La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) presentó este jueves el informe de Precursores de la gestión 2017 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE). En el documento se expresa preocupación por la ampliación de cultivos de coca legales en Bolivia de 12.000 hectáreas a 22.000.
“La extensión permitida para los cultivos de coca se amplió de 12.000 hectáreas en la Ley 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas de 1988, a 22.000 hectáreas en la Ley General de la Coca (Ley 906) de 2017, por lo cual la JIFE expresa su preocupación, ante la casi duplicación de la superficie total autorizada para este cultivo, para los fines previstos en la reserva formulada en 2013 por el Estado Plurinacional de Bolivia, en su readhesión a la Convención de 1961”, señala el documento, según una nota de prensa.
El representante en el país de la UNODC, Thierry Rostan fue encargado de hacer público el informe y destacó el hecho de que la JIFE “dice que el Estado boliviano está decidido a seguir adoptando todas las medidas necesarias para controlar el cultivo de arbusto de coca, así como para evitar su uso indebido y la producción ilícita de los estupefacientes que pueden extraerse de la hoja”.
Lo que en el fondo le preocupa a la JIFE es que este aspecto haya afectado la capacidad del Gobierno para controlar la disponibilidad de hoja de coca para el consumo tradicional interno y aumentado el riesgo de que se desvíe para la fabricación ilícita de cocaína.
No obstante, la JIFE hizo notar el “franco diálogo” que mantiene con el Gobierno boliviano y las solicitudes que ha emitido para que le proporcionen información sobre las medidas “que ha adoptado o se propone adoptar para garantizar el pleno cumplimiento de lo dispuesto en los tratados de fiscalización internacional de drogas”.
Dicho informe —que fue presentado hoy a nivel mundial en Viena— examina la situación global del control de drogas y hace recomendaciones para ayudar a los Estados a tomar medidas efectivas para abordar los desafíos relacionados con las drogas en pleno cumplimiento de las normas y estándares internacionales de derechos humanos.
La JIFE es un órgano independiente encargado de vigilar la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas de las Naciones Unidas. (01/03/2018)