Icono del sitio La Razón

Gobernación cruceña define apoyar el paro cívico y perfila un año ‘duro’ en defensa de la democracia

Una vez que el Comité Cívico de Santa Cruz decidió adelantar para el 12 de enero el paro cívico en rechazo a la repostulación del presidente Evo Morales y al nuevo Código de Sistema Penal, la gobernación bajo administración del gobernador Rubén Costas anunció que apoyará la medida de presión y perfila un año “duro” en defensa de la democracia.

El secretario de Gobierno de la Gobernación, Vladimir Peña, informó que la administración departamental apoyará la decisión tomada por la institucionalidad cívica la mañana de este jueves tras una evaluación de la situación que atraviesa Bolivia en medio de un prolongado paro médico en contra del artículo sobre mala práctica profesional del nuevo Código.

La medida de protesta estaba fijada para el 21 de febrero en contra de la repostulación de Morales, que fue activada por un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional amparado en la Convención Americana de Derechos Humanos. Los cívicos decidieron adelantar la ejecución del paro para el viernes 12.

Ahora no solo se cuestiona la decisión del Mandatario de volver a terciar en las elecciones nacionales. “Nuestro rechazo total a la posibilidad de poner en cumplimiento y vigencia el nuevo Código de Sistema Penal, y nuestro total apoyo a los movimientos del sector salud”, sostuvo el dirigente cívico Fernando Cuéllar.

Para Peña, se avecina un año difícil en lo que consideró la lucha en defensa de la democracia, por lo que la Gobernación no estará ausente en ese desafío.

“Lo importante es tener un lugar de encuentro, que creo lo representa el Comité Cívico hoy y que pueda diseñar una estrategia clara para un año duro en el que hay que pelear por la democracia y libertad. El 2018 tiene que ser un año que pelemos por la democracia y libertad, y vamos a estar ahí para apoyar al Comité Cívico”, aseguró Peña.

Morales anunció pasado el mediodía que pedirá al Legislativo, controlado por el oficialismo, derogar los artículos 205 y 137 del Código del Sistema Penal. Los médicos exigían, justamente la anulación del artículo 205, mientras que el 137 era criticado por el sector del transporte que ya había amenazado con un bloqueo a partir del lunes.