La Justicia de Estados Unidos ya tiene los cargos en contra del exembajador Manuel Rocha, quien es acusado de haber sido agente encubierto de Cuba por más de 40 años. Es sindicado de 15 delitos y se arriesga a una condena de 60 años de cárcel.

Rocha, de 73 años, fue embajador en Bolivia entre 2000 y 2002. Desde 1981 perteneció al Departamento de Estado de Estados Unidos y ocupó otros puestos diplomáticos en República Dominicana, Honduras, México y Argentina. Nació en 1950 en Colombia y se hizo ciudadano estadounidense en 1978.

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Delitos

El viernes anterior fue detenido en Miami, por el FBI (Oficina Federal de Investigaciones). En su primera audiencia del lunes, se abstuvo de brindar sus declaraciones ante el juez e incluso rompió en llanto, mientras sus familiares abandonaban la audiencia. Ayer afrontó otra, pero el juez Edwin G. Torre la suspendió hasta el martes 12, según medios estadounidenses. 

En esa audiencia se leerán plenamente los cargos en su contra. Pero la acusación ya fue publicada por el Tribunal de Miami. Al respecto, el fiscal general Merrick Garland señaló que los cargos “exponen una infiltración prolongada y de gran alcance en el gobierno de Estados Unidos por parte de un agente extranjero”, informó la página web martinoticias.com.

Por ejemplo, el exdiplomático es sindicado de haber actuado como agente ilegal de un gobierno extranjero y de haber conspirado contra Estados Unidos. Asimismo, tiene cinco cargos por fraude electrónico, tres por declaraciones falsas en una solicitud de pasaporte, cuatro por uso de un pasaporte emitido con declaración falsa, y uno por “declaraciones y representanciones falsas”, publicó Infobae.

‘MIGUEL’

De acuerdo con la acusación, la suma de los delitos hace que Rocha se arriesgue a 60 años de prisión. La fachada del colombiano-estadounidense fue desmoronada por “Miguel”, un agente del FBI que se hizo pasar como representante de la Dirección de Inteligencia de Cuba, a quien Rocha develó todos sus secretos acumulados desde 1981.

En junio de 2002, en su misión en Bolivia, Rocha fue protagonista de las elecciones presidenciales, cuando como embajador amenazó con retirar la colaboración estadounidense si se votaba por el dirigente cocalero Evo Morales. Para entonces, Manfred Reyes Villa (MNR) lideraba las preferencias, empero, acabó tercero, detrás de Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR) y Morales (MAS), quien dijo que Rocha fue su mejor “jefe de campaña”.

Inciertas aún las elecciones judiciales, la necesidad de reencauzarlas implica un “bien mayor”. Ante eso, no habrá tribunal que pueda frenarlas, menos el “deslegitimado” Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que rezagó el proceso electoral.

Esas consideraciones fueron expresadas ayer en La Razón Radio por el expresidente de Bolivia (2005-2006) y expresidente de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez Veltzé.

“Ninguna decisión que asuman estos tribunales, particularmente el TCP, podrá tener efecto alguno porque ese tribunal ha invalidado su legitimidad de control judicial de constitucionalidad”, comentó el exmagistrado.

Cuestionó las decisiones que, desde marzo a la fecha, frenaron de manera sucesivamente la convocatoria a los comicios.

Una primera suspensión del proceso fue dispuesta por la Sala Constitucional Primera de Beni, que absolvió así un recurso del ciudadano Miguel Ángel Balcázar presentado el 12 de abril. Días más tarde, el 25 de abril, el diputado de Creemos Leonardo Ayala interpuso otro recurso, esa vez ante el TCP, que frenó —con una resolución emitida el 31 de julio— hasta ahora las elecciones.

Esas acciones, “de alguna manera, han develado su intención de demorar el proceso”, dijo.

¿Pero, qué órganos del Estado tendrían la intención de frenar las elecciones judiciales? Rodríguez respondió: “Las decisiones en las que talvez fincan alguna esperanza de prórroga no serían válidas y carecerían de legitimidad”.

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Judiciales

A propuesta del senador Hilarión Mamani, la Cámara de Senadores aprobó una ley del 31 de agosto. Cuando llegó a Diputados, el proyecto fue derivado a consulta de los tribunales Electoral, de Justicia y Agroambiental, además de cuatro ministerios.

Por su lado, el Tribunal Supremo de Justicia (TCP) consultó el 20 de septiembre la pertinencia constitucional de la ley al TCP, órgano del que —desde el 28 de septiembre— no dio a conocer hasta ahora su posición.

Al respecto, Rodríguez advirtió que “ningún servidor público, menos un juez, puede actuar o pronunciarse cuando concurra a un conflicto de intereses”.

Consideró que el TCP y el TSJ “tienen un interés propio en prorrogar su propio mandato” más allá del 2 de enero de 2024, cuando sus 23 magistrados, además de tres miembros del Consejo de la Magistratura, cumplan seis años de funciones legales.

El martes, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, informó que, a través de una carta, pidió al presidente nato de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente David Choquehuanca, la convocatoria a una reunión política para “promover y generar condiciones de diálogo” con el fin de reencauzar las elecciones. Ayer, el secretario general de la Vicepresidencia, Juan Carlos Alurralde, anunció la cita para el viernes.

Rodríguez

El expresidente Rodríguez auguró “un tiempo de conciliación política”, como demandó el senador Rodríguez. “Ninguna otra solución, a mi juicio, podrá ser de manera legítima y dando certeza y seguridad jurídica a los ciudadanos” sino a través de elecciones.

Lamentó el rezago y dijo que “es una omisión de preocupación política que encabeza (Luis) Arce, Choquehuanca y (Iván) Lima”.

“Son esas tres autoridades que deberían haber puesto el impulso para que se cumpla una obligación constitucional de la Asamblea Legislativa”, dijo Rodríguez.

Con la premisa de “no es posible ratificar ni prorrogar un minuto de vigencia más” el mandato de las autoridades elegidas hace seis años ni obligar “sorteos o interinazgos”, Rodríguez propuso como una salida constitucional a esta “crisis de Estado” la “suspensión de plazos (procesales) de no más de dos otres meses, tiempo en el que debería celebrarse con agilidad y eficacia estas elecciones”.

Como argumento técnico, aseguró que esos 23 magistrados del TCP, TSJ y del Tribunal Agroambiental Esos 23 magistrados “no resuelven al año ni el 2% de los casos judiciales del país”.

Además, recordó que “no sería la primera vez que se suspendan unos plazos hasta que se resuelvan esas vacancias”. Dijo que en 1999 experimentó algo parecido.

En una de sus primeras declaraciones a los medios de comunicación como presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, diputado del MAS, dijo este miércoles que el 22 comenzará el receso en el Legislativo. No obstante, hasta ese día espera que haya acuerdo entre las tres fuerzas políticas tanto para el Presupuesto General del Estado 2024 (PGE) como para las elecciones judiciales y no dejar al poder judicial sin cabezas y sin funcionamiento.

“Vamos a entrar a un receso desde el 22 (de diciembre) para regresar el 5 o el 6 (de enero), entonces quedará un vacío de poder (si no se eligen magistrados). Que tengamos un vacío de poder, cuál puede ser el efecto, entonces tenemos que juntar las presidencias de las dos cámaras”, dijo.

Añadió que ahora también están enfocados en el debate sobre el PGE, caso que también debería estar definido hasta antes del 22.

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“Estos días estamos más enfocados en el tema del Presupuesto General del Estado, después de eso tendríamos que ver el tema de los magistrados”, añadió.

Ambos proyectos de ley son importantes para el país, más las elecciones judiciales, pues el presupuesto si no se logra apoyarlo tendrá el rango de ley a partir del 1 de enero de 2024 de forma automática.

Pero en el caso de las judiciales es más complicado. Pues si no se encuentra una salida hasta el 30 de este año, el 2024 puede comenzar para el país sin autoridades judiciales, lo que puede traer serias repercusiones.

Hace un par de días, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, envió una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, en la que le pide convocar de urgencia a una cumbre entre las fuerzas políticas precisamente para buscar una salida para el poder judicial.

El expresidente del Estado Eduardo Rodríguez Veltzé dijo que el estancamiento en las elecciones judiciales se debe a la “omisión de preocupación política” del presidente Luis Arce, del vicepresidente David Choquehuanca y del ministro de Justicia, Iván Lima.

Abordó el tema cuando fue consultado por la “pasividad” de las autoridades ante la dilación de ese proceso, que hasta ahora sigue en vilo.

“Ésta es una omisión de preocupación política que la encabeza Luis Arce, David Choquehancua e Iván Lima; son esas tres autoridades que deberían poner el impulso para que se cumpla una obligación constitucional de la Asamblea Legislativa”, dijo en La Razón Radio el también expresidente de la Corte Suprema de Justicia.

Es más, consideró que el ministro Lima “hizo coro” con las iniciativas legislativas que decidieron enviar una consulta por un proyecto de ley a tres ministerios del Órgano Ejecutivo; además, de los tribunales Electoral, Supremo y Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura.

Elecciones judiciales

Así aludió a la decisión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados; esa consulta al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) también llegó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del que aún se espera una respuesta.

“Estamos frente a la restricción del derecho ciudadano de conformar un órgano de poder que debe garantizar el ejercicio de derechos y libertades. Es una crisis que afecta el sistema de derechos humanos que debería estar garantizado por este mecanismo constitucional”, agregó el exmandatario.

Advirtió también que “es necesario clarificar el control judicial de la constitucionalidad. Además, considera que el TCP “se ha convertido en un instrumento de conveniencia política”.

Rodríguez Veltzé, que dirigió el país entre el 9 de junio de 2005, luego de la renuncia de Carlos Mesa, y el 22 de enero de 2006, cuando asumió Evo Morales, señaló que el retraso de magistrados para responder a los recursos interpuestos sobre las judiciales “develaron sus intenciones de demorar el proceso”.

Asimismo, destacó la solicitud del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que pidió a David Choquehuanca, en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa, convocar a una reunión entre el Órgano ejecutivo y el Legislativo para hallar un “acuerdo político” que permita reencaminar las elecciones judiciales.

El expresidente y jefe nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, insistió en que el gobierno del presidente Luis Arce se ha “derechizado” y ahora, luego de un fallo a favor del congreso en Lauca Ñ, “amenaza” a las autoridades judiciales.

“Una prueba más de la derechización del gobierno de Lucho. Ministros y viceministros presionan, atacan y amenazan a las autoridades de la justicia que reconocieron la legalidad y legitimidad del X Magno Congreso del MAS-IPSP de Lauca Ñ”, escribió el exmandatario en su cuenta de X, antes Twitter.

El lunes se conoció el fallo de un Tribunal de Garantías en Ivirgarzama, que otorgó una tutela a la facción evista del MAS y dejó sin efecto la resolución 53/2023 del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que declaró improcedente el recurso extraordinario de revisión sobre ese evento.

El primero en responder a ese fallo fue el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo; ante la consulta de un periodista, dijo que “esa decisión es un golpe a las organizaciones sociales”.

Además, consideró que la dirigencia del MAS debe llamar a un nuevo congreso en consenso con las organizaciones sociales, que, según dijo, fueron excluidas del encuentro del 3 y 4 de octubre.

Evo Morales

“El TSE tiene la responsabilidad histórica de corregir sus errores y actuar respetando la ley”, agregó Morales en su publicación.

Morales apuntó más de una vez al gobierno del residente Luis Arce de buscar su inhabilitación como candidato a las elecciones presidenciales de 2025. Pero en el último tiempo comenzó a lanzar sus dardos contra el TSE, del que dijo que “responde a órdenes del Palacio de Gobierno”.

Su arremetida comenzó luego de que la sala plena del TSE determinó no registrar las resoluciones del encuentro en el trópico cochabambino; eso, por una serie de incumplimientos al estatuto del MAS y el mismo reglamento de convocatoria al congreso.

Entre las observaciones, está la no presentación del certificado de militancia que otorga el TSe. Además, la omisión del documento que acredita la antigüedad de los miembros de la directiva electa de al menos 10 años de militancia.

Las acusaciones de Morales hacia Arce son recurrentes, debido al quiebre entre ambos líderes políticos.