El fiscal General de Estado, Ramiro Guerrero, sostuvo hoy que Perú debería actuar en correspondencia mutua con Bolivia y poner en frontera a los abogados Walter Zuleta y William Sánchez, como Bolivia lo hizo en el caso del empresario peruano Martín Belaunde Lossio, quien fue entregado a las autoridades de ese país en mayo de 2015 en el punto fronterizo de Desaguadero.
«Perú debería actuar en reciprocidad y poner a los abogados Zuleta y Sánchez en frontera», dijo Guerrero en la ciudad de Sucre, un día después de que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, informara que los dos abogados solicitaron refugio al Gobierno peruano e instó al gobierno peruano a rechazar ese pedido.
El Fiscal aludió al caso del empresario peruano Belaunde, buscado por su país para ser juzgado por delitos de corrupción, quien fue entregado a las autoridades del Estado vecino el 29 de mayo de 2015 en el paso fronterizo de Desaguadero por el propio presidente Evo Morales, luego de ser recapturado tras huir de la residencia en La Paz donde cumplía arresto domiciliario mientras se tramitaba su extradición. Belaunde ingresó a Bolivia en diciembre de 2014.
Guerrero remarcó que ambos juristas, buscados desde abril pasado por la justicia, no son perseguidos políticos, por lo que el pedido de refugio es inviable.
Zuleta y Sánchez fueron acusados de cometer el delito de trata e implicados en la suplantación del supuesto hijo del presidente Evo Morales en un proceso judicial tramitado por el Mandatario contra su expareja Gabriela Zapata por ‘violencia psicológica’ contra el menor. La Fiscalía también los acusó por estorbo al ejercicio de funciones y asociación delictuosa.
Sobre este caso, el 11 de mayo, la juez Jacqueline Rada, del Juzgado Segundo Público de la Niñez y la Adolescencia de La Paz, declaró en un fallo la «inexistencia física comprobada» del menor. Según la sentencia judicial, Zapata presentó fotografías de cuatro menores que «no guardan ninguna relación de parecido físico ni edad con el niño que fue presentado al equipo y a la suscrita juez».
El litigio entre Morales y Zapata comenzó en medio de una denuncia de tráfico de influencia, develada el 3 de febrero, a favor de la expareja del Presidente y la empresa china CAMC, donde ésta ejercía la función de Gerente Comercial, en la cual también se reveló el nacimiento de un hijo entre ambos. El Jefe de Estado reconoció esta relación, el nacimiento del menor en 2007, pero dijo que éste falleció ese mismo año.
Por este caso se encuentra bajo detención preventiva en la cárcel de San Pedro un tercer abogado de Zapata, Eduardo León, además de otras seis personas implicadas por la suplantación del niño. (27/07/2016)