Nacional

jueves 30 jun 2022 | Actualizado a 23:52

Morales envía carta al Legislativo en la que oficializa pedido de derogación de artículos 137 y 205 de la nueva ley penal

En la misiva, el Mandatario también solicitó la revisión de los artículos 293 y 294.

/ 4 de enero de 2018 / 21:16

A través de una carta remitida al presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García Linera, el presidente Evo Morales solicitó, oficialmente hoy por la tarde, la derogación de los artículos 137 y 205 de la Ley del Código del Sistema Penal, como vía de solución a la huelga de médicos desde hace 45 días y observaciones del sector del transporte a los mencionados artículos.

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Javier Baldiveso, indicó que la carta fue enviada aproximadamente a las 16.35, y recordó el compromiso asumido por Morales, en horas de la mañana, de pedir la derogación de los artículos.

«He decidido solicitar por su digno intermedio a la Asamblea Legislativa Plurinacional la derogación de los artículos 137 y 205, y la revisión de los artículos 293 y 294 de la Ley 1.005 de 15 de diciembre de 2017, Código del Sistema Penal», señala parte de la misiva firmada por el Jefe de Estado.

En la introducción de la misma, el Mandatario enfatizó que la decisión de pedir la derogación llegó después de una reunión con la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) para proteger el derecho a la salud y a la vida.

Advirtió sentirse conmovido por el «sufrimiento y dolor» del cual son víctimas «miles de bolivianos» por el paro médico, al que calificó de «extrema» e «irresponsable». También escribió que la decisión se la toma «pensando en la vida y la salud de los más pobres».

Los médicos demandan del Gobierno la anulación del Decreto Supremo 3385 que crea la Autoridad de Fiscalización del Sistema Nacional de Salud y la derogación del artículo 205 que sanciona la mala praxis, al considerar que se trata de un artículo que «mata» la profesión.

Otro sector que observó los artículos de la ley penal es el del Transporte Pesado, que el miércoles pidió la derogación del 137 por considerar que atenta a su sector, bajo la amenaza de un bloqueo de carreteras desde el lunes. (04/01/2018)

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La Policía apunta a que dos policías ‘facilitaron’ la fuga de colombiano vinculado a triple asesinato

Los dos uniformados están detenidos y a la espera de su audiencia cautelar. Ambos detuvieron al colombiano Jhon Walter Tibaduiza a poco de cometerse el crimen de dos policías y un voluntario en Porongo

El colombiano John Walter Tibaduiza. Foto: Unitel.

/ 30 de junio de 2022 / 23:49

Apuntan que los dos policías aprehendidos “facilitaron, de alguna forma, la huida” del colombiano Jhon Walter Tibaduiza, uno de los acusados de participar en la ejecución de dos policías y un voluntario del Gacip el 21 de junio en Porongo. Requisaron en un puesto de control al ciudadano extranjero y lo dejaron en libertad tras sustraerle su teléfono celular y al menos $us 6.000.

La información la confirmó el comandante de la Policía de Santa Cruz, coronel Erick Holguín, quien recordó que Tibaduiza alquiló y luego abandonó el vehículo utilizado por quienes estuvieron en el lugar donde se cometió el triple asesinato con armas militares de grueso calibre.

“Habrían tenido participación en facilitar de alguna forma la huida de un ciudadano colombiano, que ha sido identificado como el que alquiló un vehículo y lo dejó abandonado”, sostuvo respecto a la detención de los dos policías que estuvieron en el retén de Puesto Mendez y que detuvieron al colombiano, pero horas después lo dejaron en libertad.

Se trata de Israel S. C. y de Rolando M. L. Están a la espera de su audiencia cautelar y de un proceso disciplinario interno.

Todo se descubrió por voz del propio Tibaduiza. En una entrevista con la red Unitel reveló que se encuentra en su país y que en una requisa policial cuando abandonada Bolivia, el mismo día de los tres asesinatos, se lo dejó en libertad tras sustraerle su teléfono celular y dinero.

“Ahí en la segunda tranca de Montero me agarra la Policía, me bajan del carro, ya luego me pegan, me requisan, me sacan el dinero, me cogen el teléfono, lo conectan al computador y miran toda la información que tengo y de ahí después de que encuentran el dinero me dicen ‘ya sabemos que no tiene nada que ver, ahora no lo queremos ver y se va de mi país’”, contó en la entrevista, además de negar haber participado del crimen.

Hasta el momento están en la cárcel tres personas por el triple asesinato, entre ellos Misael Nállar. Están distribuidos en las cárceles de Chonchocoro, de El Abra y Palmasola.

Según la pesquisa, las tres víctimas estaban de rodillas y con las manos en el suelo cuando fueron asesinatos con disparos de armas de fuego. Las pericias establecieron que dieron positivo a la prueba del guantelete, por lo que dispararon armas.

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Desde la cárcel de Santa Cruz, Parra denuncia que se ‘hacen la burla’ al suspender audiencias

“Justicia hay para el que tiene plata y para el que tiene poder”, cuestionó Elvira Parra, una de las exdirectoras del liquidado Fondo Indígena

Elvira Parra

/ 30 de junio de 2022 / 22:17

“Pienso que se hacen la burla de mí”, afirmó la exdirectora del exFondo Indígena Elvira Parra al hablar de los siete años con detención preventiva e innumerables audiencias suspendidas por los hechos de corrupción en el exfondo. Desde el 18 de mayo se encuentra en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, donde fue llevada tras permanecer en la cárcel de mujeres de La Paz.

“Yo pienso que se hacen la burla de mí, el juez Juan José Coronado cada vez busca motivos para suspender (audiencias), pero trato de estar lo más tranquila para no alterar mi estado emocional”, declaró Parra en una entrevista con Erbol.

Parra fue trasladada de la cárcel de mujeres de La Paz al centro penitenciario de Palmasola. “Para mí (el traslado) fue una sorpresa”, sostuvo la exdirectora del exFondo Indígena, quien como el fallecido Marco Antonio Aramayo tiene en su contra decenas de procesos por un mismo hecho, denuncias de irregularidades en la administración de recursos públicos.

“No he aceptado, parece que eso ha sido la bronca del juez. No pensaba jamás quedarme en Santa Cruz, desde el 18 de mayo estoy aquí (en Palmasola)”, cuestionó en alusión a la decisión del juez de cambiarla de centro de reclusión.

“Justicia hay para el que tiene plata y para el que tiene poder”, aseveró Parra.

“Solo le pido a Dios que ya no se suspendan más audiencias (…) me encuentro muy desesperada de retornar a mi lugar de origen para dar continuidad a otros procesos supuestamente en mi contra”, sostuvo y confesó que en Santa Cruz no tiene visitas porque su familia radica en La Paz.

“Me estreso fácilmente, me desespero y prácticamente me afectan los nervios, porque me desespera estar lejos de mi familia”, sostuvo.
Parra fue una de las primeras ejecutivas, en la gestión de la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, del ahora liquidado Fondo Indígena, instancia estatal que canalizaba recursos económicos a proyectos de sectores indígena originarios y campesinos.

Parra concluyó su gestión en el exfondo en 2012 y una vez estalló el millonario desfalco se la aprehendió y desde 2015 está encarcelada.

En abril, el fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó que más de 400 personas son investigadas en aproximadamente 96 casos abiertos por el desfalco millonario al exFondo Indígena.

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Áñez demanda a la presidenta de la CIDH pronunciarse sobre vulneración de sus derechos

La expresidenta Jeanine Áñez cuestionó a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, su “silencio e inacción”

La expresidenta Jeanine Áñez, antes de escuchar la lectura íntegra de la sentencia en Miraflores el 10 de junio.

/ 30 de junio de 2022 / 20:55

Desde la cárcel y a través de una misiva, la expresidenta Jeanine Áñez demandó a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla, pronunciarse, como lo hicieron otros organismos internacionales y países, sobre lo que consideró vulneración de sus derechos humanos y debido proceso en el juicio que acabó con una sentencia en su contra.

En el inicio de la misiva expresó su “sincera preocupación por el silencio y la inacción que han mantenido ante los reiterados y consecutivos abusos que las autoridades de Bolivia comenten en mi contra, utilizando el poder judicial con fines políticos, incumpliendo las recomendaciones del publicitado informe del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), auspiciado por el CIDH, solicitado por mi Gobierno”.

Áñez fue sentenciada a 10 años de cárcel por la forma cómo asumió la presidencia del Senado en noviembre de 2019, que luego le permitió tomar la presidencia de Bolivia. Según la Fiscalía, tomó el Senado en una sesión sin quórum y a pesar de ser de la oposición, aspecto que no reconoce el Reglamento de Debates. Se la acusó por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes en el caso conocido como Golpe de Estado II.

Permanece en la cárcel desde marzo de 2021 y tiene pendiente en su contra otro proceso por el caso Golpe de Estado I, que tiene relación con los hechos que llevaron a la dimisión del expresidente Evo Morales en medio de una protesta cívica denunciando fraude electoral en las elecciones de octubre de 2019, un motín policial y la “sugerencia” militar al Presidente de demitir.

En la misiva fechada este jueves 30 de junio, la expresidenta le recuerda a Mantilla que, a diferencia de la CIDH, ya se pronunciaron sobre su situación “el Relator de las Naciones Unidas sobre la Independencia Judicial, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los gobierno de Gran Bretaña, Estados Unidos, Suiza, Brasil, la Unión Europea…menos la CIDH”.

Los miembros del GIEI llegaron a Bolivia tras la firma de un acuerdo con la administración del presidente Luis Arce. Calificaron de masacres los hechos ocurridos en Sacaba y Senkata, con una veintena de muertos por impactos de bala y en medio de una intervención policial-militar, a días de que Áñez asumiera el poder.

En su carta recordó que su administración fue reconocida por organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), bajo administración de Luis Almagro. El MAS y el gobierno de Arce acusan a Almagro de corresponsable de los hechos que derivaron en la dimisión de Morales y de las masacres. Fue la OEA la que denunció un fraude, puesto en duda por estudios externos posteriores, y agravó la crisis de noviembre de 2019.

“El 18 de abril de 2022, a pedido mío, mi hija Carolina Ribera Áñez se reunió con la Secretaria Ejecutiva de la CIDH, acompañada de un equipo de personas que me apoyan voluntariamente, donde les hizo saber las denuncias de indebido proceso, tratos degradantes y violación de mis derechos, donde el más injusto y atentatorio contra mi vida e inocencia es la privación de libertad desde hace 474 días. Desde esa fecha, no he tenido ninguna información ni contacto con Carolina como se comprometió el Relator para Bolivia, Joel Hernández” (sic), establece otra parte de la misiva hecha pública a través de sus redes sociales administradas por su familia.

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Desafían a Cuéllar a demostrar denuncias contra García, en la oposición piden al TSE indagar

El diputado Rolando Cuéllar fue blanco de ataques desde filas del MAS. El propio expresidente Evo Morales habló de traidores. Desde la oposición piden indagar y retirar la personería del MAS

El diputado Cuéllar el miércoles, durante su denuncia.

/ 30 de junio de 2022 / 19:44

La denuncia lanzada por el diputado Rolando Cuéllar contra el vicepresidente del MAS, Gerardo García, provocó amenazas y desafíos a probarla, mientras que la oposición exigió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) actuar de oficio e indagar la revelación de un supuesto financiamiento electoral ilícito al MAS con vistas a anular su personería jurídica.

En una carta enviada al TSE y firmada por 13 legisladores de la oposición, se demandó indagar la denuncia del diputado Cuéllar, quien el miércoles hizo pública una carta firmada por García, en la que agradece aportes económicos a la campaña electoral de Miguel Ángel Salazar Yavi, nombre con el que estaba en Bolivia el acusado de narcotráfico en Argentina Miguel Farfán.

“La denuncia realizada por el diputado Cuéllar se constituye en indicios o pruebas de que la organización política MAS-IPSP ha recibido recursos de ‘origen ilícito’, en consecuencia, corresponde que el Tribunal Supremo Electoral, de oficio, inicie las actuaciones necesarias”, establece parte de la misiva firma por legisladores opositores como Centa Rek y Tatiana Áñez.

A través de un comunicado, la Dirección del Movimiento Al Socialismo (MAS) salió el miércoles en defensa de García y calificó de “instrumento falsificado” la carta presentada por Cuéllar. “El MAS se reserva su derecho de iniciar, en los siguientes días, las acciones judiciales pertinentes para que Cuéllar y sus cómplices expliquen ante la justicia las razones del delito que acaban de cometer”, se advirtió.

En la carta revelada por Cuéllar se sostiene: “De parte de nuestro presidente, hermano Evo Morales Ayma y la dirección nacional y todos sus dirigentes del MAS-IPSP, agradecemos a nuestro hermano Miguel Ángel Salazar Yavi por las grandes contribuciones económicas que vienen realizando desde las elecciones del 2014 hasta el momento, porque gracias a sus generosas contribuciones pudimos solventar nuestras campañas en diferentes etapas electorales desde el 2014, y que todavía recibimos tan generosamente de su parte como un empresario próspero que contribuye al desarrollo de nuestra Bolivia”.

Mientras que este jueves, el diputado masista Patricio Mendoza anunció que Cuéllar, expulsado de filas del partido oficialista, deberá explicar y sustentar su denuncia.

“Vamos a convocar a reunión de bancada para tocar el tema y vamos a pedir que nos demuestre con prueba objetivas los vínculos con el narcotráfico”, anunció.

Morales respondió en la mañana y en alusión a Cuéllar habló de traidores.

“La derecha golpista con ayuda de algunos traidores usa documentos falsos y nuevamente trata de proscribir al MAS-IPSP. Fracasarán como fracasaron cuando trataron de anular la sigla en el gobierno de facto. Demuestran que con tal de atacar a Evo son capaces de destruir al MAS-IPSP”, afirmó Morales a través de su cuenta en Twitter.

Cuéllar aseguró que la carta dirigida a Miguel Ángel Salazar Yavi, nombre con el que estaba en Bolivia el acusado de narcotráfico en Argentina Miguel Farfán, es verídica.

“Ellos deberían dar el ejemplo, deberían sumarse a la denuncia del vínculo, de la corrupción en este proceso de investigación que hemos denunciado”, sostuvo a Erbol.

En esa misma línea, el diputado del MAS Héctor Arce desafió a Cuéllar a demostrar su denuncia, porque de lo contrario “va a ser sujeto a procesos penales. Su pobreza y miseria mental no le hacen medir las consecuencias”.

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Caso Ítems fantasma: No hay fecha de extradición de Parada, tiene 15 días para impugnar

El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, confía que las autoridades de Panamá no darán curso a la impugnación ante las pruebas presentadas

Guillermo Parada. Foto: RRSS

/ 30 de junio de 2022 / 18:09

Pese a que Panamá viabilizó la extradición, Guillermo Parada aún tiene la posibilidad de impugnar en 15 días la decisión para evitar su traslado a Bolivia por el caso “Ítems fantasma”. El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, descartó que la impugnación sea aceptada por las pruebas presentadas, empero no podrá ser extraditado hasta que se agote ese recurso.

“Tiene derecho a la impugnación en un plazo de 15 días, sin embargo nosotros vemos que aquello no va a ser procedente debido a que hemos fundamentado desde el punto de vista constitucional, de los derechos humanos y de los estándares internacionales la solicitud de extradición”, explicó en una conferencia de prensa.

Parada fue detenido el 30 de diciembre de 2021 en Panamá cuando intentaba llegar a Estados Unidos, luego de abandonar Brasil, donde estuvo refugiado. Su hermano, Antonio Parada, exjefe de Recursos Humanos de la Alcaldía de Santa Cruz, también se encuentra detenido con fines de extradición en Brasil.

El 2 de enero de este año se conoció que la Justicia panameña dispuso la detención provisional de Guillermo por 60 días con fines de extradición. El extraditable está acusado por los delitos de favorecimiento al enriquecimiento al ilícito y enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.

Los hermanos Parada huyeron de Bolivia por un punto fronterizo no autorizado a fines de 2021 después de que fueran identificados como los principales responsables de la creación de al menos 800 ítems fantasma para desviar los recursos de la Alcaldía de Santa Cruz. Captaban a sus víctimas y los integraban con ítem en la Alcaldía, pero los sueldos los cobraban los acusados como parte de toda una red delictiva.

Por este caso está en la cárcel la exalcaldesa Angélica Sosa, aunque negó haber sido parte de esta trama delictiva.

No hay plazo para la entrega de Parada. “Corresponde que se agoten estos últimos 15 días de plazo para Guillermo Parada, quien seguramente va a presentar la impugnación. Estamos seguros que no va a ser viable y va a corresponder la entrega a nuestro país y su traslado a Bolivia para que sea sujeto a las medidas correspondientes”, explicó.

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