Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Derechos Humanos en 2023 señala que en Bolivia no hubo cambios importantes en ese periodo. El documento, igualmente, destaca entre los “asuntos importantes” reportes sobre ‘torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o denigrantes por parte de funcionarios gubernamentales’.

“No hubo cambios significativos (…) en Bolivia durante el año”, dice el documento, citado en una nota de ANF.

En el texto también se expone las condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, y los graves problemas con la independencia del Órgano Judicial, el arresto y la detención arbitraria.

En su sección de Respeto por la integridad de la persona, el documento establece que hay funcionarios que utilizan la tortura, coerción y violencia física, pese a que la Constitución Política del Estado lo prohíbe.

Derechos humanos

“Organizaciones No Gubernamentales (ONG) informaron que las investigaciones policiales se basaron, en gran medida, en la tortura para obtener información y extraer confesiones”, añade el documento publicado este martes.

“Al parecer, la mayoría de los abusos ocurrieron mientras los funcionarios trasladaban a los detenidos a instalaciones policiales o mantenían detenidas a las personas”, señal.

El informe incluye una crítica a la “impunidad policial”, a la que califica como “un problema significativo”, debido a la “corrupción” y la “politización” del sistema judicial.

“Rara vez se hicieron cumplir los mecanismos para investigar los abusos. Con frecuencia, las investigaciones no se completaron debido a sobornos pagados a los investigadores por parte de las personas investigadas”, complementa la nota.

A través de sus redes sociales, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, informó este martes sobre la aprehensión de 18 personas y el desbaratamiento de una organización criminal que se dedicaba a la internación de droga desde Bolivia.

“¡18 detenidos en 30 allanamientos! Toda una banda que traía droga de Bolivia, la escondía en Salta y la trasladaba a Rosario y al conurbano bonaerense, desbaratada. Al principal investigado lo agarramos infraganti”, escribió la autoridad de Argentina.

El Ministerio de Seguridad del vecino país también informó que el operativo denominado Centauro, tras una investigación por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), realizó 30 allanamientos en las provincias de Santa Fe, Salta y Buenos Aires, en las que se desbarató una banda peligrosa del narcotráfico.

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“Detuvimos a 18 criminales e incautamos drogas, armas, vehículos y una suma millonaria de dinero en efectivo”, escribió el Ministerio de Seguridad.

Señaló también que la investigación permitió detectar a “las personas que traían la droga desde Bolivia, quiénes la enfriaban en la provincia de Salta y aquellos que la transportaban en motos hasta Rosario y el conurbano bonaerense”.

De acuerdo con el medio digital El Ciudadano de Salta, Argentina, en la investigación se corroboró un modus operandi novedoso de abastecimiento de droga, no solo en la ciudad de Rosario y sus alrededores, sino también para el conurbano bonaerense y ciudad de La Plata.

“En cada ciudad existía una persona que recibía la provisión de estupefaciente y la redistribuía en esa localidad, la mayoría de los receptores de la cocaína ya tenían antecedentes por haber estado involucrado en causas en infracción a la ley 23.737”.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, conminó a diputados y senadores a aprobar el proyecto de Ley 035, de Límites de la Fracción Solidaria y advirtió con la toma física de su edificio si no ocurre.

“Estamos advirtiendo, por decisión unánime de los ejecutivos y trabajadores, (que) si no promulgan el proyecto de Ley de la modificación en los límites solidarios, los trabajadores nos vamos a movilizar a nivel nacional y vamos a hacer la toma física de la Asamblea Legislativa hasta que se apruebe este proyecto de ley”, dijo el dirigente de los trabajadores en una conferencia de prensa en Casa Grande del Pueblo.

“Ya hemos sido muy pacientes esperando el tratamiento de este proyecto” agregó y calificó de “sana” su advertencia.

El contenido de esa ley generó diferentes interpretaciones que impulsaron a algunos sectores como salud y magisterio a movilizarse. Consideraron que la disposición adicional Única de ese proyecto de ley implica una “jubilación forzosa”.

En realidad, dicha disposición señala que los asegurados dependientes de 65 años podrán someterse, a solicitud expresa, a un examen médico, para evaluar el estado del trabajador.

COB

En el segundo día de protestas propiciado por el magisterio, incluso con bloqueo de las principales calles y avenidas del centro de La Paz, el ministerio de Educación convocó a la dirigencia.

La protesta generó enfrentamientos entre ese sector y miembros de la Policía Boliviana; el resultado, al menos una decena de heridos.

Otro sector que se movilizó en la sede de gobierno es el de salud, cuya dirigencia fue convocada por el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, Omar Yujra.

El fin de ese encuentro es explicar el contenido de la propuesta y aclarar las dudas sobre ella.

El viceministro de Pensiones, Franz Apaza, informó en una conferencia de prensa que existen en el país 17.800 personas jubiladas que siguen trabajando. Entretanto, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), a través de un cuestionario, informó a la Razón que el 62% de ellos pertenece a los sectores movilizados.

“Se tiene el registro de 17.800 asegurados jubilados que continúan trabajando, de los cuales el 40% pertenecen al sector educación, el 14% al sector universitario y el 8% al sector salud”, respondió la APS.

En medio de críticas de otros diputados y luego de 20 días de la última sesión de la Cámara de Diputados, el presidente de ese órgano legislativo, Israel Huaytari, justificó que cada sesión tiene un costo elevado para la Asamblea Legislativa y no amerita sesionar cuando el tema es sencillo.

“Consideramos que no ha sido como anteriores gestiones, que se ha realizado una sesión solamente por una transferencia de terreno; eso no amerita, sino que, viendo el gasto de una sesión que a la Asamblea nos cuesta cada sesión, un promedio de Bs 35.000 arriba, no es conveniente”, informó este martes en conferencia de prensa.

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Última sesión

La 81° sesión ordinaria fue la última, el pasado 3 de abril, en la que se trataron siete proyectos de ley y modificaron otros dos. Todos remitidos por la Cámara de Senadores.

Los proyectos aprobados en esa oportunidad fueron los 19 contratos administrativos mineros, Declaración Nacional de la Expresión Artística Cultural de Saya Afroboliviana y Chu’ta, delimitación del tramo interdepartamental entre La Paz y Oruro, y las declaraciones de patrimonio cultural a la Feria de la Medicina Natural y a la Imagen de la Santísima Virgen María de Letanías, en Viacha.

Sin embargo, algunos diputados criticaron el trabajo de Huaytari, del Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista. Debido a que, en su criterio, la última sesión se realizó hace ya 20 días.

“En casi siete meses ha sesionado siete sesiones; o sea, una sesión por mes. Este mal funcionario no está respondiendo a las necesidades del pueblo boliviano. Quiere hacer quedar mal a los diputados”, acusó la diputada evista Cristina Choque en conferencia de prensa.

Los diputados de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga e Ingvar Ellefsen, afirmaron que se les paga sueldos por ‘un trabajo que no se hace’, ante la falta de sesiones.

‘Economizar’

Huaytari criticó que en la Cámara de Diputados se acostumbró a convocar a sesión para aprobar una transferencia de terreno o como máximo dos. Sin embargo, actualmente, según su criterio, este proceso se agiliza.

“Más de 10 proyectos casi 12 proyectos de transferencia (aprobados) en una sola sesión, eso implica también economizar y ser lo más estratégico”, afirmó.

De acuerdo con Huaytari, se tenían planeadas sesiones para tratar los proyectos de ley 073 y 075, que buscan suspender los mandatos de los magistrados y consejeros electos en 2017 y prorrogados este año. Sin embargo, recordó que esos proyectos quedaron fuera de la competencia de Diputados.

“Si es que no se va a tratar en cualquiera de los escenarios, Diputados o Asamblea (…), va a ser imposible aprobar cualquier proyecto de ley”, cuestionó.

Los proyectos de ley que no se aprobaron en la 81° sesión se retrasaron a causa del pedido para tratar los proyectos 073 y 075. Entre los proyectos retrasados, se encuentran la adhesión plena de Bolivia al Mercosur y varios proyectos para la niñez

El Movimiento Al Socialismo (MAS) sufre una de sus crisis más profundas debido a la disputa por las candidaturas del expresidente Evo Morales y el presidente Luis Arce en las elecciones de 2025. Además, atraviesa por una crisis institucional que se produjo por una falta de “mecanismos” de resolución de conflictos internos.

Dichas consideraciones fueron expuestas por los analistas Carlos Saavedra y Susana Bejarano en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

Ambos analistas consideraron que, actualmente, el único motivo de la polarización entre la facción evista y arcista del MAS es la toma del poder que incluso pone en riesgo la continuidad de la sigla del partido.

Saavedra afirmó que hay una polarización destructiva en el partido. “Estamos en la fotografía de la polarización destructiva, hay dos bandos atrincherados que intercambian munición pesada”.

Indicó que la principal fuerza política cerró un primer ciclo en la construcción del Estado Plurinacional y que, ahora, no tiene la capacidad de plantear otra propuesta para su segunda fase debido a su grave crisis interna.

“Se estancó el proceso, en lugar de reinventar la construcción del Estado Plurinacional. Se quedó entrampado en la crisis que no deja pensar en un segundo momento”, explicó.

En coincidencia, Bejarano aseguró que hay una “falta de horizonte” por parte de Arce y Morales, quienes no responden por qué buscan tener el poder presidencial. “Nadie nos habla de cómo replantear una solución a la crisis”.

Advirtió hay un “descuido” por el instrumento político que está a “cinco minutos” de ser proscrito, debido a que no pueden establecer acuerdos entre ambas partes y llevar adelante el congreso para renovar su directiva. “No son capaces de sentarse y establecer acuerdos”.

Lamentó la disputa ponga en vilo el proyecto del partido y a las organizaciones sociales que tienen una lógica de pertenencia por la representación del MAS en el ámbito político. “No existe un análisis serio en cuanto a lo que significaría dejar al movimiento popular sin representación partidaria”, apuntó Bejarano.

Aseguró que la factura de dejar a los movimientos campesinos sin representación política no solo es perder el poder, sino “lo que se pierde dentro del partido”. “La única espera son las organizaciones sociales de base que están a punto de ser dejadas sin representación”.

“Me parece peligroso pensar en que pueden deshacerse del MAS sin consecuencia de su propia militancia”, indicó.

Lideres

Saavedra señaló que todos los liderazgos del MAS están atrapados y enfrascados en “una burbuja tóxica” para todos los miembros presidenciables. “Nadie saldrá ileso de esta crisis y habrá daños fuertes”.

Lamentó que hay “dinamitadores” que amplían la brecha entre evistas y arcistas, como los diputados Héctor Arce y Rolando Cuéllar, quienes constantemente acusan a sus “enemigos” a través de los medios de comunicación.

Bejarano admitió que hay «dinamitadores», pero que son respaldados por los lideres. “Puedes tener entornos dinamitadores que no van a actuar si es que no quieres”, aclaró la analista.

Respecto a Morales, ambos coincidieron en que ya no es una figura aglutinadora que “abraza” a sectores populares, indígenas y clase media. Por el contrario, Bejarano aseguró que está en una “actitud tóxica” que repele a muchos sectores de la población.

«Está involucionando», añadió Saavedra.

En cuanto a Arce, el analista aseguró que, actualmente, no está cumpliendo un rol político, debido a que no sale a la luz pública como lo hace Morales. Por su parte, Bejarano señaló que, en tiempos de crisis, preocupan el silencio o las pocas apariciones del Presidente.

Bejarano cuestionó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) solo se haya ocupado de ampliar plazos para que los partidos renueven sus directivas. La falta mecanismos institucionales para la resolución de los conflictos internos en las organizaciones políticas, dijo.

El MAS atraviesa por una crisis que data desde el 2022. Hasta la fecha, los principales actores del partido no han encontrado solución y el partido corre el riesgo de perder su personería jurídica por la incapacidad de convocar a un congreso.

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