente vaya implementando sistemas más modernos que nos permitan totalizar, tal vez no el voto electrónico puro como tal, pero tal vez sistemas híbridos que nos permitan hacer identificación y contabilización de los votos en el recinto. Debemos prepararnos pronto porque ya se viene la elección judicial,  en 2017, para entonces vamos a tener el padrón integrado al sistema de registro civil, además de auditado este año.

— ¿Qué elementos más deberían ser cambiados en la norma?

— Queremos que se analice el retirar el formato actual respecto a lo que es la papeleta, el cómputo, la publicación de resultados, que eso lo regula el Órgano Electoral; que se fortalezca más la protección del voto ciudadano, que se mantenga el principio de preclusión. Además, que en algún momento deje de haber ánforas de cartón y podamos usar sobres de plástico duro, por ejemplo.

— ¿Qué otras reformas?

— Hay personas que dicen “yo vivo en España y cómo puede ser que esté habilitado en el padrón”; la normativa electora actual es tan protectiva que si una persona no votó una vez, pero aún no se realizó un evento nacional, no se la depura, y en ese transcurso de tiempo esa persona que se va al exterior, no declara su nuevo domicilio y sigue habilitada.

— ¿Qué hacer en esos casos?

— Entonces, vamos a tener que proponer dentro las reformas una inhabilitación preventiva, de tal manera que la persona se rehabilite cuando vaya a votar de nuevo, ahí estará su registro, no estará habilitado para votar y se rehabilitará biométricamente desde donde vaya a votar y eso se lo hará por internet; además, vamos a empezar a multar a quienes declaren mal su domicilio, sanción que señala la norma actual, que vamos a comenzar a aplicar.

— Esto implica modernizar los equipos y el sistema informático que usa el TSE…

— Tenemos que desarrollar una política agresiva y vamos a pedir apoyo de la cooperación (internacional) para renovar (los equipos), además, vamos a hacer el registro permanente; a fines de marzo vamos a reanudar el registro permanente en el país y vamos a avanzar para que el cambio de domicilio se pueda hacer a través del internet, tenemos que abaratar los costos del empadronamiento, de todo el operativo electoral que estaba pensado para los años 90.

— Se habló de regular las redes sociales, incluso ya hay iniciativas en el Legislativo, tras el referéndum constitucional, ¿qué opina al respecto?

— Las redes sociales son un derecho humano, es un don de la tecnología. Del análisis de la información que cursó en las redes sociales, mi conclusión es: frustración, porque a raíz de información no verificada se ha desinformado, se ha creado una psicosis. Entonces, quienes siempre vamos a proponer que las redes sean un elemento importante para que los ciudadanos también tengan la información, también vamos a proponer y trabajar en que exista una ética, una autorregulación eficiente.

Perfil

Nombre: Antonio Costas Sitic

Profesión: Ingeniero de Sistemas

Cargo: Vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Trayectoria

Fue presidente de la extinta Corte Nacional Electoral (CNE) entre 2009 y 2010. Puso en marcha el Padrón Biométrico y fue el primer director del Servicio General de Identificación Personal (Segip). Antes fungió como catedrático y analista. Tiene una maestría en base de datos, multimedia y redes. En 2015, fue designado como vocal electoral por el Legislativo.

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Dos paquetes de referendos están en espera

La nueva Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) coordinará la administración de dos referendos autonómicos. El primero se realizará el 20 de septiembre, en Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y La Paz, que buscarán la aprobación de sus estatutos regionales.

Por L. Mealla

/ 5 de julio de 2015 / 04:00

La nueva Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) coordinará la administración de dos referendos autonómicos. El primero se realizará el 20 de septiembre, en Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca y La Paz, que buscarán la aprobación de sus estatutos regionales.

Además, Charagua, en Santa Cruz, y San Pedro de Totora, en Oruro, quieren la validación de sus textos autonómicos para dejar de ser municipios y convertirse en autonomías indígenas. A esas regiones se suman las comunas de Tacopaya y Cocapata, en Cochabamba, y Huanuni, en Oruro, que pedirán que se refrende sus cartas orgánicas.

Tras la conclusión de ese proceso, la nueva Sala Plena deberá convocar a referéndum y aprobar otro calendario para fin de año, en el entendido de que diez regiones gestionan la ejecución de una segunda consulta para aprobar sus textos autonómicos, tal es el caso de los municipios de Mojocoya y Huacaya (Chuquisaca) y Uru Chipaya (Oruro), cuyos estatutos ya fueron declarados constitucionales por el Tribunal Constitucional para convertirse en autonomías indígenas. En ese grupo está incluido el Estatuto de la autonomía regional del Chaco tarijeño, entre otros.

“Los nuevos vocales deben supervisar el referéndum del 20 de septiembre, pero también programar la segunda etapa de referendos (…) hay solicitudes de unas diez entidades autónomas que irán a consulta antes de fin de año, cuando el TSE deberá emitir otra convocatoria”, anunció el ministro de Autonomías, Hugo Siles, quien además prevé que ese proceso se realizaría entre noviembre y diciembre.

El primer referéndum debió ejecutarse el 12 de julio, pero éste fue postergado tras la renuncia de los vocales del TSE por críticas y denuncias de afinidad política. Ante ese escenario, el Legislativo aprobó, en mayo, la Ley 701 de Transición Institucional del Órgano Electoral para postergar la consulta autonómica en cinco regiones.

Consulta. Siles insistió en que si bien esos procesos estarán a cargo de los Tribunales Electorales Departamentales (TED), se debe contar con el respaldo y coordinación de los vocales del TSE.

En análisis del exsecretario de Cámara del TSE Fernando Arteaga, será la primera “prueba” para  las nuevas autoridades electorales, en virtud de que el calendario del primer referéndum debe ser revisado a la brevedad. “Hay que hacer ajustes porque existe una incongruencia en las fechas. La Ley 701 dispone la suspensión del calendario por 71 días, entonces estará suspendido hasta septiembre, así los nuevos vocales no lo podrán ejecutar o deberán gestionar las modificaciones al calendario”, dijo.   

La validez del proceso

En el caso de la consulta para aprobar las cartas orgánicas en los municipios se aplicará la mayoría simple. El resultado tendrá validez cuando exista el 50% más uno del padrón y si los votos válidos son superiores a la sumatoria de blancos y nulos. En el ámbito departamental se aplicará la mayoría simple.

Tarija y Pando, autónomos

A la fecha, los Gobiernos Autónomos Departamentales de Pando y Tarija son los únicos que cuentan con sus Estatutos regionales en vigencia desde el 12 de febrero de 2014 y el 10 de marzo de 2015, respectivamente.

El 20 de septiembre, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca buscarán sumarse al grupo luego de que la población apruebe en la consulta sus textos autonómicos en esa fecha.

En tanto, los estatutos de los departamentos de Santa Cruz y Beni se encuentran en plenaria en sus correspondientes asambleas legislativas, donde deberá primar el consenso político para la aprobación de sus documentos, previo proceso de adecuación a la Constitución Política del Estado.

Posteriormente, esos documentos deberán ser enviados al Tribunal Constitucional para su respectivo control.

En ambos casos, no habrá un referéndum aprobatorio de sus estatutos, sino que una vez validados por la entidad constitucional entrarán en vigencia, porque esos textos ya fueron aprobados  automáticamente al momento de declararse autónomos en el referéndum que se realizó en 2006.

Ese proceso fue declarado ilegal por la administración de Evo Morales. No obstante, al ser refrendados por la población, deberán pasar ahora el filtro constitucional.

“Esos textos tienen que adecuarse a la Constitución y luego deben entrar directamente en vigencia; no hay necesidad de pasar por una consulta autonómica como en los otros departamentos”, explicó a La Razón el ministro de Autonomías, Hugo Siles.

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