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miércoles 6 jul 2022 | Actualizado a 21:45

Revierten tierras del atracador de la remesa de Brinks y las entregan a campesinos

Las tierras revertidas pertenecían a Mariano Tardelli, lider del atraco a la remesa de Brinks. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que lo ocurrido este miércoles es una señal contra quienes pretender usar tierras para fines ilícitos

/ 1 de noviembre de 2017 / 22:09

Fueron revertidas las tierras de las haciendas Laura y la Alborada que pertenecían a Mariano Tardelli, principal acusado del millonario atraco a la remesa de Brinks que se perpetró cerca a la cruceña Roboré el 30 de marzo de este año, y entregadas a siete comunidades campesinas como señal de que tierras usadas para fines ilícitos serán revertidas.

“Estas tierras que eran utilizadas por delincuentes disfrazados de empresarios ahora van a pasar a manos de hermanos campesinos para que trabajen y produzcan alimentos”, señaló el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en el acto de dotación de esas tierras ubicadas en Santa Cruz.

La recuperación de los terrenos que ahora son fiscales fue tramitada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Sus funcionarios y policías tomaron en las horas precedentes los dos predios ubicados en el municipio Carmen Rivero Torrez de la provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz.

Morales sostuvo en el acto transmitido por el canal estatal que algunos empresarios abusan de su poder económico para actos delincuenciales. “Algunos delincuentes disfrazados de empresarios usan algunas regiones para cometer delitos y por eso tomamos esa decisión para que haya nuevos asentamientos y prestar servicios”, afirmó.

En esas dos haciendas, desveló Romero, un grupo de peligrosos atracadores brasileños se había organizado para asaltar la remesa de la transportadora de valores Brinks, cuyo vehículo fue baleado con armas militares en un operativo con visos de práctica militar. Se llevaron Bs 2,6 millones y $us 350.000.

  • Una vista de las extensas tierras que eran de propiedad de Tardelli. Foto: INRA.

“En estas tierras hacían práctica de tiro, instalaron polígonos para practicar tiro, hacían ejercicio militar, trabajo físico, instalaron un gimnasio, prepararon un gran atraco”, contó Romero.

Tras el atraco, la Policía preparó un megaoperativo que incluía despliegue aéreo y cerco a parte de los delincuentes en Laura. El fuego cruzado hirió a media decena de policías en un vano intento por capturarlos puesto que huyeron hacia el monte con el botín que a la fecha no se recuperó. Aún persisten las huellas de los proyectiles en las paredes de las casonas.

Tardelli fue capturado días después con una herida en el brazo en la comunidad de El Naranjal de Santa Ana. El gobierno lo identificó como un importante emisario del peligroso Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil.

“Esos brasileños se  presentaban como supuestos ganaderos, como supuesto empresarios y en realidad eran una organización de delincuentes que atracaron el carro de Brinks, que enfrentaron a la Policía a tiros, que pretendieron escaparse pero luego confesaron ante la justicia que en estos predios Laura y Alborada hacían el entrenamiento y la preparación del atraco”, dijo Romero.

La directora nacional del INRA, Eugenia Yuque, precisó que el desalojo y la declaratoria de tierra fiscal se dan en el marco de la Resolución Suprema 14180 y la política agraria del Estado.

Romero aseguró que la medida es una “señal bien clara” para los delincuentes y aquellos empresarios que pretenden usar sus tierras para fines ilícitos.

“El delincuente que quiere esconderse en nuestras hermosas tierra del oriente para organizar delitos sabe ahora que les serán quitadas sus tierras para ser entregadas a nuestros hermanos campesinos”, remarcó. (01/11/2017)

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Envían a la cárcel a segundo implicado en el triple asesinato en Ivirgarzama

Se trata de Augusto C. L. de 28 años. La audiencia cautelar se realizó en instalaciones policiales de Cochabamba

El vehículo donde estaban los cuerpos de los asesinados en Ivirgarzama. Foto: Radio Televisión Carrasco.

/ 6 de julio de 2022 / 19:51

El segundo aprehendido por el triple asesinato en Ivirgarzama fue enviado este miércoles a la cárcel de San Antonio de Cochabamba con detención preventiva por seis meses. Hasta el momento no se estableció la causa del crimen, aunque la Fiscalía presume que es por un objeto de valor o sustancias controladas.

Augusto C. L. de 28 años es el segundo aprehendido por este hecho delictivo ocurrido el 31 de junio en Ivirgarzama. La audiencia de este segundo implicado se realizó en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Cochabamba.

Según un reporte de Radio Televisión Carrasco, se presume que el trágico suceso ocurrió entre las 02.00 y 03.00 del jueves 31 en el sector del sindicato Villa Victoria. Los tres cuerpos fueron encontrados dentro de un vehículo, marca Toyota Probox, de color blanco y sin placa de control.

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Dos de los cuerpos, uno encima de otro, estaban en el maletero del vehículo y el tercero se encontraba detrás del asiento del conductor. Las primeras investigaciones dieron con la identidad y captura del chofer, Limbert K.O., quien de testigo pasó a ser investigado. Se lo envió a la cárcel con detención preventiva.

La fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzales, informó que en el allanamiento a la casa del según aprehendido se encontró rastros de droga, por lo que se abrirá una segunda indagación.

“En el inmueble donde aparentemente vivía ésta segunda persona se han encontrado sustancias controladas como marihuana y restos de cocaína y otros elementos vinculados directamente con la comisión del hecho delictivo”, informó Gonzales.

Los cuerpos de las víctimas fueron identificados como Alex Eriberto Aguirre Lince, de 31 años; Carlos Alfredo Callau Rocha, de 33 años; y Darwin Fabián Antelo Chávez, de 27 años.

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Lo que no contó Quiroga al fiscal: Permitir que Evo suba al avión ‘efectivizaba la sucesión’

Jorge Quiroga contó a la Fiscalía de La Paz que la Iglesia Católica y la representación de la Unión Europea le encargaron viabilizar la salida de Evo Morales a México.

El expresidente Jorge Quiroga, al salir de la Fiscalía este miércoles. Foto: Pedro Luna

/ 6 de julio de 2022 / 19:04

El expresidente Jorge Quiroga (2001-2002) acudió este martes al Ministerio Público para ofrecer su versión sobre las reuniones extralegislativas de la Universidad Católica Boliviana (UCB) de 2019. Sin embargo, no dijo lo que develó semanas después de la cita: Permitir la salida el avión de Evo Morales a México implicaba la “dejación del cargo” y “efectivizaba” la sucesión presidencial.

El exmandatario declaró en el caso llamado Golpe de Estado I, que a instancias de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty que investiga la presunta comisión de los delitos de sedición (eliminado de las normas bolivianas), terrorismo y conspiración días antes de la proclamación de la entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Áñez, en reemplazo del dimisionario Morales.

Protagonista de las reuniones en el rectorado de UCB los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2019, que derivaron en la sucesión Áñez, Quiroga contó en una nota de prensa que quienes le pidieron viabilizar el ingreso a territorio boliviano del avión del Ejército de México para la salida de Morales eran la jerarquía de la Iglesia Católica y el representante de la Unión Europea (UE) en Bolivia, León de la Torre.

“Le señalé que con gusto si me conseguían, por vías diplomáticas, el teléfono de algún oficial responsable, ya que no conversaba con ningún integrante de la Fuerza Aérea (…)”, cuenta Quiroga en el documento que dejó como declaración en la Fiscalía Departamental de La Paz.

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Junto a Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Jerjes Justiniano (en representación de Luis Fernando Camacho), entre otros políticos de oposición, asistió a las reuniones de la UCB, a la que también se adscribieron el domingo 10 la dimisionaria presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, y la entonces directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (IUIF), Teresa Morales. Y el 12 se sumó Susana Rivero, que a través de las redes sociales había renunciado a la vicepresidencia de la Cámara de Diputados.

El 13 de marzo de 2021, Teresa Morales declaró como testigo de caso. “La pregunta que yo me hice en ese momento es ¿quién era Tuto Quiroga para darle instrucciones al comandante de la Fuerza Aérea del Estado, si él (Tuto) no era ni diputado ni ministro ni autoridad de ningún tipo? Solo contaba con el consentimiento de Carlos Mesa, (Samuel) Doria Medina, (Rolando) Villena y Jerjes Justiniano”, recordó.

Quiroga colgó el teléfono y les dijo: “Ya está Adriana… va a despegar Evo Morales, así que comenzaremos la reunión”, insistió.

El domingo, cuando Salvatierra y Morales se sumaron a la reunión de la UCB, la senadora condicionó el inicio de las conversaciones a la salida sin riesgo de Morales. Y Quiroga se ocupó de esa tarea.

En una entrevista con La Razón, Salvatierra contó que “extrañamente” Quiroga fue quien autorizó el despegue del avión mexicano ese 11 de noviembre.

El expresidente no negó la denuncia. En un foro en México el 19 de diciembre de 2019, propiciado por la “empresa social” Caminos de Libertad contó detalles de su actuación y de las motivaciones políticas. “Yo nunca pensé terminar de agente de viajes de Evo Morales, pero en el vacío de poder el avión mexicano estaba en Perú y no ingresaba (a Bolivia), yo hablo con la gente de la Fuerza Área (y) les digo que den el permiso para pacificar el país”, sostuvo en el seminario “Bolivia libre, la derrota de un fraude”.

Esta develación no está consignada en la declaración entregada a la Fiscalía, este miércoles.

Fue el mismo Quiroga quien admitió el 12 de noviembre de 2019 que gestionó con la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) la salida de Morales del país. “Quiero pedirles disculpas, quiero que comprendan que ayer tuve que hacer algo que nunca pensé hacer: gestiones con la FAB para que el tirano salga de Bolivia”, dijo en un video antes de asistir a la UCB, en La Paz, para unas “discusiones junto a varios amigos” sobre la sucesión presidencial.

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El Gobierno responde a Áñez que restringió visitas por el COVID-19 y que recibe a sus hijos ‘todos los días’

La Dirección de Régimen Penitenciario informó que las privadas de libertad solo pueden recibir visitas de hijos, padres y esposos, por las medidas de bioseguridad asumidas desde el 2 de julio

Jeanine Áñez en el exterior de su celda en Miraflores. Foto: Álvaro Valero

/ 6 de julio de 2022 / 18:15

Ante las denuncias de la expresidenta Jeanine Áñez sobre restricciones a sus visitas, la Dirección de Régimen Penitenciario respondió que ante la presencia de la quinta ola del COVID-19 se limitó a las privadas de libertad las visitas a solo familiares de primer grado y que en ese marco los hijos de la expresidenta la visitan sin restricciones todos los días.

“La señora Áñez recibe las visitas de sus dos hijos (uno a la vez) todos los días sin ningún tipo de restricción, al contrario, sus hijos se quedan hasta dos horas con ella”, establece parte del comunicado difundido ante la denuncia de la exmandataria.

A través de sus cuentas en redes sociales, denunció: “Jeanine Áñez, como presa política, tiene derecho a recibir visitas dos veces por semana, domingos y feriados, sin más restricciones que las relativas al horario, orden y seguridad; sin embargo, una orden abusiva del gobierno de Luis Arce prohíbe visitar a la expresidenta”.

Las restricciones son parte de las medidas de bioseguridad, pero también se recordó que “de momento la privada de libertad aún se encuentra en un área de salud, por lo que las visitas en ese espacio son limitadas debido a las atenciones médicas que se brinda al resto de la población penitenciaria”.

Áñez se encuentra recluida en la cárcel de Miraflores, donde se le habilitó un ambiente para que sea tratada de sus problemas de salud. Está en la cárcel desde marzo de 2021 y ya fue condenada a 10 años de cárcel en el caso Golpe de Estado II.

Fue sentenciada por la forma cómo tomó la Presidencia del Senado en 2019, que luego le permitió autoproclamarse Presidenta de Bolivia, tras la dimisión del expresidente Evo Morales acorralado por una protesta cívica, un motín policial y la “sugerencia” militar de renuncia.

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La Fiscalía citará para la próxima semana a Camacho y su padre por el caso Golpe de Estado I

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que la comisión de fiscales ya tiene un cronograma de citaciones para la toma de declaraciones

Luis Fernando Camacho. Foto: Gigavisión.

/ 6 de julio de 2022 / 17:49

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su padre José Luis Camacho deberán declarar la próxima semana en calidad de denunciados por el caso Golpe de Estado I, pero al momento no se conoce si declararán en La Paz o Santa Cruz, informó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

Camacho afirmó en varias oportunidades que acudirá a cualquier citación fiscal.

“La Comisión de Fiscales elaboró un cronograma de citaciones y entiendo que la convocatoria es para Luis Fernando Camacho y su padre José Luis Camacho, ambas declaraciones están programadas para la siguiente semana, la Comisión de Fiscales será la que definan donde prestarán su declaración”, explicó.

Camacho es el principal acusado en el caso Golpe de Estado I, denunciado por la exdiputada del MAS Lidia Patty. La expresidenta Jeanine Áñez, dos exministros y dos exaltos mando militares están en la cárcel por esta denuncia.

El ahora gobernador y excandidato a la presidencia lideró en 2019 las protestas cívicas que denunciaban fraude electoral en las elecciones de octubre y que, junto a un motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión, acabaron con la dimisión del expresidente Evo Morales.

Poco después y en un video que circuló en redes sociales, reveló que su padre concretó acuerdos con la Policía y las Fuerzas Armadas para que no respalden al poder político, por lo que dio el plazo de 48 horas a Morales para dejar el poder.

El proceso investigativo también alcanza a exministros y al excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y al excomandante de la Policía Boliviana Yuri Calderón, ambos prófugos.

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Inspector de la Policía aclara que dos oficiales están a disposición de la FELCN

La Inspectoría General de la Policía señaló que no hay ninguna denuncia contra ambos uniformados para ‘suspenderlos’ y seguirán en la FELCN.

El coronel Augusto Russo en La Razón Radio.

/ 6 de julio de 2022 / 17:00

El inspector general de la Policía, Augusto Russo, aclaró este miércoles que el mayor Álvaro Muñoz y el capitán Rubén Aparicio, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), no fueron suspendidos, sino puestos a disposición de la dirección de la unidad policial.

Ambos oficiales estuvieron involucrados en la aprehensión de Misael Nállar, principal sospechoso del triple asesinato en Porongo ocurrido el 21 de junio.

En entrevista con La Razón Radio, la autoridad policial aseguró: “No están suspendidos, están a disposición de la Dirección General de la FELCN; están a disposición de ese comando por una rotación rutinaria que se hace en las unidades tomando en cuenta aspectos a ser evaluados”.

El 24 de junio y presionado por denuncias de estar involucrado en “protección” al narcotráfico, Muñoz reveló que fue el responsable de la captura y entrega de Nállar, quien, según su relato, se entregó con las manos en alto y pidiendo que “no lo peguen y que no lo maten”.

Su nombre, junto al de otro efectivo, aparece en denuncias de protección al narcotráfico y en particular a Nállar, yerno del extraditado y sentenciado por narcotráfico en Brasil Jesús Lima Lobo. El principal acusado está con detención preventiva en Chonchocoro por la ejecución de dos sargentos y un voluntario de la Policía, quienes murieron con disparos de bala mientras estaban de rodillas y con las manos en el suelo.

Muñoz fue reconocido con el ‘Premio a la Excelencia Policial’ por la detención de Nállar. Y Aparicio es apuntado como el oficial con quien supuestamente se comunicó la gente de Nállar en el día del triple asesinato.

“No tenemos por qué suspender, no hay absolutamente nada, no hay una denuncia (…). Es un tema interno; serán destinados de acuerdo a lo que se requiere en la misma unidad de la FELCN”, remarcó Russo sobre Muñoz y Aparicio.

Dijo que está en Santa Cruz desde hace tres días para seguir con las evaluaciones a los policías. 

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