La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, lamentó que ahora los padres les quitan la vida a sus hijos “a modo de castigar” a las madres con el dolor por perder a sus seres más queridos. “Uno de estos móviles es la violencia vicaria”.

La violencia vicaria es aquella que tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus seres queridos y, especialmente, de sus hijas e hijos. El padre ejerce una violencia extrema contra sus hijos y utiliza recursos de particular crueldad.

El asesinato de las hijas o hijos es la parte más visible de esta forma de violencia extrema que destruye a las mujeres.

En entrevista con La Razón Radio, Cruz explicó que los agresores ya no recurren a los feminicidios, sino que ahora optan por cometer infanticidio “como una forma de castigar a la madre sobreviviente”.

“Es una corriente que la hemos notado en esta gestión, pero que está viniendo de otras olas. En España se ha identificado y en otra parte de la región y ahora en Bolivia”, comentó la viceministra.

Confirmó que hubo una reducción de casos de feminicidios, pero los infanticidios han ascendido. “Hemos evidenciado que sí corresponde a la violencia vicaria”.

Puso como ejemplo el caso del infanticidio ocurrido el 5 de marzo en la zona de Villa Satélite, en El Alto. Un hombre, sentenciado luego a 30 años de prisión, mató a cuchilladas a sus dos hijos en medio de un conflicto marital.

Cruz lamentó que existe un “ascenso preocupante” de infanticidios que, hasta la fecha, la cifra ala cazó 14 casos en los primeros cuatro meses de gestión. “Hay un ascenso preocupante principalmente entre 2023 y 2024”, dijo.

Informó que no solo las cifras de infanticidio son alarmantes, sino también los casos de abuso sexual y violación contra niños y adolescentes. Hasta el momento, se han reportado más de 800 casos en el país.

Cruz aseguró que se necesita endurecer las penas, generar protocolos de prevención e investigar con perspectiva de género, además de realizar proyectos específicos para la niñez.

“Es urgente fortalecer el sistema de protección en el ámbito municipal y educativo”, exhortó la viceministra.

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La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, develó que la Asamblea Legislativa decidió fusionar tres proyectos de ley sobre la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra infantes, niños, niñas y adolescentes.

Se trata de una “buena combinación”, dijo a La Razón Radio la funcionaria respecto de la unificación de los proyectos presentados por el presidente Luis Arce, la Cámara de Senadores y la ministra de la Presidencia, María Nela Prada. 

La viceministra destacó el trabajo, de la semana pasada, y dijo que el objetivo es garantizar el acceso a la justicia a víctimas de los delitos de infanticidio y violencia sexual.

Cruz afirmó que del debate y fusión del documento participaron las las tres principales fuerzas políticas: Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

El primer proyecto fue presentado por Prada, en mayo de 2023, luego de revelarse el diario del fallecido jesuita Alfonso Pedrajas (+), en el que confiesa que violó a 85 menores.

Se trataba de la Ley de Lucha Contra la Impunidad en Delitos Sexuales Contra Infantes, Niñas, Niños y Adolescentes. El proyecto fue rechazado por la Cámara de Diputados debido a una pugna política entre las bancadas.

El segundo proyecto fue presentado por Arce en marzo reciente. El documento declara la imprescriptibilidad de los delitos contra menores de edad en los casos de infanticidio, violencia y abuso sexual, con el fin de “reforzar” los castigos en contra de los agresores.

El tercer proyecto, que se adjuntó al documento final, fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores, también está relacionado con los delitos de violencia sexual e imprescriptibilidad.

“La Comisión de Derechos Humanos ha tomado una decisión de fusionar los proyectos para aminorar el trámite de observaciones en las cámaras de Diputados y Senadores”, informó Cruz.

Explicó que en la ley se mantiene la imprescriptibilidad de la acción y de la pena de infanticidio y violencia sexual. “Se ha establecido el derecho a la verdad en el ámbito judicial para que los casos que hayan prescrito, puedan ir al sistema judicial”.

El derecho a la verdad está orientado a los graves delitos y graves afectaciones contra menores. Si bien no se podrá generar sanciones penales contra los agresores, se podrá abrir una investigación de casos prescritos.

“Se puede investigar y hacer establecimiento de los hechos. En materia de derechos humanos puede constituirse una medida de reparación para esclarecer los hechos”, añadió.

También, la ley comprende la obligatoriedad de asistencia integral a las víctimas, desde la atención psicológica, psiquiátrica, legal y médica. Además, se generó un fortalecimiento a los siete más de información para que las víctimas puedan seguir sus casos.

Cruz destacó que es un proyecto fusionado, consolidado y cuenta con el apoyo de las fuerzas políticas. Espera que puede ser aprobado sin mayores problemas.

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El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que la construcción dentro de la cárcel de San Pedro estará destinada a aulas educativas, celdas, talleres, espacios comunes y, además, a paliar el hacinamiento en el centro penitenciario.

En los últimos días, llamó la atención de los vecinos el levantamiento de una edificación en el penal, que ya sobrepasó la altura del muro perimetral. Limpias aseguró que la nueva infraestructura servirá para generar distintos espacios para los presos.

“Está ubicada en la sección Guanay, una de las nueve secciones que tenemos en la cárcel”, dijo en entrevista con La Razón Radio.

Limpias prevé que la construcción concluya en un mes a dos, debido a que no existe recursos suficientes y la obra depende de las donaciones de material. “En un mes a dos, irán acabando porque no hay muchos recursos”.

El funcionario explicó que ya había hacinamiento em cuando contaban con 2.700 privados de libertad, en 2022. Este 2024, existen más 4.000, por lo que, el problema resultó insostenible.

“Nos daba para edificar algo que pueda resolver el tema del hacinamiento”, justificó. 

Aseguró además que la construcción tiene autorización, aprobación arquitectónica y garantizó que no se vulnerará la seguridad del centro penitenciario.

Según explicó, la construcción tendrá tres niveles y el último piso estará destinado a la seguridad, mientras que en los otros se construirán aulas para quienes desean continuar con sus estudios a nivel licenciatura. “Hay universidades como la UMSA y la UPEA que quieren trabajar, pero nos piden espacios”.

“Tenemos una demanda los privados que salen bachiller y algunos quieren continuar con la educación y seguir formándose”, añadió.

También se instalarán talleres para que los reclusos puedan fabricar sus miniaturas para la feria de la Alasita. Indicó que Régimen Penitenciario continúa trabajando con centros productivos e ir más allá de producción de miniaturas.

Informó que en enero de 2022 se registraron 18.000 privados de libertad, mientras que, a abril de 2024, existen 30.138 presos en todo el país. “Para nosotros es importante resolver este problema de crecimiento de población penitenciaria”, afirmó Limpias.

La cárcel de San Pedro fue abierta en 1895 con una capacidad para 300 privados de libertad, luego se amplió para 600. Y, actualmente, se ha convertido en una pequeña ciudadela que alberga a más de 4.000 reos.

Asimismo, Limpias anunció que el Régimen Penitenciario está trabajando en la ampliación de diferentes centros penitenciarios. “Hemos edificado los últimos años, varios espacios comunes”.

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Un primer registro próximo de ingreso/regreso al país de Eduardo Rózsa Flores data del 6 de noviembre de 2008. Aquel día se hospedó en el hotel Buganvillas de Santa Cruz, en la suite 334.

Luego, el 24 de diciembre de ese año, se trasladó a la habitación 326 del hotel Las Américas, en la misma ciudad. Aquí compartió la pieza con Dudog Gabor.

Volvió al mismo hotel el 12 de enero de 2009 y se quedó hasta el 21 de febrero. Estuvo acompañado, esta vez, por Magyarosi Arpád. Usó el nombre de Jorge Flores.

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Plan de Rózsa

Entre el 3 de abril y 14 de abril estuvo hospedado el hotel Santa Cruz bajo el nombre de Jorge Hurtado. Ese mismo 14 de abril se trasladó al hotel Las Américas, donde dos días después fue abatido por un comando policial junto con el rumano Magyarosi Arpád y el irlandés Michael Dwyer.

Una investigación de la Comisión Especial Multipartidaria de la Cámara de Diputados, en septiembre de 2009, estableció que quienes pagaron el hospedaje de Rózsa Flores y sus compañeros fueron, a su turno, Luis Alberto Hurtado Vaca, Enrique Vaca Pedraza y Carlos Guillén (+).

Alejandro Melgar compró los pasajes de avión de la célula.

 Mientras Rózsa vivía de forma discreta en el país (había llegado el 4 de octubre, según contó al periodista András Kepes), Bolivia salía de la crisis la Masacre de Porvenir, aquella intervención civil del 11 de septiembre contra manifestantes liderada por el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, que terminó con 13 muertos. Un estado de sitio en ese departamento y el último tramo de discusiones en la Asamblea Constituyente completaban el marco que recibió al ciudadano de origen boliviano y nacionalidad croata y húngara, nacido en Santa Cruz el 31 de marzo de 1960.

Cuando el comando de élite de la Policía Boliviana intervino en el hotel Las Américas, la nueva Constitución Política del Estado había pasado la prueba de un referéndum nacional y el país se encontraba en un nuevo debate: la Ley de Régimen Electoral. El MAS pretende ahogar al Congreso por su ley electoral, titulaba La Razón el martes 7 de abril de 2009.

Y el día D, este mismo diario titulaba una noticia secundaria con No hay pistas del atentado al Cardenal. Era jueves ese fatídico día, hace 15 años como hoy.

El 8 de septiembre de 2008, Kepes, nacido en Budapest, Hungría, entrevistó a Rózsa, cuyo testimonio es crucial para comprender su incursión en Bolivia y la conformación de una célula inicial.

“Hace un año y medio me buscaron de Bolivia, donde yo nací, en Santa Cruz”, develó.

Nunca el hombre supo decir quién lo contactó, aunque habló de que estaba “en contacto, casi siempre por internet”.

Sin embargo, su propósito era mayor. Cuando Kepes le preguntó si le llamaron a la posición del “comandante general del ejército”, Rózsa respondió: “No, no hay ejército todavía, hay que realizarlo”.

Advirtió que la conformación de ese ejército tardaría décadas. Pero apostaba por conformar “urgentemente” un “núcleo”. Será “dentro de la nada el núcleo de lo que en el futuro convertirá en milicia, cuya tarea principal será la autodefensa” y señalar la “fuerza”.

Dato

No obstante, Rózsa aclaró: “Pues no se trata de que los chicos vayan marchando en las calles con banderas y barras de bambú, sino que hacen falta armas”.

“Por ahora ayudo a coordinar la defensa de la ciudad de Santa Cruz, porque piensan que el Gobierno, con la fuerza militar, atacaría esta ciudad”, suponía.

Contó que el “consejo cruceño” estaban planteando un plan de defensa. “Este plan exige que se cuide la propiedad privada, que los ciudadanos puedan vivir en paz y que hay que defender a las autoridades como el prefecto y otros ciudadanos”.

“Y les dije: ‘hermanos cómo se va a llamar el grupo’”, recordó.

Rózsa sabía de sus limitaciones y temía que la incursión termine en caos.

“¿Qué busco yo aquí? Algunas personas piensan que aquí va a haber problemas más grandes. Hay una persona que pidió cooperación, que vuelva a casa y que ayude. Bueno, no soy Rambo, ni Superman”, admitió.

Objetivo

 “Yo tengo un poco de experiencia de guerras”, llamó la atención Rózsa, no obstante.

Pero fue contundente: “Si no hay autonomía y no podemos vivir juntos, vamos a gritar que somos independientes, y haremos un nuevo país. Ésa es la idea, primero están probando razonar para prevenir la matanza de la gente, pero queremos mostrar la fuerza e independizarnos. Mi alma ya está en Santa Cruz”.

Presume el informe de la comisión especial de la Cámara de Diputados que el “consejo” al que aludió Eduardo Rózsa Flores estaba conformado por Rubén Costas Aguilera, Branko Marinkovic, Eduardo Paz, Mauricio roca y Germán Antelo.

(16/04/2024)

La Dirección General de Migración de Bolivia negó este lunes las versiones que circulan que el Gobierno esté entregando pasaportes bolivianos a ciudadanos iraníes. Señaló que se cuenta con estrictos procedimientos y altas medidas de seguridad para emitir estos documentos.

“Ante versiones que están circulando de que hubiese ‘ciudadanos iraníes con pasaporte boliviano’: Negamos la acusación de que se estaría otorgando pasaportes bolivianos a ciudadanos iraníes. Bolivia, desde la Dirección General de Migración, cuenta con estrictos procedimientos y altas medidas de seguridad para la otorgación y control en la emisión de los pasaportes corrientes”, señala un comunicado de Migración.

Según el diario La Nación, el domingo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió con representantes de la Policía Federal, Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), más el secretario de Seguridad porteño, Waldo Wolff, y representantes de la DAIA.

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En ese cónclave, y en base a un informe de la dirección de Inteligencia Criminal de su ministerio, Bullrich adelantó el refuerzo en las fronteras; además, que se redoblarían los controles sobre pasaportes y documentos, sobre todo los provenientes de Bolivia, que tiene un acuerdo de cooperación reciente con Irán.

“Nosotros tenemos células de Hezbollah en la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay). Pero es en la frontera de Bolivia, donde nosotros vemos el máximo nivel de alerta, y seguridad del país, porque ha habido un memorándum firmado por Bolivia e Irán. Ese pacto permitió la presencia de miembros iraníes de las fuerzas Quds, que son fuerzas combatientes e integran las ramas armadas de Irán, en el territorio. Estamos investigando si hay personas que no hablan español y que tienen pasaporte boliviano”, aseguró Bullrich, según el diario La Nación.

La Dirección Nacional de Migración también recalcó que entres las gestiones 2023 y 2024 se emitieron cerca de 210.000 pasaportes a ciudadanos bolivianos que cumplieron los requisitos para la “otorgación” de dicho documento de viaje, “sin haberse otorgado ninguno a ciudadanos de otra nacionalidad”.