El juez Iván Perales presentó ante el Consejo de la Magistratura un informe sobre su actuación en la defensa del brasileño Antonio Da Silva, identificado como el líder de los atracadores de la joyería Eurochornos de Santa Cruz. De constatarse que asesoró al extranjero cuando ya se desempeñaba como juez puede exponerse a un proceso penal.
La advertencia corresponde al representante de la Magistratura de La Paz, Williams Dávila, quien informó que se inició una investigación tras denunciarse que Perales asumió la defensa de Da Silva cuando ejercía ya el cargo de juez Anticorrupción en el departamento de La Paz.
“Vamos a proceder como dice la ley, no podemos aceptar que un juez esté de abogado de cualquier forma de participación en un proceso, ni asesoramiento ni a la víctima ni al imputado… No solo sería una falta, incluso estaríamos hablando de delitos”, afirmó en una entrevista con la red ATB.
La televisora mostró el Formulario de Renuncia al Servicio Nacional de Defensa Pública. En el documento Da Silva renuncia a la asistencia legal gratuita con el argumento de que cuenta con asistencia legal particular a cargo del abogado Iván Perales. Lleva la fecha del 7 de septiembre de 2016, cuando Perales –según dijo- ya ejercía como juez.
El atraco perpetrado el 13 de julio dejó cinco personas muertas: el oficial Carlos Gutiérrez, la gerenta de la joyería Lorena Tórrez, y tres de los antisociales, entre ellos Da Silva.
Su vinculación con el caso del brasileño la reveló el también Fernando Rivadeneyra, quien fue suspendido por haberle concedido libertad domiciliaria. En su defensa, dijo que no tuvo otra opción porque no hubo oposición debido a la ausencia de la Fiscalía en la audiencia de cesación de detención y porque su abogado, Perales, ocultó información.
Da Silva fue detenido en Guayaramerín, Beni, por las agresiones a un policía. De ahí, lo trasladaron a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro de La Paz, tras un intento frustrado de fuga que dos de sus hermanos ejecutaron si éxito. El caso, entonces, radicaba en Beni y, según procedimiento, debió existir un desistimiento de jurisdicción para que un juez en La Paz tramite el pedido de cesación de detención del acusado. La Fiscalía le inició un proceso penal.
Perales presentó un informe a la Magistratura, que analizará su contenido para la toma de una decisión.