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Monday 13 May 2024 | Actualizado a 23:24 PM

Gremiales rechazan decreto del ‘dinamitazo’ por daños

Trabajo. Vendedoras dicen que hay perjuicios no solo económicos

/ 7 de mayo de 2016 / 07:35

Comerciantes del centro de la ciudad de La Paz rechazan el Decreto Supremo (DS) 2754 que ordena la abrogación del DS 1359 y permite el uso de dinamitas en manifestaciones. Arguyen que les causa perjuicios económicos, porque no hay venta, y de salud. Este diario hizo un sondeo entre 10 vendedoras que tienen sus anaqueles en el centro de la ciudad, sector por donde pasan casi todas las marchas de protesta, pero solo cuatro accedieron.

El DS 2754, que permite el uso de dinamitas en marchas, fue promulgado el 1 de mayo por el presidente Evo Morales. Autoridades del Ejecutivo, como los ministros de Defensa, Reymi Ferreira, y de Minería, César Navarro, justificaron la norma, ya que consideran que con el uso de explosivos se defendió la democracia en el país y que la dinamita es parte de la tradición.

Reacción. Lidia Tintaya, vendedora de golosinas en el final de El Prado, sobre la avenida 16 de Julio, declaró: “Está mal la decisión que tomaron los del Gobierno al permitir que se vuelva a utilizar dinamitas en las calles porque eso solo nos perjudica, no deberían haberlo permitido, ya que paraliza la venta que es el sustento de nuestro trabajo”.

También expresó su temor porque con este tipo de protestas a “punta de dinamitas” corren riesgo sus vidas, aunque reconoció que no solo de ellos, sino de los niños y adolescentes que salen de los colegios o que están por el lugar. Agregó que las explosiones afectan a la salud de las personas.

Nemesia Nina, vendedora en El Prado esquina Colombia, al margen de rechazar el DS 2754, lamentó que los marchistas de todos los sectores que pasan por el lugar les perjudiquen en su venta y ensucien las calles porque da mal aspecto a las mismas e incomoda a sus clientes. Agregó que el perjuicio es grande porque los gremiales viven de lo que venden durante el día. “Si quieren marchar deben hacerlo pacíficamente sin molestar a los demás”.

Más abajo, cerca de la sede de la Confederación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (CSTMB), Carla Mamani, vendedora de refrescos hervidos, repudió la despenalización del uso de dinamitas en manifestaciones porque, al margen de perjudicar a los gremiales en su trabajo, solamente causan temor y traumas en las personas. “No tiene que ser de esa forma, no entiendo por qué dejan que utilicen dinamitas, realmente estamos hartos con esto”.

En ese sector, en 2012, se produjo un enfrentamiento a dinamitazos entre mineros cooperativistas y asalariados en pleno centro paceño, por la tenencia de la veta Rosario en la mina Colquiri de La Paz. La pelea dejó un trabajador del subsuelo muerto y por esa situación, meses después, el Gobierno dictó el decreto que prohibió el uso de dinamitas y otros en marchas.

Entre las voces de rechazo que surgieron a la norma del “dinamitazo”, se suma la de Alicia Alejo, que vende golosinas frente a la plaza del Estudiante. Ella lamentó que se quiera volver a lo de antes con las explosiones de dinamitas en las calles sin respetar a las personas. Consideró que lo peor del caso es que deja a todos los comerciantes sin pan para comer.

Dos normas diferentes

Proceso

El DS 2754, que abroga el DS 1359 y prohíbe el uso de dinamitas en marchas públicas, contradice a lo establecido en la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales.

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Bolivia condena actos de violencia de colonos israelíes en Jerusalén Este y Cisjordania

El Gobierno hace un llamado a la comunidad internacional a “unirse en la condena a estos actos de violencia y a redoblar los esfuerzos diplomáticos para buscar una solución justa y duradera al conflicto en Oriente Medio".

La ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, brinda una conferencia de prensa.

Por Boris Góngora

/ 13 de mayo de 2024 / 23:17

El Ministerio de Relaciones Exteriores condenó “enérgicamente” los recientes actos de violencia perpetrados por colonos israelíes en Jerusalén Este y Cisjordania.

Además, repudió los ataques a convoyes de ayuda humanitaria jordana dirigida a Gaza, así como los atentados contra las instalaciones y el personal de la Oficina de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA).

“Estos hechos representan una flagrante violación de los acuerdos de Viena y una clara obstrucción al acceso de ayuda vital para la población civil palestina. Instamos a las autoridades israelíes a llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente sobre estos incidentes, y a que los responsables sean llevados ante la justicia para rendir cuentas por sus acciones. La impunidad no puede prevalecer frente a violaciones tan graves como las ocurridas en esta lamentable serie de eventos”, señala parte del comunicado de la Cancillería.

Lea más: Cancillería rechaza las declaraciones de Israel y llama a un cese inmediato del fuego

También, el Gobierno boliviano hace un llamado a la comunidad internacional a “unirse en la condena a estos actos de violencia y a redoblar los esfuerzos diplomáticos para buscar una solución justa y duradera al conflicto en Oriente Medio, que ponga fin al genocidio contra el pueblo palestino”.

La Unión Europea sancionó a cuatro colonos extremistas israelíes y a dos entidades por «serios abusos a los derechos humanos» contra palestinos en Cisjordania y Jerusalén oriental, anunció este viernes el Consejo de la UE, según la AFP.

Desde que milicianos de Hamás perpetraron ataques en territorio israelí desde la Franja de Gaza el pasado 7 de octubre, colonos y tropas del ejército de Israel en la región de Cisjordania provocaron la muerte de por lo menos 468 palestinos, según fuentes palestinas.

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Comisión de Justicia recibe tres propuestas de ley para elección de fiscal general del Estado

El mandato del fiscal general Juan Lanchipa concluye el 23 de octubre, luego de estar en el cargo por seis años

El presidente de la Comisión de Justicia Plural, el diputado Froilán Mamani (MAS), brinda una conferencia de prensa.

Por Boris Góngora

/ 13 de mayo de 2024 / 23:10

El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Froilán Mamani, señaló este lunes que hay tres propuestas de proyecto de ley para la convocatoria de elección del fiscal general del Estado.

“Nos ha llegado los proyectos de ley, vamos a adelantar la siguiente semana y se tratará directamente en esta comisión o la remitiremos a la comisión correspondiente”, dijo el legislador.

Añadió que con estas propuestas se quiere “ganar tiempo” y no como pasó con las elecciones judiciales. 

Lea más: Comisión Mixta de Justicia Plural habilita a 56 de 184 postulantes para el Consejo de la Magistratura

“No queremos ser irresponsables con el país. Entiendo que hay una responsabilidad en la Asamblea, y nosotros vamos a trabajar en los plazos que se nos vienen, así garantizar que vamos a tener a nuestro fiscal general de Estado”.

El fiscal general del Estado es la autoridad jerárquica superior del Ministerio Público y ejerce la representación de la institución y autoridad en todo el territorio nacional y sobre todo los servidores y servidoras del Ministerio Público.

También ejerce la acción penal pública y las atribuciones que la Constitución Política del Estado y las leyes le otorgan al Ministerio Público, según el artículo 27 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

La autoridad es designada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, por dos tercios de votos de sus miembros presentes, previa convocatoria pública y calificación de capacidad profesional y méritos a través de concurso público.

El mandato del fiscal general Juan Lanchipa concluye el 23 de octubre, luego de estar en el cargo por seis años, tal como establece la Constitución.

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En Santa Cruz, 12 de 33 organizaciones políticas renovaron sus directivas

El TSE tiene en su registro 155 organizaciones políticas departamentales, de las cuales una tercera parte se encuentra en Chuquisaca, con 51.

Congreso de la alianza Creemos.

Por Boris Góngora

/ 13 de mayo de 2024 / 18:17

El Tribunal Departamental Electoral (TED) de Santa Cruz informó este lunes que, de 33 organizaciones políticas con personería jurídica con alcance departamental y municipal en aquella región, 12 cumplieron con la renovación de sus directivas en el marco de la Ley de Organizaciones Políticas (Ley 1096).

María Cristina Claros, presidente del TED Santa Cruz, detalló que otras 16 organizaciones políticas están en proceso de supervisión de renovación de sus directivas y otras cinco agrupaciones ciudadanas de alcance municipal aún no solicitaron apoyo del ente electoral.

“Le corresponde a la militancia y a la directiva saliente de cada organización promover los mecanismos democráticos internos para generar institucionalidad al interior de las agrupaciones u organizaciones políticas, ya sean de alcance municipal o departamental. Nosotros cumplimos con la supervisión a los procesos de elección de las directivas cuando las organizaciones políticas nos presentan y cumplen con los requisitos que manda la norma”, dijo Claros.

Las organizaciones políticas de alcance departamental que cumplieron con la renovación de sus directivas son: Alianza Solidaria Popular (ASIP), Creemos, Fuerza y Esperanza (FE), Seguridad Orden y Libertad (SOL), Santa Cruz Para Todos (SPT) y Unión Democracia y Oportunidad Social (UNIDOS).

Lea más: El MAS acusa al TSE y al Gobierno de ejecutar el plan de ‘proscripción’ y anuncia impugnación

En el caso de las organizaciones políticas de alcance municipal que renovaron sus directivas están: Agrupación de Propuesta (APC,) de Warnes y Mineros; Primero Conce (PC), de Concepción; Voluntad Ciudadana y Equidad Social (VOCES), de La Guardia, Warnes y Okinawua; Todos por Porongo (TPP); JICHI Compromiso Ciudadano, de San José, y Juntos Somos Portachuelo (JSP) de Portachuelo.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene en su registro 155 organizaciones políticas departamentales, de las cuales una tercera parte se encuentra en Chuquisaca, con 51, entre partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos.

El siguiente departamento con más tiendas políticas es La Paz, con 31; le siguen Santa Cruz con 23, Cochabamba con 13, Tarija con 13, Oruro con nueve, Potosí con siete, Beni con cuatro y, finalmente, Pando con cuatro.

El TSE determinó ampliar por 120 días calendario el plazo para que las organizaciones políticas del país renueven sus directivas, conforme establece la normativa electoral vigente.

Esta nueva ampliación se determinó después de que este 5 de mayo feneció el plazo de 180 días que estipuló el TSE en octubre de 2023, para que los partidos políticos de alcance nacional y las agrupaciones ciudadanas departamentales, regionales y municipales elijan nuevas directivas.

De los 11 partidos nacionales, solamente seis (dos todavía en revisión) cumplieron con esta disposición.

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El TSJ plantea debatir una reforma constitucional para que las judiciales continúen o no por voto popular

Jaimes también destacó la tarea trascendente del Órgano Judicial en la administración de justicia e indicó que Chuquisaca no puede perder la sede de este órgano.

El presidente del TSJ, Marco Jaimes.

Por Boris Góngora

/ 13 de mayo de 2024 / 17:24

En la presentación de agenda de actividades del Bicentenario en la histórica Casa de la Libertad de Chuquisaca, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Jaimes, planteó este lunes que se debata una reforma constitucional para que las elecciones judiciales continúen o no por voto popular.

“La población, si acaso ve en las elecciones judiciales demasiada dificultad política por la extrema politización de estas elecciones con miras a las elecciones presidenciales, plantee y debata una reforma constitucional para que sea la población la que decida si continúa el voto popular o acaso se dé el mecanismo empleado por los diferentes países para la designación de altas autoridades judiciales”, señaló Jaimes.

El 30 de abril, la Sala Constitucional de Pando dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes en la Asamblea y declaró la “inaplicabilidad” de la Ley 1549 (Transitoria para las Elecciones Judiciales) y el reglamento de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Supremo Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.

Lea más: Posición política vs. posición jurídica: contradicciones ante las suspendidas judiciales

Tras la notificación del fallo, las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural enviaron sus informes sobre el avance del proceso de preselección al presidente nato de la Asamblea Legislativa y solicitaron que se convoque al pleno para definir el rumbo de los comicios judiciales. 

El jueves, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala arcita en la Cámara de Diputados solicitaron al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una medida cautelar que permita la continuidad de la preselección.

Jaimes también destacó la tarea trascendente del Órgano Judicial en la administración de justicia e indicó que Chuquisaca no puede perder la sede de este órgano, pero “una sede efectivamente funcionando, magistrados resolviendo causas, al día, con independencia, porque los jueces hablan por sus fallos”.

“Más allá de los criterios políticos que estigmatizan de manera generalizada e injusta de todo un órgano, es importante remarcar que tenemos magistrados y jueces que vienen trabajando con la convicción de servicio”, señaló.

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Lima afirma que Morales miente, se equivoca y desinforma sobre el Decreto 4732

De acuerdo con el ministro de Justicia, Iván Lima, el expresidente Evo Morales solo tiene interés por sí mismo.

El ministro de Justicia, Iván Lima.

Por Daniel Zenteno

/ 13 de mayo de 2024 / 14:23

Las denuncias del expresidente Evo Morales en torno al Decreto Supremo 4732 obligaron al ministro de Justicia, Iván Lima, responderle y acusarle de mentir y de desinformar.

Morales calificó al decreto como “preocupante” ya que, en su criterio, se trata de un ataque a la libre determinación de la propiedad.

El ministro dijo que el exmandatario “desinforma y miente en todo lo que dice” y el decreto “está vigente, con el objetivo de evitar cláusulas abusivas de las empresas constructoras y las inmobiliarias”.

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Decreto 4732

“No se aplica a ventas entre particulares; por lo tantom no se ha afectado la compraventa de ningún bien inmueble y ningún ciudadano ha tenido que pedir un ‘permiso’ al Ministerio de Justicia para comprar o vender su propiedad”, aclaró Lima en su cuenta de X.

Morales, durante su programa dominical en radio Kawsachun Coca, denunció que el Decreto Supremo 4732 establece que el Gobierno es el verdadero dueño de la propiedad.

“Con ese decreto (4732) si usted, Ramiro, (conductor del programa de Morales) quiere vender su casa, tiene que sacar un certificado del Ministerio de Justicia; si no tienes ese certificado del Ministerio de Justicia, no puedes vender tu casa, y para sacar el certificado una serie de requisitos, 18 requisitos”, cuestionó Morales el domingo e insistió que se trataba de una inconstitucionalidad.

“Lo único que le interesa es él mismo”, criticó Lima.

Prorrogados

Morales insiste en que ese decreto es un abuso al que recurre el presidente Luis Arce mediante los magistrados y consejeros “autoprorrogados”.

Sobre ese criterio, Lima también lo desmintió y dijo que el decreto fue promulgado hace dos años, en 2022. Cuando los magistrados y consejeros judiciales cumplían su mandato constitucional.

En las últimas semanas, los diputados del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentaron un recurso para impugnar el decreto. Sin embargo, de acuerdo con Morales, éste fue solo un paso inicial y afirmó que buscarán “su abrogación”.

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