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Friday 29 Mar 2024 | Actualizado a 05:14 AM

Autorizan juicio penal para efectivos por pérdida de armas

Decreto. Militares y policías infractores pasarán a la Justicia Ordinaria

/ 16 de marzo de 2016 / 06:38

El Gobierno autorizó a la Fábrica Boliviana de Munición la importación de armas de fuego, municiones, agentes químicos y material de uso militar. Además, abrió paso para juicios penales contra militares y policías por pérdida o robo de armamento o proyectiles.

La disposición está inscrita en el Decreto Supremo 2696, aprobado el 9 de marzo. Los militares y policías, según la norma, son responsables de la “custodia, conservación y uso de las armas de fuego, municiones, equipos especiales de protección individual, explosivos y otros artefactos y materiales”, sean de asignación institucional o dotación individual.

Según la Directiva del Ejército 13/2015, en caso de pérdida, extravío, robo, hurto, venta, pérdida por empeñar, trueque, remarcado, alteración o supresión de números del armamento militar, el efectivo es enviado a la jurisdicción competente, debe resarcir el daño civil, debe pasar al Tribunal de Personal y ser destinado a la Letra “E” de disponibilidad.

A partir del nuevo decreto también establece responsabilidades. Para funcionarios de la Policía, se fija proceso disciplinario en caso de “pérdida, robo, caso fortuito o siniestro” del equipo y, de determinarse responsabilidades, deberá ser repuesto el material y, “si corresponde, dicho servidor público policial será remitido a la jurisdicción ordinaria”, prevé el parágrafo IV del artículo 3.

Similar tratamiento tendrán los efectivos militares, aunque con la salvedad de que “dicho servidor público militar será remitido a la jurisdicción militar u ordinaria”, según el parágrafo IV de la disposición adicional primera del decreto que dispone también el registro, supervisión y control de las armas de fuego, municiones y explosivos en las Fuerzas Armadas y la Policía.

También autoriza a la Fábrica Boliviana de Munición (FBM), dependiente de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el De-sarrollo (Cofadena), importar armas de fuego, municiones, agentes químicos y otros materiales relacionados de uso militar, mientras que para la Policía se lo hará bajo pedido institucional.

Para el caso de civiles, el plazo para regularizar la tenencia de armamento de fuego venció en febrero, pero solo se registró el 50%, de 7.300 armas que se calcula hay en el país. El término debía ampliarse.

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Villena: Adolescentes presos no acceden a debido proceso

Informe. El 70% de 440 jóvenes está sin condena, dice el Defensor

/ 5 de abril de 2016 / 06:43

Adolescentes en recintos de detención (440) no tienen acceso a un debido proceso, desconocen a sus abogados y el avance de sus juicios, según una verificación hecha por la Defensoría del Pueblo. El 70% tiene detención preventiva, es decir, no tiene condena.

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, informó del trabajo realizado en 20 recintos de La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro, Sucre, Tarija, Trinidad, Santa Cruz, Cobija y Riberalta, entre noviembre de 2015 y febrero de 2016.

De los 480 adolescentes, 440 son varones y 40, mujeres. El 37% (176) está en Santa Cruz, el 21% en Cochabamba y el 11% en La Paz. El 29% tiene entre 13 y 15 años y el 71%, entre 16 y 19 años. Hay 4 de 13 años y 26 de 14 años.  El 37% de los detenidos cayó por robo, el 34% por delitos sexuales y algunos por delitos contra la vida y la integridad, y narcotráfico.

El Defensor recomendó al Ministerio de Justicia asumir su rol para facilitar información, mecanismos, herramientas y modelos para que las gobernaciones las apliquen, además de hacer seguimiento al establecimiento de presupuestos reales. Este diario intentó obtener una respuesta de autoridades del Ministerio de Justicia y de la Gobernación de La Paz, pero en esos despachos no lo hicieron.

“Existe retardación de justicia, los adolescentes no conocen a sus abogados y no existen mecanismos efectivos para garantizar a los adolescentes acceso a un proceso pronto y oportuno que logre el fin último de la justicia restaurativa, asumir el daño causado y retribuir a la víctima en la manera de lo posible”, afirmó Villena en la presentación de las conclusiones.

Mencionó problemas como incumplimiento de plazos procesales, adolescentes con más de dos años con detención preventiva, además de internos entremezclados ante una falta de clasificación por tipología de delito o por edad. “Se han identificado adolescentes privados de libertad por delitos de robo que conviven con acusados de asesinato o violación”.

Identificó la ausencia de una implementación real de programas con enfoque socioeducativo y restaurativo. También recomendó al Ejecutivo acompañar a las gobernaciones en la construcción de proyectos referidos a adolescentes con responsabilidad penal y la especialización de jueces y fiscales.

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Autorizan juicio penal para efectivos por pérdida de armas

Decreto. Militares y policías infractores pasarán a la Justicia Ordinaria

/ 16 de marzo de 2016 / 06:38

El Gobierno autorizó a la Fábrica Boliviana de Munición la importación de armas de fuego, municiones, agentes químicos y material de uso militar. Además, abrió paso para juicios penales contra militares y policías por pérdida o robo de armamento o proyectiles.

La disposición está inscrita en el Decreto Supremo 2696, aprobado el 9 de marzo. Los militares y policías, según la norma, son responsables de la “custodia, conservación y uso de las armas de fuego, municiones, equipos especiales de protección individual, explosivos y otros artefactos y materiales”, sean de asignación institucional o dotación individual.

Según la Directiva del Ejército 13/2015, en caso de pérdida, extravío, robo, hurto, venta, pérdida por empeñar, trueque, remarcado, alteración o supresión de números del armamento militar, el efectivo es enviado a la jurisdicción competente, debe resarcir el daño civil, debe pasar al Tribunal de Personal y ser destinado a la Letra “E” de disponibilidad.

A partir del nuevo decreto también establece responsabilidades. Para funcionarios de la Policía, se fija proceso disciplinario en caso de “pérdida, robo, caso fortuito o siniestro” del equipo y, de determinarse responsabilidades, deberá ser repuesto el material y, “si corresponde, dicho servidor público policial será remitido a la jurisdicción ordinaria”, prevé el parágrafo IV del artículo 3.

Similar tratamiento tendrán los efectivos militares, aunque con la salvedad de que “dicho servidor público militar será remitido a la jurisdicción militar u ordinaria”, según el parágrafo IV de la disposición adicional primera del decreto que dispone también el registro, supervisión y control de las armas de fuego, municiones y explosivos en las Fuerzas Armadas y la Policía.

También autoriza a la Fábrica Boliviana de Munición (FBM), dependiente de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el De-sarrollo (Cofadena), importar armas de fuego, municiones, agentes químicos y otros materiales relacionados de uso militar, mientras que para la Policía se lo hará bajo pedido institucional.

Para el caso de civiles, el plazo para regularizar la tenencia de armamento de fuego venció en febrero, pero solo se registró el 50%, de 7.300 armas que se calcula hay en el país. El término debía ampliarse.

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CIDH cita al Estado por tema de independencia judicial

Proceso. La audiencia está convocada para este 23 de octubre

/ 16 de octubre de 2015 / 07:04

Bolivia figura en el calendario de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la temática sobre la situación de la independencia judicial. Grupos civiles, peticionarios y el Estado fueron convocados para el 23 de octubre.

Fueron citados los representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, el Colegio de Abogados de La Paz, la Asociación de Magistrados y Jueces de La Paz, la Red Nacional de Personas con VIH y Sida de Bolivia (Redbol) y el Estado.

Las audiencias se desarrollarán del 17 al 28 de octubre y tratarán diversas temáticas de peticionarios de diferentes países, entre ellos México por el caso de las “desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa”.

El 29 de octubre de 2013, la CIDH recibió una denuncia de la Fundación Nueva Democracia (FND) respecto a casos de vulneración de libertades democráticas en contra del Estado boliviano. A partir de esa información, la comisión demandó la ampliación de  datos, por escrito, sobre la independencia judicial, tanto a los peticionarios como a las autoridades de Bolivia.

Silvia Salame y Rubén Darío Cuéllar, en representación de la FND, denunciaron que en Bolivia hay “secuestro” del Órgano Judicial por parte del Órgano Ejecutivo, a través de detenciones arbitrarias y crímenes extrajudiciales.

Entre los casos citados estaban los de los exprefectos de Tarija, Mario Cossío, y de Pando, Leopoldo Fernández, además del conflicto por la apertura de una carretera por el núcleo del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Entre 2001 y 2009 la CIDH admitió al menos 12 demandas contra el Estado boliviano. El organismo internacional tenía en carpeta de análisis otras 77 peticiones.

Las denuncias admitidas estaban referidas a detención ilegal y retardación de justicia, violación, esterilización no consentida e incumplimiento de fallos judiciales, entre otras. La CIDH es el órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), encargado de la promoción y protección de los derechos humanos.

Sus estadísticas establecen que 20 de las peticiones presentadas contra el Estado boliviano están en situación de admisibilidad y fondo. La admisibilidad implica el análisis sobre requisitos para el trámite y fondo es la etapa de decisión.

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Directivo de Cartonbol cae en el caso Ostreicher

Investigación. La Fiscalía detuvo a José Antezana

/ 27 de noviembre de 2012 / 04:01

La Policía aprehendió ayer a José Manuel Antezana Pinaya, directivo de la estatal Cartonbol, en cumplimiento de una orden fiscal cruceña en el caso de la venta de arroz incautado al estadounidense Jacob Ostreicher, acusado de legitimación de ganancias ilícitas.

El fiscal Javier Monasterios informó en La Paz sobre el operativo ejecutado en la sede de gobierno. La investigación en contra de Antezana se da por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y legitimación de ganancias.

El aprehendido es acusado de haber recibido un depósito bancario de al menos $us 9.900 en La Paz. El dinero fue depositado en su cuenta por responsables de ingenios de Montero por la compra de arroz confiscado al estadounidense, informó la Fiscalía según publicó El Deber el 23 de noviembre.

Fiscal. “Se está tratando de determinar las responsabilidades a otras personas más en el caso de esta persona, de esta autoridad, que ha sido aprehendida en horas de la mañana”, explicó el fiscal. Ostreicher llegó a Bolivia en 2008 para invertir $us 26 millones en la producción de arroz en Santa Cruz, pero fue detenido el 3 de junio de 2011, luego de que dos empleados suyos fueran arrestados por cargos de narcotráfico.

Antezana, quien deberá comparecer ante la Fiscalía cruceña, es miembro del directorio de la empresa estatal Cartonbol, en representación del Ministerio de la Presidencia, según Resolución Suprema 2353 del 15 de enero de 2010.

La agencia AFP reportó que en la ciudad de Santa Cruz, el abogado de Ostreicher, Jimmy Montaño, denunció a un canal de televisión que los bienes de su defendido    —como arroz, maquinaria y ganado— fueron sustraídos por funcionarios gubernamentales. El fiscal Basilio Villca, según ABI, dijo que Ostreicher —que habría sido amenazado— se abstuvo de declarar ante fiscales que investigan la pérdida de sus bienes.

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