Una misión de opositores viajará este miércoles Estados Unidos, para presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el desconocimiento de los resultados del referéndum constitucional del 21 de febrero y para frenar un posible fallo favorable del Tribunal Constitucional Plurinacional que valide la repostulación indefinida del presidente Evo Morales.
La delegación conformada por los senadores de la alianza opositora Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz y Arturo Murillo, además del abogado constitucionalista Carlos Alarcón, se dirigirán a Washington en representación del bloque de expresidentes y líderes políticos de oposición que cuestionan el recurso planteado ante el TCP por legisladores del gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Mañana (por el miércoles) estamos viajando a Washington para presentar el jueves ante la CIDH una denuncia en representación de esos millones de ciudadanos bolivianos que votamos en el referéndum de 2016 y cuyo resultado está siendo desconocido por esta acción del TCP de admitir el recurso del MAS”, señaló este martes Ortiz en una conferencia de prensa.
La acción del bloque responde a la decisión de admisión del TCP del recurso legal planteado por el oficialismo con el que pide declarar la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley Electoral y la inaplicabilidad de cuatro de la Constitución Política del Estado (CPE) referidos al límite de participación en elecciones para el Presidente, Vicepresidente, gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales.
El petitorio se fundamenta en los derechos políticos que reconoce el Pacto de San Jose de Costa Rica, acuerdo del que Bolivia es signatario y que el oficialismo considera son violados por ambas leyes.
La réplica opositora se fundamenta justamente en el mismo pacto y casos tratados por la misma corte como el guatemalteco Ríos Montt que es parecido al boliviano, aseguró Alarcón, quien dijo que la CIDH es la única que puede “interpretar” los alcances de esta norma supraestatal.
“La base jurídica (de la denuncia) es la violación del artículo 23 del Pacto de San José que establece como derechos políticos de las personas el de participar directamente en los asuntos públicos del país y el de votar. Si no se respetan los resultados del 21F estos dos derechos no tiene ningún sentido y quedan anulados por la decisión de siete magistrados”, explicó.
El jurista además explicó que el TCP, al admitir el recurso presentado por el MAS para dejar sin efecto el artículo 168 de la Constitución Política del Estado (CPE) que limita las repostulaciones a solo dos, “abre la compuerta para la destrucción de la democracia, el estado de derecho y la soberanía popular y el voto ciudadano”.
Los opositores presentarán la denuncia un día después de que una misión del Gobierno boliviano defienda su plan ante el pleno de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El senador Murillo cuestionó el periplo oficialista y criticó los gastos que representa ese cometido. “Hasta para violar la Constitución, el Gobierno usa los recursos del pueblo boliviano y eso está castigando por las leyes del país”, reclamó.
La pugna entre ambos bandos apenas comienza. Coincidentemente con las celebración de la recuperación de la democracia, otros bloques opositores alistan huelgas de hambre, manifestaciones callejeares y cabildos para exigir el respeto al veredicto del 21F que negó a Morales y su partido la posibilidad de repostularse en las elecciones generales de 2019, algo que el gobernante minimizó. (03/10/2017)