La Defensoría del Pueblo y las máximas autoridades del Órgano Judicial acordaron impulsar acciones para avanzar en el descongestionamiento de las causas penales. Arribaron al compromiso en reuniones que sostuvieron en Sucre, la capital del país, este viernes y sábado.
De acuerdo a un despacho de la Defensoría del Pueblo, los acuerdos interinstitucionales serán implementados por equipos técnicos desde mayo próximo y establecen la realización de jornadas de descongestión de causas penales, visitas de cárceles y gestión de casos de flagrancia.
Acordaron además la “generación de circulares o instructivos para dar el trato prioritario a los casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de crímenes y a los procesos de personas adultas mayores privadas de libertad”.
En las reuniones de alto nivel participaron el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto; los presidentes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Pastor Mamani y del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque; además del Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero.
Tezanos Pinto explicó que las jornadas de descongestión de causas tienen como objetivo prevenir las suspensiones de audiencias y mejorar la dirección de las mismas y precisó que, para tal efecto, se necesitará trasladar jueces, fiscales y defensores públicos a los diferentes establecimientos penitenciarios del país. De esta manera se garantizará la “eficacia a las solicitudes de cesación a la detención preventiva y procedimientos abreviados”.
“Las visitas carcelarias se realizarán dos veces al año para oxigenar la administración de justicia penal, de manera que se tenga la posibilidad de generar alertas tempranas en aquellos casos críticos que puedan ser reparados inmediatamente, logrando además el acercamiento y sensibilización de las autoridades del sistema judicial con las personas privadas de libertad”, explica el boletín de la Defensoría.
Agrega que la gestión de causas de flagrancia permitirá despachar de manera “expedita y pronta” aquellos casos en los que la investigación está concluida y pueda proseguirse inmediatamente a la imputación y acusación.
Según Tezanos Pinto, se acordó además que las autoridades del Órgano Judicial y del Ministerio Público emitan instructivos para dar prioridad a la atención de casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales o contra la integridad, así como los casos de personas adultas mayores privadas de libertad, “en virtud del trato preferente establecido por ley”.
«Los compromisos para el trabajo interinstitucional coordinado entre los actores de sistema penal permitirán oxigenar la justicia en el país», complementó. (22/04/2017)