Eusebio Gironda, ex asesor legal del presidente Evo Morales, aseguró que “jamás” tramitó el certificado de nacimiento del hijo que Gabriela Zapata tuvo con el presidente Evo Morales y, por el contrario, reveló que en 2007 ella misma le contó que el pequeño había muerto.
El jurista hizo estas afirmaciones en una misiva enviada a la Dirección de La Razón con la referencia: “Carta aclaratoria sobre el hijo de Gabriela Zapata”. En la nota, Gironda relata que en 2007 Gabriela Zapata, ahora recluida y acusada por siete delitos, visitó su despacho en el edificio San Pablo de la avenida 16 de Julio de La Paz.
“En medio de sollozos, y en presencia del personal de Gironda y Asociados, expresó: ‘Tuve un hijo con el presidente Evo Morales Ayma’, —y conmovida afirmó— ‘lamentablemente la criatura falleció, y me encuentro en una situación muy difícil’. No pregunté nada más y le dije que esta información se hará conocer a quien corresponda”, escribió el abogado.
El 17 de marzo, en una entrevista con este diario, Gironda fue identificado por Zapata como uno de los responsables de haber tramitado el certificado de nacimiento de su hijo, conjuntamente otras personas cercanas al Presidente. “Su abogado Eusebio Gironda lo ha hecho, ellos saben todo”, declaró la expareja del Jefe del Estado cuando aún se encontraba encarcelada en el Centro de Orientación Femenina de la zona de Obrajes. Hoy guarda detención en la cárcel de Miraflores, un centro penitenciario con mayores medidas de seguridad.
El mismo 17 de marzo, La Razón se contactó vía teléfono móvil con el abogado, quien, consultado sobre las afirmaciones de Zapata, respondió: “No sé nada y además es un asunto en el que no quiero meterme”.
Ayer, 13 días después de su primera declaración, Gironda aseguró que no hizo ningún trámite. “Ante declaraciones infundadas dentro del caso Zapata, dejo establecido que jamás hice trámite alguno para personas involucradas en este asunto, ni trabajé para empresas internacionales”, remarcó.
Asesor. El abogado, en una entrevista con el suplemento Animal Político de este rotativo (19 de octubre de 2014), indicó que fue asesor del Mandatario boliviano “desde que ha entrado en 2006”. Aseguró que tuvo un acercamiento personal y de alguna manera intelectual con Morales desde que éste era dirigente cocalero.
En la misma entrevista a la que ahora responde Gironda, Zapata desveló que muchos del entorno del gobernante sabían de la existencia del pequeño. “Incluso en una oportunidad lo he llevado al Palacio y viera el escándalo que se ha armado”, sostuvo la imputada.
El presidente Morales presentó una demanda ante un Juzgado de Familia con el fin de reclamar la tutela del niño. Empero, surgieron distintas versiones sobre la existencia del menor. De hecho, las autoridades del Gobierno, entre ellas la ministra de Comunicación, Marianela Paco, y el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, exteriorizaron sus dudas sobre la existencia del pequeño porque la Fiscalía señaló que el certificado de nacido vivo fue falsificado.
Ante estas afirmaciones, uno de los abogados de Zapata, Eduardo León, aseguró que hay “pruebas” genéticas de ácido desoxirribonucleico (ADN) que datan de 2012. “Ella dice que existen pruebas materiales que demuestran la existencia del niño y que el Presidente es el padre”, señaló el abogado, quien también indicó que el menor está fuera del país. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que no hay ningún registro de salida del menor.
Ahora, la jueza de Familia 2° del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Elsa Sangüeza, emitió una conminatoria para que Zapata presente al hijo. “Se conmina a la ciudadana demandada Gabriela Geraldine Zapata Montaño a dar cumplimiento estricto de lo señalado referente a la presentación del menor comprendido en el presente proceso, con la finalidad de constituir la entrevista bajo reserva con el menor, bajo apercibimiento de la ley”, reseña la notificación divulgada ayer por El Deber.
La expareja del gobernante boliviano fue acusada en un inicio por delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilegal de particulares con afectación al Estado y uso indebido de influencias en grado de complicidad luego de que se desvelara su relación con el Mandatario, vínculo al que se atribuyó favorecimiento en la firma de contratos con la china CAMC. Además, se amplió la imputación por falsedad material, uso de instrumento falsificado y ejercicio ilegal de la abogacía. Zapata fue gerente en la oficina boliviana de la firma asiática.
La Fiscalía cita a tres nuevos testigos
El Ministerio Público citó a tres nuevos testigos en el caso que involucra a la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, acusada de siete delitos, entre ellos, uso indebido de influencias. “Ya han declarado tres testigos, entre ellos, personas dentro del proceso interno. Son quienes de alguna forma han tenido algún tipo de vínculo económico con la señora Zapata”, informó brevemente el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, quien antes de asumir el cargo que actualmente ocupa, lideró las pesquisas iniciales de este caso.
La autoridad aseguró que algunas citaciones se fundamentaron en el proceso interno que instaló el Ministerio de la Presidencia en contra de la exdirectora de Gestión Social, repartición dependiente de esa cartera estatal, Cristina Choque, otra de las imputadas en este caso junto con su subalterno Jimmy Morales. “Los fiscales han citado a algunas personas que están declarando y se han vuelto a colectar documentos en la investigación”, declaró.
Acusado. En las últimas horas, legisladores de oposición insistieron en la convocatoria del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a quien consideran el principal acusado de este caso tras revelarse mensajes de la red social WhatsApp que dan cuenta de supuestos vínculos de la autoridad con Zapata. Blanco aseguró que esa decisión está “sujeta a la estrategia” del Ministerio Público. No obstante, Quintana anticipó ayer que acudirá “voluntariamente” a esa repartición de justicia para declarar.
Blanco, quien no quiso dar mayores detalles de las investigaciones, aclaró que el Ministerio Público se encarga de indagar sobre “el origen ilícito de la fortuna” de la exejecutiva de la empresa china CAMC.