El fiscal general, Ramiro Guerrero, confirmó ayer que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, prestará su declaración dentro de la investigación de tráfico de influencias con la empresa china CAMC. “Se lo va a convocar (al ministro) sí, se lo convocará por supuesto que sí. Además no se olviden que el Ministerio de la Presidencia es parte querellante en este caso”, afirmó el fiscal superior en declaraciones a los medios de prensa.
Guerrero precisó que la comisión que investiga el caso determinará si el ministro declarará como testigo o como investigado.
El miércoles por la noche, la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, aseguró que Juan Ramón Quintana fue el que “organizó todo esto”, al ser consultada por la participación de la autoridad en los presuntos hechos irregulares entre CAMC y el Estado.
Guerrero recordó que Gabriela Zapata se abstuvo de declarar en dos oportunidades ante los fiscales y solicitó que esas denuncias que implican al ministro puedan ser expresadas ante los investigadores para incluirlos en la investigación.
Respuesta. “No sé desde cuándo esta señora es creíble; esta señora hasta hace tres, cuatro semanas, era una persona vilipendiada. Todos los periódicos hablaban de lujos y montos que tenía y ahora es una heroína. En mi criterio, son mentiras las que reitera, por lo que no merecen ninguna credibilidad; es una forma de justificar su accionar”, afirmó al respecto el ministro de Defensa, Reymi Ferreira.
El Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción denunció a Zapata en febrero por presuntos delitos de corrupción; la Fiscalía la imputó por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, legitimación de ganancias ilícitas, además de uso indebido de influencias.
Por estos cargos fue recluida de manera preventiva en el centro penitenciario de Obrajes, pero ayer la trasladaron al penal de Miraflores por temas de seguridad.
El jueves, la comisión de fiscales decidió ampliar su denuncia contra Zapata por cuatro nuevos delitos: ejercicio ilegal de la profesión, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, a consecuencia de que se desveló una serie de documentos falsificados como el certificado de nacido vivo del hijo que presuntamente tuvo con el presidente Evo Morales y su título profesional de abogada. Para esta nueva imputación se aguarda una otra audiencia cautelar, debido a que encontraron nuevos riesgos procesales, aseguró el fiscal superior.