Para el Gobierno, el hecho de que el Movimiento Al Socialismo (MAS) obtenga hasta el momento el 36,5% de participación de sus militantes en las primarias es “razonable”, servirá para ver dónde tiene mayor poder de militancia, afirmó el ministro de Comunicación, Manuel Canelas.

Hasta el 81,30% de actas verificadas, de 7.385, (hasta las 22.45), la participación de militantes del MAS llega al 36,54%, según los datos proporcionados en el portal web del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Canelas justificó que este promedio de votación general se da de similar manera en otros países que practican las primarias electorales.

“Si bajamos las expectativas y vemos los números comparados, estamos dentro de lo razonable creemos como decía viendo el pronóstico del 30%, nos vamos acercar al 40% de la participación”, afirmó la autoridad. La proyección para el MAS es consolidar la participación de 400.000 votantes.

Canelas dijo que el vicepresidente Álvaro García “pecó” al haber manifestado su expectativa de que el MAS logre entre el 50% y 70% de participación. El Vicepresidente afirmó por la mañana que se preocupará si el porcentaje es menor de la mitad por lo que es un “llamado de atención de que la estructura orgánica requiere un conjunto de ajustes”.

El titular de Comunicación criticó la decisión de candidatos opositores a incitar a la abstención de sufragio y que fue una jornada tranquila pese a las advertencias de “boicot” de la actividad por algunos grupos que rechazan la participación del binomio del MAS.

Para Canelas “ni la suma de militantes” del resto de partidos de oposición, se aproxima a la cantidad de votantes en el partido gobernante.

Tras casi cuatro años de trabajo, la Comisión Mixta de Investigación del proceso de Privatización y Capitalización de las Empresas Públicas determinó que la enajenación de firmas en siete mandatos presidenciales causó un daño de $us 21.000 millones.

El senador Rubén Medinaceli, del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente de la citada Comisión, informó que este trabajo halló a responsables de las privatizaciones y capitalizaciones en los gobiernos de Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer, Jorge Quiroga, nuevamente Sánchez de Lozada y, por sucesión, Carlos Mesa.

El extenso informe será leído en la Asamblea Legislativa en tres jornadas, la primera está prevista que se instale hoy a las 08.00. La investigación consta de más de 2.600 hojas agrupadas en tres tomos. El monto de enajenación aún es conservador porque solo se cuenta con cifras con documentación respaldatoria, dijo Medinaceli.

El trabajo parte de una reseña  sobre la aplicación del modelo neoliberal y hace mención al menos a 17 normativas que formaron el marco jurídico de enajenación.

Empresas. La investigación señala que entre 1933 y 1988 se crearon 213 empresas públicas; 78 pertenecían al Gobierno nacional, 92 a corporaciones regionales de desarrollo, 17 a prefecturas y 25 a alcaldías. Del total, 107 eran productivas y de éstas, 85 fueron enajenadas (79%); además, 105 pertenecían al área de servicios, de las que 72 fueron enajenadas (69%).

Se contaba con siete empresas estratégicas, Corporación Minera de Bolivia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Empresa Nacional de Electricidad, Empresa Nacional de Ferrocarriles, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Lloyd Aéreo Boliviano y Empresa Metalúrgica Vinto.

“Identificamos las irregularidades, lo que hay que hacer ahora es tipificar esas irregularidades y establecer responsabilidades”, afirmó Medinaceli.

El senador Edwin Rodríguez, de Unidad Demócrata, cuestionó este informe. “Es evidente la parcialización porque es una Comisión de los dos tercios del MAS, que lo único que va a definir es mostrar elementos de acciones comprometidas al frente opositor”, sostuvo.

Las acciones en cada gestión presidencial fueron detalladas; por ejemplo, en el gobierno de Víctor Paz (1985-1989) se creó la Comisión de Transición Industrial. En el gobierno de Jaime Paz (1989-1993) se aprobó la Ley 1330 de Privatización y al menos 10 empresas fueron enajenadas.

En el primer gobierno de Gonzalo Sánchez (1993-1997) se capitalizaron cinco empresas estratégicas. En el periodo de Hugo Banzer (1997-2001) se privatizaron nueve empresas públicas y unidades económicas de YPFB. En la gestión de Jorge Quiroga (2001-2002) se privatizaron redes de distribución y plantas industriales de YPFB.

En el segundo mandato de Sánchez de Lozada (2002-2003) se analizó el efecto del modelo neoliberal, puesto que se creó la Delegación Presidencial Para la Revisión y Mejora de la Capitalización. Esto se reflejó en las políticas que luego desataron la crisis de febrero y octubre de 2003.

A Carlos Mesa (2003-2005) se lo apunta porque en su gobierno no se acató las recomendaciones de su delegado presidencial, quien vio irregularidades en el proceso de capitalización del LAB. También se resistió a afectar los bienes de las empresas extranjeras.

El informe culmina con varias recomendaciones, una de éstas pide remitirlo al Ministerio Público, a la Procuraduría, a la Contraloría y al Ministerio de Justicia. Pide al Órgano Ejecutivo y a gobiernos subnacionales que se hagan investigaciones sobre las empresas que estuvieron en sus jurisdicciones y que el Órgano Judicial acelere los procesos penales contra exautoridades.

Pesquisa legislativa deja a 55 personas en la mira

 La Comisión Mixta de Investigación del proceso de privatización y capitalización de las empresas públicas identificó a 55 personas que participaron en los procesos de privatización y capitalización de las empresas estatales.

Este informe será presentado hoy al pleno de la Asamblea, instancia que deberá asumir una decisión sobre el futuro de este caso. Rubén Medinaceli, presidente de la citada comisión legislativa, indicó que este informe puede ser remitido a la Contraloría General del Estado, a la Procuraduría, Fiscalía o al Ministerio de Justicia.

En la lista entregada sobre las personas que enajenaron las empresas estatales figuran expresidentes, exministros y empresarios. Sobre ellos pueden pesar delitos como incumplimiento de deberes o daño económico al Estado, entre otros.

La Comisión denomina redes de poder al sistema aplicado que define que Gonzalo Sánchez de Lozada, Samuel Doria Medina y Raúl Garáfulic Gutiérrez son principales actores vinculantes de otras personas que se beneficiaron con las privatizaciones, ya sea mediante sociedades familiares o beneficios empresariales.

En el caso de Sánchez de Lozada se hace un recuento de los varios contratos que suscribió la empresa Comsur, de propiedad del expresidente, con la Comibol.

La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) compró acciones de Fancesa en Chuquisaca, también es parte de la conclusión, es por esto que se menciona a Doria Medina y además de otros vínculos empresariales con la empresa Aguas del Tunari.

Garáfulic tuvo participación en la adjudicación de la Transportadora de Electricidad y la Hilandería Santa Cruz. El informe le señala la compra de acciones del LAB, pero además presume que favoreció a uno de sus hijos para que participe en los directorios de Transredes y AFP Previsión BBV.

Tras casi cuatro años de trabajo, la Comisión Mixta de Investigación del proceso de Privatización y Capitalización de las Empresas Públicas determinó que la enajenación de firmas en siete mandatos presidenciales causó un daño de $us 21.000 millones.

El senador Rubén Medinaceli, del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente de la citada Comisión, informó que este trabajo halló a responsables de las privatizaciones y capitalizaciones en los gobiernos de Víctor Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer, Jorge Quiroga, nuevamente Sánchez de Lozada y, por sucesión, Carlos Mesa.

El extenso informe será leído en la Asamblea Legislativa en tres jornadas, la primera está prevista que se instale hoy a las 08.00. La investigación consta de más de 2.600 hojas agrupadas en tres tomos. El monto de enajenación aún es conservador porque solo se cuenta con cifras con documentación respaldatoria, dijo Medinaceli.

El trabajo parte de una reseña  sobre la aplicación del modelo neoliberal y hace mención al menos a 17 normativas que formaron el marco jurídico de enajenación.

Empresas. La investigación señala que entre 1933 y 1988 se crearon 213 empresas públicas; 78 pertenecían al Gobierno nacional, 92 a corporaciones regionales de desarrollo, 17 a prefecturas y 25 a alcaldías. Del total, 107 eran productivas y de éstas, 85 fueron enajenadas (79%); además, 105 pertenecían al área de servicios, de las que 72 fueron enajenadas (69%).

Se contaba con siete empresas estratégicas, Corporación Minera de Bolivia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Empresa Nacional de Electricidad, Empresa Nacional de Ferrocarriles, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Lloyd Aéreo Boliviano y Empresa Metalúrgica Vinto.

“Identificamos las irregularidades, lo que hay que hacer ahora es tipificar esas irregularidades y establecer responsabilidades”, afirmó Medinaceli.

El senador Edwin Rodríguez, de Unidad Demócrata, cuestionó este informe. “Es evidente la parcialización porque es una Comisión de los dos tercios del MAS, que lo único que va a definir es mostrar elementos de acciones comprometidas al frente opositor”, sostuvo.

Las acciones en cada gestión presidencial fueron detalladas; por ejemplo, en el gobierno de Víctor Paz (1985-1989) se creó la Comisión de Transición Industrial. En el gobierno de Jaime Paz (1989-1993) se aprobó la Ley 1330 de Privatización y al menos 10 empresas fueron enajenadas.

En el primer gobierno de Gonzalo Sánchez (1993-1997) se capitalizaron cinco empresas estratégicas. En el periodo de Hugo Banzer (1997-2001) se privatizaron nueve empresas públicas y unidades económicas de YPFB. En la gestión de Jorge Quiroga (2001-2002) se privatizaron redes de distribución y plantas industriales de YPFB.

En el segundo mandato de Sánchez de Lozada (2002-2003) se analizó el efecto del modelo neoliberal, puesto que se creó la Delegación Presidencial Para la Revisión y Mejora de la Capitalización. Esto se reflejó en las políticas que luego desataron la crisis de febrero y octubre de 2003.

A Carlos Mesa (2003-2005) se lo apunta porque en su gobierno no se acató las recomendaciones de su delegado presidencial, quien vio irregularidades en el proceso de capitalización del LAB. También se resistió a afectar los bienes de las empresas extranjeras.

El informe culmina con varias recomendaciones, una de éstas pide remitirlo al Ministerio Público, a la Procuraduría, a la Contraloría y al Ministerio de Justicia. Pide al Órgano Ejecutivo y a gobiernos subnacionales que se hagan investigaciones sobre las empresas que estuvieron en sus jurisdicciones y que el Órgano Judicial acelere los procesos penales contra exautoridades.

Pesquisa legislativa deja a 55 personas en la mira

 La Comisión Mixta de Investigación del proceso de privatización y capitalización de las empresas públicas identificó a 55 personas que participaron en los procesos de privatización y capitalización de las empresas estatales.

Este informe será presentado hoy al pleno de la Asamblea, instancia que deberá asumir una decisión sobre el futuro de este caso. Rubén Medinaceli, presidente de la citada comisión legislativa, indicó que este informe puede ser remitido a la Contraloría General del Estado, a la Procuraduría, Fiscalía o al Ministerio de Justicia.

En la lista entregada sobre las personas que enajenaron las empresas estatales figuran expresidentes, exministros y empresarios. Sobre ellos pueden pesar delitos como incumplimiento de deberes o daño económico al Estado, entre otros.

La Comisión denomina redes de poder al sistema aplicado que define que Gonzalo Sánchez de Lozada, Samuel Doria Medina y Raúl Garáfulic Gutiérrez son principales actores vinculantes de otras personas que se beneficiaron con las privatizaciones, ya sea mediante sociedades familiares o beneficios empresariales.

En el caso de Sánchez de Lozada se hace un recuento de los varios contratos que suscribió la empresa Comsur, de propiedad del expresidente, con la Comibol.

La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) compró acciones de Fancesa en Chuquisaca, también es parte de la conclusión, es por esto que se menciona a Doria Medina y además de otros vínculos empresariales con la empresa Aguas del Tunari.

Garáfulic tuvo participación en la adjudicación de la Transportadora de Electricidad y la Hilandería Santa Cruz. El informe le señala la compra de acciones del LAB, pero además presume que favoreció a uno de sus hijos para que participe en los directorios de Transredes y AFP Previsión BBV.

La bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa denunciará penalmente a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Dunia Sandóval y Antonio Costas por desobedecer una sentencia constitucional al no respaldar la habilitación del binomio Evo Morales-Álvaro García.

La decisión fue tomada luego de conocer que los dos vocales no votaron por la habilitación del binomio oficialista para las elecciones primarias de enero y la nacionales de octubre de 2019, en la Sala Plena que trató el tema. El resto de vocales, cuatro, avaló la habilitación.

Para el diputado Víctor Borda los dos vocales incurrieron en los delitos de “desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad”, que está inscrito en el artículo 179 bis del Código Penal.

Ese artículo establece: “La servidora, servidor público o personas particulares que no cumplan las resoluciones emitidas en acciones de defensa o de inconstitucionalidad, serán sancionadas o sancionados con reclusión de dos a seis años y con multa de cien a trescientos días”.

Costas y Sandoval hicieron conocer por separado la posición que tomaron y sus argumentos. Sandoval arguyó en una entrevista con Unitel que la habilitación daña la democracia y que recibieron presiones del Órgano Ejecutivo y del Legislativo.

Mientras que Costas anunció en una entrevista en Erbol que pedirá la aplicación de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar el trabajo de los vocales y evitar presiones.

Borda aclaró que no se cuestiona la disidencia sino el hecho de desobedecer la aplicación de la sentencia constitucional de noviembre de 2017, que tiene carácter vinculante.

«En este caso se ha advertido que el señor Antonio Costas y la señora Dunia Sandoval, más allá de la obligación formal, han emitido un voto de inhabilitación al presidente Evo Morales, desconociendo una sentencia emanada del Tribunal Constitucional Plurinacional (…)”, sostuvo.

La habilitación del binomio del MAS activó protestas y el jueves se cumplió un paro cívico. En La Paz, las protestas culminaron en actos vandálicos por parte de algunos grupos que se enfrentaron a efectivos policiales en puertas del TSE. (07/12/2018)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) subió la previsión para el crecimiento económico del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia de 4,3% a 4,5% para 2018, por la fuerte producción agrícola y el pago del segundo aguinaldo como principales factores.

“El crecimiento del PIB real se proyecta en 4,5% en 2018, una de las tasas más altas de la región. El crecimiento es apoyado por políticas acomodaticias continuas, un segundo bono salarial para toda la economía y una fuerte producción agrícola”, indicó el FMI, reportó la estatal ABI.

El organismo multilateral emitió su informe Artículo IV. “Después de 15 años de fuerte crecimiento y reducción de la pobreza, Bolivia se enfrenta a un periodo más desafiante”, sostuvo el FMI.

Según este informe, Bolivia registró un promedio de crecimiento económico de 4,8% entre 2004 y 2017, además que acumuló considerables reservas externas y fiscales, mientras que la proporción de la población que vive en la pobreza se redujo a la mitad (17%).

“Desde la caída del precio de los productos básicos en 2014, las autoridades han llevado a cabo políticas fiscales y crediticias acomodaticias para respaldar el crecimiento. Este enfoque ha tenido éxito en mantener un crecimiento sólido, pero ha dado lugar a grandes déficits fiscales y externos en la cuenta corriente, pérdidas de reservas y un fuerte aumento de la deuda pública”, señala el organismo internacional.

“El FMI mejoró sus previsiones de crecimiento de #Bolivia a 4,5% para 2018, y estima que el continente crecerá solo 1,2%. El mismo FMI destacó la reducción de la pobreza extrema en el país. Gracias a nuestra Revolución, seguimos primeros en crecimiento económico en Sudamérica”, destacó en su cuenta de Twitter el presidente Evo Morales.

El Gobierno proyecta cerrar esta gestión con un crecimiento económico de 4,7%. En octubre, el presidente Evo Morales anunció que hasta junio el PIB llegó a 4,61%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La producción agropecuaria es uno de los factores que incidió en el crecimiento.

Con estos datos, la administración de Morales decidió que este año se pague el segundo aguinaldo, sin embargo esta medida es rechazada por los empresarios privados. El ministro de Economía, Mario Guillén, explicó en diferentes oportunidades que el otro aguinaldo mejorará el movimiento económico interno porque inyectará $us 1.000 millones.

El FMI anticipó que para 2019 el PIB boliviano llegará a un 4,2% y en 2020 a 3,9%. “Se espera que el déficit de la cuenta corriente se reduzca lentamente debido a una moderación en las importaciones de bienes de capital, pero se espera que las entradas y remesas de capital sean más débiles. Se prevé que las reservas internacionales disminuyan lentamente, cayendo por debajo de la métrica de adecuación de las reservas del fondo para 2020”, agregó el organismo.

(07/12/2018)