El vocal de Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi informó este miércoles que, para las elecciones judiciales del 1 de diciembre, 7,8 de votantes fueron habilitados.

Ese día serán elegidos 23 magistrados de los tribunales Supremo de Justicia (TSJ), Agroambiental y Constitucional Plurinacional (TCP), y tres miembros del Consejo de la Magistratura. En ambos casos, serán elegidos titulares y suplentes.

La autoridad recordó que el día de la votación cada ciudadano recibirá dos papeletas electorales: una de circunscripción nacional y otra de circunscripción departamental. En la primera, marcará por los postulantes al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura, y la segunda, por magistrados de los tribunales de Justicia y Constitucional.

“En la papeleta nacional hay que votar dos veces y en la papeleta departamental tres veces”, aclaró la autoridad electoral.

Entre los datos estadísticos del Órgano Electoral para este proceso electoral judicial, Tahuichi indicó que de los 139 candidatos con los que se arrancó el proceso, a la fecha renunciaron 12 y están en carrera 127.

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Asimismo, informó que fueron definidos 5.500 recintos electoral, 37.000 mesas de sufragio, 8.000 notarios y al menos 225.000 jurados electorales. “Ésa es la estadística que va a manejar el proceso judicial”.

El vocal electoral también indicó que el domingo 13 se publicará la lista de ciudadanos inhabilitados para la votación. Éstos tendrán dos días para hacer el reclamo con el fin de ejercer su derecho al voto. 

“Quienes están inhabilitados, (son) aquellos ciudadanos que no han votado de manera consecutiva en los dos procesos anteriores. Ellos están inhabilitados y cómo se habilitan, van a ir a los puntos del Serecí (Servicio de Registro Cívico) y dan de alta su habilitación”.

Tahuichi añadió que el domingo 13 también se publicará en el sistema Yo Participo la lista de todos los ciudadanos habilitados.

Entre los hitos centrales del proceso electoral judicial, Tahuichi dijo que está la difusión de méritos, entre el 17 de octubre y el 27 de noviembre. “Vamos a trabajar en la difusión de méritos. En ese marco, el Órgano Electoral está trabajando de manera técnica y neutral”.

Recordó que el 27 de diciembre se entregará las credenciales a los ganadores del sufragio, con el fin de garantizar que el 2 de enero de 2025 se esté posesionado a los magistrados del Órgano Judicial y del TCP.

Tras la conclusión del recurso de revisión de méritos, la Comisión Mixta de Justicia Plural tiene en nómina 41 postulantes habilitados para la fase de exámenes orales y exposición del plan de trabajo dentro el proceso de selección y designación del Fiscal General del Estado.

“El plazo para culminar la etapa era hasta el miércoles. El jueves es la notificación del recurso de revisión de méritos a todos los postulantes y a partir del viernes hasta el martes de la siguiente semana empezamos con la etapa de examen oral y exposición del trabajo”, dijo el presidente de esa comisión, senador Roberto Padilla.

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El legislador también indicó que el viernes a las 15.00 se llevará una sesión preparatoria para la siguiente fase, en el que se revisará las preguntas de las universidades, colegios de abogados y escuela de jueces. “A partir del sábado a las 08.00 iniciamos con el examen oral y la exposición de trabajo”.

Recordó también que para la etapa final la Comisión Mixta de Justicia Plural deberá elegir un mínimo de cinco y un máximo 10 postulantes y remitir esa lista a la Asamblea Legislativa.

Añadió que el examen oral y la exposición del plan de trabajo es la última etapa de la Comisión Mixta de Justicia Plural, para luego entre el 16 y 17 de octubre se preparará el informe final de todas las etapas que se han trabajado en esa comisión.

Amparos

Ante la amenaza de un amparo constitucional presentado en la Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra este proceso, el senador indicó que si se favorece al accionante perjudicaría la etapa de selección del Fiscal General del Estado.   

“Esperemos que los vocales de las salas constitucionales no acepten o admitan los recursos de amparo constitucional, para así tener un nuevo Fiscal General del Estado hasta el 23 de octubre”.

El actual fiscal general, Juan Lanchipa, concluye su gestión el próximo 23 de octubre, por lo que el proyecto plantea la designación de uno nuevo, como fecha límite, el 22 de ese mes.  

ha límite, el 22 de ese mes.  

Bolivia, como signatario de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la solicitud de intervención sobre las acciones, flagelos y crímenes de genocidio en contra del pueblo palestino en la Franja de Gaza.

“Hoy presentamos, en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, la intervención en la CIJ sobre el genocidio en contra del pueblo palestino en la Franja de Gaza. Seguiremos condenando, en todos los escenarios, la ocupación ilegal de Israel y la ejecución de miles de inocentes”, afirmó la canciller Celinda Sosa.

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A través de una nota de la Cancillería, Bolivia reafirma el propósito humanitario y civilizador de la Convención sobre el Genocidio, donde “como Estado parte tiene el deber de tomar todas las acciones necesarias para la prevención, denuncia y represión de actos de genocidio, como es el caso de lo que actualmente ocurre en Palestina, con la ocupación ilegal de Israel”.

De esta forma, se constituye en el décimo país en intervenir con el objetivo común de prevenir y sancionar acciones que pueden conducir al genocidio. En el caso también intervinieron: Nicaragua, Colombia, Libia, México, Palestina, España, Turquía, Chile y Maldivas.

El proceso se inició en diciembre del 2023, cuando Sud África presentó la denuncia contra Israel, a quien acusa de violar sus obligaciones bajo la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, por los actos llevados a cabo en Gaza.

Desde entonces, se emitieron tres órdenes por la CIJ instando a Israel a salir del territorio de Palestina y el proceso sigue en curso; a la espera de las memorias y contra memorias para emitir un fallo.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que un can de la Fuerza Especial del Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) frustró el envío de 2.950 gramos de clorhidrato de cocaína que pretendía ser transportados a través de una empresa fuera del país.

“Informamos a la población que efectivos de la Policía Boliviana ejecutaron labores de interdicción al narcotráfico en instalaciones del aeropuerto internacional de Viru Viru en el departamento de Santa Cruz”, escribió desde sus redes sociales la autoridad.

La autoridad informó que el caso fue abierto por autoridades del Ministerio Público. La droga fue secuestrada por uniformados de la Policía Boliviana.

La droga estaba escondida es una especie de repuestos de tipo cilindros, por lo que la FELCN inició una investigación para identificar a la persona que dejó el ilícito en calidad de encomienda.

Luego de un encuentro con el presidente Luis Arce en la Casa Grande del Pueblo, el Gabinete Social definió una línea de lucha contra el agio, la especulación y el contrabando de alimentos desde los tres niveles de gobierno.

“En el encuentro se definió la “coordinación con gobernadores y alcaldes para control del agio y especulación (…). Esta lucha contra el Contrabando, agio y especulación es de todo el pueblo boliviano, poque sí afecta a la canasta familiar”, dijo el dirigente campesino Vidal Gómez, al salir del encuentro.

Asimismo, indicó que el acuerdo incluye, por parte de las organizaciones sociales, el control de los precios y las denuncias ante posibles casos de acopio.

Gabinete Social

Ante varias denuncias de contrabando de productos bolivianos hacia otros países, especialmente  Perú, el presidente Luis Arce instruyó la militarización de las fronteras, con el fin de frenar la salida de productos, que se traduce en un incremento en el precio en el mercado nacional.

Liderado por el presidente Luis Arce, al encuentro asistieron 51 persona, incluidos ministros de todo el gabinete del Mandatario, excepto los titulares de Tierras y de Medio Ambiente, que se encuentran en Santa Cruz, dirigiendo tareas contra los incendios.

Además, estuvo presente el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi.

Precisamente, los incendios fue el segundo tema en el que giró la conversación del Gabinete Social. Los asistentes comprometieron esfuerzo para apoyar en la lucha contra el fuego que arrazó más de 7 millones de hectáreas en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando.

Incendios

De hecho, la mañana de este martes, el presidente Luis Arce entregó en Santa Cruz el segundo avión Elektra Tanker y un Hércules para apoyar en la lucha contra los incendios.

Ambas aeronaves apoyarán a las tareas de los más de 5.000 efectivos que operan en la región desde el 3 de julio, a los cuales se incorporan otros 1.457 miembros para intensificar las labores de mitigación.