En audiencia de medidas cautelares, la Justicia determinó este viernes enviar a la exministra de Desarrollo Rural y Tierras Nemesia Achacollo, con detención preventiva, a la cárcel de Palmasola de Santa Cruz por el caso de corrupción en el ex Fondo Indígena. La acusada reivindicó su inocencia.
La Fiscalía la imputó por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, porque identificó irregularidades en la ejecución de distintos proyectos durante su gestión como parte del directorio del ex fondo.
La audiencia cautelar, que se prolongó por cerca de cinco horas, se desarrolló en dependencias del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y en medio de un fuerte resguardo policial. En el camino a su audiencia, desde las celdas judiciales, vio al diputado Rafael Quispe, parte acusadora en el proceso, y le gritó: «¡Vas a pagar tarde o temprano, desgraciado!».
Achacollo fue aprehendida la tarde del miércoles luego de un proceso de declaraciones ante la Fiscalía. El jueves 21 de julio empezó a declarar, pero fue dispuesto un cuarto intermedio hasta el día siguiente, que se porlongó hasta el lunes debido a que la defensa solicitó valorar nueva documentación. En ese interín sufrió una descompensación en su salud y fue internada. Pasaron más de 10 días para que sea nuevamente citada.
“Hemos demostrado los elementos probatorios y el juez (Enrique Morales), haciendo una correcta valoración, ha determinado la detención preventiva de la señora Achacollo”, informó Anghelo Saravia, miembro de la comisión de fiscales que investiga el caso.
Tras concluir la audiencia, Achacollo aseguró ser “inocente” de los delitos que se le imputa. Fue llevada a celdas judiciales a la espera de su traslado al recinto carcelario de Palmasola, en Santa Cruz.
El Ministerio de Lucha Contra la Corrupción intervino el 24 de febrero de 2015, el Fondo Indígena luego de que la Contraloría General del Estado detectará un posible daño económico de Bs 71 millones en proyectos fantasmas. La interventora elevó ese monto a Bs 102 millones.
Según la resolución de aprehensión, de acuerdo a ley, la imputada tenía la obligación de controlar y fiscalizar, en cada cierre de gestión, los proyectos ejecutados con recursos del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, mediante informes de los directores ejecutivos.
Además, debió -señala la imputación- fiscalizar las operaciones de su gestión, incluyendo los estados financieros auditados por auditoría externa para luego enviarlo al Ministerio de Economía y a la Contraloría.
Entre 2010 y 2014 Achacollo aprobó varios proyectos de financiamiento que fueron observados por la Contraloría debido.