El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley para la creación de la Comisión de la Verdad, que tendrá como misión esclarecer asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual durante las dictaduras entre 1964 y 1982. La iniciativa legal también dispone la desclasificación de archivos militares, policiales y otros.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, explicó que el objetivo es no dejar en la impunidad los hechos de violación de los derechos humanos, por lo que se investigará y recabará información y documentación que permitan establecer indicios de responsabilidades civiles y penales de los posibles autores intelectuales, materiales, instigadores, cómplices y encubridores de esos casos.
“Ojalá la Comisión pueda en estos dos años que les va a tocar trabajar, darle la mayor retribución que seguramente ustedes están buscando y que es acabar con la impunidad en nuestro país”, sostuvo dirigiéndose a los familiares de las víctimas de las dictaduras presentes en el hemiciclo parlamentario, según un boletín institucional.
El Proyecto de Ley 305 establece que la Comisión de la Verdad investigará entre el 4 de noviembre de 1964 y el 10 de octubre de 1982. La comisión estará compuesta por cinco personas que no percibirán remuneración alguna y su elección estará condicionada a su acreditada imparcialidad, capacidad profesional, ética e integridad personal; además de su compromiso con la promoción de loa derechos humanos.
Bolivia vivió 18 años bajo gobiernos militares o de facto, entre ellos del extinto Hugo Banzer (1971-1978) y de Luis García Meza (1980-1981). Durante la dictadura de Banzer se aplicó el Plan Cóndor.
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Los miembros de la instancia de investigación no podrán ser juzgados penalmente por el ejercicio de sus funciones, por las acciones asumidas en la investigación y por los resultados de la misma, siempre y cuando su accionar se enmarque en las normas vigentes.
La Comisión podrá acceder a inmuebles privados, incluyendo ex casas de seguridad, y a centros y ex centros de privación de libertad, previa autorización de la autoridad competente. También podrá convocar y recibir testimonios de víctimas y familiares, autores mediatos e inmediatos, intelectuales y materiales, instigadores, cómplices y encubridores mediante entrevistas, audiencias u otros medios.
También dispone la desclasificación de los documentos militares (físicos o digitales), policiales y otros clasificados o a los que no se pueda tener acceso.
“Con esta desclasificación vamos a poder encontrar a nuestros familiares”, expresó la jefa de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Tarija y proyectista del Proyecto, diputada Norah Quisbert.
Los miembros de la Comisión deberán presentar un informe final al cabo de sus funciones, es decir dos años, con posibilidad de alargue de seis meses. El documento elaborado deberán entregarlo al Presidente del Estado, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la Fiscalía General del Estado, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo.