Nacional

miércoles 23 jun 2021 | Actualizado a 11:44

Anulan unos 200 juicios que eran atendidos por 3 falsos abogados

Los procesos atendidos por falsos juristas son nulos. Este año se hallaron tres casos en La Paz y Trinidad. El Ministerio de Justicia y la Fiscalía indagan otras 16 denuncias en el eje

Info juristas Bolivia.

/ 2 de mayo de 2016 / 09:02

Sobre llovido, mojado. Al margen de los males que atacan a la Justicia boliviana, los litigantes están expuestos a ser atendidos por falsos abogados, quienes no solo causan un perjuicio económico, sino también de tiempo porque sus juicios, más si son ganados, se anulan. En julio de 2015, el Ministerio de Justicia cerró la inscripción en el Registro Público de Abogados, (RPA). Cualquier jurista que no tenga esa matrícula es considerado ilegal y no está habilitado para atender juicios.

A partir del control sobre esa base, se descubrió a tres falsos abogados, quienes atendieron  unos 200 juicios desde 2009 en La Paz y Trinidad. Se investigan otras 16 denuncias en otras regiones, reveló a La Razón el responsable del RPA, Gary Romero.

“Los tres señores ejercían de forma ilegal la abogacía desde 2009, ahora sus casos están anulados y sujetos a una revisión porque no tenían la capacidad profesional para ejercer como juristas. Por el tiempo que trabajaron de forma ilegal en la profesión debieron atender más de 200 casos a lo largo de siete años”, dijo Romero.

Proceso. Explicó que los dos primeros casos se identificaron en La Paz este año, uno de ellos (Juan O.) fue encarcelado en San Pedro, mientras que el otro (Vladimir G.) obtuvo detención domiciliaria. El tercer hecho se descubrió en Trinidad, Beni, donde el falso jurista (Joaquín A.) accedió a un arresto domiciliario. Este último incluso era funcionario judicial, trabajaba como abogado secretario en un juzgado beniano.

El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Raúl Jiménez, informó que su institución demandó cuatro procesos en contra de falsos juristas, al margen de los identificados por el RPA. Richard Mitma, presidente de la Asociación de Víctimas de la Injusticia, demandó ejercer control desde el Servicio de Impuestos, a través de las facturas de abogados.

Romero sostuvo que ante los tres casos identificados, los jueces tendrán que determinar si los actos procesales que se desarrollaron tienen alguna solución, pese a estar anulados. “No se puede hacer nada y las personas de forma individual deberían iniciar las acciones correspondientes”, indicó.

Detalló que las dos personas que obtuvieron detención domiciliaria fueron imputadas por los delitos de falsedad material, ideológica, uso de instrumento falsificado y ejercicio indebido de la profesión. “Lamentablemente son delitos que tienen una pena baja y el juez tiene dificultad para la detención preventiva. La sanción por estos ilícitos llega a dos años, es decir que no entrarían a la cárcel”.

Respecto al encarcelado, Romero señaló que igual fue imputado por los cuatro delitos citados, además de estafa. Por este último es que se agravó el caso.  Según la información brindada, estos tres sujetos atendieron procesos en su mayoría de materia civil, seguidos de casos de familia y muy pocos de penal.

Respecto a las 16 denuncias pendientes, en La Paz se indagan seis, en Cochabamba cuatro y en Santa Cruz otras cuatro. Los presuntos responsables están identificados y esperan su aprehensión.

El registro y las denuncias

Juristas

El presidente de la Asociación de Víctimas de la Injusticia, Richard Mitma, dijo que su organización sospecha que el 20% de los abogados no se afilió al Registro Público de Abogados (RPA), instancia que tiene más de 50.000 matriculados.

Datos

El Ministerio de Justicia sugerirá que las denuncias de este tipo de casos (falsos abogados) sean presentadas de forma directa ante el Ministerio Público, a fin de ser investigadas. También plantearán endurecer las penas con privación de libertad para las personas que cometan este tipo de delitos.

Víctimas temen el reinicio de sus litigios

Las víctimas de los tres falsos abogados descubiertos y procesados en La Paz y Beni temen hablar de sus procesos judiciales porque éstos pueden ser reiniciados. Prefieren mantener el silencio para que el estado de sus causas se mantenga igual.

Este diario intentó entrevistar a al menos cuatro litigantes que fueron engañados por los falsos juristas, pero ninguno quiso dar información exacta sobre su proceso, ya que se les informó que las sentencias obtenidas se anularon, dato revelado por el responsable del Registro Público de Abogados (RPA), Gary Romero.

Una de las víctimas, que pidió no ser identificada, señaló que teme que el proceso se reactive porque el fallo del juicio salió a su favor, después de muchos años de juicio y gasto de dinero, por lo que no ve correcto que se vuelva a empezar de cero, pues todo eso no es su culpa.

Las otras tres personas enfáticamente respondieron que no querían referirse al tema por diferentes razones, entre ellas el temor de volver al “suplicio” de un proceso y los gastos económicos que representa éste. Entre los tipos de casos atendidos, según los datos del Ministerio de Justicia, existen procesos por usucapión, estafas, deudas económicas, herencias, divorcios y también asistencia familiar.

El jefe del RPA solicitó a las víctimas de los tres “falsos abogados”   hacer sus denuncias públicamente, a fin de dar a conocer a los sujetos que cometieron las irregularidades. El cálculo que se tiene es que fueron al menos 200 casos los que atendieron los tres falsos abogados y que quedan anulados. 

Hay tres formas de descubrir a un falso jurista

Williams Farfán

El responsable del Registro Público de Abogados (RPA), Gary Romero, informó que un litigante dispone de al menos tres formas para verificar que el jurista que contrató está habilitado legalmente. La necesidad de verificación del trabajo legal de un abogado surgió tras revelarse que más de 200 juicios se anularon porque fueron atendidos por tres falsos juristas en La Paz y Trinidad.

“Recomendamos a la ciudadanía del país que antes de contratar los servicios de un abogado  utilice las herramientas tecnológicas que implementó el Ministerio de Justicia e ingrese a la página web, en la que se habilitó una plataforma de abogados. Simplemente con el nombre se puede verificar si la persona es apta, si es profesional y capaz de patrocinar un proceso”, explicó Romero. Es la primera forma de constatación.

También existe un segundo método de verificación: el Ministerio de Justicia implementó una guía de los juristas con una aplicación móvil para teléfonos celulares, que puede ser descargada de forma gratuita por cualquier persona en el país.

Ante la eventualidad de que el litigante no tenga acceso a la red internet, hay una tercera forma de constatación. Romero subrayó que las personas interesadas pueden acudir a las oficinas del Ministerio de Justicia instaladas en el país para consultar si el abogado que quieren contratar es profesional o no. “Los requerimientos los recibimos en las oficinas de todo el país, previa verificación en la base de datos”, dijo la autoridad.

Romero recordó que el Ministerio de Justicia tiene los datos de los más de 50.000 abogados en Bolivia, ya que éstos se registraron en el RPA en cumplimiento de la Ley 387 del Ejercicio de la Abogacía y su decreto supremo reglamentario, que establecen que esta cartera gubernamental “encabeza las funciones del registro, ejercicio y control de los abogados, por lo que se entregará una credencial a los profesionales que los habilitará para trabajar en todo el territorio boliviano”.

Los titulados, que tienen la obligación de inscribirse en el RPA, deben tener los siguientes requisitos: título en provisión nacional, diploma académico, carta dirigida a la ministra de Justicia, Virginia Velasco, depósito bancario, fotografía actual y cédula de identidad vigente. “Toda la documentación la contrastamos con las universidades”, advirtió.

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El Procurador ratifica que es una ‘posibilidad legal’ que Murillo logre su libertad

El procurador Wilfredo Chávez remarcó que Bolivia respeta la norma procesal vigente en Estados Unidos, pero eso no significa que deje de reclamar por sus derechos en su condición de víctima.

El exministro Arturo Murillo. Foto de archivo: APG.

/ 23 de junio de 2021 / 09:49

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, confirmó este miércoles que es una “posibilidad legal” vigente que el exministro de Gobierno Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos por supuesto lavado de dinero y pago de sobornos en la compra de gases lacrimógenos para Bolivia, también pueda acceder a la libertad bajo fianza, al igual que su exjefe de gabinete Sergio Méndez.

“Hemos indicado que (eso) es una posibilidad legal, pero veremos las condiciones en las que (pueda) avanzar su negociación, esos acuerdos que se tratan de hacer por parte de su defensa con la Fiscalía a objeto de minimizar o rebajar la sanción penal que le correspondería si no colabora con la investigación que se desarrolla allí,  (entonces) es una posibilidad que se da en todos los casos”, señaló.

En ese sentido, subrayó que Bolivia respeta la norma procesal vigente en Estados Unidos, pero eso no significa que deje de reclamar por sus derechos en su condición de víctima por los actos cometidos por Murillo y otros investigados en el país del norte.

Por tanto, “vamos a seguir los procedimientos respectivos en defensa de los intereses del Estado y obviamente también, si una persona accede al beneficio de libertad bajo fianza, no significa que sea absuelta por la Justicia”, indicó Chávez en una entrevista con Bolivia TV.

Explicó que si accede a un acuerdo, lo primero que deberá hacer es reconocer sus actos, “es decir, declararse culpable y solo bajo ese supuesto se podría beneficiar luego con la rebaja de la pena u otros beneficios y eso implica el cumplimiento de una condena en Estados Unidos”.

“Entonces, aquí no hay nada que pueda indicar que este señor, si accede a una libertad bajo fianza, pueda estar exonerado de pena, de ninguna manera, esto va a continuar y vamos a tener una sentencia porque se hizo un informe que claramente ha detallado la forma en que se ha robado los dineros de los bolivianos y se ha llevado a Estados Unidos; hubo soborno, conspiración y lavado de dinero, delitos federales que no van a ser de ninguna manera hechos a un lado por parte de la Fiscalía y menos por la Justicia norteamericana”, insistió.

Según investigaciones realizadas en ese país, los gases lacrimógenos, comprados durante el gobierno de Jeanine Áñez a través de una empresa intermediaria, tuvo un sobreprecio de $us 2,3 millones.

También puede leer: Chávez dice que Murillo sigue detenido, pero es probable que tenga tratativa avanzada.

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Del Castillo: Solo un grupo aislado de 20 o 30 personas rechaza ley de policías

El ministro Eduardo del Castillo insistió que el cuestionado proyecto ley para ascenso de policías fue elaborado por los propios uniformados y no se retrocederá en la iniciativa.

El ministro Eduardo del Castillo. Foto: Ministerio de Gobierno.

/ 23 de junio de 2021 / 08:09

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, minimizó el rechazo que generó en algunos sectores el proyecto de “Ley de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana”, que fue aprobado la madrugada de este miércoles en la Cámara de Diputados.

“No son todas las personas jubiladas (del sector pasivo), no son todas las esposas de los efectivos policiales, solamente son un grupo de 20 a 30 personas, un grupo aislado de la Policía Boliviana, que respetamos su posición política, su posición ideológica, sin embargo, no la compartimos, porque va en contra de la familia policial”, dijo.

La autoridad afirmó de manera insistente que el proyecto de la nueva normativa fue elaborado y socializado por los mismos uniformados, por lo que ahora no se retrocederá. “Todo lo contrario, vamos a seguir avanzando porque el pueblo boliviano está pidiendo una policía no manoseada por asuntos políticos, sino al servicio del pueblo”, agregó en una entrevista con Red Uno.

Mientras, el diputado de Creemos, Richard Ribera, remarcó que se cuestiona la iniciativa precisamente porque beneficiaría políticamente solo a un partido y no así a los uniformados. En la misma línea, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Toribia Lero, cuestionó los cargos jerárquicos establecidos en el proyecto porque considera que el actual comandante de la institución pasará a un segundo plano en su jerarquía.

Estos criterios son expresados porque en el artículo 11 del proyecto inicial presentado en el Legislativo se establece que el Alto Mando policial estará integrado por: El Ministro o Ministra de Gobierno, Comandante General, Subcomandante y Jefe o Jefa de Estado Mayor, y Suboficial de Estado Mayor.

Aunque, según una nota informativa de la Cámara de Diputados, ese artículo fue modificado en el tratamiento y ahora señala en su parágrafo I que “las Fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidenta o Presidente del Estado por intermedio de la Ministra o Ministro de Gobierno, de conformidad a lo establecido en el artículo 252 de la Constitución Política del Estado, de acuerdo a la conformación del Mando Policial en conformidad a las disposiciones legales del Estado Plurinacional de Bolivia”.

Entonces, “lamentamos que (se genere) esta confusión (…) y que no se haya leído la Constitución porque en su artículo 252 establece que las fuerzas policiales dependen del Presidente por intermedio del Ministro de Gobierno; los proyectistas de esta norma, que son los mismos efectivos policiales, solo han recogido parte de esta Constitución, no se están inventando nada, no están creando algo nuevo sobre esta temática que ya existe”, reiteró Del Castillo horas antes de la aprobación de la iniciativa en Diputados.

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Diputados aprueba con modificaciones proyecto de ley para ascenso de policías

La iniciativa de la nueva normativa “es el mejor regalo que le podemos dar a la Policía Boliviana (en su aniversario porque) ellos mismos han elaborado”, dijo el ministro Eduardo del Castillo.

Sesión de la Cámara de Diputados. Foto: diputados.bo

/ 23 de junio de 2021 / 07:25

La Cámara de Diputados, después de 12 horas de tratamiento por tiempo y materia, aprobó la madrugada de este miércoles en grande y en detalle el proyecto de “Ley de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana” con algunas modificaciones.

Según una nota informativa de Diputados, el artículo 11 (que fue el más cuestionado del proyecto de ley por incorporar de manera expresa al Ministro de Gobierno en el Mando Policial) fue aprobado con modificaciones y señala en su parágrafo I que “las Fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidenta o Presidente del Estado por intermedio de la Ministra o Ministro de Gobierno, de conformidad a lo establecido en el artículo 252 de la Constitución Política del Estado, de acuerdo a la conformación del Mando Policial en conformidad a las disposiciones legales del Estado Plurinacional de Bolivia”.

El artículo 7, de acuerdo al mismo reporte, también  fue modificado y establece que “los generales, jefes y oficiales de la carrera son servidoras y servidores públicos policiales titulados a nivel licenciatura en ciencias policiales de la Universidad Policial o titulados de un instituto policial similar del extranjero, siempre que hubieran sido becados por el Estado Plurinacional de Bolivia, previa homologación de documentos de estudio por autoridad competente conforme a normativa legal vigente”.

La presidenta de la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados, Magaly Gómez (MAS), destacó que el artículo 12 determina la escala jerárquica de generales, jefes y oficiales de carrera estableciendo, por ejemplo, en el caso de generales: general primero, general mayor y general superior.

“Antes existía una estructura lineal de los uniformados que no permitía identificar a los jefes policiales. Ahora, el proyecto de ley establece que, de 12 generales primeros, pueden ascender cinco de ellos a general mayor y ocupar cargos importantes, y de éstos sólo tres oficiales (pueden) ascender a general superior para que asuman los cargos más importantes de la Policía Boliviana”, expuso la diputada.

En ese sentido, el secretario del Comité de la Policía, Anyelo Céspedes (MAS), sostuvo que, con la propuesta, se permite a los uniformados demostrar mejor calificación a través de la meritocracia.

Sin embargo, la diputada por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Toribia Lero, cuestionó los cargos jerárquicos porque considera que el actual comandante de la institución pasará a un segundo plano en su jerarquía. Mientras su colega de Creemos, Richard Ribera, remarcó que la norma beneficia políticamente a un partido y no así a los uniformados.

Entretanto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, insistió que la Constitución, en su artículo 252, establece que las fuerzas policiales dependen del Presidente por intermedio del Ministro de Gobierno y “los proyectistas de esta norma, que son efectivos policiales, solo han recogido parte de la CPE y no se están inventando nada”.

Asimismo, el ministro Del Castillo espera que el proyecto, después de que ahora sea tratado en el Senado, finalmente sea aprobado para el aniversario de la Policía Boliviana, que es el 24 de junio.

“Esperemos que este debate pueda concluir en un resultado favorable y de manera próxima podamos recibir los 195 años de la creación de la Policía Boliviana con este regalo (porque la iniciativa de nueva normativa) es el mejor regalo que le podemos dar a la Policía Boliviana, un regalo que ellos mismos han elaborado (…) en atención a dos elementos: uno porque empieza a consagrar todo el principio de verticalidad al interior de la Policía con la introducción de la carrera de generales a través de la cual se crea el grado de general primero, el grado general mayor y el grado de general superior, y así también este proyecto incorpora que en Mando Policial sea tomado en cuenta un representante de los suboficiales, que básicamente representan el 83% de todo el grosor de la familia policial”, enfatizó.

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Richter: Memoria de la Iglesia ‘tiene inconsistencias’ y es apoyo de la derecha para eximirse del ‘golpe de Estado’

Según Richter, en 2019 no se siguieron una serie de pasos que se tenían que dar para la sucesión presidencial de manera constitucional y Morales se vio obligado a dimitir como consecuencia del pedido que hacen las FFAA

/ 22 de junio de 2021 / 21:40

Una semana después de que la Iglesia Católica presentara su versión de los hechos de noviembre de 2019, el vocero presidencial Jorge Richter catalogó el informe de contradictorio y como un escrito en el que se apoya la derecha para eximirse de culpas del “golpe de Estado”.

“La memoria de la Iglesia Católica es el escrito de todo lo que ha venido argumentando la derecha en el país para respaldar y eximirse de culpas en lo que hace a su participación dentro de lo que fue la ruptura institucional”, sostuvo Ritcher en el programa Piedra, papel y tinta de La Razón.

Según el vocero, la memoria “está signada por una enorme cantidad de inconsistencias”.

“Podríamos señalar… lo primero, el 10 de noviembre (de 2019) la señora Adriana Salvatierra renuncia, renuncia Borda primero, Evo Morales, Álvaro García Linera y no es así, pero si había renunciado la señora Salvatierra el 10 (de noviembre) cómo le ofrecen la presidencia el 12 ¿cómo le ofrecen si ya había renunciado?”, cuestionó.

“Usted no le ofrece la presidencia a alguien que ya renunció”, remarcó Richter, quien advirtió que en los hechos la Asamblea Legislativa no trató ninguna renuncia y que por la Ley 243 de violencia política una dimisión de una legisladora es personal y ante el Órgano Electoral Plurinacional para que tenga plena validez.

“Si la renuncia no tenía validez y por ello le ofrecen la presidencia, entonces, la sucesión iba por la señora Adriana Salvatierra y esto no dice la memoria; la memoria dice le ofrecimos y no aceptó, y ahí podemos hacer un paréntesis ¿cuál era el poder de los facilitadores para ofrecer la presidencia?”, observó.

Richter puntualizó que todos los actores y facilitadores, en 2019, tenían el 10 de noviembre, día de dimisión de Morales, el control político del Estado, fundamentalmente de las Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana. “Ya habían hecho posesión de ese poder fáctico, es una primera observación que claramente contradice la memoria”.

De acuerdo con el informe memoria de la Iglesia Católica sobre su versión de los hechos de noviembre de 2019, la exsenadora Salvatierra se negó a asumir la presidencia del país y que representantes del Movimiento al Socialismo (MAS) tuvieron conocimiento y aceptaron que Jeanine Añez Chávez asuma como mandataria el 12.

Richter puntualizó que otra contradicción de la memoria de la Iglesia es el tratamiento de la ley 1266 (que es la que inicia el proceso electoral) “en función del argumento generado por el informe (preliminar) de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el tema del fraude”.

“El informe final de la OEA es del 4 de diciembre y la ley 1266 es del 24 de noviembre. ¿Qué han hecho? Han auspiciado una ley con un informe preliminar, esto es muy crítico, porque el informe final se conoce después; sin embargo, lo avala la memoria de la jerarquía católica”, indicó.

Según Richter, en 2019 no se siguieron una serie de pasos que se tenían que dar para la sucesión presidencial de manera constitucional y Morales se vio obligado a dimitir como consecuencia del pedido que hacen las FFAA

“Cuando un presidente queda despojado de la seguridad de la Policía y no tiene respaldo de las FFAA es un presidente que ha perdido gran parte del poder”, argumentó.

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Morales aclara que video es de mayo y que pedir la renuncia de Áñez ‘era un error’ en ese momento

El expresidente Evo Morales aseguró que en ese momento se buscaba garantizar las elecciones realizadas en octubre. “El triunfo con 55.11% nos dio la razón”, sostuvo en un tuit

Evo Morales. Foto de archivo: AFP.

/ 22 de junio de 2021 / 19:26

Tras la difusión de un video en el que habla de Jeanine Áñez, el expresidente Evo Morales salió a aclarar que ese material muestra una reunión de mayo de 2021 cuando se analizaba la estrategia frente a las elecciones de octubre de 2020.

“Desesperados ante pruebas del golpe, algunos medios mienten con un video de mayo de 2021 cuando analizábamos la estrategia de la victoria de octubre de 2020: pedir la renuncia que se caía sola era un error. Debíamos garantizar la elección. El triunfo con 55.11% nos dio la razón”, explicó el expresidente en su cuenta en Twitter.

En el video, se escucha a Morales hablar de tres posibilidades ante la posibilidad de la caída del gobierno de Áñez: La toma del poder por parte de militares, la asunción de la entonces presidenta del Senado Eva Copa o que la presidencia llegue a la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia.

Esas posibilidades ponían en riesgo de las elecciones, en criterio del expresidente “‘Entonces, qué hay que hacer, compañero Evo’, me dicen.

Yo digo: ‘hay que cuidar a Áñez con tal de que garantice las elecciones. Entonces, todos dicen ‘que garantice elecciones’. Entonces, hay que estar ahí pues. Tienen razón, que no salga Áñez, que garantice elecciones; eso hay que pedir”, afirma Morales en el video.

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