Ante el fallido intento de la realización del referéndum el mismo día de las elecciones judiciales, el presidente Luis Arce reactivó el trámite de la consulta y, al fin, remitió las preguntas reformuladas al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para su análisis técnico.

La carta fue envida el 6 de septiembre al presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, pero recién se conoció este martes. En ella, el mandatario solicita “se realice la respetiva evaluación técnica de las preguntas, debiendo emitirse el informe a la resolución de aprobación correspondiente… en cumplimiento a los establecido en artículo 18 de la Ley del Régimen Electoral, en caso de ser necesario pueda incluir recomendaciones alternativas a las preguntas”.   

Consultado al respecto por La Razón, el vocal electoral Tahuichi Tahuichi confirmó la recepción de la solicitud de Arce. “Ayer lunes 9 de septiembre de 2024, el presidente del Estado, Luis Arce, ha decidido continuar con las tres preguntas de referéndum ante el TSE”, dijo vía WhatsApp.

Evaluación

“De hecho la nota del Presidente solicita al TSE la evaluación técnica a las preguntas de referéndum, de tal modo que se garantice imparcialidad, precisión y claridad”, aclaró

Las preguntas enviadas al TSE son las mismas que el 26 de agosto envió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para el control constitucional.

El 29 de agosto, a través de la la Declaración Constitucional 029/2024, el TCP resolvió declarar la “improcedencia” la consulta sobre las preguntas planteadas por el presidente Luis Arce, “debiendo devolverse antecedentes a los fines de cumplimiento”.

De acuerdo con la resolución del Constitucional, “para solicitar el control de constitucionalidad de la pregunta de referendo, se debe contar con la evaluación técnica emitida por el Tribunal Electoral competente, situación que no ocurre en el presente caso (sic)”.

Es decir, Arce debió agotar el trámite ante el TSE antes de solicitar al TCP el control de constitucional de las preguntas. El TSE había advertido el incumplimiento del procedimiento.

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De acuerdo con la norma electoral, el TSE tiene 72 horas para emitir su informe técnico sobre las preguntas.

Además, el Presidente corrigió la tercera pregunta que envió al TCP, que decía “de forma parcial” en vez de “reforma parcial” en relación a la Constitución.

Preguntas

Éstas son las preguntas puestas a disposición del TSE para el referéndum que, si amerita, será en otra fecha. Por los plazos legales, la consulta no será posible el 1 de diciembre, el días de las elecciones judiciales:

1. ¿Usted está de acuerdo con levantar gradualmente (es decir poco a poco) la subvención a la gasolina especial?

2. ¿Usted está de acuerdo con levantar gradualmente (es decir poco a poco) la subvención al diésel?

3. ¿Usted está de acuerdo en que el Artículo 168 de lo Constitución Política del Estado, que dispone la reelección por una sola vez de manera continua del Presidente y Vicepresidente del Estado, sea ampliado para incorporar la reelección por una sola vez de manera discontinua, lo cual, implicaría iniciar el procedimiento de reforma parcial de la Constitución, previsto en el texto constitucional vigente?

Ante el anuncio de la “toma” de la Asamblea Legislativa tras la marcha de la Central Obrera Boliviana (COB), el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, indicó que “el derecho la protesta es una manifestación a la libertad de expresión, pero este debe tener sus límites” en torno a los derechos de terceras personas.

“Hemos estado presentes en inmediaciones de un inmueble de una entidad sindical. Hay un anuncio de toma de institución y, reitero, no podemos naturalizar estos hechos, porque van a generar mayores niveles de violencia y va, a poner en la innecesaria incertidumbre a los bolivianos”, advirtió.

Tras la irrupción de grupos afines al expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, en la sede sindical de la COB, la tarde del lunes, el secretario ejecutivo de esa organización, Juan Carlos Huarachi, adelantó que la movilización concluirá con una “toma” del edificio legislativo.

“No vamos a parar, mañana (hoy) la marcha va a terminar con la toma física de la Asamblea y si no quieren legislar que asuman sus suplentes. Y si sus suplentes no quieren, vamos a plantear cierre del parlamento. No provoquen”, advirtió.

Huarachi también denunció que recibió amenazas que no vienen de ahora, sino de hace mucho tiempo. “Me he callado, he aguantado; pero hoy estoy haciendo conocer públicamente” de amenazas contra mi persona y contra “mi familia”. “Aquí hay un responsable (y), como máximo ejecutivo de los trabajadores, denuncio a la comunidad internacional por mi vida, (por la de) de mi familia”.

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Sin mencionar nombres, dijo “aquí hay un responsable de todas estas amenazas que llega contra mi persona”. “No vamos a permitir ese tipo de situaciones. Estas acciones son de cobardes y de bajeza”, advirtió.

Callisaya indicó también que la Defensoría del Pueblo ha acompañado las diferentes manifestaciones de protesta, esto con el fin de hacer la denuncia o la asistencia de los derechos humanos que se “puedan” suscitar en estos eventos.

Con más de 100 organizaciones sociales del Pacto de Unidad, que respalda al gobierno de Luis Arce, comenzó en la ciudad de El Alto la marcha en “defensa de la democracia y la economía” convocada por la COB.

La concentración se inició cerca de las 08.00 en el Coliseo Multifuncional de la Ceja de El Alto y desde ahí se dirigen hasta la Asamblea Legislativa, en el centro de la ciudad de La Paz, con el fin de presionar la aprobación de los créditos “bloqueados”.

Con más de 100 organizaciones sociales del Pacto de Unidad, comenzó desde la ciudad de El Alto la marcha en “defensa de la democracia y la economía” convocada por la Central Obrera Boliviana (COB).

La concentración se inició cerca de las 08.00 en el Coliseo Multifuncional de la Ceja de El Alto y desde ahí se dirigen hasta la Asamblea Legislativa, en el centro de la ciudad de La Paz, con el fin de presionar la aprobación de los créditos “bloqueados”.

Si bien definida antes, la marcha transcurre en un contexto marcado por la irrupción de dirigentes evistas en la sede de la COB, la tarde del lunes, quienes denunciaron que el Gobierno y el secretario ejecutivo de la organización, Juan Carlos Huarachi, intentan “un golpe de Estado” con la toma de la Asamblea Legislativa.

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Al contrario, el lunes, al denunciar la toma del edificio de la COB, este dirigente dijo que esa acción implica un “golpe sindical”.

Sobre la movilización de este martes, Huarachi adelantó que la movilización concluirá con una “toma” del edificio legislativo. “No vamos a parar, mañana (hoy) la marcha va a terminar con la toma física de la Asamblea y si no quieren legislar que asuman sus suplentes. Y si sus suplentes no quieren, vamos a plantear cierre del parlamento. No provoquen”, advirtió.

La marcha fue asumida en un ampliado el 4 de septiembre. El secretario ejecutivo de la COB anticipó que será una gran movilización y demandarán la aprobación de más $us 1.000 millones en créditos estancados en su tratamiento legislativo. Además, reclamó la consideración de “leyes sociales”, como la modificación de la Ley de Pensiones.

Lucio Quispe, ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), indicó que esta organización va a defender la democracia y la Constitución, pero además el de exigir a la Asamblea Legislativa que se aprueben los créditos externos.

“(Hay) algunos grupillos (que están) queriendo desestabilizar al Gobierno. No vamos a permitir como organizaciones sociales y como Pacto de Unidad. Estamos aquí a nivel nacional de los nueve departamentos y hay varios pedidos como el estancamiento de los créditos en el parlamento. De una vez tiene que aprobar esos financiamientos, por eso estamos marchando”, dijo Quispe.   

El comandante de la Policía en Santa Cruz, Erick Holguín, informó este lunes que Erland Ivar García López, alias “El Colla”, ganó una acción de libertad que ordena el retiro de los escoltas policiales de la clínica Foianini, lugar donde se encuentra internado tras sufrir un atentado. 

“Nos extraña que el día de ayer nos notifiquen con una acción de libertad, en la que otro juzgador, al parecer desconoce los antecedentes de este caso y lo que tiene con relación al narcotráfico y el estado procesal, dicta la tutela a favor de esta persona, pretendiendo obligar a la Policía para que retiremos la escolta (policial de la clínica)”, indicó el jefe policial.

El 1 de septiembre, alias El Colla, segundo hombre del narcotraficante Sebastián Marset, y su acompañante fueron interceptados por sicarios en el municipio de Cotoca, Santa Cruz, quienes pretendían quitarle la vida.

Investigación

Holguín reiteró que se continuará con la escolta policial en la clínica y se garantizará que se someta a un proceso. Dijo que paralelamente a la escolta se realiza un resguardo, debido a que el investigado sufrió un atentado contra su vida. 

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“Estamos realizando el trabajo investigativo y estamos cumpliendo con lo que manda la ley. Este señor está en calidad de aprehendido y segundo, también rige una orden emanada por la autoridad competente donde tendría que tener arresto domiciliario con escolta”.

El jefe policial señaló que “El Colla” aún no declaró, esto debido a que recién despertó y están a la espera que el Ministerio Público fije la fecha de declaración.

“En todo caso, vamos a continuar con la custodia, tenemos la obligación de garantizar un proceso y tenemos la obligación de hacer la petición y realizar los actos investigativos y todo aquello que se refiera a la función policial”.

Silvestre Ibáñez, defensa de García, indicó que “El Colla” tiene un “poco” de mejoría en su cuadro clínico. Mencionó que ya se le quitó el coma inducido y fue desentubado. “No está al cien por ciento neurológicamente”.

Certificado forense

Señaló que la defensa solicitará un certificado médico actualizado, esto ante posibles audiencias que se le realicen en su contra. “Él contaba con 50 días de impedimento y de acuerdo a lo que diga el médico forense se verá si se llevan las audiencias a cabo. Neurológicamente no se encuentra estable” reiteró.

El martes pasado, tras las investigaciones, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, reveló que El Colla quería tomar el lugar de Marset y liderar las operaciones en Bolivia.

“Se debe a una disputa por tomar posesión de la organización criminal que en un momento estaba liderada por Marset”, dijo Aguilera.

Tras la irrupción de los evistas en la sede de la Central Obrera Boliviana (COB), el presidente Luis Arce condenó este lunes la “violenta” toma a la casa matriz de los trabajadores y exigió una investigación “rigurosa y una sanción” para los responsables.

“¡Así no! La violencia es el refugio de quienes desprecian la democracia. Condenamos enérgicamente la violenta toma de la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) en La Paz”, escribió el mandatario desde sus redes sociales.

El jefe de Estado indicó que este acto no solo es “un grave atentado contra el ente matriz de los trabajadores… sino que se constituye en un intento de golpe sindical que vulnera los derechos sindicales que deben respetarse en nuestro país”.

“Exigimos una investigación rigurosa y sanciones para los responsables de este repudiable accionar, que no puede quedar impune”, señaló.

La tarde de este lunes, a la cabeza de Juan Enrique Mamani y Humberto Claros, dirigentes de los campesinos e interculturales, afines al expresidente Evo Morales, llegaron hasta la COB, con el fin de denunciar otro ‘golpe de Estado’ junto al Gobierno en la marcha del martes.

Mamani denunció que el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, y el Gobierno se han reunido desde el sábado para organizar la toma de la Asamblea Legislativa, tras la marcha del martes.

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“Queremos denunciar a la comunidad internacional que Juan Carlos Huarachi y a la cabeza del Luis Arce Catacora, en estos últimos días se han ido reuniendo para organizar para el día de mañana la toma de la Asamblea. Ellos quieren hacer aprobar créditos que no corresponden, por eso Huarachi no responde al pueblo boliviano”, dijo Mamani

Claros también denunció que la sede de la COB fue un “plan de golpe de Estado”. “Bajo supuestos de reivindicaciones, quieren sitiar la plaza Murillo y hacer otro golpe de Estado a la Asamblea. A Huarachi y a Luis Arce la siguiente que vengamos no vamos solo venir a protestar, vamos a venir a sacar a patadas a todos estos dirigentes que se han autoprorrogado”.

El ejecutivo de la COB denunció un “intento de golpe sindical” a la casa matriz de los trabajadores. Además, indicó que recibió amenazas contra su vida y la de su familia.

“Quiero hacer una denuncia a la comunidad internacional y a todo el país. Este golpe sindical tiene un fin político”, dijo Huarachi. También denunció que recibió amenazas que no son de “ahora” sino de hace mucho tiempo. “Me he callado, he aguantado, pero hoy estoy haciendo conocer públicamente” de amenazas contra mi persona y contra “mi familia”. “Aquí hay un responsable (y) como máximo ejecutivo de los trabajadores denuncio a la comunidad internacional por mi vida, (por la de) de mi familia”.