Inhabilitan la postulación de Jhon Arandia a la Defensoría del Pueblo
Junto a la del comunicador fueron inhabilitadas otras candidatutas, cuya lista se dará a conocer al final de la tarde, aunque extraoficialmente se conoció que también fueron invalidadas las postulaciones de la activista María Galindo, de la expresidenta del Tribunal Constitucional, Silvia Salame y de la exdirigente de las esposas de los policías, Guadalupe Cárdenas.
La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional inhabilitó la postulación del periodista Juan (John) Arandia a la Defensoría del Pueblo, con el argumento de que incumplió el requisito de hablar dos idiomas oficiales.
Junto a la del comunicador fueron inhabilitadas otras candidatutas, cuya lista se dará a conocer al final de la tarde, aunque extraoficialmente se conoció que también fueron invalidadas las postulaciones de la activista María Galindo, de la expresidenta del Tribunal Constitucional, Silvia Salame y de la exdirigente de las esposas de los policías, Guadalupe Cárdenas.
“Al final del día avisaremos quienes son los habilitados e inhabilitados”, anunció la presidenta de la Comisión, Susana Rivero, al realizar una evaluación de las primeras horas de revisión de documentos de los postulantes a ese cargo.
La Comisión tiene un plazo hasta el domingo para concluir con esta etapa del proceso de selección, en la que se revisa que los postulantes cumplan con los 13 requisitos solicitados para optar por este cargo.
Arandia, enterado de la decisión, cuestionó que no se aplique progresivamente la exigencia de hablar un idioma nativo, tal como establece la Constitución Política del Estado. «Considero importante que (autoridades) deban hablar 2 idiomas oficiales, pero ¿esta es una norma progresiva o inquisitoria? ¿Cuántas autoridades hablan?», publicó en su cuenta en Twitter.
“En el caso de que me comentan (el de Juan Arandia) en la declaración jurada puso que hablaba inglés y castellano”, comentó al respecto el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Manuel Canelas, quien forma parte de la Comisión Mixta de Constitución.
La Comisión instaló esta mañana la sesión para proceder a la apertura de sobres de los postulantes a la Defensoría del Pueblo. El domingo 24 de abril se conocerá la lista de los habilitados para posteriormente ingresar a la fase de impugnaciones.
“Nosotros vamos hacer los mayores esfuerzos para que la designación sea por consenso, ojalá que en este propósito nos acompañen las bancadas de la oposición, tanto el PDC (Partido Demócrata Cristiano) como UD (Unidad Demócrata)”, afirmó el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Milton Barón.
Dijo que los postulantes deben cumplir, sí o sí, 13 requisitos. “El incumplimiento, así sea de un requisito, ya los inhabilita. Ese es el primero filtro”, detalló.
Un segundo filtro será pasar la etapa de las impugnaciones donde, según el senador, la ciudadanía tendrá todo el derecho de observar a algún postulante si conoce una causal de ilegibilidad. “Deben formular la impugnación de manera escrita y fundamentada”, señaló.
Posteriormente, los postulantes que hayan pasado con éxito el primer y segundo filtró serán sometidos a un periodo de evaluación de méritos y conocimientos con 14 parámetros, de los cuales los candidatos tendrán que pasar 8. Los candidatos que queden irán a la elección final en el pleno de la Asamblea.
Según el cronograma de la Comisión, hasta el sábado se concluirá con la apertura de sobres y el domingo será publicada, en un diario de circulación nacional, la lista de los candidatos habilitados. Barón explicó que desde el 25 hasta el 28 de abril se abre la fase de impugnaciones, que serán resueltas entre el 29 y 30 de abril. Del 2 al 6 de mayo se procederá a la evaluación de méritos y conocimientos. Estimó que el 7 de mayo se envíe a la Presidencia de la Asamblea el informe final para la designación del Defensor.
Entre los requisitos exigidos está el tener nacionalidad boliviana, haber cumplido 30 años al momento de la designación, tener trayectoria en la defensa de los Derechos Humanos, haber cumplido con los deberes militares, no tener sentencia ejecutoriada, no haber participado en actos de gobierno de facto, contar con probada integridad personal y ética, no haber sido dirigente de organizaciones políticas en los últimos cinco años, no ser ni haber sido servidor público en los últimos diez años, y hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado.
