El ministro de Defensa de Chile, José Gómez, calificó ayer como un “acto de desesperación” de Evo Morales el anuncio de acudir a tribunales para zanjar el tema del Silala. Su homólogo boliviano, Reymi Ferreira, aseguró que el Mandatario cumple su deber.
Gómez advirtió, además, que en caso de que la demanda boliviana se materialice, Chile “defenderá la soberanía y territorio del país”, pues existen “antecedentes claros y precisos” desde el punto de vista jurídico sobre el caso Silala.
“Es un acto de desesperación. (Evo Morales) cada vez busca cualquier elemento que le permita generar un ruido en su país, que lo haga mejorar en sus encuestas”, dijo el ministro chileno, según difundió la agencia EFE. En respuesta, el Ministro de Defensa boliviano sostuvo que el gobernante no necesita de actividades de distracción para mantener su popularidad en el país.
“El Presidente cumple con su deber de nacionalizar los recursos nacionales, promover el desarrollo social, la soberanía y la reintegración. No se está haciendo nada fuera de lo planificado”, remarcó. El 26 de marzo, Morales anunció que Bolivia acudirá a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) situada en La Haya para que Chile respete las aguas del Silala, en el departamento de Potosí, con base en la legalidad de los documentos históricos.
La Corte aceptó en 2015, tras rechazar una impugnación de Chile, tratar la demanda marítima boliviana planteada en 2013 en busca de diálogo para lograr una salida soberana al Pacífico.
Gómez sostuvo que los “tratados internacionales tienen que ser respetados”. “Vamos a defendernos en el ámbito internacional”.
Ferreira preguntó: “¿Para qué están los tribunales internacionales, sino para resolver las diferencias? ¿Si no existieran tribunales, a dónde se iría? Chile argumenta que es un río y nosotros, que es una corriente de agua interna; y la que tiene que definir es una tercera instancia”.
En 2009, La Paz y Santiago lograron un preacuerdo sobre las aguas del Silala. Chile asumió el compromiso de pagar por el 50% del uso del recurso hasta que un estudio —que duraría cuatro años— resuelva la propiedad del resto, empero, éste fracasó.