Un audio atribuido a la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, Debra Hevia, en el que se habla de acciones contra el Gobierno, fue elaborado por inteligencia artificial (IA), según Bolivia Verifica. Incluso, el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, lo utilizó para denunciar injerencia política.

En el material que circula por plataformas digitales se escucha a la diplomática de EEUU decir que viene trabajando para “lograr el cambio en Bolivia”, esto pasa por alejar a Morales y Luis Arce del poder y fortalecer sus “alianzas” con diversas organizaciones y colaboradores.

De acuerdo con el medio digital, el audio fue analizado y arrojó que se usó la inteligencia artificial para simular la voz. 

“Hace tiempo que estamos trabajando para lograr el cambio en Bolivia. El tiempo es vital para nosotros, pero para que sea un cambio de verdad Evo y Arce tienen que dejar el poder y cerrar este capítulo. A partir de ahora vamos a involucrarnos más con nuestra embajada para fortalecer a nuestros aliados, organizaciones y colaboradores. Por ejemplo, nuestro Gobierno siempre ha ofrecido becas en Bolivia y ahora vamos a ofrecer aún más porque los jóvenes son nuestros agentes de cambio y son muy, muy importantes”, se escucha en el audio que fue atribuido a la diplomática norteamericana.

El audio fue difundido en forma de video el 27 de abril por la cuenta ComuniSur tanto en Facebook como en TikTok. Luego se amplificó en otras páginas como Alo Marianela Noticias, Radio Kawsachun Coca y El Radar, según el medio digital.

Incluso el exmandatario lo reprodujo en una conferencia de prensa y acusó a EEUU de injerencia política.

“Nos hemos sorprendido, nuevamente versiones sobre la injerencia de Estados Unidos en temas políticos en Bolivia. Sorprende ese mensaje de la encargada de Negocios”, señaló Morales.

Con recortes de periódicos de 2002, cuando postulaba a la candidatura de las presidenciales, Morales dijo que nuevamente la embajada de EEUU está “vetando la candidatura de Evo”.

“Ese año dije, mi mejor jefe de campaña era Estados Unidos, ahora nuevamente la embajada de Estados Unidos está vetando que Evo vuelva al poder. Ahora con sus aliados de la derecha, las organizaciones (sociales), muy sospechosos. ¿Quiénes son?, esos pactos que están dividiendo con prebendas, con pegas e intervención policial”, dijo Morales, entonces.

El Ministerio de Relaciones Exteriores condenó “enérgicamente” los recientes actos de violencia perpetrados por colonos israelíes en Jerusalén Este y Cisjordania.

Además, repudió los ataques a convoyes de ayuda humanitaria jordana dirigida a Gaza, así como los atentados contra las instalaciones y el personal de la Oficina de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA).

“Estos hechos representan una flagrante violación de los acuerdos de Viena y una clara obstrucción al acceso de ayuda vital para la población civil palestina. Instamos a las autoridades israelíes a llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente sobre estos incidentes, y a que los responsables sean llevados ante la justicia para rendir cuentas por sus acciones. La impunidad no puede prevalecer frente a violaciones tan graves como las ocurridas en esta lamentable serie de eventos”, señala parte del comunicado de la Cancillería.

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También, el Gobierno boliviano hace un llamado a la comunidad internacional a “unirse en la condena a estos actos de violencia y a redoblar los esfuerzos diplomáticos para buscar una solución justa y duradera al conflicto en Oriente Medio, que ponga fin al genocidio contra el pueblo palestino”.

La Unión Europea sancionó a cuatro colonos extremistas israelíes y a dos entidades por «serios abusos a los derechos humanos» contra palestinos en Cisjordania y Jerusalén oriental, anunció este viernes el Consejo de la UE, según la AFP.

Desde que milicianos de Hamás perpetraron ataques en territorio israelí desde la Franja de Gaza el pasado 7 de octubre, colonos y tropas del ejército de Israel en la región de Cisjordania provocaron la muerte de por lo menos 468 palestinos, según fuentes palestinas.

El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Froilán Mamani, señaló este lunes que hay tres propuestas de proyecto de ley para la convocatoria de elección del fiscal general del Estado.

“Nos ha llegado los proyectos de ley, vamos a adelantar la siguiente semana y se tratará directamente en esta comisión o la remitiremos a la comisión correspondiente”, dijo el legislador.

Añadió que con estas propuestas se quiere “ganar tiempo” y no como pasó con las elecciones judiciales. 

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“No queremos ser irresponsables con el país. Entiendo que hay una responsabilidad en la Asamblea, y nosotros vamos a trabajar en los plazos que se nos vienen, así garantizar que vamos a tener a nuestro fiscal general de Estado”.

El fiscal general del Estado es la autoridad jerárquica superior del Ministerio Público y ejerce la representación de la institución y autoridad en todo el territorio nacional y sobre todo los servidores y servidoras del Ministerio Público.

También ejerce la acción penal pública y las atribuciones que la Constitución Política del Estado y las leyes le otorgan al Ministerio Público, según el artículo 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

La autoridad es designada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, por dos tercios de votos de sus miembros presentes, previa convocatoria pública y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público.

El mandato del fiscal general Juan Lanchipa concluye el 23 de octubre, luego de estar en el cargo por seis años, tal como establece la Constitución.

El Tribunal Departamental Electoral (TED) de Santa Cruz informó este lunes que, de 33 organizaciones políticas con personería jurídica con alcance departamental y municipal en aquella región, 12 cumplieron con la renovación de sus directivas en el marco de la Ley de Organizaciones Políticas (Ley 1096).

María Cristina Claros, presidente del TED Santa Cruz, detalló que otras 16 organizaciones políticas están en proceso de supervisión de renovación de sus directivas y otras cinco agrupaciones ciudadanas de alcance municipal aún no solicitaron apoyo del ente electoral.

“Le corresponde a la militancia y a la directiva saliente de cada organización promover los mecanismos democráticos internos para generar institucionalidad al interior de las agrupaciones u organizaciones políticas, ya sean de alcance municipal o departamental. Nosotros cumplimos con la supervisión a los procesos de elección de las directivas cuando las organizaciones políticas nos presentan y cumplen con los requisitos que manda la norma”, dijo Claros.

Las organizaciones políticas de alcance departamental que cumplieron con la renovación de sus directivas son: Alianza Solidaria Popular (ASIP), Creemos, Fuerza y Esperanza (FE), Seguridad Orden y Libertad (SOL), Santa Cruz Para Todos (SPT) y Unión Democracia y Oportunidad Social (UNIDOS).

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En el caso de las organizaciones políticas de alcance municipal que renovaron sus directivas están: Agrupación de Propuesta (APC,) de Warnes y Mineros; Primero Conce (PC), de Concepción; Voluntad Ciudadana y Equidad Social (VOCES), de La Guardia, Warnes y Okinawua; Todos por Porongo (TPP); JICHI Compromiso Ciudadano, de San José, y Juntos Somos Portachuelo (JSP) de Portachuelo.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene en su registro 155 organizaciones políticas departamentales, de las cuales una tercera parte se encuentra en Chuquisaca, con 51, entre partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos.

El siguiente departamento con más tiendas políticas es La Paz, con 31; le siguen Santa Cruz con 23, Cochabamba con 13, Tarija con 13, Oruro con nueve, Potosí con siete, Beni con cuatro y, finalmente, Pando con cuatro.

El TSE determinó ampliar por 120 días calendario el plazo para que las organizaciones políticas del país renueven sus directivas, conforme establece la normativa electoral vigente.

Esta nueva ampliación se determinó después de que este 5 de mayo feneció el plazo de 180 días que estipuló el TSE en octubre de 2023, para que los partidos políticos de alcance nacional y las agrupaciones ciudadanas departamentales, regionales y municipales elijan nuevas directivas.

De los 11 partidos nacionales, solamente seis (dos todavía en revisión) cumplieron con esta disposición.

En la presentación de agenda de actividades del Bicentenario en la histórica Casa de la Libertad de Chuquisaca, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Jaimes, planteó este lunes que se debata una reforma constitucional para que las elecciones judiciales continúen o no por voto popular.

“La población, si acaso ve en las elecciones judiciales demasiada dificultad política por la extrema politización de estas elecciones con miras a las elecciones presidenciales, plantee y debata una reforma constitucional para que sea la población la que decida si continúa el voto popular o acaso se dé el mecanismo empleado por los diferentes países para la designación de altas autoridades judiciales”, señaló Jaimes.

El 30 de abril, la Sala Constitucional de Pando dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes en la Asamblea y declaró la “inaplicabilidad” de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Supremo Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

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Tras la notificación del fallo, las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural enviaron sus informes sobre el avance del proceso de preselección al presidente nato de la Asamblea Legislativa y solicitaron que se convoque al pleno para definir el rumbo de los comicios judiciales. 

El jueves, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala arcita en la Cámara de Diputados solicitaron al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una medida cautelar que permita la continuidad de la preselección.

Jaimes también destacó la tarea trascendente del Órgano Judicial en la administración de justicia e indicó que Chuquisaca no puede perder la sede de este órgano, pero “una sede efectivamente funcionando, magistrados resolviendo causas, al día, con independencia, porque los jueces hablan por sus fallos”.

“Más allá de los criterios políticos que estigmatizan de manera generalizada e injusta de todo un órgano, es importante remarcar que tenemos magistrados y jueces que vienen trabajando con la convicción de servicio”, señaló.