El gabinete ampliado convocado por el presidente Evo Morales cerró este miércoles con la urgencia de concretar una lucha efectiva contra la microcorrupción y la burocracia en el aparato estatal. Se aprobó, además, la creación de una nueva instancia del Ejecutivo: el «Gabinete Productivo».
«Esta jornada muy saludable de debates a provocado construir iniciativas sobre mecanismo efectivos de lucha contra la corrupción que era uno de los ejes temáticos de preocupación nacional; evaluaciones profundas sobre la burocracia tendiente a la dilación, a la inviabilidad de trámites de gestiones de la comunidad. Hay criterios y mecanismos de fortalecer celeridades, procedimientos que vayan a cortar todas esas demandas que efectúa la ciudadanía», sostuvo el ministro de la Presidencia, René Martínez, al finalizar la reunión en el Campo Ferial Chuquiago Marka de la zona de Següencoma en La Paz.
Según Martínez, junto a los legisladores presentes en la apertura del gabinete se trabajará en propuestas y proyectos a discutirse en un «corto plazo» con el fin de plantear códigos de ética que sancionen y reduzcan la microcorrupción que -indicó- se da en «niveles inferiores».
«Hay propuestas de efectividad de seguimiento. Hay distintas reflexiones sobre iniciativas que podrían permitirnos no solo el acortamiento de plazos, transparentación, sino también para asumir denuncias de efectiva lucha contra la corrupción penalizando a quienes desde el espacio del aparato público podrían estar consumando hechos de corrupción», remarcó.
En la inauguración del gabinete, en horas de la mañana, Morales denunció que en la administración pública existe maltrato y burocracia y casos de micro corrupción como la venta de cargos y cobros para renovar contratos laborales. Demandó a los ministros “cortar” esos hechos.
“Algunos dirigente del MAS en Cochabamba, ya hemos descubierto. Adentro a la cárcel… (Estaban) cobrando para la entrega de ítems en Salud y Educación», desveló y añadió que tiene información de que autoridades subalternas hacen cobros de entre Bs 600 y Bs 4.800 ($us 700) para renovar contratos laborales de funcionarios.
El Ministro argumentó que todo estamento institucional tienen instancias de recepción de denuncias de corrupción y que cualquier ciudadano puede plantear una denuncia.
«Hay una preocupación global, generalizada, que ha sido profundiza en su debate pero está siendo sujeta a que cada ministerio, por la particularidades propias pueda presentar proyectos en corto plazo y tengamos estos mecanismos definidos institucionalmente para el cumplimiento transversal de las decisiones que podamos tomar como efectiva lucha contra la corrupción», declaró Martínez. (01/02/2017)