La Defensoría del Pueblo exhortó nuevamente a las personas con “liderazgo social, político y a los servidores públicos” a moderar sus discursos, especialmente, en contextos de conflictividad y también a frenar la incitación al odio.

La entidad recordó que el informe “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia” presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de este año refiere que los “discursos de personas con liderazgo social, funcionarios públicos y con liderazgos políticos, contribuyeron a generar un entorno general adverso a la participación ciudadana y al ambiente de diálogo”.

“Exigimos a todos los actores involucrados en la conflictividad que cesen inmediatamente con las acciones y declaraciones que agravan la situación. La adjetivación despectiva y la estigmatización no tienen cabida en una sociedad democrática. Es hora de priorizar la búsqueda de soluciones pacíficas y el respeto a los derechos humanos”.

La institución demandó la búsqueda de soluciones pacíficas y el respeto a los derechos humanos de todos los bolivianos. Señaló que la “incitación al odio y los discursos que promueven la violencia son contrarios a los principios democráticos y los derechos humanos”.

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Indicó además que “urge un diálogo inclusivo y respetuoso para superar la actual situación de conflictividad”.

Recordó también que la CIDH y la Corte IDH señalaron que los líderes políticos, sociales y servidores públicos tienen un papel crucial en el debate público, aunque sus acciones pueden tanto fomentar como deteriorar este diálogo.

“En situaciones de conflicto, desorden o polarización, estos líderes deben ser especialmente cautelosos con sus declaraciones, ya que sus palabras pueden tener un impacto significativo en la sociedad y generar riesgos para ciertos grupos o individuos”, indicó.

Ante la actual situación de conflictividad, la Defensoría indicó que es necesario remarcar la observación de la CIDH respecto a que “las personas con liderazgo político deben tomar distancia de cualquier discurso que envíe mensajes permisivos a la violencia, incluyendo los que activen, fomenten, acentúen o exacerben situaciones de discriminación, hostilidad, intolerancia o animadversión” y que, “dichas personas también están llamadas a contrarrestar la intolerancia y discriminación, así como a promover el entendimiento cultural y el respeto a la diversidad,(…)”.

En el marco del calendario electoral para las elecciones judiciales, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) sorteará el viernes la ubicación de las candidaturas a los cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justica (TSJ), Tribunal Agroambiental (TA) y Consejo de la Magistratura (CM).

La actividad 15 forma parte del calendario electoral que fue puesto en vigencia el 13 de agosto con 62 actividades para este proceso electoral.

“El viernes vamos a realizar un acto público, que es el sorteo de la ubicación de las candidaturas en las papeletas de sufragio. Esto será en el marco de la actividad prevista en el calendario electoral. Será en una sesión pública y estamos cursando invitación a todos esos ciudadanos, que son candidatos, que puedan participar, en el que (se) definirá dónde van a estar ubicados”, dijo el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas.

Informó también que para este proceso electoral se utilizarán dos papeletas de sufragio, una correspondiente a la circunscripción nacional para candidatos TA y CM, y otra de circunscripción departamental para el TSJ y el TCP.

“El proceso electoral se está llevando adelante y se está cumpliendo la ejecución del calendario electoral. Hace un día hemos hecho la publicación de las listas de los medios de comunicación habilitados para realizar la difusión de méritos de los candidatos. Esta difusión va a iniciar 40 días antes de la difusión y se ejecutará una campaña nacional”, dijo Vargas.

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Según el TSE, ambas papeletas tendrán dos franjas, en cada una de ellas se consignará el título: “Candidatas y candidatos”, seguido de la instancia de elección correspondiente. Las franjas a su vez contendrán los espacios de votación, en idénticas proporciones y características para cada una de las candidaturas en cada franja.

La franja destinada a los candidatos del TA contendrá un mínimo de 14 espacios de votación, mientras que para el Consejo de la Magistratura la franja contendrá un mínimo de 10 espacios de votación.

Respecto a las franjas destinadas al TSJ, se tendrá mínimo de cuatro espacios; los primeros dos o más espacios, para cada una de las candidatas mujeres, y los siguientes dos o más espacios, por separado, para cada uno de los candidatos varones.

La franja destinada a las candidatas y a los candidatos del TCP contendrá mínimamente cuatro espacios de votación.

El 1 de diciembre, los bolivianos elegirán 23 magistrados de los tribunales Supremo de Justicia, Agroambiental y Constitucional Plurinacional, y tres miembros del Consejo de la Magistratura. Serán, en total, 52 autoridades electas, entre titulares y suplentes.

Será la tercera vez que los bolivianos acudan a este tipo de comicios. Las primeras elecciones judiciales se llevaron a cabo el 16 de octubre de 2011, y la segunda, el 3 de diciembre de 2017.

Los elegidos en la última votación debían terminar su mandato en diciembre de 2023, pero fueron prorrogados sin fecha.

En el tercer día de la marcha del evismo, a su arribo al municipio de Patacamaya, carreta La Paz – Oruro, el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, señaló este jueves que, si tuviera la oportunidad de ganar las elecciones generales de 2025, lo primero que haría es “eliminar la renta de los expresidentes”.

“Hablando de austeridad, quiero decirles si tuviéramos una oportunidad de ganar las elecciones. Lo primero, con un decreto, eliminaría el salario o la renta de los expresidentes. Los expresidentes robaron y tienen salario y hay que eliminar eso. Por supuesto austeridad (significa) compartir la pobreza del pueblo”, dijo Morales.   

En 2021, se conoció que Morales recibe una renta mensual de Bs 21.640 en su condición de exmandatario del país. En mayo de este año, el líder cocalero ya había planteado, como un dejo de campaña electoral, la reducción de las rentas vitalicias de los expresidentes y exvicepresidentes.

Actualmente, los expresidentes y exvicepresidentes perciben una renta vitalicia mensual de cerca de Bs 25.000, el equivalente a 10 salarios mínimos.

Morales también cuestionó que el presidente Luis Arce se haya subido su sueldo con un decreto. “Tengo moral para hablar de austeridad, (porque) cuando era diputado ganaba 25.000 bolivianos, el presidente ganaba 40.000. Gracias al voto llegué a ser presidente y yo rebajé el sueldo de 40.000 a 15.000 boliviano. Ahora porque no rebajan algo por lo menos para compartir la pobreza del pueblo”.

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El líder cocalero también puntualizó que la marcha denominada “Marcha para salvar a Bolivia” es para decirle al Gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca que no falte combustible, dólares y que no haya un alza en los precios de la canasta familiar.

“Lamentablemente colas en el oriente boliviano, por dos a tres días para conseguir 10 litros (de combustible). Lo que duele, el hijo del presidente Lucho (recibe) 20.000 litros cada mes, en su terreno. Mucha injusticia. Si no hay combustible no va a haber comida, ya nos hemos mecanizado poco a poco. Faltas de dólares, los insumos agropecuarios ya han subido bastante, 100 por ciento en algunos. los medicamentos también”, indicó.

Reiteró su compromiso de llegar a la ciudad de La Paz y recalcó que la protesta social “es constitucional”, ya que, en su criterio, “con el bloqueo de caminos se recupera la democracia”.

“En 1979 (hubo) el golpe de (Alberto) Natusch Busch. Los Túpac Katari decretaron bloqueo de caminos indefinido, creo que había 200 muertos y el dictador renunció. (La protesta) es un instrumento de lucha por la democracia y decir que es inconstitucional, pero claro la justicia autoprorrogada criminaliza la protesta social”.

La lista de 76 postulantes al cargo de Fiscal General del Estado incluye a cuatro actuales magistrados prorrogados y otros cuestionados, fiscales departamentales e incluso un postulante a todo.

La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa cerró el jueves el registro de postulantes, 60 de los cuales son varones y 16, mujeres. Los aspirantes al puesto corresponden a solo siete departamentos del país; no se presentaron profesionales abogados de Pando y Beni.

Entre este jueves y el 21 de septiembre, esa instancia legislativa, según calendario, verificará requisitos habilitantes, comunes y específicos. Se prevé que el proceso, luego de otras fases previas, termine con la aprobación, por dos tercios de votos en la Asamblea Legislativa, de la designación y posesión del nuevo Fiscal General, entre el 18 y 23 de octubre.

El 23 de marzo de 2018, Juan Lanchipa fue posesionado por el entonces presidente nato de la Asamblea Legislativa, Álvaro García, acto al que asistió también el presidente Evo Morales. Este 23 de octubre, el fiscal terminará sus seis años de mandato.

Alave

En las listas de La Paz, el fiscal departamental William Alave Laura busca el cargo. Entre sus actuaciones, lidera los juicios contra Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho por los casos Golpe de Estado I, de los hechos precedentes al derrocamiento de Morales en 2019, y Golpe de Estado II, sobre la proclamación de Áñez, que ya fue sentenciada a 10 años de prisión.

Ruddy Flores Monterrey fue magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en el anterior periodo judicial.

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Años después, el 21 de febrero de 2021 fue designado jefe de gabinete del vicepresidente David Choquehuanca. Antes, en 2018, había sido consejero de la Representación Permanente de Bolivia ante Organismos Internacional.

Flores fue parte del TCP que habilitó a Morales como candidato a las elecciones generales de 2019. La Sentencia Constitucional 0084/2017, del 28 de noviembre de 2017, que firmó junto sus colegas, reivindicó el derecho a la reelección indefinida.

Postulante a todo

En la lista también aparece Cyborg Kanashiro Bronnkss, autodefinido como aymara, quien participó de otras convocatorias a otros cargos electivos o designación de la Asamblea Legislativa.

En febrero de este año fue el primer postulante registrado para las venideras elecciones judiciales. Optaba por una magistratura del TCP, pero resultó inhabilitado.

Antes, postulante a todo, se había presentado como aspirante al Defensor del Pueblo y a la Contraloría General del Estado.

Por Santa Cruz se presentó como postulante a Fiscal General el actual magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Olvis Egüez Oliva. Prueba suerte luego de haber sido inhabilitado como aspirante al TCP en las elecciones judiciales del 20 de diciembre.

Prorrogados

Como sus colegas, es cuestionado por la prórroga de su mandato mediante la Declaración Constitucional 049/2023. Su mandato terminó el 31 de diciembre de 2023, pero, precisamente, esa declaración del TCP dispuso su continuidad en el cargo hasta las nuevas elecciones judiciales.

También busca su elección y designación el actual fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca.

Y, luego de varios años reaparece públicamente el otrora viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez Valenzuela, durante la gestión del ministro de Gobierno, Carlos Romero, en el tercer gobierno de Morales.

En 2015 fue envuelto en una polémica al descubrirse un audio que se le atribuyó, en el que presuntamente se le escuchaba a amenazar con “fusilar y botar” a los traidores que voten contra el Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones subnacionales.

Por Cochabamba, Nuria Gonzales Romero, magistrada prorrogada del TSJ también busca una nueva designación legislativa. Ella quedó inhabilitada para los comicios judiciales. Se postulaba a magistrada del TCP.

Dos tercios

Un tercer magistrado que no consiguió calificar para las elecciones judiciales y ahora busca un nuevo cargo es el juez del TSJ José Antonio Revilla Martínez, por Chuquisaca.

El cuarto magistrado prorrogado que se presentó a la convocatoria es Paul Franco Zamora, actual miembro del TCP, elegido como sus colegas en 2017.

De una lista de 76 postulantes saldrá el sustituto de Lanchipa. La mañana de este jueves, el senador de Comunidad Ciudadana (CC) Santiago Ticona anticipó que, por considerar en las listas finales a los magistrados prorrogados, los acuerdos en la Asamblea Legislativa pueden complicarse.

La designación del nuevo Fiscal General del Estado requerirá del votos de dos tercios de senadores y diputados del MAS, CC y Creemos.

Aquí, la lista general de postulantes en carrera:

1. Lizzie Mónica Riera Sorich

2. Jorge Erick Morón Urquiola

3. María Soledad Torrico Morales

4. Julio Huarachi Pozo

5. Javier Alejandro Blanco Flores

6. Ramiro Félix Llanos Moscoso

7. Constantino Coca Sejas

8. William Herrera Añez

9. Santos Benito Chui Torrez

10. Iván Sandoval Fuentes

11. Laslo Juan de la Cruz Vargas Vilte

12. Olvis Egüez Olivia

13. Roger Rider Mariaca Montenegro

14. Sandra Cinthia Soto Pareja

15. Javier Flores Mamani

16. Marina Durán Miranda

17. Edwin Quispe Mamani

18. Claudia Marcela Castro Dorado

19. Sandro Fuertes Miranda

20. Nuria Gisela Gonzales Romero

21. Verónica Beatriz Miranda Huanca

22. Milton Iván Montellano Roldán

23. William Eduard Alave Laura

24. Raúl Eulogio Sanabria Taboada

25. Paul Enrique Franco Zamora

26. José Antonio Revilla Martínez

27. Hernán Antonio Espinoza Herrera

28. César Pedro Adrián

29. Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar

30. Wilma Alicia Luz Blazz Ibáñez

31. Percy Raúl Cámara Rodríguez

32. Cyborg Kanashiro Bronnkss

33. Ernesto Félix Mur

34. Johnny Francisco Morato Morales

35. Martha Sarzuri Apaza

36. Roly Claudio Velarde Cutipa

37. Jhasmani Cortez Aliaga

38. Javier Cordero Salcedo

39. Juan José Quiroz Crespo

40. Winter Rómulo Hinojosa Téllez

41. Jhimmy Remberto Almanza Pardo

42. Ramiro Ángel Marthan Rojas

43. Antonio Grover Nájera Quiroga

44. José Luis Miranda Quilo

45. Ever Richard Veizaga Ayala

46. Juan Oswaldo Valencia Alvarado

47. Juan Coronado Camacho

48. César Johnny Salinas Otalora

49. Juan Arturo Heredia Montaño

50. Ricardo Huaylla Castro

51. Jose Lorenzo Cabero Cabrera

52. Henry Herrera Herrera

53. Carola Romero Pacello

54. Mario Helmer Laura Picavia

55. Judith Marcela Reynolds Espinoza

56. Omar Fulguera Gonzales

57. Rufino Ancasi Lamas

58.Julio Américo Araníbar Zegarra

59. Porfirio Machado Gisbert

60. Brenda Lafuente Fernández

61. Rubén Ramírez Conde

62. José Luis Quiroga Flores

63. Marvia Georgina Subirana

64. Jorge Pérez Valenzuela

65. Luis David Apaza Callapa

66. Ruddy José Flores Monterrey

67. Yvan Noel Córdova Castillo

68. Jimena Velásquez Albarracín

69. Víctor Hugo Aliaga Gutiérrez

70. Romel Leonardo Ipamo Saravia

71. Marisol García León

72. Yaco Leonel Conde Guachalla

73. David Víctor Chavarría Pommier

74. Franco Anagua Poveda

75. Víctor Giovanni Rubín de Celis

76. Florencio Ramos Calcina

Tras un cuarto intermedio, la Comisión Mixta de Justicia Plural reinició este jueves el trabajo de la revisión de los requisitos comunes y específicos para el cargo del nuevo Fiscal General del Estado.

El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Roy Suárez informó que, tras culminar la segunda fase con la presentación de postulaciones, se inicia el nuevo proceso de la revisión de los documentos de los postulantes para la evaluación de los requisitos específicos y comunes.

La instancia legislativa de la Asamblea informó el miércoles que se registraron 76 postulantes, entre hombres y mujeres, para el cargo de Fiscal General.

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla, indicó que los postulantes deben cumplir 18 requisitos. Sin embargo, aclaró que si un requisito no está adjunto en la documentación que presentaron “serán inhabilitados” o también si “alguno” de los requisitos de la documentación no estuviese actualizado “serán inhabilitados”.

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“(Debemos) seleccionar a un mínimo de cinco y un máximo de diez postulantes. Con esa cantidad nosotros tenemos que aprobar un informe en la Comisión y después derivar a la Asamblea para que ahí se asigne a un o una Fiscal General del Estado”, dijo Padilla.

Respecto al plazo, Padilla señaló que se espera llevar el trabajo. Dijo que, hasta el 18 de octubre, la comisión debe terminar con todas las etapas que corresponde trabajar.

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, indicó el miércoles que su gestión se cumple el 22 de octubre de este año, por lo que se está elaborando el informe de gestión para remitirlo a la Asamblea Legislativa.

“Cumplimos de acuerdo a la Constitución los seis años de ejercicio el 22 de octubre. La Asamblea debe elegir al sucesor por dos tercios de votos”, dijo Lanchipa.