La delegación de la CIDH ya está en Bolivia. El viceministro de Justicia, César Siles, informó que el trabajo de esa entidad empieza este lunes y que priorizará reuniones con poblaciones vulnerables. Recibieron más de 500 solicitudes de audiencia.

En entrevista con la televisora estatal, la autoridad brindó detalles de la visita que realizarán los miembros de esa comisión, cuya estadía concluirá el viernes 31 de marzo, con un informe preliminar.

Siles explicó que además de haber confirmado reuniones con entidades estatales, van a sostener encuentros con “organizaciones de la sociedad civil, particularmente, con representantes de grupos en estado de vulnerabilidad”.

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En ese marco, la delegación de la CIDH visitará los centros penitenciarios de Chonchocoro, San Pedro y Miraflores; además que sostendrá reuniones con representantes de la población LGTBI.

Detalló que tendrán un encuentro con las víctimas de violación de derechos humanos de las denominadas masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas durante la crisis de 2019.

“También se reunirán con las víctimas de las dictaduras, con las víctimas del paro cívico de 2022, en Santa Cruz”, dijo Siles.

Asimismo, recibirán a representantes del pueblo ayoreo, que fueron víctimas del paro cívico cruceño, el año pasado, promovido en demanda de adelantar el Censo. La agenda incluye reuniones con otros pueblos indígenas.

“Todas las reuniones que van a tener, están siendo monitoreadas a través del Ministerio de Justicia”, dijo Siles.

El Viceministro de Justicia precisó que la delegación de la CIDH recibió más de 500 solicitudes de reuniones. “Espero que el tiempo les alcance para poder escuchar a la gente”.

El grupo de comisionados está compuesto por 25 personas que se dividirán en cuatro, para visitar las ciudades de  La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre.

La delegación será liderada por la comisionada Margarette May Macaulay (presidenta de la CIDH), el comisionado Joel Hernández (relator para Bolivia), la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño (primera vicepresidenta y relatora sobre los derechos de los pueblos indígenas).

Además, está la comisionada Julissa Mantilla Falcón (relatora sobre los derechos humanos de las mujeres) y el comisionado Stuardo Ralón Orellana (relator sobre los derechos de las personas privadas de la libertad).

Durante la visita, la comisión observará la situación de los derechos humanos en el país, con enfoque en la institucionalidad democrática respecto a las relaciones entre los órganos del Estado; los desafíos sobre acceso a la justicia y a las garantías judiciales.

Asimismo, realizarán una observación sobre “los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; la discriminación estructural contra poblaciones en situación de vulnerabilidad, con enfoque en la situación de discriminación por género y origen étnico-racial, entre otros temas”, señala un comunicado de la CIDH.

En ejercicio de sus funciones y como resultado de su visita, luego de 17 años (en 2006), la entidad publicará un informe país con observaciones, conclusiones y recomendaciones al Estado.

Calculamos “que el informe se presentará en dos o tres meses, posterior a la visita, pero el viernes realizarán una conferencia de prensa para informar sobre los resultados iniciales que han encontrado en Bolivia”, precisó Siles.

Añadió que el Estado dará cumplimiento a lo que establezca la CIDH, en función a las observaciones y recomendaciones que realice la delegación.

Este lunes, en el marco del inicio de su visita oficial, la delegación sostendrá un encuentro con el vicepresidente David Choquehuanca; el canciller Rogelio Mayta y el ministro de Justicia, Iván Lima.

Luego, los comisionados se reunirán con los representantes de los principales órganos de Estado.

Durante su participación en la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, el presidente Luis Arce pidió proteger las “democracias populares”, ante amenazas como golpes de Estado, rupturas constitucionales y falsos discursos.

“Bolivia ve con preocupación los actos que atentan contra la democracia en América Latina y el Caribe”, manifestó en el evento que se desarrolló desde el viernes hasta ayer, en República Dominicana.

“Las formas de resistencia a las democracias participativas se ocultan en aparentes libertades de expresión, libertades de prensa, para que de forma implacable invaliden hasta querer volver impresentable toda acción que preserve y que proteja a quienes históricamente han sido excluidos”, remarcó.

Y añadió: “Los golpes de Estado, las rupturas institucionales y el cerco permanente a nuestras democracias populares tienen formas de aparente discurso democrático”. Y convocó a “repensar formas democráticas” más participativas, “con derechos ciudadanos ampliados y fundamentalmente con sociedades y Estados adecuados y fortalecidos al nuevo tiempo y preparados decididamente para enfrentar los proyectos conservadores”.

Así, el Presidente llamó a reafirmar el compromiso de los países de la región “con la defensa a la democracia, el orden constitucional, así como la protección de los derechos humanos”. Por ello, hizo un planteamiento ante las “amenazas a los proyectos de las democracias populares”.

“El gobierno de los jueces y la inmisericorde ofensiva jurídica sobre los liderazgos populares nos obliga a tener que constitucionalizar un conjunto de instituciones nuevas que defiendan y preserven las democracias interculturales y populares”, afirmó, sin dar mayores detalles, en un discurso que también convocó al multilateralismo.

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Esta cita es una previa a la que se llevará a cabo en Bélgica, del 17 al 18 de julio, por parte de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE). “Si no nos unimos habremos perdido la oportunidad de obtener algún beneficio concreto para nuestros países”, expresó el mandatario anfitrión, Luis Abinader, según AFP.

En ese marco, Arce indicó que la Cumbre Iberoamericana se constituye en un mecanismo de concertación política y cooperación para abordar la crisis en varias áreas, como la económica y las acciones para enfrentarlas.

MODELO.

Por tanto, reafirmó la importancia de avanzar y fortalecer el multilateralismo para enfrentar los desafíos en la crisis económica y alimentaria, para “desechar el orden internacional injusto que solo ha generado crisis, inestabilidad, turbulencia e incertidumbre en nuestros pueblos”, afincado en un modelo capitalista en crisis.

“Esta crisis se manifiesta cuando enfrentamos la crisis alimentaria, ética, climática, sanitaria, económica, hídrica y social (…), por lo que es necesario recuperar lo que somos y hacia dónde vamos en comunidad”, dijo Arce.

Se refirió a la crisis económica mundial y, ante ello, destacó el modelo que adoptó Bolivia para enfrentar la crisis “multidimensional”, con un fuerte papel estatal. “Con la restauración de nuestro modelo económico social (…), Bolivia ha retomado la senda del crecimiento económico con justicia social”, agregó el jefe del Estado.

 

Como “poco serio” e “intervencionista” fue calificado el pedido de un grupo de seis congresistas de Estados Unidos a su gobierno para aplicar sanciones al país por supuestas violaciones a los derechos humanos.

En las últimas horas, los congresistas de Estados Unidos Marco Rubio, Rick Scott y Bill Cassidy, así como los representantes Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, pidieron en una nota a su presidente Joe Biden imponer sanciones a Bolivia por supuestas vulneraciones a los derechos humanos.

El vicecanciller Freddy Mamani calificó de carente de seriedad la solicitud de congresistas estadounidenses y recordó que una muestra del compromiso de Bolivia con los derechos humanos es el respaldo para que asuma la vicepresidencia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, reportó la agencia ABI.

«Esta solicitud es de solo seis congresistas de 435 que tiene el Congreso de Estados Unidos, y no tiene ningún tipo de fundamento, además que no es una decisión del gobierno estadounidense”, dijo Mamani.

“En nuestro país velamos por los derechos humanos y el acceso a la justicia y ese compromiso se demuestra en la apertura de nuestro Gobierno para invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llegará para observar la situación de los derechos humanos en nuestro país», añadió.

Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, también rechazó la posición de los seis legisladores de Estados Unidos y consideró que son «insinuaciones intervencionistas».

«La comunidad internacional debe conocer y responsabilizar a ese senador estadounidense (Rubio), y a otros de su país, por promover políticas intervencionistas en diferentes regiones del mundo», afirmó y reiteró que «el respeto a la soberanía de cada país es un principio fundamental de convivencia armónica en la comunidad internacional».

Rodríguez afirmó que las «insinuaciones intervencionistas» se suman a las declaraciones de la Jefa del Comando Sur de EE. UU. Laura Richardson, sobre el interés del país del norte en los recursos naturales como el litio.

Hace unos días, en una nota difundida por su Embajada, EEUU aseguró que no tiene intereses “intervencionistas” en Bolivia, después de que su Jefa del Comando Sur había dicho que el litio de Bolivia era un asunto de “seguridad nacional” para su país y criticó la presencia de capitales rusos y chinos.

Desde todos los ámbitos, el rechazo en Bolivia a esas declaraciones fue total, mucho más porque se usa el término “patio trasero”, que fue tomado como un claro signo de discriminación hacia el país y las otras naciones de esta parte del continente.

En Bolivia también son parte de la polémica las detenciones y procesos de algunos líderes políticos, como Luis Fernando Camacho y Jeanine Áñez, en el marco de un par de procesos judiciales abiertos por los hechos de 2019 que terminaron con el crimen de 36 personas en las masacres de sacaba y Senkata.

La oposición considera a estas detenciones como “abusos” y “violaciones a los derechos humanos”, mientras el Gobierno y otras instituciones afirman que lo único que se busca es “hacer justicia”.

Santo Domingo y la Cumbre Iberoamericana fueron el escenario en el que el presidente Luis Arce advirtió este sábado de las permanentes «amenazas a los proyectos de las democracias populares» en la región.

«Las formas de resistencia a las democracias participativas se ocultan en aparentes libertades de expresión, libertades de prensa, para que de forma implacable invaliden hasta querer volver impresentable toda acción que preserve y que proteja a quienes históricamente han sido excluidos”, dijo el Presidente.

“Los golpes de estado, las rupturas institucionales y el cerco permanente a nuestras democracias populares tienen formas de aparente discurso democrático», añadió.

Estas acciones obligan a  constitucionalizar un conjunto de instituciones nuevas que “defiendan y preserven las democracias interculturales y populares».

Durante su intervención en la cumbre, aseguró que es el momento de «repensar formas democráticas» más participativas, «con derechos ciudadanos ampliados y fundamentalmente con sociedades y Estados adecuados y fortalecidos al nuevo tiempo y preparados decididamente para enfrentar a los proyectos conservadores».

Esfuerzo común

En este contexto, Arce reafirmó la importancia de avanzar y fortalecer el multilateralismo para enfrentar los desafíos como las crisis económica y alimentaria, para «desechar el orden internacional injusto que solo ha generado crisis, inestabilidad, turbulencia e incertidumbre en nuestros pueblos», dijo.

«El tercer milenio nos encuentra reconstituyendo bloques y nuevas alianzas, nuevas formas de relación entre los pueblos. De ninguno de los problemas que amenazan hoy a la humanidad podremos salvarnos solos; nos necesitamos en esfuerzo común».

Llamó a intensificar la cooperación iberoamericana con «horizontalidad, la cooperación sur-sur y la triangular».

«Las circunstancias exigen que la cooperación y la ayuda oficial al desarrollo se adapte a los retos actuales, que considere las reales necesidades, capacidades y potencialidades de los países; que considere los desafíos y transiciones a las que la economía mundial se ve impulsada: como la transición energética, la transición ecológica o la transición digital», destacó.

Arce participó este sábado en Santo Domingo de la plenaria de la Cumbre Iberoamericana, bloque que reúne a delegaciones de 22 Estados y que se constituye en un mecanismo de concertación política y cooperación que aborda diferentes temáticas como la actual crisis económica y las acciones para enfrentarla desde la cooperación, reportó también la agencia ABI.

El presidente Luis Arce intervino este sábado en la Cumbre Iberoamericana que se lleva a cabo en República Dominicana. Pidió medidas efectivas contra la crisis climática.

Asimismo, indicó que la lucha contra la pobreza y el hambre tiene que ser a escala global. Y convocó a los países a enfrentar las diferentes crisis en el planeta.

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Por ello, pidió tomar medidas efectivas contra la crisis climática, luego de los pronósticos preocupantes de la reciente Cumbre del Agua organizada por Naciones Unidas.

En medio de la crisis económica mundial, destacó el modelo boliviano, sobre todo por el rol del Estado. Dijo que ello ha permitido retomar la senda del crecimiento “con equidad y justicia social”.

La Cumbre Iberoamericana se cierra este sábado. Un día antes, el presidente anfitrión, Luis Abinader, inauguró los debates de este encuentro. Participan jefes de Estado y de gobierno de 13 países.

Esta cita es una previa a la que se llevará a cabo en Bélgica, del 17 al 18 de julio, por parte de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE).

«Si no nos unimos habremos perdido la oportunidad de obtener algún beneficio concreto para nuestros países», expresó Abinader el viernes, según la agencia AFP.

AFP añadió que la declaración conjunta que será firmada este sábado incluye «una ‘ruta crítica de seguridad alimentaria, incluyente y sostenible en Iberoamérica’, una ‘carta medioambiental iberoamericana’, que contribuya a proteger nuestro hábitat y océanos; y la ‘carta iberoamericana de principios y derechos en entornos digitales’, para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales en el marco de la transformación digital», indica un comunicado de la organización.