La decisión de ratificar o retirar su desistimiento en el caso Porvenir se convirtió ayer en una posición difícil de asumir para la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), cuya directiva se reunió en la ciudad de Cochabamba y anoche se declaró en sesión permanente.
La presidenta nacional de la APDHB, Yolanda Herrera, se limitó a indicar que solo su persona está facultada para hacer conocer la posición que adoptará esa institución respecto al caso Porvenir, no los representantes departamentales.
El 29 de julio, los abogados apoderados de la APDHB, Boris Antezana y Estefanía Suárez la Fuente, retiraron la acusación en el caso Porvenir, juicio penal abierto por la muerte de 13 personas en septiembre de 2008, en acciones violentas en Porvenir (Pando). El principal acusado es el exprefecto Leopoldo Fernández.
“Nos hemos declarado en sesión permanente, nos habíamos propuesto terminar (la reunión) hoy (ayer), pero el tema es denso, así que nos quedamos trabajando y hasta las 11.00 de mañana (hoy) vamos a emitir un pronunciamiento, desde cualquier lugar del país”, dijo Herrera a La Razón cerca de las 19.40. Unos 25 minutos después, los directivos salieron del encuentro, aunque no se supo si iban a retornar.
Memorial. “Siendo que la APDHB tiene por finalidad la búsqueda del ejercicio y la vigencia plena de los derechos humanos en el presente proceso, nuestra institución considera los siguientes puntos: que el proceso se extendió por demás en el tiempo; (las) víctimas fundamentales del caso han presentado su desistimiento; y no se observó a cabalidad el debido proceso. Es por eso que damos a conocer que la APDHB de manera manifiesta se retira y renuncia al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Leopoldo Fernández”, se lee en el desistimiento presentado por los abogados.
Al ser consultada sobre esta posición, Herrera explicó el lunes que los juristas presentaron el memorial sin que se haya analizado el tema de forma institucional. Por esa causa se reunieron ayer en Cochabamba, para ratificar o retirar esa posición.
El 23 de julio se conoció que en este proceso judicial desistieron Jorge Borobobo Vaca, Norah Montero, viuda de uno de los fallecidos en los hechos violentos, y Carlin Haensel Inuma, presidenta de la Asociación de Víctimas del 11 de septiembre. Este desistimiento fue una de las tres razones expuestas por los abogados de la APDHB para el desistimiento.
Este retiro de la denuncia en el caso Porvenir también hizo que hayan posiciones de rechazo. Por ejemplo, en La Paz, Teresa Subieta, militante de base de la APDHB, denunció que los dos abogados realizaron la acción judicial en cumplimiento de instrucciones de los directivos nacionales.
“Rechazamos y condenamos, nos quedamos sorprendidos y atónitos por el memorial presentado por dos abogados que ofician en el juicio contra Leopoldo Fernández y sus colaboradores. (…) Queremos que la opinión pública conozca los nombres de estos abogados, ellos son Boris Antezana y Estefanía Suárez”, dijo, según reportó la ANF. Agregó que este desistimiento es “indignante y vergonzoso”.
Otra crítica a la posición de la APDHB fue emitida por Aniceto Choque, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, quien solicitó a la institución defensora de los derechos humanos a asumir las responsabilidades que implica el haber retirado la sindicación en contra de Fernández.
Campesinos anuncian un proceso
Demanda
El dirigente campesino Rodolfo Machaca anunció un juicio contra juristas de la APDHB que presentaron el desistimiento. “Sí o sí tenemos que iniciar una querella contra los abogados que defienden de la masacre a Leopoldo Fernández”, dijo a la ANF.
Organismos calificaron al hecho de ‘masacre’
Williams Farfán
Dos organismos internacionales calificaron de “masacre” a los hechos violentos que se registraron en el denominado caso Porvenir (Pando), que dejó 13 personas muertas en septiembre de 2008. El conflicto empezó por diferencias políticas entre gente afín al partido del actual Gobierno con simpatizantes del exprefecto de Pando Leopoldo Fernández, quien ahora es el principal acusado en el proceso.
El primer documento entregado al presidente Evo Morales, en 2008, fue de la Unión Sudamericana de Naciones, (Unasur) que conformó una comisión para investigar los hechos luctuosos. En el informe calificó a los hechos de “un crimen de lesa humanidad” y recomendó el juzgamiento de los responsables en los tribunales ordinarios.
“El 11 de septiembre de 2008, en la localidad de Porvenir, del departamento de Pando, y otros sitios, se cometió una masacre, en el sentido empleado para este término por las Naciones Unidas”, señaló en el documento.
Posteriormente, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) confirmó que los hechos de Porvenir fueron una masacre y una grave violación de los derechos humanos. El informe fue leído por el representante de este organismo en Bolivia, Dennis Racicot, quien recomendó a que las instancias jurisdiccionales se hagan cargo de sancionar a los responsables de las muertes y heridos que dejaron los enfrentamientos entre campesinos y funcionarios departamentales.
Luego, el Gobierno presentó un informe sobre las acciones violentas de Porvenir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En este último caso, se llevó a testigos para que den su versión.
