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martes 5 jul 2022 | Actualizado a 12:43

Bolivia y Chile agendan al menos 6 encuentros para este año

La directora de Límites de la Cancillería de Chile, Ximena Fuentes, y la directora general de Relaciones Bilaterales de Bolivia, Dayana Ríos, fueron las encargadas de explicar los acuerdos alcanzados.

/ 26 de julio de 2017 / 12:11

Bolivia y Chile acordaron para el segundo semestre de este año al menos seis nuevos encuentros bilaterales, producto de la Reunión del Comité de Frontera e Integración celebrada este martes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

La directora de Límites de la Cancillería de Chile, Ximena Fuentes, y la directora general de Relaciones Bilaterales de Bolivia, Dayana Ríos, fueron las encargadas de explicar los acuerdos alcanzados.

El 10 de agosto, en la ciudad de La Paz, tendrá lugar una reunión bilateral para abordar el trabajo de las  policías de ambos países, dando prioridad al tema de los vehículos robados, señaló Fuentes.

Por su parte, Ríos indicó que el 26 y 27 de septiembre ambos países llevarán adelante una reunión sobre aduanas para fortalecer la cooperación entre las instituciones de ambos países.

Fuentes detalló que el 3 y 4 de octubre se reunirán en el Complejo fronterizo de Chungará delegaciones de ambos países para reactivar el Comité Técnico de Controles Integrados, para establecer un reglamento y manual de operaciones para el control fronterizo.

Para octubre, el 24 de ese mes, también se fijó un encuentro para reactivar la Comisión de Trabajo sobre el Libre Tránsito. Entre el 25 y 26 de octubre se tiene consignada la Décima Cuarta Reunión del Comité de Fronteras e Integración en la ciudad chilena de Arica.

Fuentes explicó también que Chile se comprometió a proponer fecha y lugar para la Décima Reunión Sobre Drogas y Temas Conexos. (26/07/2017)

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Exabogado de Patty dice que los reunidos en al UCB cometieron conspiración y terrorismo

El jurista aseguró que el principal sindicado en este caso “es el señor (Luis Fernando) Camacho, pero la Fiscalía no tiene interés y las partes no tienen interés” de citarlo.

El abogado Marcelo Valdez.

/ 5 de julio de 2022 / 12:27

Marcelo Valdez, exabogado de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, afirmó este martes que los políticos opositores que se reunieron en la Universidad Católica Boliviana (UCB) entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019, cometieron conspiración y terrorismo.

“Eran civiles y se han tomado atribuciones como la reunión de la UCB, donde se ha conspirado contra un gobierno constitucional como era el de Evo Morales Ayma (…). Estamos hablando de terrorismo”, dijo el jurista en entrevista con La Razón Radio.

El 10 de noviembre de 2019, el entonces presidente Morales renunció a su cargo presionado por movilizaciones que denunciaban un supuesto fraude en las elecciones del 20 de octubre, que lo dieron como ganador, además de un motín policial y la sugerencia militar de dimitir a la Presidencia.

Entonces, políticos de oposición advirtieron un “vacío de poder”, por lo que se reunieron para allanar el camino al poder de la entonces senadora Jeanine Áñez.

Áñez se proclamó presidenta el 12 de noviembre, primero de la Cámara de Senadores, y luego, del Estado, en una sesión que no tuvo quórum ni la presencia de la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS). Por ello, recientemente fue condenada, en primera instancia, a 10 años de cárcel en el caso denominado Golpe de Estado II.

Valdez aseguró que los implicados en este caso “irán declarando” y que su participación en esos hechos “está confirmada por sus mismas declaraciones”.

En el marco de las investigaciones por ese caso, la Fiscalía citó a los participantes a brindar su declaración; así, el empresario Samuel Doria Medina, que confirmó su asistencia; el expresidente Jorge Quiroga; el exministro Jerjes Justiniano y el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, quien se presentó este martes ante el Ministerio Público acompañado por el líder de esa organización, el expresidente Carlos Mesa.

Incluso, Valdez dijo que “el principal implicado es el señor (Luis Fernando) Camacho, pero la Fiscalía y las partes no tienen interés” en citar al exdirigente cívico cruceño y ahora gobernador de Santa Cruz.

En las reuniones extralegislativas participaron también representantes cívicos, de la Iglesia Católica y de legaciones diplomáticas.

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La Fiscalía acusa a Zamora y Soliz por caso YPFB Seguros y pide 10 años de cárcel

La acusación formal fue sustentada en 61 pruebas testificales y 108 pruebas documentales.

Víctor Hugo Zamora y Herland Soliz. Fotos de archivo: La Razón.

/ 5 de julio de 2022 / 12:25

La Fiscalía presentó ante una autoridad judicial la acusación formal en contra de cuatro personas, entre ellas el exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora y el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Herland Soliz, por el caso denominado YPFB Seguros.

Las otras dos personas acusadas con la exgerente Legal de YPFB Elizabeth García y el ciudadano Daniel Terrazas, informó este martes Aldrin Barrientos, director de la Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas.

La acusación fue presentada por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

“Por todos estos delitos, el Ministerio Público está solicitando la sentencia condenatoria para todos los responsables y la pena máxima de 10 años de prisión, más agravantes y criterios de concurso real”, agregó Barrientos.

El funcionario remarcó que la acusación formal fue fundamentada y sustentada en 61 pruebas testificales y 108 pruebas documentales colectadas en la etapa preparatoria de la investigación.

Además, el director recordó que Zamora y Soliz se encuentran en este momento en calidad de rebeldes.

“Sin embargo, debido a que se los acusó por delitos de corrupción pública se encuentra habilitado el juicio en rebeldía, debido también a que ambos cuentan con mandamientos de aprehensión emitidos por la autoridad judicial competente”, aclaró. Entretanto, García y Terrazas fueron sometidos a medidas cautelares y ahora están con arraigo.

Estas cuatro personas, según Barrientos, están implicadas en el “proceso irregular de contratación directa de seguros generales” que fue efectuado en abril de 2020 mediante el denominativo de “contrato de emergencia”.

Para ello “se habilitó deliberadamente la Resolución Nº 78/2020 del 31 de marzo por parte del entonces Presidente de YPFB vulnerando las normas establecidas en el Decreto Supremo 0181, es decir, las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios (…) evadiendo los procesos públicos de licitación”, explicó. 

“Este acto deliberado fue convalidado por el exministro de Hidrocarburos, quien en ese momento tenía bajo su autoridad al Directorio de YPFB, permitiendo la suscripción de contratos en el marco de una resolución ilegal. Estos comportamientos resultaron en procesos de contratación fallidos, así como el deterioro de la imagen de YPFB en el exterior”, lamentó.

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Ministro Del Castillo instruye al nuevo comandante Ponce ejecutar la reforma policial

La autoridad dijo también que durante este tiempo se logró disminuir los casos de feminicidios en un 21% en todo el país.

Foto: Ministerio de Gobierno

/ 5 de julio de 2022 / 11:31

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, instruyó al nuevo comandante general de la Policía, Orlando Ponce, materializar la reforma en la institución policial con base en el paquete de leyes que se trabajan.

Ejecutar la “reforma a la Policía Boliviana, con base al paquete de leyes que he citado ya en reiteradas ocasiones y oportunidades; la primera de ellas, una nueva ley del régimen disciplinario de la Policía Boliviana y esperemos durante que concluya julio estemos presentando a las instancias correspondientes”, dijo en el acto de reconocimiento de la nueva autoridad policial en la Academia Nacional de Policías (Anapol) en La Paz.

También demandó que se ejecute la reforma a través de la ley del plan de carrera de la Policía Boliviana y con la ley de evaluación y desempeño al interior de la entidad.

En mayo, Del Castillo ratificó que se trabajan cuatro leyes nacionales para reestructurar la Policía Boliviana, La primera referida a la carrera policial y de ascenso de generales. La segunda respecto al plan de carrera de la Policía Boliviana. La tercera es sobre evaluación y desempeño. Y, la cuarta sobre el régimen disciplinario.

La autoridad dijo también que durante este tiempo se logró disminuir los casos de feminicidios en un 21% en todo el país.

“Hemos logrado en la mayoría de los municipios de nuestro país que la gente se sienta más segura y en esta nueva etapa denominada profundización de la reforma en la Policía Boliviana vamos a lograr recuperar la imagen de la Policía que tanto anhela y demanda el pueblo boliviano”, dijo.

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El Gobierno apela a la ‘conciencia colectiva’ tras preocupación de jueces por Ley 179

El lunes, tras la promulgación de la Ley de Protección a las Víctimas, la asociación de magistrados informó que están en emergencia.

El acto de promulgación de la nueva ley que se realizó el lunes. Foto: APG.

/ 5 de julio de 2022 / 10:56

Roxana Zaconeta, directora general de Prevención y Eliminación de Toda Forma de Violencia en Razón de Género y Generacional, dependiente del Ministerio de Justicia, apeló este martes a la “conciencia colectiva” después de que los jueces mostraran su preocupación por el aumento de la pena de prevaricato en la nueva Ley 179 de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente. 

“Yo considero que la tarea colectiva que debemos asumir como corresponsabilidad de todos va a ser una respuesta que esté ligada a nuestra conciencia, a nuestros principios y a nuestros valores, (aunque) me imagino (que los jueces) pueden tener elementos que seguramente van a ser fundamentados, pero el contexto internacional ha mostrado que en países donde se han aplicado este tipo de normas, que sí efectivamente son muy duras, (hubo) resultados (positivos)”, dijo Zaconeta en una entrevista con La Razón Radio.

El lunes, tras la promulgación de la nueva normativa, la presidenta de la Asociación de Magistrados de Bolivia, Grenny Bolling, informó que los jueces y magistrados se declararon en estado de emergencia.

Pero, tenemos “que empezar a tomar conciencia para desnaturalizar la violencia en nuestras vidas y en nuestros actos, y eso pasa no solo por la tarea que nos toca independientemente del lugar en el que estemos, sino también desde nuestras propias casas, desde nuestra forma de relacionarnos; entonces, obviamente creo que las personas, las organizaciones en el ámbito de la justicia, en ese marco de una conciencia colectiva ciudadana, van a tomar las acciones y tareas en el marco de la normativa”, insistió la funcionaria del Ministerio de Justicia.

En el acto de promulgación de la nueva norma, el ministro de Justicia, Iván Lima, confirmó que “a partir de esta ley, el juez que decida actuar en contra de la ley y de la Constitución va a merecer una pena de hasta 20 años de cárcel”.

“Estas son decisiones políticas que se están asumiendo para evitar que (…) la Justicia favorezca a quienes cometen estos delitos”, enfatizó el ministro.

Lima agregó que el delito de consorcio –que es cuando fiscales, jueces, policías y la administración judicial actúan en contra de las víctimas– también subió su pena de cinco a 10 años de privación de libertad.

También puede leer: ¿Qué establece la Ley de Protección a las Víctimas promulgada por el Presidente?

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Waldo Albarracín afirma que se mantendrá ‘a buen recaudo’ por el caso Golpe de Estado

El exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y exdefensor del Pueblo aseguró que es un "perseguido político".

Waldo Albarracín. Foto de archivo: La Razón.

/ 5 de julio de 2022 / 09:02

Después de que fuera beneficiado con una resolución fiscal de sobreseimiento dentro del proceso por un supuesto “abandono de mujer embarazada”, el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, confirmó este martes que se mantendrá “a buen recaudo” por temor a ser encarcelado, esta vez, por el denominado caso Golpe de Estado.

“Este caso (sobre el supuesto abandono de mujer embarazada) nunca me ha preocupado porque estaba consciente y seguro de los resultados que iban a dar las pruebas (de ADN), lo que sí me preocupa es el quererme involucrar en hechos de un supuesto golpe de Estado que jamás he participado y que sí hay la decisión política de encarcelarme, entonces, ese es el motivo por el que yo me mantengo a buen recaudo”, dijo.

De hecho, “desde un principio ya me puse a buen recaudo (…) por este otro caso grande porque públicamente incluso alguna gente del MAS y vinculada al gobierno ha estado exigiendo que me incluyan en la acción junto a la expresidenta Jeanine Áñez”, continuó el exrector en una entrevista con la red Uno.

En junio reciente, Jorge Nina, abogado de la exdiputada del MAS Lidia Patty, informó que presentó ante la Fiscalía un memorial de denuncia ampliatoria contra Albarracín y otros políticos de la oposición por el caso Golpe de Estado I.

El jurista afirmó que se ha advertido la participación de otras personas que acompañaron a Áñez en el “golpe” y ejecutaron varios delitos como instigación pública a delinquir, atribuirse los derechos del pueblo o la seducción de tropas, entre otros.

Entonces, hay una “posibilidad permanente de provocarme una acción penal en mi contra, (esta vez) sobre los supuestos hechos de golpe, en los cuales jamás he participado. (Por tanto) soy un perseguido político”, apuntó Albarracín.

En la crisis de 2019, que terminó con la renuncia de Evo Morales y la posterior proclamación de Áñez mediante un cuestionado proceso de transición, Albarracín fue uno de los personajes que impulsó las movilizaciones cívicas.

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