Vladimir Ochoa, abogado del exministro de Minería Luis Alberto Echazú, denunció que hubo irregularidades en la aprehensión de su cliente, quien es acusado por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

El martes, la Justicia determinó la detención domiciliaria y una fianza de Bs 30.000 para Echazú, quien es investigado por presuntos hechos de corrupción en la implementación de la planta de litio en el salar de Uyuni, Potosí.

En entrevista con La Razón Radio, Ochoa contó que la denuncia fue presentada el jueves de la semana pasada con más 4.000 hojas de pruebas y, dos días después, la Fiscalía ya tenía la tuición del caso y ejecutó el mandamiento de aprehensión.

“En un plazo de dos días, la Fiscalía ha leído 4.000 hojas”, reclamó.

Develó que Echazú ni siquiera fue convocado por la Fiscalía para declarar antes de ser aprehendido. “Se ejecutó la aprehensión de manera directa. Luego de eso, recién se enteró de qué delitos se lo estaba acusando”

“Estaba cocinado, es una persecusión política arbitraria”, sentenció.

Consideró que la aprehensión “exprés” de su defendido es parte de un intento del Gobierno para justificar la falta de mantenimiento de las piscinas de litio y el retraso de los trabajos en la planta de litio.

A su vez, explicó que las piscinas 18 piscinas de la planta del Salar de Uyuni están funcionando parcialmente, pero algunas están paralizadas “por falta de mantenimiento”. Afirmó que Echazú no se hizo cargo de la planta de litio desde el 2017. “Él no estuvo vinculado”.

“Si existía un grave hecho, porque el Gobierno tardó cuatro años en identificarlo”, cuestionó.

Negó que el exministro Echazú sea culpable del delito de supuesto daño económico. Develó que, durante el juicio, se comprobó que Echazú no compró las geomembranas para las piscinas de litio con ningún tipo de sobreprecio o irregularidades.

“Él adquirió las membranas de 0,55 siendo que se requerían una de 0,75. Éste es un debate técnico”, aclaró Ochoa.

Indicó que se acreditó que no hubo sobreprecio ni negociados con la empresa proveedora del material. Reclamó que en el caso hubo contradicciones por parte de los denunciantes. “Tratan de lavarse las manos y acallar la voz del compañero Echazú”.

El pasado jueves, YLB y la Procuraduría General del Estado presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra 10 exfuncionarios de la estatal por daños a las piscinas industriales del complejo de litio, ubicado en Potosí, que ascienden a más de Bs 425 millones.

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El expresidente Evo Morales criticó este miércoles que, a más de tres años y medio de gestión del presidente Luis Arce, no haya “ningún resultado” de la anunciada industrialización del litio.

“El Gobierno, con bombos y platillos, al inicio de su gestión, anunció un nuevo plan de industrialización con la extracción directa del litio (…). Pasaron 3 años y medio, no vemos ningún resultado (sic)”, publicó Morales en su cuenta de X.

La crítica del exmandatario a su otrora elogiado ministro de Economía sucede a la aprehensión del exministro Luis Alberto Echazú, que fue titular de Minería y exgerente nacional de Recursos Evaporíticos de la gestión de Morales.

Evo Morales

El Ministerio Público, a instancias de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), la Procuraduría General del Estado y el Gobierno, investiga a 10 exfuncionarios de la estatal y otras dos personas por supuestos daños a las piscinas industriales del complejo de litio, ubicado en Uyuni Potosí, que ascienden a más de Bs 425 millones.

El martes, el procurador general del Estado, César Siles, informó que las 12 personas implicadas cuentan con una orden de aprehensión; de ellas, tres ya fueron ejecutadas, una de Echazú.

La denuncia presentada ante el Ministerio Público expone una serie de “irregularidades” en la adquisición de materiales y la implementación de 18 piscinas de esa factoría. Según el reclamo, solo cinco están en funcionamiento debido a problemas desde su construcción y los materiales usados en ella.

Planta de litio

“Hubo deficiencias en el diseño estructural de ingeniería, porque bajo esas condiciones nunca se hubiera llegado a la producción de carbonato de litio. El origen de estos delitos es el diseño, los términos de referencia y las especificaciones técnicas”, explicó Siles el martes en una conferencia de prensa.

La detención de Echazú hizo que el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) cierre filas en torno al exfuncionario; sus miembros denunciaron una supuesta “persecución política” por parte del Gobierno.

“Con la detención de Alberto Echazú y otros exfuncionarios quieren tapar su fracaso de haber optado por la extracción directa del litio”, agregó Morales.

 El presidente Luis Arce entregó este miércoles el bastón de mando al vicepresidente David Choquehuanca, debido a su viaje a Venezuela, para participar de la XXIII cumbre de jefes de Estado y Gobierno del Alba-TCP.

“Entregamos el Bastón de Mando a nuestro jilata vicepresidente @LaramaDavid, antes de partir a la hermana República Bolivariana de Venezuela, la tierra de Bolívar, donde llevaremos la voz de Bolivia a la XXIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del #ALBATCP”, publicó el jefe de Estado en su cuenta de X, la mañana de esta jornada.

Por su parte, desde Caracas, Venezuela, el vicecanciller Elmer Catarina informó que la llegada del mandatario y su delegación a la sede de ese evento está prevista para el mediodía de este miércoles.

“En esta visita se reafirman los valores del Alba-TCP, que son la solidaridad, reciprocidad y la defensa de la soberanía de las naciones de América Latina y El Caribe”, señaló en entrevista con Bolivia Tv.

Esta alianza de integración regional está conformada por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica. También Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Las Granadinas, y Venezuela.

A pesar de las disputas internas que datan de hace más de un año y medio, el Movimiento Al Socialismo (MAS) se encuentra en un “círculo vicioso” a raíz del artículo 13 de su estatuto orgánico que frena la convocatoria a un congreso partidario único.

“El Congreso Nacional Ordinario se reunirá cada dos años, será convocado públicamente, con un plazo máximo de 90 días y mínimo de 60 días antes de su realización, por la Dirección Nacional del MAS-IPSP de acuerdo a temario, previo consenso con las organizaciones matrices nacionales”, señala la carta vigente desde el 22 de septiembre de 2022.

Develada la crisis partidaria a inicios de septiembre de 2022, cuando el expresidente y líder de esa organización política, Evo Morales, cuando dijo que es víctima de una “plan negro” del gobierno de Luis Arce, la situación del MAS se complicó debido a la necesidad de renovación de su dirección nacional en congreso.

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Congreso

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre sus últimas decisiones, rechazó las solicitudes de supervisión planteadas paralelamente por las facciones arcista —el Pacto de Unidad— y evista del MAS. La primera planteaba congreso ordinario para los días 3, 4 y 5 de mayo en El Alto y la segunda, 10 de junio en Villa Tunari.

En el caso interpuesto por los dirigentes Lucio Quispe, Esteban Alavi y Guillermina Kuno, el TSE emitió la Resolución 140/2024, que considera que su solicitud no cumplió el mandato del artículo 13 del estatuto del MAS respecto de la acreditación de la dirección nacional partidaria.

Y sobre la solicitud del ala liderada por Morales, el tribunal promulgó la Resolución 141/2024, que resolvió que la solicitud no cumple con el mismo artículo 13 respecto de la coordinación para la convocatoria con las confederaciones Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CMCIO-BS) y Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSIOB).

Ambas resoluciones fueron publicadas el 17 de abril y el TSE otorgó 72 horas al Pacto de Unidad para que subsane las observaciones y recordó al ala evista cumplir la conminatoria hasta el 22 de abril, por mandato del auto judicial del 20 de marzo. Dichos plazos están vencidos y la Sala Plena del TSE tendrá, otra vez, la última palabra.

¿Será un círculo vicioso el hecho de que el TSE exija el cumplimiento del estatuto y el partido no cumpla? La pregunta fue planteada ayer por La Razón Radio al vocal Tahuichi Tahuichi. “Es verdad lo que dice”, respondió.

Al respecto, el lunes, en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, otro vocal, Francisco Vargas, recordó que la tarea del TSE no es propiciar consensos y que “todos los partidos tienen que tener dirigencia vigente, no prorrogada”.

“Este estatuto lo han escrito ellos; nosotros no nos inmiscuimos en su democracia interna, pero sí supervisamos que se cumpla su estatuto”, insistió Tahuichi.

Sobre el estancamiento del MAS en la convocatoria a su congreso, el exvicepresidente Álvaro García Linera advirtió ayer, en entrevista con DTV, que el MAS está en riesgo de proscribirse. “De continuar esta negativa a encontrar un acuerdo y una convocatoria conjunta, que sería lo ideal, el riesgo de que el MAS desaparezca como sigla es inminente”, afirmó.

Fracaso

El MAS no puede organizar su congreso desde el fallido encuentro de Lauca Ñ (Cochabamba) del 3 y 4 de octubre de 2023. Si bien el TSE supervisó esa reunión, no la validó debido a observaciones en la convocatoria y la elección de la dirigencia.

Ante esa situación, el tribunal amplió el mandato de Morales y de su dirección electos en 2017 hasta un nuevo congreso.

La cuarta ampliación del plazo para que las organizaciones políticas cumplan con la elección de directivas, la adecuación de estatutos, la actualización de listas de militantes y la rendición de cuentas vence el próximo 5 de mayo.

Las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural determinaron este martes asumir acciones legales contra los jueces y vocales que sacaron resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y paralizaron el proceso de la preselección para las elecciones judiciales. 

El presidente de la Comisión de Justicia Plural en la Cámara de Diputados, Froilán Mamani, informó que tras la reunión sostenida entre ambas comisiones se determinó activar acciones penales contra las autoridades judiciales que de “manera maliciosa y mal intencionada” suspendieron y paralizaron el proceso de preselección.

“No vamos a decir quiénes, pero (son) personas que han estado en contra de manera maliciosa y quieren que este trabajo quede ahí y culmine este proceso. (Esas) autoridades que serán denunciadas penalmente”, dijo el legislador.

El 16 de abril, el proceso de preselección fue paralizado tras dos amparos constitucionales presentados por dos postulantes inhabilitados. El primer amparo fue presentado por Margarita Medrano en la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz y el segundo fue presentado por Herculiano Capusiri, en la Sala Constitucional Primera de La Paz.

Ante estas acciones judiciales, la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz ordenó paralizar el proceso de preselección hasta que se resuelva la misma. La audiencia que estaba programada para lunes 22 fue reprogramada para el viernes 26. Esto en razón que se debe notificar a los 83 postulantes habilitados para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como terceros interesados.

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El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla, antes del ingreso a reunión de ambas comisiones, señaló que estás acciones serán contra las autoridades judiciales que se “atribuyen a sacar resoluciones contrarias a la Constitución y también usurparon funciones”.

“Queremos presentar una acción legal por prevaricato para que los jueces respeten de manera disciplinada nuestra Constitución. Lo que queremos es que no nos quiten esa atribución de habilitar a los postulantes”, señaló Padilla.

El senador también informó que a las comisiones mixtas llegaron siete procesos judiciales, de los cuales seis son amparos constitucionales y una acción popular.

“De los seis amparos, hemos estado presentes en tres amparos, pero estos han sido suspendidos para este viernes. Nos faltaría una acción popular que (todavía) no estamos notificados. (Además) nos faltaría dos amparos constitucionales que están para el viernes, espero que no suspendan, porque la mayoría de los otros no se han desarrollado”.

Ayer la Sala Constitucional de Pando también dispuso la “paralización del cronograma que se encuentra en etapa de evaluación de méritos y examen… (en las comisiones mixtas) hasta que se resuelva la presente acción”.

La demanda judicial fue interpuesta a través de una acción popular contra el presidente nato de la Asamblea Legislativa y los senadores y diputados de las comisiones mixtas que se encargar del proceso de preselección para las judiciales.