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Thursday 25 Apr 2024 | Actualizado a 16:39 PM

El Decreto 2754 del ‘dinamitazo’ contradice a la Ley de Armas

Proceso. Mineros aplauden la norma porque, dicen, así defenderán la democracia

/ 5 de mayo de 2016 / 08:21

El Decreto Supremo (DS) 2754, que abroga el DS 1359 y permite el uso de dinamitas en marchas, contradice a la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales. Afines al Gobierno justifican la norma, la ven como una reivindicación.

El DS 1359 fue aprobado el 26 de septiembre de 2012. En su artículo 2, parágrafo I, estipula que “se prohíbe la tenencia y/o uso de bombas, materias explosivas, inflamables, asfixiantes, tóxicas u otros materiales relacionados en manifestaciones y movilizaciones sociales…”. Esta norma fue abrogada por el Decreto 2754, aprobado el lunes por el presidente Evo Morales. La nueva normativa fue aplaudida por mineros, justificada por el Ejecutivo y rechazada por partidos de la oposición.

No obstante, el DS 2754 contradice a la Ley de Armas, que en su artículo 51, inciso E, establece que se prohíbe la tenencia, porte o uso de armas de fuego o explosivos en “manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines”.

Justificación. El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, justificó la postura del Ejecutivo por la aprobación del nuevo decreto, ya que fue una demanda de la Central Obrera Boliviana (COB) como parte de un pliego de solicitudes.

Cuando se le cuestionó por qué se adoptó esta norma que contradice a la Ley de Armas, Ferreira respondió: “En el argumento que presentó la COB se hizo un análisis político que demostró que gracias a las movilizaciones del pueblo se sacó a la oligarquía en 1952; y de 2000 a 2005 se ofreció una heroica resistencia en las ‘guerras del gas y del agua’”. Destacó la participación de los mineros en estas manifestaciones.

Añadió que esas son muestras de conquistas para el país y que en función a éstas la COB pidió que se despenalice el uso de dinamitas en las marchas.

El ministro de Minería, César Navarro, aseguró que el uso de dinamitas es parte de la tradición hasta casi “cultural” de los trabajadores. “No tiene que ser para amedrentar a la ciudadanía ni a las autoridades, sino para visibilizar las movilizaciones. El uso de los cachorros de dinamita está vinculado a la historia, ya que en las épocas de dictadura los mineros los usaban para defender sus centros”.

Resaltó que cuando el Presidente llega a alguna mina, los trabajadores hacen detonar dinamitas en el cerro, como muestra de bienvenida. Remarcó que los explosivos son usados normalmente en aniversarios de centros mineros. “Una cosa es el valor simbólico de la dinamita”, acotó.

El secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, afirmó que el uso de dinamitas en las protestas es un derecho y que es para defender al pueblo, hecho que es un mandato orgánico.

“Tenemos que defender el país del capitalismo y del neoliberalismo para que no vuelvan a nuestro país. No hablamos de defender a personas en particular (a Morales), nosotros protegeremos al pueblo en su conjunto y lucharemos con todo para preservar la democracia conquistada con sangre de compañeros”, manifestó Gutiérrez.

La diputada opositora Norma Piérola (PDC) cuestionó el DS 2754 y anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad. El defensor del Pueblo, Rolando Villena, evitó referirse al tema.

PDC anuncia recurso de inconstitucionalidad

Paulo Cuiza

La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Norma Piérola anunció ayer que hasta mañana presentará ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso abstracto de inconstitucionalidad en contra del decreto supremo que levantó la prohibición de portar dinamita y otros explosivos en manifestaciones y movilizaciones sociales. La normativa fue firmada por el presidente Evo Morales el 1 de mayo.

“Lo que nos preocupa es lo que manifestaron ellos (los mineros), que confesaron, y este es el objeto de este decreto criminal, una autorización para matar, dijeron: ‘Vamos a conformar un ejército de mineros para defender el derecho de reelección (de Morales) y vamos a hacer cuantos referéndums sean necesarios para que Evo Morales se quede en el poder’”, denunció Piérola.

La asambleísta opositora arguyó, además, que el decreto va en contra de lo que señala el artículo 15 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que toda persona tiene derecho a la vida e integridad física; además de artículos vinculados a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

“Lo más increíble es que esto agravaría la situación de total inseguridad en la que estamos viviendo todos los bolivianos”, advirtió al programa Levántate Bolivia, transmitido por Cadena A.

En el Día del Trabajador, Morales aprobó siete decretos a favor de los obreros, uno de los cuales dejó sin efecto el Decreto Supremo 1359, de 26 de septiembre de 2012, que prohibía la tenencia y uso de explosivos en manifestaciones. “Estamos agradecidos por el decreto que nos permite seguir usando la dinamita, que es un baluarte de los movimientos sociales”, declaró Eddy Calle, dirigente minero de la empresa Huanuni.

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La Fiscalía conforma comisión de fiscales para investigar el caso YLB

Se realizaron varias inspecciones a las piscinas de la planta de litio en Uyuni y se secuestró documentación respecto de la construcción de esa infraestructura, según informó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

El fiscal general Juan Lanchipa.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 25 de abril de 2024 / 15:16

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este jueves que se conformó una comisión de fiscales para investigar el caso de supuestas irregularidades en la instalación de las 18 piscinas de la Planta de Litio en Uyuni, Potosí.

“Este caso radica en la Fiscalía Departamental de La Paz y se ha conformado una comisión de fiscales para la investigación”, dijo el funcionario a los periodistas en Sucre.

Sobre los avances, explicó que se realizaron varias inspecciones en las instalaciones de la planta, además del secuestro de la documentación relativa a la contratación “a la que hacen referencia en la denuncia”.

El caso se investiga a instancias de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), la Procuraduría General del Estado y el Gobierno nacional.

YLB

La actual presidenta ejecutiva de YLB, Karla Calderón, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público en contra de exfuncionarios de la empresa estatal por la supuesta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes; conducta antieconómica e incumplimiento de contrato. Según dijo, hay un daño económico de más de Bs 425 millones.

Indicó que un informe de auditoría interna identificó como responsables a 11 exfuncionarios y a una ejecutiva de una empresa, que se adjudicó las obras.

Por ese caso, el Ministerio Público emitió 12 órdenes de aprehensión, de las que la Policía Boliviana ya ejecutó cuatro.

Investigación

Precisamente, una de las órdenes fue dictada contra el exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú; ahora tiene detención domiciliario y pagó una fianza de Bs 30.000.

También investigado, el gerente de YLB Juan Carlos Montenegro fue hallado sin vida y con una carta póstuma. La Fiscalía estableció, luego de la autopsia médico legal, que el hombre falleció con un infarto agudo; aunque aún se espera los resultados de un examen toxicológico y un estudio grafológico, esto sobre la carta.

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Romero declara en el caso Ostreicher y la audiencia se suspende por incidentes

La audiencia se vio suspendida cuando la principal acusada, Claudia Liliana Rodríguez, desfalleció luego de insultar al exministro Carlos Romero.

Carlos Romero, exministro de Evo Morales.

Por Daniel Zenteno

/ 25 de abril de 2024 / 14:59

Tras haber faltado a la audiencia programada para el 18 de abril, con el alegato que tenía COVID-19, y afirmar que se trataba de una injusticia, el exministro de Gobierno Carlos Romero se presentó a declarar por el caso Ostreicher. Sin embargo, la audiencia se vio interrumpida debido a una serie de incidentes.

La mañana de este jueves, el otrora ministro en el gobierno de Evo Morales asistió al Tribunal Primero de Sentencia de Santa Cruz.

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Caso Ostreicher

El caso Ostreicher fue abierto por Romero en 2012, cuando denunció un proceso de extorsión por parte de funcionarios públicos al empresario estadounidense Jacob Ostreicher.

Este empresario llegó al país en 2008 con el propósito de invertir en la agricultura. De acuerdo con posteriores declaraciones, invirtió más de $us 30 millones.

Sin embargo, en 2011 se le acusó del delito de ganancias ilícitas, luego de que se relacionara a sus empleados con el narcotráfico. Estuvo retenido 18 meses en la cárcel de Palmasola, Santa Cruz. En diciembre de 2012 se le otorgó detención domiciliaria.

En 2013 se dio a la fuga con la ayuda de uno de sus compatriotas, el actor Sean Penn, y con una aparente participación directa del gobierno de Estados Unidos.

Durante el tiempo que estuvo preso, fue presuntamente extorsionado por un grupo de funcionarios y autoridades del Ministerio Público, y perdió sus ganancias y propiedades.

Supuestamente le pedían $us 50 millones para su liberación. Esta red fue desmantelada en la gestión de Romero en el Ministerio de Gobierno. 

Cuando se conoció su citación como testigo, Romero renegó de la convocatoria y se mostró indignado de tener que defenderse por el caso que el mismo denunció.

Jessica Saravia, viceministra de Justicia, aclaró que se encuentra en calidad de testigo y le exhortó a no tener miedo de presentarse a declarar. Recalcó que no se le acusa de ningún delito y no debe ni siquiera defenderse, sino presentar la información pertinente respecto al caso y posteriormente retirarse.

Audiencia fallida

El proceso penal, seguido por la Fiscalía, es contra la colombiana Claudia Liliana Rodríguez, quien trajo a Ostreicher al país, y otros implicados, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas en el caso.

Este jueves, la audiencia no pudo llevarse a cabo debido a que los presentes comenzaron a insultar y gritar a Romero. “Maleante, delincuente, asesino, desgraciado”, fueron algunos de los calificativos que se escuchó en la audiencia.

Rodríguez, quien se había enfrascado en una discusión con Romero, se descompuso y no logró reanimarse. Tuvieron que trasladarla a un centro médico.

El exministro tampoco se aguantó los insultos y calificó a quienes lo increpaban como “narcotraficantes, delincuentes” y afirmó que no le interesaban las acusaciones.

“Demuéstrenlo, no me metan en sus shows”, desafió Romero.

Debido a los sucesos, se suspendió la audiencia. Se espera que se la pueda retomar el viernes.

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Morales pide investigar la muerte de Montenegro, de la que supone ‘un suicidio inducido’

“Cuando el Gobierno fracasa con su extracción del litio, nos echan la culpa a nosotros, es mentira tras mentira”, criticó Morales a la gestión del presidente Luis Arce.

El expresidente Evo Morales en una conferencia de prensa en Shinaota, Cochabamba.

Por Mauricio Diaz Saravia

/ 25 de abril de 2024 / 13:22

El expresidente Evo Morales pidió al Gobierno investigar la muerte del exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) Juan Carlos Montenegro, deceso del que dijo que fue “un suicidio inducido.

“Duele mucho, que se investigue (…). Es un suicidio inducido. (La muestra es) la carta de despedida de su familia, explicando (los motivos de su muerte) detalladamente. Es un suicidio inducido en mi interpretación”, dijo el exmandatario en una conferencia de prensa en Shinaota, Cochabamba.

La mañana de este jueves, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, develó que el deceso de Montenegro, hallado sin vida la mañana del miércoles, se debió a un infarto agudo. Asimismo, señaló que se espera el informe del examen toxicológico y el estudio grafológico de la carta póstuma del infortunado.

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de La Paz es la oficina encargada de esa tarea.

El caso de “irregularidades” y las “fallas” en la construcción de las 18 piscinas de la planta de litio en Uyuni, Potosí, y la calidad del material que se utilizaron en ella. Según la denuncia, a instancias de YLB, la Procuraduría General del Estado y el Gobierno, eso generó un daño al Estado de al menos Bs 425 millones.

Evo Morales

Al respecto, Morales hizo una serie de críticas a las políticas del Gobierno para la extracción y la industrialización del litio. Calificó de “fracaso” esas acciones y dijo que “se ha generado una falsa expectativa”.

“Cuando el Gobierno fracasa con su extracción del litio, nos echan la culpa a nosotros; es mentira tras mentira”, agregó Morales en su rueda de prensa.

Montenegro era una de las 12 personas contra las que el Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión. Hasta el miércoles, la Policía Boliviana ejecutó cuatro de esas órdenes.

Uno de los exfuncionarios aprehendidos es el exministro de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos Luis Alberto Echazú, que luego de su audiencia de medidas cautelares, cumple con detención domiciliaria y el pago de una fianza de Bs 30.000.

Los otros tres aprehendidos aún espera por la audiencia que determine su situación judicial.

Puede leer: Muere Juan Carlos Montenegro, exgerente de YLB, investigado en el caso Piscinas de litio

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El Decreto 5143 busca modernizar la ley de 1887 que rige Derechos Reales

El presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 5143, que contempla la creación del Sistema Único de Derechos Reales. Concentrará toda la información sobre los registros de propiedad en una única base de datos.

El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, en el set de Piedra, Papel y Tinta. Foto: Miguel Carrasco

/ 25 de abril de 2024 / 12:59

El viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, explicó que el Decreto Supremo 5143 busca modernizar la Ley de Inscripción de Derechos Reales, promulgada el 15 de noviembre de 1887.

El 10 de abril, el presidente Luis Arce promulgó el decreto que contempla la creación del Sistema Único de Derechos Reales. El nuevo sistema concentrará toda la información sobre los registros de propiedad en una única base de datos. Con ellos, se facilitará el acceso y consultas para los ciudadanos.

Se trata de un nuevo servicio de propiedad, gravámenes y folio real actualizado en forma inmediata de una ventanilla única de expedición rápida.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Silva recordó que la ley que regula el funcionamiento de la oficina de Derechos Reales data de 1887 y es una de las normas más antiguas de sistema normativo del país “Es la única ley en el Estado Plurinacional que viene desde hace dos siglos y está vigente regulando Derechos Reales”.

Afirmó que el diputado arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Renán Cabezas presentó una acción inconstitucionalidad de la ley para que la Asamblea Legislativa trabaje en una nueva ley que regule los bienes de la población.

Explicó que la decreto responde a las quejas por corrupción, falta de capacitación del personal y ausencia de tecnología en las oficinas de Derechos Reales.

Admitió que el sistema informático de esa oficina «es altamente vulnerable», debido a que, por ejemplo, un exfuncionario que haya tenido acceso al sistema puede ingresar desde su casa y cambiar un terreno de 100 metros2 a 1.000 metros2, además de modificar la ubicación de los terrenos, nombres y números.

Silva informó que la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) trabajó por dos años en el nuevo registro único de bienes de la población. Los datos del antiguo sistema migrarán de forma automática a la nueva plataforma. Los usuarios no deberán ir a hacer ningún trámite.

Ante las denuncias de corrupción y cobros irregulares para agilizar los trámites, Silva señaló que el decreto pretende “bancarizar” los trámites. “La gente ya no va a pagar en las oficinas, sino a través de la banca móvil, pago por QR o transferencia bancaria”. 

Además, anunció que la norma establecerá un “régimen de selección de personal” para que entren los funcionarios más idóneos a los cargos. El Consejo de la Magistratura deberá lanzar una convocatoria, en un plazo de 180 días, para que la población presente su currículum y, posteriormente, se someta a una evaluación meritocrática.

Lamentó que, por no contar con personal capacitado, hubo inscripciones de bienes inmuebles a nombre de personas fallecidas o se hicieron trámites fraudulentos con falsificación de firmas.

Consideró que es necesaria la «interoperabilidad» de Derechos Humanos para que, por ejemplo, el Servicio de Registro Cívico (Serecí) advierta de un caso de registro de terrenos a nombre de un fallecido u otras personas.

“Por eso nosotros estamos blindando el proceso de inscripción para que la persona tenga seguridad y certeza jurídica”, indicó. 

Tras la promulgación del Decreto 5143, algunos sectores y miembros de la oposición manifestaron su preocupación y aseguraron que la oficina de Derechos Reales pasaría al Órgano Ejecutivo.

Sin embargo, Silva aclaró que esa instancia se mantendrá bajo dependencia del Órgano Judicial, para garantizar el derecho propietario de las personas. “Los recursos de Derechos Reales seguirán destinados al Órgano Judicial”.

Lea también: Nueva plataforma de Derechos Reales funcionará a partir de octubre

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Senado aprueba resolución que impide que fallos frenen las elecciones judiciales

Con más de dos tercios de los votos, la Cámara de Senadores aprobó una Resolución Camaral que pretende seguir adelante con el cronograma para las elecciones judiciales.

Senadores aprueban la resolución.

Por Daniel Zenteno

/ 25 de abril de 2024 / 12:29

La Cámara de Senadores aprobó una resolución que frena toda “decisión judicial que suspenda, paralice, bloquee, demore o impida cualquier forma la continuidad y realización oportuna” de las elecciones judiciales.

La norma responde a la serie de amparos constitucionales que, de manera recurrente, suspendieron el proceso desde abril de 2023. El último fue interpuesto por Margarita Medrano, postulante inhabilitada, que dejó en pausa el proceso de calificación méritos.

La resolución camaral se aprobó el miércoles en sesión ordinaria 107.

La calificación de méritos de los postulantes está paralizada desde el martes 16 de abril debido a la resolución de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, a instancias de Medrano.

Puede leer: Otra vez, los plazos ponen en vilo a las elecciones judiciales

Amparos

Desde entonces, las comisiones revisoras entraron en un cuarto intermedio indefinido hasta que este viernes se resuelva el amparo en una audiencia. En ese periodo, se fue conociendo que otros postulantes habían presentado más recursos para detener el proceso.

Los amparos responden al derecho legítimo de los postulantes a presentar este recurso en caso de considerar que se ha vulnerado sus derechos y que el proceso es arbitrario.

Cuando se conoció la paralización del proceso, tanto oficialistas como opositores denunciaron la existencia de una “mano negra” que pretende inviabilizar las judiciales.

Entonces, con el fin de continuar con el proceso, senadores de Comunidad Ciudadana (CC) presentaron la propuesta que se aprobó el miércoles.

Comisiones

Las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural celebraron este hecho y anunciaron medidas legales en contra de los jueces que acepten los amparos.

“Hemos tomado la decisión de presentar cuestiones penales contra los vocales y los jueces que están cometiendo el tema de prevaricato y también resoluciones contrarias a la Constitución”, informó en conferencia de prensa Roberto Padilla, presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural.

Además, según la Ley 1549, de Elecciones Judiciales, el plazo de preselección de postulantes de 180 días calendario vence en 10 días. Al respecto, se conoció de un proyecto que pretende modificar la ley y ampliar el plazo.

Sin embargo, este proyecto de ley fue rechazado, aunque Padilla espera que en próximas sesiones se puede consensuar el tema.

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