El viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, aclaró hoy que el uso de dinamita en protestas y manifestaciones sociales está prohibido, según la ley de armas. Aseguró que la derogación del decreto que prohibía estos explosivos “no es una autorización”.
“El decreto del 1 de mayo no dice pues exactamente que se permite el uso, simplemente señala que se abroga el otro decreto”, declaró la autoridad a los periodistas.
La aclaración la hizo 24 horas después de la protesta que protagonizaron extrabajadores de la estatal textil Enatex, en la que se emplearon dinamitas. Por la manipulación de estos explosivos, Raúl Gutiérrez, dirigente de la Central Obrera Departamental (COD), perdió una mano.
La Ley 400, de control de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados establece en su artículo 51, inciso E, que se prohíbe la tenencia, porte o uso de armas de fuego o explosivos en “manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas, huelgas y mítines”.
“Teniendo está ley, era una tautología legal (repetición de normas) tener un decreto (…). La Ley 400 establece una prohibición draconiana y eso se lo debe cumplir al pie de la letra. Por encima de un decreto está una ley”, remarcó Illanes.
El Día del Trabajo (1 de mayo), el presidente Evo Morales presentó el Decreto Supremo (DS) 2754 que abrogó el DS 1359 que establecía prohibiciones para “la tenencia y/o uso de bombas, materias explosivas, inflamables, asfixiantes, tóxicas (…) en manifestaciones y movilizaciones sociales”.
Las autoridades gubernamentales explicaron que la derogatoria obedecía a una demanda de la Central Obrera Boliviana (COB) que pidió volver a usar la dinamita como herramienta de lucha.
“En el argumento que presentó la COB se hizo un análisis político que demostró que gracias a las movilizaciones se sacó a la oligarquía en 1952; y de 2000 a 2005 se ofreció una heroica resistencia en las ‘guerras del gas y del agua’”, dijo entonces el ministro de Defensa, Reymi Ferreira.
El 1 de mayo, el propio Illanes dijo que a partir de la anulación del decreto “se debe tener cuidado en el uso de la dinamita para no causar daños a la integridad física de las personas, propiedades o bienes”. Recordó que existen tipificaciones penales sin se provocan estos daños.
“Solo se puede usar (dinamita) en actividades productivas, por ejemplo la construcción de un camino en la perforación de la mina (…) Hay sanciones graves para los infractores de uno a tres años de cárcel. Entonces eso tenemos que cumplir nada más”, afirmó el Viceministro hoy.
La derogatoria del DS 1359 provocó reacciones de varios sectores sociales y de vecinos que expresaron su temor por el uso de dinamitas en protestas sociales.
El Concejo Municipal de La Paz pidió al Gobierno la reposición de la normativa abrogada, mientras que la diputada Norma Piérola, del opositor Partido Demócrata Cristiano (PDC), anunció la presentación de un recurso constitucional para rechazar el llamado decreto del “dinamitazo”.