El exministro de Justicia Iván Lima señaló que el 2 de enero, cuando asuman funciones las autoridades que serán elegidas de manera parcial el domingo 15 para los altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional plurinacional (TPC), se tendrá dos categorías de magistrados.

Indicó que en esa categoría estarán los magistrados electos por el voto popular y los magistrados que ya no “estarán en situación de prórroga ni de autoprórroga”, sino de “magistrados de periodo indefinido”.

“No se sabe cuándo van a ser reemplazados, puesto que el año (legislativo) que iniciamos es difícil que tengamos dos tercios en la Asamblea para seleccionar candidatos y no hay condiciones electorales para que se pueda dar una elección nacional de renovación del presidente y vicepresidente en agosto del 2025 y simultáneamente o antes de esta elección, elegir a los magistrados”, advirtió en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol.

Elecciones

En criterio de Lima, es “previsible” que tampoco en 2026 se tenga las mejores condiciones para la elección del resto de los magistrados, debido a que en marzo de ese año se debe elegir a gobernadores y alcaldes.

Señaló que existe una “situación compleja” para los siete magistrados ―cinco de Constitucional y dos del Supremo― que “podrían” prolongar sus funciones hasta más allá de 2026.

“Esto no es una situación normal, puesto que los han elegido por seis años, ya van siete años y es previsible que puedan llegar a cumplir nueve años”.

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El domingo 15, más de 7,3 millones habilitados acudirán a las urnas para elegirán a los magistrados y consejeros del Tribunal Agroambiental (TA), del Consejo de la Magistratura (CM) y Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz.

Participación

También se elegirán a los magistrados del TCP en los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí.

Lima calificó esta elección de “inusual y anormal”, debido a que la “Constitución señala que la renovación de las altas cortes de los tribunales es total”.

“Esta interpretación de elecciones parciales que ha hecho el Tribunal Constitucional no es la situación normal”, señaló.

Dijo que los departamentos Beni y Pando “no van a tener ninguna renovación” y que continuarán en el cargo tanto los magistrados del TSJ como del TCP. “Estamos hablando en Pando de Iván Espada (TCP) y Ricardo Torres (TSJ) y en el Beni de Carlos Alberto Egüez (TSJ) y Gonzalo Hurtado (TCP)”.

La exautoridad apuntó a la Asamblea Legislativa de generar este “problema” al haber realizado una mala convocatoria, gestar leyes inconstitucionales y la aplicación de esas normas “que están plagadas por críticas de la población”.

Este domingo, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, se refirió a las recientes acusaciones del expresidente Evo Morales sobre una presunta ausencia del monto para realizar las elecciones generales el próximo año en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.

La autoridad aclaró que esa información es falsa y que el Presupuesto contempla Bs 220 millones para los comicios generales.

“Lamento que en muchos casos tenga que estar desmintiendo las cosas que dice este señor (…), nosotros hemos tomado la previsión de 220 millones de bolivianos para la realización de las elecciones generales 2025”, afirmó en conferencia de prensa.

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Elecciones

De acuerdo con Morales, el PGE para la próxima gestión no prevé un monto para las elecciones presidenciales debido a que, en criterio del exmandatario, el Gobierno no tiene pensado realizar dichos comicios.

Por ello, alertó que la ausencia de esa partida en el Presupuesto 2025 evidencia los planes de “prorrogar” el mandato del presidente Luis Arce, “igual” que ocurrió con las alta autoridades del Órgano Judicial.

Sin embargo, Prada aseguró que estas acusaciones son falsas y que el Gobierno destinará Bs 220 millones para poder realizar con normalidad las elecciones del próximo año. Sin embargo, el monto es solo una “previsión”, pues se coordinará con el Órgano Electoral.

La ministra destacó que el Gobierno tiene “un compromiso con la democracia”, por lo que garantizó la realización de las elecciones el próximo año.

Además, explicó que el monto de Bs 220 millones representa un incremento en relación a los Bs 176 millones que se destinó para las elecciones generales de 2020, con el objetivo de obtener un proceso electoral de mayor calidad y transparencia.

En ese sentido, calificó a las declaraciones de Morales como un intento más de generar zozobra y desinformar a la población.

La ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sosa, informó este domingo que dentro del proceso de adhesión al Mercado Común del Sur (Mercosur), el país trabaja en dos niveles para alcanzar la “nomenclatura” de adhesión a este bloque hasta 2028.

El viernes, Bolivia participó, en Uruguay, de la 65 Cumbre del Mercosur como miembro pleno, en un paso histórico en su relación con el bloque regional fundado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Dentro del primer nivel, la Canciller dijo que se participa de todas las comisiones técnicas, económicas y jurídicas, referente al proceso de adhesión al Mercosur, debido a que se tiene un plazo hasta 2028 para “cumplir la nomenclatura de adhesión”.

Destacó que este trabajo no solo es de la Cancillería, sino también de la estructura del Gobierno, quienes participan en los diferentes comités y subsubcomisiones de trabajo con los respetivos ministerios del área ―de Economía y de Justicia―. 

Sossa indicó que en el otro nivel se trabaja con la ciudadanía, el sector empresarial, las micro y pequeñas empresas (Mypes) y productores.

 “No va a ser una adhesión plena en el Mercosur si realmente no hay el involucramiento de los actores principales. ¿Quiénes son los actores principales? El sector económico, el sector social, o sea, toda esta población que tiene movilidad en estos diferentes países”.

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La autoridad añadió que se constituyó una unidad del Mercosur para cumplir con los plazos de adhesión, debido a que si no se cumple como país miembro, “vamos a tener dificultades”.

“Sí requiere de esa agenda muy activa para que realmente podamos lograr de estos espacios que no podemos desconocer que es el tema el tema comercial y económico”.

Plazo

Sosa resaltó también que el Mercosur es una oportunidad para acceder al fondo de apoyo para los pequeños productores, a la infraestructura y logística comercial y de apoyo a una mayor integración.

“Nosotros tenemos que cumplir, tenemos que revisar toda la nomenclatura para que realmente el 2028 Bolivia haya cumplido con todos los estándares de lo que es un proceso de adición al Mercosur”.

En agosto de esta gestión, entró en vigencia el Protocolo de Adhesión de Bolivia al Mercosur como miembro pleno del bloque. A partir de esa fecha el país debe cumplir obligaciones y tiene cuatro años para adecuarse a las normativas que define el Tratado de Asunción, el Protocolo Modificatorio de Olivos y el protocolo Constitutivo del Mercado Común del Sur.

El Ministerio de Gobierno solicitó ampliar las investigaciones por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes contra los militares procesados por los hechos registrados el 26 de junio cuando tomaron la plaza Murillo con tanquetas y armas de grueso calibre.

“El Ministerio de Gobierno ha presentado un memorial hace un par de días solicitando la ampliación para investigar a los militares que se encuentran detenidos por otros tipos penales que hubiesen cometido, como resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. El día de mañana algunas personas no puedan alegar que estaban cumpliendo alguna instrucción”, señaló el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

Acusación

El titular de esa cartera de Estado enfatizó que los militares investigados “sabían” que estaban generando un “golpe de Estado” dentro el país, por lo que se espera que máximo hasta febrero se esté presentando o tramitando la acusación formal y posterior a ello el juicio oral.

El 26 de junio, un grupo de militares, a la cabeza del entonces comandante del Ejército; general José Zúñiga, tomaron la plaza Murillo con tanquetas y armas de grueso calibre.

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Entonces, los militares intentaron ingresar a la fuerza al Palacio Quemado, golpeando la puerta con una tanqueta. Zúñiga anunció a los medios que su intención era la “toma” de la Casa Grande del Pueblo.

El jefe militar se insubordinó ante el presidente Luis Arce en el ingreso al Palacio Quemado, pero la situación no pasó a mayores. Al final, Zúñiga huyó de la plaza y fue aprehendido, no sin antes implicar al mandatario.

Investigados

Hoy está detenido en la cárcel de El Abra en Cochabamba. Por este hecho, al menos 35 personas entre civiles y militares son investigados y 27 ya cuentan con una imputación formal por la Fiscalía.

Del Castillo reiteró que se continuará con las investigaciones, debido a que se cuenta con “mucha” información y “una orden que va contraria a la Constitución y a la ley”. 

“Ha habido militares que han dado la instrucción de disparar, felizmente algunos no han hecho caso y tenemos toda la información que, una vez termine su informe (la Fiscalía) de todos los teléfonos celulares, también se los vamos a dar a conocer”, indicó.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este domingo que ya concluyó con Estados Unidos el trámite para la extradición del exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Maximiliano Dávila, y lo que resta es la coordinación diplomática para que llegue un avión y pueda llevárselo.

“La extradición del señor Dávila es un hecho irreversible (y) se va a dar. Ya estamos haciendo las coordinaciones correspondientes vía diplomática y una vez tengamos la fecha exacta de la extradición se la vamos a dar a conocer”, dijo el titular de la cartera de Gobierno.

Envío de avión

Reiteró que se está a la espera de la disponibilidad de Estados Unidos para que pueda enviar un avión hacia Bolivia para llevarse al exjefe antinarcóticos, que es requerido por la justicia de ese país.

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El 27 de noviembre, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autorizó la extradición de “manera inmediata” de Dávila en cumplimiento al tratado de extradición suscrito entre Estado Unidos y Bolivia.

El presidente del TSJ, Marco Jaimes, explicó que el exjefe policial se enfrenta a una condena de 20 años a cadena perpetua por uno de los dos delitos por el que se le acusa en ese país.

Dávila es acusado por los delitos de asociación delictuosa por importar sustancias controladas y por el manejo de armas para el narcotráfico.

Notificación

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos limpias, descartó el viernes movimientos inusuales en el penal del San Pedro de La Paz sobre el traslado Dávila; e indicó que aún no se notificó a la administración penitenciaria sobre su traslado. 

“Son especulaciones, no hay ningún tipo de traslado. No hemos sido notificados todavía oficialmente con ningún tipo de orden de traslado con fines de extradición”, dijo Limpias.