Nacional

Thursday 28 Mar 2024 | Actualizado a 21:27 PM

Evo promulga la ley que amplía las plantaciones legales de coca y llama a trabajar por la industrialización

La ley de 35 artículos y seis disposiciones transitorias reconoce la hoja de coca como patrimonio cultural y advierte, a su vez, que la planta en su estado natural no es droga. Esta reemplazará 31 artículos de la ley 1008 que tienen que ver con la coca.

/ 8 de marzo de 2017 / 13:15

El presidente Evo Morales promulgó la mañana de este miércoles la Ley 906 General de la Hoja de Coca que fija en 22.000 hectáreas (ha) las plantaciones legales del arbusto en el país y convocó trabajar en adelante por la industrialización.

«Llegó la hora de enterrar la Ley 1008, que busca enterrar la hoja de coca en Bolivia. Es un día histórico», anunció en Palacio de Gobierno, donde se realizó el acto con presencia de productores de la hoja del Chapare y algunos representantes de los Yungas.

Cuestionó a quienes se oponen a la nueva normativa y consideró que ello es respaldar la ley 1008, que busca la eliminación del arbusto reconocido como patrimonio cultural en la Constitución política del Estado (CPE).

Se declaró «orgulloso» por participar en la promulgación de la Ley de la Coca y dijo que en adelante queda el desafío de impulsar la industrialización. «La coca en su estado natural es tan respetada, no solamente como alimento, sino como medicina, la tarea es cómo industrializareso. Ahora tenemos que trabajar», afirmó.

Recordó los esfuerzos que se hicieron en busca de mercados para los productos derivados de la coca y mostró algunos de ellos. «La responsabilidad que tenemos ahora es cómo ampliar ese mercado con fines benéficos para la humanidad, para la salud», insistió.

La Ley General de la Coca fija en 22.000 hactáreas la cantidad de plantaciones legales. La Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas había fijado en 1988 que serían solo 12.000 ha.

La promulgación de la norma develó división entre los productores de los Yungas, pues delegados del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas asistieron al acto y respaldaron la vigencia de la norma, un día después que el presidente de la Asociación de Productores de Coca de los Yungas (Adepcoca), Franklin Gutiérrez, anunciará el rechazo de su sector a la misma y su inasistencia al acto.

  • El presidente Evo Morales firma la Ley General de la Hoja de Coca. Foto: APG

A las 08.04 Morales, quien retornó al país la noche del martes tras permanecer seis días en Cuba, donde fue atendido por problemas en la garganta, promulgó la norma en Palacio de Gobierno en un acto que reunió, además, a delegados de productores de coca del Chapare, en Cochabamba.

«Este día con seguridad será histórico, es una día muy importante para nuestra dignidad, para la hoja de coca que representa a esa cultura milenaria (…) Estamos orgullos de sancionar una ley sancionada por la Asamblea», dijo al empezar su discurso y frente a especulaciones respecto a que su viaje a Cuba fue para evitar promulgar, en persona, la ley.

Recordó que en 1961 se penalizó la hoja de coca en la Convención de Viena, donde se definieron políticas para coca cero, pero al mismo tiempo se impulsaba su industrialización en países como Estados Unidos.

La ley 1008 fue para eliminar la coca, dijo el Mandatario y expresó su sorpresa porque un sector de cocaleros defienden la vigencia de la norma, vigente desde el 19 de julio de 1988.

«Lamento mucho que algunos de nuestros compañeros no quieren la modificación de la Ley 1.008, al pedir que la ley (de coca) se suspenda su tratamiento indefinidamente. La derecha busca dividirnos y enfrentarnos entre compañeros (…) es una política del imperialismo, cuanto más estamos enfrentados ellos felices saqueando nuestro recursos naturales», aseveró el Jefe de Estado.

El viernes 24 de febrero, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sancionó la ley, normativa que eleva a 22.000 ha las plantaciones legales del arbusto: 14.300 para La Paz y 7.700 para Cochabamba.

La ley de 35 artículos y seis disposiciones transitorias reconoce la hoja de coca como patrimonio cultural y advierte, a su vez, que la planta en su estado natural no es droga. Esta reemplazará 31 artículos de la ley 1008 (vigente desde 1988) que tienen que ver con la coca.

Se establece el aumento de 12.000 ha a 22.000 ha legales. La nueva ley regulará el control estatal a la cadena de producción, comercialización, circulación, transporte, industrialización y exportación.

El presidente de la Asociación de Productores de Coca de los Yungas (Adepcoca), Franklin Gutiérrez, descartó el martes la presencia de su sector en el acto de promulgación y reiteró que el sector cocalero de esa región paceña no está de acuerdo con la promulgación de la ley.

Gutiérrez anunció que los cocaleros de Yungas esperarán un cambio de Gobierno para que se convoque a un referendo, en el cual se decida cuál es la coca que se consume del modo tradicional en Bolivia.

Sin embargo, Asunta Mamani, representante del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay-Mujeres), aseveró hoy en Palacio de Gobierno: «hoy estamos orgullosos de que nuestra hoja de coca sea respetada. Tal vez muchos de nuestros hermanos no estamos comprendiendo”.

Wilma Soto, en representación de Cofecay-Varones advirtió que su sector apoya la nueva normativa. «La ley nos favorece a todos los productores (de coca)”.

En representación de los cocaleros del Chapare habló Segundina Orellana, secretaria de organización de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, quien destacó que la lucha de las organzaciones sociales no fue en vano.

“Nuestro gobierno está garantizando las 22.000 hectáreas. Siempre nosotros, como productores, respetamos nuestro cato de coca, por ende, hoy día nos sentimos más unidos y por tanto esta ley va a ser para beneficio de los productores de las dos regiones”, remarcó.

A su turno, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, destacó el nacimiento de la nueva ley, que -dijo- sepulta a la Ley 1008. (08/03/2017)

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Comisión ratifica la inhabilitación de 131 personas para el Agroambiental y la Magistratura

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural informó que esta instancia revisó 186 impugnaciones, de las cuales 131 quedaron inhabilitados, de esa cifra 96 son hombres y 35 mujeres.

La sesión de la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa.

Por Boris Góngora

/ 28 de marzo de 2024 / 20:45

Tras la culminación de la fase de resolución de impugnaciones, la Comisión Mixta de Justicia Plural ratificó este jueves la inhabilitación de 131 personas que postulaban a un cargo para el Tribunal Agroambiental o del Consejo de la Magistratura.

El presidente de esta comisión, senador Roberto Padilla, informó que esta instancia revisó 186 impugnaciones, de las cuales 131 quedaron inhabilitados, de esa cifra 96 son hombres y 35 mujeres. Se habilitó a 55 postulantes, 33 son hombres y 22 mujeres.

Padilla señaló que, de las 60 impugnaciones relacionadas al Tribunal Agroambiental, a 40 personas se ratificó su inhabilitación (26 varones y 14 mujeres) y 20 revocaron esta condición y ahora están habilitados para la siguiente etapa (12 varones y 8 mujeres).

Para el Consejo de la Magistratura, el senador precisó que, de 126 impugnaciones resueltas, a 91 ratificaron su inhabilitación (70 varones y 21 mujeres) y 35 revirtieron sus inhabilitaciones y fueron habilitados (21 varones y 14 mujeres).

«De un total de 186 impugnaciones revisadas, tanto del Consejo de la Magistratura como del Tribunal Agroambiental, tenemos 131 inhabilitados”, puntualizó.

Lea más: Comisión ratifica la inhabilitación de Tahuichi Tahuichi y éste amenaza con frenar las judiciales

El legislador señaló que aquellos que aún se sientan afectados con esta inhabilitación hay otra etapa que es el recurso de revisión y ahí tienen todo el derecho de presentarse los postulantes. 

“Este recurso de revisión tiene cinco días de plazo, es decir desde hoy serán notificados y pueden presentar (su demanda) hasta el lunes. Quisiéramos que aquellas personas que han sido inhabilitadas puedan recurrir al recurso de revisión”, dijo.

Ante la amenaza del vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, de frenar el proceso electoral si no se lo habilita, Padilla señaló que esta autoridad desde hace tiempo viene amenazando a la Comisión y que en el criterio del legislador “quiere entrar a la fuerza” al cargo que postuló.

“Tahuichi Tahuichi desde hace tiempo ha venido amenazando a la comisión, creo que quiere entrar la fuerza y no entiende que nosotros como Comisión Mixta de Justicia Plural debemos cumplir con la Constitución Política del Estado y la Ley 1549 y la convocatoria que hemos aprobado por dos tercios”, dijo.

El vocal del TSE adelantó el miércoles que interpondrá una acción de amparo y un recurso de inconstitucionalidad a todo ese proceso de preselección en caso de ser ratificada su inhabilitación.

“(Si me inhabilitan) hay otra etapa que es el recurso extraordinario de revisión, voy a proseguir y si eso prospera, adelanto que, si no me habilitaran, voy a interponer una acción de amparo y si no prosperara voy a interponer un recurso de inconstitucionalidad a todo el proceso, porque he cumplido a todo lo que se señala la convocatoria”, advirtió la autoridad electoral.

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Sigla del MAS en riesgo, TSE conmina a un congreso en 25 días

Como fecha límite se establece el 21 de abril y la convocatoria deberá ser en cumplimiento al artículo 13 de su estatuto, con previo consenso acreditado con las organizaciones matrices nacionales reconocidas por su estatuto.

Sala Plena del TSE brinda una conferencia de prensa.

Por Boris Góngora

/ 28 de marzo de 2024 / 17:07

En medio del quiebre interno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y las divergencias entre los bloques afines al presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) conminó a la dirección nacional de ese partido a que en un plazo de 25 días calendario emita la convocatoria a congreso ordinario para la renovación de su directiva.

El TSE en el ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento del Auto Constitucional de 20 de marzo de 2024 de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TSJ) de La Paz resolvió:

“Conminar a la Dirección Nacional del partido político Movimiento Al Socialismo… para que en el plazo de 25 días calendario, computable a partir de la notificación con la presente resolución, emita la convocatoria a congreso nacional ordinario para la renovación de su directiva, en cumplimiento al artículo 13 de su estatuto orgánico, es decir, con previo consenso acreditado con las organizaciones matrices nacionales reconocidas por el citado dispositivo estatutario”, es una de las resoluciones emitidas por el TSE.

Sentencia

El auto constitucional del 20 de marzo de la Sala Constitucional Primera del TSJ establece que no es “suficiente la emisión de la resolución 0392/2023 de 12 de diciembre de 2023, a efectos de dar cumplimiento a la resolución constitucional considerando que el Tribunal Supremo Electoral debe ejercer actitudes positivas en pos de garantizar el cumplimiento de la norma y con ello la satisfacción de los derechos debatidos en la audiencia de amparo y la correspondiente resolución objeto de queja”.

La vocal del TSE, Dina Chuquimia, informó que el auto constitucional concedió al Órgano Judicial un plazo de 72 horas para que pueda resolver el reclamo que subió a la Sala Constitucional Primera las organizaciones matrices fundadoras del instrumento político, quienes interpusieron un amparo constitucional contra el congreso del MAS, de octubre de 2023, al no tomarles en cuenta.

“En virtud a eso prácticamente nos ha dado un plazo la Sala Constitucional y Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral ha dispuesto la conminatoria al partido político Movimiento Al Socialismo”, dijo Chuquimia.

Lea más: Congreso del MAS arcista no cumple con tres requisitos y tiene dos días para enmendar observaciones

Añadió que todas las organizaciones políticas tienen la obligación de cumplir las resoluciones del ente electoral, pero además que la Ley 1096 “De Organizaciones Políticas” “manda y exige cumplimiento” de los partidos políticos.

La vocal del TSE también señaló que en caso de incumplimiento la primera medida es una llamada de atención, y si es que “no se cumple por segunda vez”, es otra conminatoria y la tercera es “prácticamente la pérdida de la personería jurídica”.

“Esta situación no hemos visto en los últimos años porque prevemos que las organizaciones políticas puedan cumplir los mandatos que salen de Sala Plena… por lo que hemos contado, (la fecha de plazo para la convocatoria) es el 21 de abril”, mencionó la autoridad.

Aniversario

El MAS celebra su 29 aniversario en medio de una crisis interna que surge por los liderazgos que representan al presidente Arce y Morales, la cual alcanzó también a la estructura legislativa que se vio fracturada por los bloques arcista y evista.

Lo mismo pasa con las organizaciones sociales, consideradas el sostén político y social del MAS, en el que se vio un paralelismo sindical con la creación de directivas afines a Morales y Arce.

Esto se ahondó aún más con la convocatoria del bloque arcista a un congreso nacional del partido para los primeros días de mayo, en el que se elegirá al nuevo directorio. Esta opción fue observada por el TSE debió a que deberán subsanar en un plazo de dos días tres requisitos observados por la entidad electoral.

De acuerdo con el estatuto del MAS, este emergió en 1995 en un congreso de la mano de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB).

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Congreso del MAS arcista no cumple con tres requisitos y tiene dos días para enmendar observaciones

Una de las observaciones señala que la convocatoria no acredita el cumplimiento del artículo 13 del estatuto del MAS que "dispone que será emitida por la Dirección Nacional, previo consenso con las organizaciones matrices nacionales".

Las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral.

Por Boris Góngora

/ 28 de marzo de 2024 / 16:37

Ante la solicitud del acompañamiento y fiscalización al Congreso Nacional Ordinario del partido de Gobierno, a realizarse del 3 al 5 de mayo en la ciudad de El Alto, La Paz, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó a los ejecutivos de las tres organizaciones matrices fundadoras del Movimiento Al Socialismo (MAS) que deberán subsanar en un plazo de dos días tres requisitos observados.

“En aplicación del procedimiento establecido en el Reglamento para la Supervisión a Organizaciones Políticas… Secretaría de Cámara del Tribunal Supremo Electoral Revisó el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el artículo 8 de dicho reglamento, a fin de verificar la procedencia de la solicitud; y producto de esta labor de revisión» se tiene lo siguiente.

Entre las observaciones del Órgano Electoral se señala que “la solicitud de supervisión la suscriben Lucio Quispe, Esteban Alavi y Guillermina Kuna», empero «de acuerdo con los antecedentes que cursan en el TSE, ninguno de ellos figura entre los dirigentes nacionales del MAS registrados mediante resolución TSE-RSP-JUR 05/2017. Tampoco figuran los delegados políticos nacionales, los cuales son Diego Jiménez y Nelvin Siñani”.

Indica también que la solicitud “no adjunta la nómina de representantes que conducirán el Congreso Nacional, acreditados por la instancia interna del partido”.

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Menciona que “la convocatoria no acredita el cumplimiento del artículo 13 del Estatuto Orgánico del MAS que dispone que será emitida por la Dirección Nacional, previo consenso con las organizaciones matrices nacionales. No presentan publicación de la Convocatoria en medios de comunicación. No señalan los requisitos de participación según estatuto. No señalan los requisitos para la postulación a cargos a elegir. No señalan la modalidad de elección”.

En marzo, el Pacto de Unidad afín al presidente Luis Arce definió que en mayo se realice el Congreso Ordinario del MAS-IPSP en la ciudad de El Alto. Evento programado en el coliseo Héroes del Pacífico.

De acuerdo con el número de acreditados, las direcciones departamentales del MAS deberán registrarse con 80 delegados. Las organizaciones sociales fundadoras del partido: (CSUTCB, CSCIB y Bartolinas) con 200 delegados cada una, la Central Obrera Boliviana (COB) con 20 y otras confederaciones y federaciones nacionales, con entre 100 y 50 delegados.

Desde la Dirección Nacional del MAS evista rechazaron la legalidad de esa convocatoria y aseguraron que los dirigentes arcistas usaron el membrete y el sello falsificado del instrumento político para realizar trámites, uno en la Sala Constitucional Primer y otro ante el TSE.

La directiva paralela arcista celebró este jueves el 29 aniversario del MAS en la plaza San Francisco en medio de una crisis interna que surgió por los liderazgos que representan al exmandatario y actual jefe del partido Evo Morales y el presidente Luis Arce.

El bloque evista también convocó a la celebración del MAS por su aniversario para el sábado 30 en el municipio de Yapacaní, Santa Cruz.

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Detención domiciliaria y arraigo para jesuitas Recolons y Alaix por caso de pederastia clerical

Los exprovinciales de la Compañía de Jesús fueron imputados por el delito de encubrimiento al cura pederasta Alfonso Pedrajas (+), quien abusó sexualmente a 85 menores de edad.

La justicia dictó detención domiciliaria y arraigo para los exprovinciales Marcos Recolons y Ramón Alaix, acusados por encubrimiento.

Por Rosío Flores

/ 28 de marzo de 2024 / 15:28

En una audiencia de medidas cautelares, la Justicia dictó detención domiciliaria y arraigo para los jesuitas Marcos Recolons y Ramón Alaix, acusados por del delito de encubrimiento en un caso de pederastia clerical.

Ambos acusados encubrieron los delitos sexuales cometidos por el cura pederasta Alfonso Pedrajas (+). El cura abusó sexualmente a 85 menores de edad, la mayoría del colegio Juan XIII de Cochabamba, del que era director.

El dictamen sucede luego de una investigación que comenzó al develarse el diario del cura Pedrajas. El también conocido como “Pica”, detalló los abusos que cometía contra sus víctimas.

Estos escritos fueron hallados por Fernando Pedrajas, sobrino del cura pederasta, quien entregó el diario al medio de comunicación español El País.

Tanto Recolons como Alaix aparecen en las memorias de Pedrajas como dos de los siete altos cargos de la Compañía de Jesús. Éstos le ayudaron a eludir las denuncias de sus víctimas. “Tenían la obligación de controlar el funcionamiento de cada una de las obras jesuitas. Más aún en la que tenían bajo su cuidado y protección a niños y adolescentes en evidente estado de vulnerabilidad”, dice una parte del documento de imputación de la Fiscalía.

La jueza que celebró la audiencia tomó en cuenta los argumentos del Ministerio Público por “peligro de fuga”, “peligro efectivo para las víctimas” y por posible “obstaculización judicial”.

Lea también: Se celebra en reserva la audiencia cautelar de Recolons y Alaix por pederastia clerical

El diario del cura pederasta Pedrajas es instrumento de prueba fundamental para la Fiscalía. Su “autenticidad está respaldada por los testimonios de las víctimas y el trabajo de investigación realizado en España”, cita otra parte del documento de imputación.

VÍCTIMAS

A través del exjesuita Pedro Lima, las víctimas de Pedrajas señalaron que la determinación de la Justicia es importante porque es un paso para continuar con el proceso.

“Es un paso importante para las víctimas, porque además es la primera vez en Bolivia que se pone en el banquillo de los acusados a sacerdotes. Es una esperanza para que los demás sacerdotes implicados también reciban sanciones”, dijo Lima a La Razón.

El miércoles, a través de un comunicado, la Compañía de Jesús, de la que Alaix y Recolons fueron provinciales, adelantó que respetará la decisión judicial.

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De ocho implicados en el caso Golpe de Estado I, cinco están prófugos

Los otros tres, Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, se encuentran bajo detención preventiva en cárceles de La Paz y Potosí, respectivamente.

Por Daniel Zenteno

/ 28 de marzo de 2024 / 15:10

El caso Golpe de Estado I, que investiga los hechos previos a la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019, ya tiene tribunal para el juicio, el mismo que condenó a 10 años de prisión a la exmandataria Jeanine Añez en 2022, a raíz del caso Golpe de Estado II.

El juicio, de acuerdo con el abogado de la parte denunciante, Jorge Nina, debería comenzar en un mes. Sin embargo, cinco de los implicados se encuentran prófugos.

Los prófugos son el exministro de Defensa Luis Fernando López; los excomandantes de las Fuerzas Armadas William Kaliman y Sergio Orellana; el excomandante de la Policía Yuri Calderón, y el exinspector de las Fuerzas Armadas Jorge Fernández Toranzo.

En detención preventiva se encuentran la expresidenta Jeanine Añez los exlíderes cívicos de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y de Potosí Marco Pumari.

Golpe de Estado I

En 2020 la entonces diputada Lidia Patty denunció el caso, que investiga los hechos precedentes a la renuncia de Morales.

El caso se desató en 2019 luego de las fallidas elecciones generales del 20 de octubre. Entonces, la oposición consideró un “fraude electoral” los comisiones.

Camacho, entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, propició las protestas a través de multitudinarios cabildos en Santa Cruz. Entonces, como admitió luego, pactó con la Policía y las Fuerzas Armadas su respaldo a las movilizaciones.

Sugirió la sucesión de la decana del Tribunal Supremo de Justicia, planteó una “junta de notables” e irrumpió junto a Pumari, y el abogado Eduardo León, el Palacio Quemado.

Las investigaciones establecieron que destinó desde su cuenta en el Banco Ganadero al menos $us 7,8 millones para costear a los movilizados pasajes, hoteles y seguridad en La Paz, a través de personal del Comité pro Santa Cruz.

Quien operó ante las Fuerzas Armadas fue López, que se reunió con Kaliman antes de que el Alto Mando militar sugiriera, el 10 de noviembre, la renuncia de Morales.

Entonces, Áñez era segunda vicepresidente de la Cámara de Senadores. Su nombre apareció, como posible sucesora de Morales, en la reunión extralegislativa de la Universidad Católica, en La Paz.

El 12 de noviembre se proclamó presidente del Estado en sendos actos en la Asamblea Legislativa, en la que, primero, asumió la presidente del Senado. No hubo sesión oficial ni quorum; tampoco asistió la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Por esas acciones, Áñez fue sentenciada en junio de 2022 a 10 años de prisión en un segundo caso, Golpe de Estado II, por incumplimiento de deberes en contra de la Constitución.

En tanto, Pumari protagonizó la toma, y posterior, quema del edificio del Tribunal Electoral Departamental de Potosí. También se movilizó en La Paz junto a Camacho, al punto de pasar desapercibidos vestidos de policías y resguardados por patrullas policiales.

Prófugos

Luego de tres años de investigación, la Fiscalía presentó en diciembre de 2023 la acusación formal para llevar a juicio a los ochos citados. El principal acusado es Camacho (el caso es foliando como “Luis Fernando Camacho y otros”), junto con Kaliman, López y Calderón, procesados como autores; mientras los demás están en calidad de cómplices.

No se sabe dónde se encuentra Kaliman. Orellana partió presuntamente a Colombia.

López y Calderón se refugiaron inicialmente en Brasil, pero, ante el cambio en la coyuntura del país vecino, tuvieron que salir hacia Paraguay recientemente.

El paradero de los otros se desconoce.

Nina también confirmó que el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción Primero de La Paz, el mismo que sentenció a 10 años de prisión a Añez por el caso Golpe de Estado II, estará a cargo del caso.

El martes, cuando se conoció al tribunal encargado del caso, Añez protestó que se la vuelva a juzgar por los mismos hechos.

Puede leer: Añez cuestiona que el Tribunal que la sentenció a 10 años sea el mismo en el caso Golpe I

De acuerdo con Nina, el caso podría comenzar en un mes con el juicio oral de los implicados. Debido a que el delito por el que se los acusa es terrorismo, la pena para Camacho, López, Kaliman y Calderón, por ser autores, podría ser de 20 años, y 10 años para los cómplices.

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