El Gobierno autorizó a la Fábrica Boliviana de Munición la importación de armas de fuego, municiones, agentes químicos y material de uso militar. Además, abrió paso para juicios penales contra militares y policías por pérdida o robo de armamento o proyectiles.
La disposición está inscrita en el Decreto Supremo 2696, aprobado el 9 de marzo. Los militares y policías, según la norma, son responsables de la “custodia, conservación y uso de las armas de fuego, municiones, equipos especiales de protección individual, explosivos y otros artefactos y materiales”, sean de asignación institucional o dotación individual.
Según la Directiva del Ejército 13/2015, en caso de pérdida, extravío, robo, hurto, venta, pérdida por empeñar, trueque, remarcado, alteración o supresión de números del armamento militar, el efectivo es enviado a la jurisdicción competente, debe resarcir el daño civil, debe pasar al Tribunal de Personal y ser destinado a la Letra “E” de disponibilidad.
A partir del nuevo decreto también establece responsabilidades. Para funcionarios de la Policía, se fija proceso disciplinario en caso de “pérdida, robo, caso fortuito o siniestro” del equipo y, de determinarse responsabilidades, deberá ser repuesto el material y, “si corresponde, dicho servidor público policial será remitido a la jurisdicción ordinaria”, prevé el parágrafo IV del artículo 3.
Similar tratamiento tendrán los efectivos militares, aunque con la salvedad de que “dicho servidor público militar será remitido a la jurisdicción militar u ordinaria”, según el parágrafo IV de la disposición adicional primera del decreto que dispone también el registro, supervisión y control de las armas de fuego, municiones y explosivos en las Fuerzas Armadas y la Policía.
También autoriza a la Fábrica Boliviana de Munición (FBM), dependiente de la Corporación de las Fuerzas Armadas para el De-sarrollo (Cofadena), importar armas de fuego, municiones, agentes químicos y otros materiales relacionados de uso militar, mientras que para la Policía se lo hará bajo pedido institucional.
Para el caso de civiles, el plazo para regularizar la tenencia de armamento de fuego venció en febrero, pero solo se registró el 50%, de 7.300 armas que se calcula hay en el país. El término debía ampliarse.