En lo que va de la gestión del presidente Luis Arce, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que más de 165 policías fueron dados de baja por hechos irregulares vinculados con el narcotráfico, robos y otros ilícitos

“Ya hemos dado de baja a más de 165 efectivos policiales durante nuestra gestión, vamos a seguir depurando esas manzanas podridas que tenemos o que convivían dentro la Policía Boliviana. Tienen que ser alejadas de la institución”, dijo la autoridad.

También indicó que se conformaron unidades de “contrainteligencia” para hacer seguimiento a aquellos uniformados cuya conducta se adecúe a un hecho irregular.

En los últimos días, dos uniformados fueron aprehendidos por la Policía Boliviana, ambos guardan detención preventiva. Uno fue recluido en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz y el otro, en la cárcel de San Pedro de La Paz.

El primer caso ocurrió en un control rutinario de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), en la carretera Bioceánica. En el lugar, se detectaron 40 paquetes de cocaína en el vehículo del entonces director de la Diprove (Dirección de Prevención de Robo de Vehículos) de Puerto Suarez.

En el otro hecho, en la carretera Oruro-La Paz, un sargento trasladaba 57 paquetes de droga en su motorizado, camuflados en un compartimiento alojado debajo de los asientos delanteros.

Lea más: Del Castillo defiende el proceso sumarísimo y dice que evitará chicanerías de delincuentes

“Estas personas están detenidas (y) están siendo procesadas en el ámbito disciplinario. Esperemos que en los próximos días contemos con la baja definitiva de estos malos efectivos que están manchando el uniforme”.

Del Castillo indicó que en esta gestión solo se tiene el registro de estos dos policías implicados en ilícitos. En criterio de la autoridad, esto significa que “no hay una complicidad como existía antes”, sino que los propios uniformados buscan sacar a esos “malos policías” de su institución. 

“No olvidemos que al año (2025), la Policía Boliviana va a cumplir 200 años de creación, por tanto, el pueblo merece y necesita tener una Policía con la cual se sienta orgullosa y precisamente estamos construyendo ese concepto. La gran mayoría de la Policía está de acuerdo en limpiar la casa y sacar a los malos uniformados”.

Tras el arresto de un humorista Raúl Cuenca en La Paz, el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, pidió este viernes garantizar la “libertada de expresión”, más todavía, “si se trata de expresiones artísticas”. 

“La libertad de expresión es indispensable en un sistema democrático, más aún, si se trata de expresiones artísticas. El Estado debe garantizar que se ejerzan libremente, por lo que pido a las autoridades competentes respetar y precautelar estas expresiones”, escribió Vargas desde su cuenta de X.

La mañana de este viernes, Cuenca fue arrestado por la Policía Bolivia. Es acusado por el presunto delito penal de usurpación de funciones.

Lea más: Del Castillo defiende el proceso sumarísimo y dice que evitará chicanerías de delincuentes

El también humorista Diego Paredes relató que en una entrevista con un medio de televisión Cuenca interpretó a un policía de seguridad y utilizó un uniforme verde.

“Cuando salimos, nos esperaron y nos dijeron: ‘prohibido usar el uniforme verde, así que adentro’”, relató Paredes.

Andrea Barrientos, senadora por Comunidad Ciudadana (CC), también se refirió al arresto de Cuenca y calificó que esta detención no solo es “abusiva”, sino vulnera sus derechos.

“Toda mi solidaridad con Raúl Cuenca, detenido absurdamente por publicitar el show de More Humor en La Paz. Su detención no es solamente abusiva sino totalmente vulneratoria de sus derechos. Exigimos al juez y a la Policía Boliviana su liberación inmediata. @EDelCastilloDC”, (sic) escribió la legisladora.

Fernando Aragón, fiscal de materia de anticorrupción de Chuquisaca, informó este viernes que el Ministerio Público investiga a un funcionario público del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que alteró un auto supremo de una de las salas especializadas de ese tribunal.

La autoridad señaló que el magistrado Olvis Egüez, de la Sala Penal, denunció el hecho en razón que se emitió un auto supremo que declaró “fundado” el recurso de casación, sin embargo, a la hora de firmar la resolución en físico, este señalaba “infundado”. 

Lea más: Ante ‘presión’, renuncia la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí

“En ese entendido, nos hemos constituido en el Tribunal Supremo de Justica a efectos de realizar el registro del lugar del hecho. No existen funcionarios aprehendidos, solamente se ha realizado el secuestro de ciertos equipos, en este caso computados e impresoras, los cuales se los va a realizar los análisis correspondientes”.

Aragón dijo que la denuncia fue admitida por los delitos de uso indebido de influencias y falsedad ideológica. “Estamos en etapa preliminar y lo que vamos a hacer, es colectar las pruebas correspondientes a efectos de emitir una resolución conclusiva ya sea con una imputación formal o un rechazo”.

Tras el fracaso del diálogo entre las tres fuerzas políticas del legislativo para reencaminar el proceso de preselección para las elecciones judiciales, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pidió este viernes al presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, convocar a sesión y evitar la «crisis judicial».

“Es deber constitucional de la Asamblea Legislativa Plurinacional garantizar un proceso democrático para la elección de autoridades judiciales. De manera urgente, el Presidente del Legislativo debe convocar a sesión para evitar la crisis judicial y no subordinar su legitimidad ante interpretaciones erróneas”, escribió Callisaya desde su cuenta de X.

Las elecciones judiciales están paralizadas desde el 16 de abril, tras la presentación de una acción popular en razón a la vulneración de los derechos de mujeres de los pueblos indígena originario campesino de Pando. El 30 de abril, la Sala Constitucional Primera de Pando falló a favor de la acción popular y dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes en la Asamblea y declaró la inaplicabilidad de la Ley 1549 de la judiciales.

En un intento de reencaminar la preselección, el Vicepresidente se reunió el jueves con los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, los jefes de bancada de Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, además de los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia, pero este encuentro fue calificado como “un fracaso” y entre todos se acusaron de «falta de voluntad política».  

Lea más: Jerges Mercado: La oposición le ha dado la espalda a las judiciales

Los asambleístas de oposición y del MAS evista lamentaron que no se pueda salir de esta crisis institucional, esto debido a que no se quiere llamar a una sesión de senadores y diputados y tratar el problema de la justicia, de los “autoprorrogados” y de los créditos.

Desde la facción arcista se sugirió esperar el pronunciamiento del TCP para la preselección, medida que causó rechazo, esto en razón de que consideran que toda acción de los magistrados “autoprorrogados” son nulas de pleno derecho.

El Vicepresidente también exhortó al TCP dar “certeza” sobre estas elecciones y emita el fallo que “resuelva la revisión de la Resolución 004/2024 de 30 de abril de 2024, pronunciada por la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, dentro de la Acción Popular, que determinó la inaplicabilidad de la Ley 1549 y dejó sin efecto la convocatoria de preselección”.

El presidente de la Comisión de Constitución en Diputados, Juan José Jáuregui, informó el jueves que el TCP ya sorteó el tratamiento del caso, por lo que se espera que se pueda resolver y remediar aquella decisión considerada “inapropiada” por un Tribunal de Garantías.

“Son alrededor de nueve mil causas que están pendientes de sorteo y análisis producto de los memoriales que se han presentado, (pero) a la fecha ya se ha sorteado. Esperamos que en el transcurso de los siguientes días ya se pueda resolver y se pueda remediar aquella decisión que consideramos inapropiada”, dijo Jáuregui.

Román Loayza, uno de los fundadores del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó este viernes que, en caso de una eventual proscripción de ese partido, la facción arcista de esa organización política puede presentarse a las elecciones presidenciales de 2025 con la sigla del Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (IPSP).

“Por ejemplo, nosotros somos de IPSP, el instrumento político que como florero ha manejado (Evo) Morales; con eso podemos unificar a todos los bolivianos y hacer un proyecto con el que podemos entrar a la arena política (en) 2025”, dijo el dirigente en Sucre, citado en una nota de Correo del Sur.

MAS

Las declaraciones de Loayza ocurren a nueve días de conocerse la primera amonestación al MAS de parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por haber incumplido la disposición relativa a la renovación de su dirección nacional.

Según la Ley de Organizaciones Políticas, las organizaciones registradas ante el Órgano Electoral pueden acumular hasta dos infracciones de ese tipo; una tercera implicaría la pérdida de su personería jurídica.

“Sería mejor si se anula (la sigla)”, agregó Loayza y acusó al jefe nacional del MAS, Evo Morales, de “sabotear” a ese partido y velar por interés personales.

Elecciones

“Evo tiene que cambiar de actitud, tomar conciencia y respetar la democracia, eso no respeta, por eso hay que unificar al país y coordinar para llegar a las elecciones 2025 con nuevos elementos o con Lucho y David si es que ellos responden a los bolivianos”, remarcó.

Si bien la facción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) se declaró en emergencia por la amonestación y anunció una “lucha legal” para revertirla, el bloque arcista está a la espera de la decisión de la Sala Plena respecto del congreso celebrado a principios de mes en El Alto.

Sobre el tema, el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) debe remitir este viernes su informe de supervisión al cónclave.