La Defensoría del Pueblo suprimió cargos en sus oficinas departamentales y regionales y determinó la desvinculación de 32 funcionarios, aunque sin afectar a padres de familia con hijos menores a un año y a personas con discapacidad o sus tutores, en el marco de un proceso de reestructuración, informó el defensor, David Tezanos Pinto.
“La medida técnica posibilitó la nivelación salarial de los niveles de menor ingreso para superar las diferencias diametrales que existían entre sus servidores públicos, habiendo implicado un total de 32 desvinculaciones por supresión de cargos en sus nueve oficinas departamentales y ocho oficinas regionales”, explicó la autoridad.
Una evaluación del estado de situación administrativa y financiera determinó –dijo- la necesidad de implementar una reestructuración institucional integral, que forman parte de las políticas anunciados en mayo y bajo el amparo de las nuevas líneas estratégicas
Tezanos Pinto sostuvo que el nuevo diseño está ajustado a los pilares de promoción, educación, difusión, vigencia, ejercicio, defensa y cumplimiento de los derechos humanos, la construcción e implementación de políticas públicas, el desarrollo normativo y el servicio al pueblo a través de profesionales integrales.
La nueva estructura, acotó Tezanos Pinto, permite consolidar el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo para orientar el apoyo de la Cooperación Internacional a programas y proyectos concretos