La Iglesia Católica aclaró ayer que en su carta pastoral sobre narcotráfico y drogadicción hace referencia al Estado, no al Gobierno, como un conjunto de instituciones y población donde aseguran que penetró la actividad ilícita, en su afán de expansión.
“La carta parte de que el Estado boliviano, las estructuras, no solo es el Gobierno, es todo el Estado, que incluye las fuerzas del orden público, los militares, la justicia, incluye todo”, sostuvo José Fuentes, secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), tras recibir críticas de autoridades gubernamentales sobre el contenido del documento.
En la carta, publicada el viernes y titulada Hoy pongo ante ti la vida o la muerte, los obispos advirtieron que el narcotráfico penetra estructuras estatales y fuerzas del orden. Agregan que la economía nacional recibe, en parte, dinero de esa actividad ilegal. El mismo día, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, exigió pruebas. El domingo, el presidente Evo Morales dio un ultimátum de 24 horas para que el clero identifique a los traficantes, lo que no se dio.
Según Fuentes, es necesario leer el documento íntegro para conocer su verdadero contenido y opinar. “No entendemos muy bien (las críticas) porque solamente algunas cositas de la carta han sido leídas y no la carta completa. De verdad que invitaríamos a leer esta carta, tiene 48 páginas, invitaríamos a leerla, sin sentirse atacado, y estoy seguro de que va a servir para una profunda reflexión”.
En el documento se sostiene que, “como es de dominio público, el narcotráfico, en su estrategia de expansión e impunidad, penetra incluso estructuras estatales y fuerzas del orden comprando conciencias. La corrupción ha minado la credibilidad de autoridades de diversa jerarquía encargadas de la lucha contra el narcotráfico, tanto en el presente como en el pasado”.
El sustento de esta afirmación, en el mismo documento indica que hay casos “conocidos de sobra, los casos de altos jefes policiales (Gral. René Sanabria O., Gral. Óscar Nina F.) condenados y encarcelados por involucrarse en casos de tráfico de drogas, o de instituciones, como YPFB, infiltradas por funcionarios y contratistas ligados al narcotráfico”. Los casos de Sanabria y Nina se descubrieron en 2011. La referencia a la estatal petrolera tiene que ver con el transportista José Luis Sejas, acusado de tráfico de droga en Argentina. Tras invitar a leer la carta, Fuentes consideró que no era necesario dar nombres de narcotraficantes.
Afirmó que los obispos, reunidos en el valle desde hoy, en la 101 Asamblea Ordinaria de la CEB, analizarán “las reacciones fuertes que ha habido tras la publicación de la carta pastoral que tenía como intención ayudar a reflexionar al pueblo boliviano sobre un problema que creo es patente, que tenemos en Bolivia”.
Las reacciones y críticas del Gobierno no cesaron. En La Paz, el ministro de Autonomías, Hugo Siles, pidió al clero que se retracte de las aseveraciones que hizo en su documento relacionado a la actividad del narcotráfico y a la drogadicción.
Iglesia obvió el estudio integral de la coca
La carta pastoral sobre narcotráfico y drogadicción obvió el estudio integral sobre la hoja de coca presentado en 2013. La misiva, en su párrafo 26, valora los esfuerzos en la reducción de coca ilegal; “sin embargo, falta mucho para adecuar la cantidad de cultivos a las reales necesidades del uso permitido de la hoja de coca”.
En su sustento, la Iglesia Católica indica que “el estudio integral de la hoja de coca, a cargo del Gobierno nacional, gracias a recursos aportados por la Unión Europea, comenzó el 2009 y hasta el momento no se ha hecho público, dejando la definición de cultivos necesarios en una especie de limbo”.
Pero en noviembre de 2013 ya se presentó este estudio, que establece que se requiere 14.705 hectáreas (ha) de la hoja para cubrir el consumo legal.