Tezanos dice que tiene evidencias de que la Policía usó armas letales en conflicto con los cooperativistas
El Defensor del Pueblo reveló que intentó comunicarse, en varias oportunidades, con el viceministro Illanes, pero sin éxito porque los mineros condicinaban el diálogo a la liberación de los cooperativistas que estaban detenidos en el penal de San Pedro en La Paz.
El defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, declaró hoy que la Defensoría tiene evidencias de que la Policía utilizó armas de fuego en el conflicto con los cooperativistas mineros de agosto de este año, donde murieron cinco miembros de este sector y fue asesinado el viceministro de Régimen Interior y Policía, Rodolfo Illanes.
«La Policía sí uso armas letales en los casos que hemos analizado y tenemos evidencias y respaldos que están en el informe defensorial para esa afirmación», afirmó Tezanos Pinto ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la que fue citado para explicar su participación en esos hechos, en particular el enfrentamiento de Panduro, donde murió Illanes.
Aseguró que para demostrar que la Policía utilizó armas de fuego se tiene el testimonio de los familiares de las víctimas, informes de médicos forenses, las evidencias de los casquillos que han encontrado los mineros y hasta informes policiales.
“Nos pasaron, e inclusive, reportes de funcionarios de la Policía boliviana, que ellos mismos nos han hecho conocer, que hubo armas 9 milímetros que se utilizaron en el conflicto contra los mineros por parte de algunos miembros de la Policía Boliviana”, aseguró.
La autoridad subrayó además que la Policía pudo haber tenido responsabilidad «por acción u omisión» durante la intervención que hicieron a los bloqueos de los mineros cooperativistas, que terminaron la tarde del 25 de agosto con la tortura y asesinato de Illanes.
Entre el 11 al 12 de agosto, cuando comenzaron los bloqueos de carreteras, aproximadamente un centenar de efectivos del orden resultaron afectados tras el intento de despejar las vías, algo que según el Defensor del Pueblo pudo haber causado después una conducción inadecuada de parte del Alto Mando Policial.
Dijo que, tras esas jornadas, pudo haber un “móvil de venganza que era presente y posible en miembros de la Policía boliviana” durante el segundo momento del bloqueo, que fue entre el 23 al 25 de agosto.
“El Alto Mando Policial debía haber tenido todos los cuidados y reparos con el manejo de la tropa, las prohibiciones que tenían que establecerse, si ellos iban a entrar en desiguales condiciones, iban a ser vulnerados y también a que estos móviles de venganza, de sentirse victima,s iban a irse acrecentando y eso es lo que en una hipótesis se podría manejar como los móviles que habrían llevado a la utilización de armas letales que victimarían a hermanos cooperativistas”, aseguró.
Durante una interpelación en el hemiciclo de la Asamblea, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que tres filtros evitaron que policiales porten armas de fuego durante los enfrentamientos con cooperativistas.
No obstante, complmentó: «Quiero señalar que existían tres filtros: primero la instrucción contenida en el Plan de Operaciones (Plan 19/2016) notificada a los comandantes departamentales; segundo, el parte de los jefes de unidades; y tercero la revisión de la columna antes de la intervención en campo».
Tezanos Pinto indicó además que el 25 de agosto los dirigentes mineros Carlos Mamani y Federico Escobar impidieron un contacto con Illanes.
«Nos reclamaban que Salgan libres los hermanos detenidos que estaban en (el penal de) San Pedro, entonces condicionaban cualquier negociación con la Defensoría a que se libere a sus detenidos. No pudimos tener esa conversación con el hermano viceministro Illanes. Observamos de que se debía haber precautelado la vida del Viceministro. Es una experiencia dura, pero tiene que ser una lección que se tiene que aprehender», indicó.
En el conflicto, además de Illanes perdieron la vida los cooperativistas Severino Ichota, Fermín Mamani, Pedro Mamani, Rubén Aparaya Pillco y Freddy Ambrosio Rojas.
El décimo segundo minero enviado a la cárcel bajo detención preventiva fue Ever Jhonny C.P. tras ser acusado de ser uno de los presuntos autores del asesinato de Illanes.
La Fiscalía también investiga al excomandante departamental de la Policía, coronel José Araníbar, quien se halla internado desde la pasada semana en la Clínica Policial.